Rebelión,
28-08-2013
El 12 de
agosto de 2013 el presidente Peña Nieto envío al Senado de la República la Iniciativa
de Decreto para reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de abrir el sector
energético (petróleo y electricidad) al capital privado nacional y extranjero
(para esta iniciativa véase:
Con esta medida se da continuidad al monumental proceso
histórico de despojo institucional de los recursos naturales, territoriales y
humanos de México que comenzó durante el periodo colonial por parte de la
corona castellano-española; continuó durante la etapa llamada independiente con
la amputación de más de la mitad del territorio nacional por parte de Estados
Unidos en contubernio con las clases criollas dominantes del país; siguió
durante la dictadura porfirista que privilegió las inversiones extranjeras en
los principales ramos y sectores de la economía nacional; después de la revolución
y de la industrialización por medio de la sustitución de importaciones, durante
largo período que media entre 1930-1982, se significó a través de la imposición
del neoliberalismo desde los primeros años de la década de los ochenta del
siglo pasado con la entrega al capital extranjero y a las corporaciones
trasnacionales de la mayor parte de las empresas públicas de la nación y con el
ingreso de México al GATT (1986) y la posterior firma y entrada en
funcionamiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAM) a
partir de 1994. Por último, hoy se avizora un nuevo paso en el largo proceso de
acumulación de capital mediante el despojo y la desposesión "legal" a favor de los
empresarios extranjeros y las empresas trasnacionales mediante la iniciativa de
reforma constitucional que garantiza la intervención de las grandes potencias
imperialistas, en particular, de las trasnacionales norteamericanas, en los
procesos de producción, acumulación, intercambio y consumo de los energéticos y
en el complejo de recursos naturales y humanos ligado a esos procesos. Este
hecho va a fortalecer la dependencia y subordinación de México, en tanto
economía dependiente y subordinada al ciclo global de reproducción de dichas
potencias y de Estados Unidos en particular que se debate en una crisis
estructural y sistémica sin visos de pronta solución.
En breve, evidentemente que una de las consecuencias que
acarreará esta disposición tomada por los altos círculos del Estado, de los
partidos políticos, las empresas trasnacionales, el BM-FMI y el gobierno
norteamericano, consistirá en retrotraer al país a la situación de penuria y
atraso en que se encontraba en los mejores tiempos del porfiriato (1876-1911).
Entonces reinaba soberano el patrón de reproducción de capital
oligárquico-terrateniente y, aun, durante el "santannismo" (1833-1855), engendro neo-iturbidista que
pretendió reestablecer el "imperio
mexicano" al servicio del sistema criollo-español y período durante el
cual el territorio mexicano (de más de 4 millones de km cuadrados) fue amputado
en más de la mitad por el gobierno norteamericano. Este hecho histórico quedó
consagrado en el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, en el cual se
México "cedió" más de la
mitad de su territorio comprendiendo la totalidad de lo que hoy son los estados
de California, Nevada, Utahy
Nuevo México, así como p artes de Arizona, Colorado, Wyoming, Kansas y
Oklahoma. En total el imperio se apropió de 2 millones
240 mil km2equivalentes al 51% del territorio nacional. Además, se
estipuló la renuncia definitiva de México a replantear su posesión y reclamo
sobre Texas.
A cambio, como se sabe, Estados Unidos en "compensación"
pagó la irrisoria suma de 15 millones de dólares por "daños" infringidos al país durante la guerra con Estados
Unidos (1846-1848).
Por otro lado, la reforma energética se inscribe en el
contexto de crisis estructural y sistémica del actual patrón de reproducción
del capitalismo dependiente mexicano sustentado en la exportación de
manufacturas de origen industrial, con cargo fundamentalmente en la industria
maquiladora de exportación. De aquí deriva la imperante necesidad del capital y
de las clases dominantes de impulsar esta reforma energética —y otras que
coadyuven a tal fin— para intentar superar estas dificultades y auspiciar el surgimiento
de un nuevo patrón de reproducción capitalista con cargo en actividades
primario-exportadoras donde los hidrocarburos y el extractivismo en
general —que, por cierto, ya es dominante en América Latina— desempeñan un
papel fundamental. Es este el secreto y la base de la afirmación
ideológica de una supuesta "recuperación"
de la economía nacional luego de las reformas que pregonan los voceros del
régimen priísta y de los grupos empresariales, en el sentido de que ellas
auspiciarán la generación de miles de empleos y un crecimiento exponencial del
Producto Interno Bruto en los próximos años del orden del 6-7%. Exactamente las
mismas palabras y las mismas promesas que esgrimieron los gobernantes y
empresarios desde la entrada del neoliberalismo mexicano para justificar los
procesos de apropiación-despojo de las empresas nacionales y de los recursos
del país a favor de los capitalistas privados nacionales y extranjeros.
La iniciativa de reforma constitucional en materia
energética consagra la compra-venta de México a las grandes empresas
trasnacionales que históricamente han reclamado del gobierno mexicano le sea
concedida no sólo para comercializar sus productos, sino para adquirir el
sector energético en propiedad privada para su explotación de acuerdo, no con
el interés nacional ni mucho menos del pueblo, sino del interés particular y
privado que determina el mercado y las leyes de la ganancia capitalista
solventadas en las principales bolsas de valores de todo el mundo y en el capital
ficticio que lo gobierna.
