Cuando Hilda tenía 18 años (2009)
fue acusada por el delito de aborto mientras era atendida en el Hospital
Público de Tamuín, San Luís Potosí, debido a una fuerte hemorragia. Fue
denunciada por una trabajadora social de dicha institución y durante las siete
horas que permaneció en el hospital, Hilda fue custodiada por la policía.
Hilda fue llevada a la cárcel preventiva aún con la bata del hospital.
Allí permaneció una noche. Quedó liberada al día siguiente