La vía de la privatización energética se abre a partir de la
reforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos (en internet:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
) que hasta ahora —y desde la época de la expropiación cardenista del
petróleo de las manos de las empresas extranjeras —garantizan el control y el
dominio exclusivo y pleno del sector energético, en tanto propiedad de la
nación, por parte del Estado.
Básicamente la "propuesta"
contenida en la Iniciativa de Ley del gobierno federal consiste en:
a) La celebración de "contratos eficientes para la
exploración y extracción con el Ejecutivo Federal, y,
b) Participación de terceros
(¡léase inversionistas privados!) en toda la cadena de valor de los
hidrocarburos, a través de autorización
expresa del Gobierno Federal" (subrayados y negritas nuestros), la
cual obviamente estará concedida de antemano.
Si bien se aclara que la reforma "…mantiene la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos en el subsuelo, sólidos, líquidos y
gaseosos", así como la "…prohibición
de otorgar concesiones ya que sólo el Estado puede disponer de los recursos del
subsuelo", sin embargo, abiertamente plantea la incorporación de
contratos que celebrará el ejecutivo Federal con organismos y empresas públicas
y con lo que denomina "terceros",
es decir, con capitalistas privados nacionales y extranjeros para supuestamente
"expandir y hacer más eficientes las
actividades de exploración y extracción de hidrocarburos".
La reforma es enfática en establecer dos ejes fundamentales
a nivel constitucional:
a) Eliminar la prohibición
de que el Estado celebre contratos para la explotación de hidrocarburos y,
b) Sustraer de las áreas
estratégicas del Estado a la petroquímica básica y dar certeza a nivel
constitucional para que las actividades de la industria petrolera, tales como
el procesamiento de gas natural y la refinación del petróleo, así como el
transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de dichos productos
y sus derivados, puedan ser realizadas tanto por organismos del Estado, como
por los sectores social y privado —capital nacional y extranjero— a través de
permisos que otorgue el Ejecutivo Federal.
De este modo, el núcleo duro de la iniciativa de la
reforma constitucional comprende la introducción de permisos para que el sector
privado participe de forma definitiva en refinación, petroquímica básica,
transporte y almacenamiento de hidrocarburos, con lo cual, con el tiempo y el
contubernio de la autoridad gubernamental, se irá apropiando paulatinamente de
estos recursos de la nación, como ha venido sucediendo en los últimos treinta
años de predominio del neoliberalismo en México, que ha privatizado empresas y
sectores de la industria, la agricultura y los servicios como ferrocarriles,
carreteras y los bancos.
Si bien la reforma contenida en la Iniciativa no
plantea hacer concesiones sobre el petróleo y, en general, sobre los
hidrocarburos, sí introduce los "convenios
de utilidad compartida" defendidos a capa y espada por el director de
PEMEX —por cierto considerados muy limitados por personeros de los organismos
empresariales, como el Consejo Coordinador Empresarial y la COPARMEX, ya que
éstos reclaman de plano la autorización de concesiones a la propiedad en
materia energética por parte del Estado—, y que es otra manera de legitimar la
apropiación de ganancias por parte de las empresas transnacionales y, en general,
del capital extranjero, así como de los beneficios de la producción. En otras
palabras dichos contratos suponen que la renta petrolera -la ganancia en
términos capitalistas-, a partir de la aprobación de la reforma, se repartirá
entre el gobierno, la empresa Pemex y las empresas privadas (nacionales y
extranjeras) que operen en el sector energético (petróleo, gas y electricidad).
Es obvio que este reparto de las utilidades repercutirá negativamente tanto en
la proporción de ganancia que obtenga el Estado y la empresa Pemex, como en el
gasto público, del cual hasta ahora el petróleo aporta aproximadamente el 40%
del presupuesto total de la federación.
Pero el empresariado y el capital extranjero deberán estar
tranquilos en el futuro, luego de la aprobación de la reforma energética, en la
medida en que la Iniciativa autoriza al Congreso de la Unión para
establecer la llamada "legislación
secundaria" (verdadero caballito de Troya de las empresas
transnacionales), la cual permitirá la aplicación efectiva —y la concreción— de
las reformas y las modalidades del régimen jurídico-institucional bajo el que
participarán los llamados "sectores
público, social y privado" en las actividades de la cadena energética.
De esta forma, claro está, se posibilitará trascender las limitaciones de los
contratos o convenios de utilidad compartida —que para la burguesía son
extremadamente limitados—para avanzar y establecer en la práctica, mediante la
burla de las leyes, las componendas y la corrupción institucional, las
concesiones efectivas para qué los inversionistas nacionales y extranjeros
operen como verdaderos amos y señores del sector energético de nuestro país.
Evidentemente que lo anterior abrirá en lo sucesivo un
enorme boquete en las finanzas públicas en un contexto de descenso económico que necesariamente será compensado, no mediante un mayor
desarrollo económico y social, ni con el aumento de la productividad, como
pontifica la perorata empresarial y gubernamental, sino a través de la deuda
externa y el incremento generalizado en los impuestos a la población, en
particular, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), ahora incluyendo medicinas y
alimentos, para lo que ya se aproxima la famosa reforma hacendaria que enviará
al Congreso el Ejecutivo Federal el próximo 8 de septiembre del año en curso
para que sea aprobada en íntima consonancia con las reformas laboral, educativa
y energética.
Rebelión ha publicado
este artículo con el permiso del autor mediante una licencia
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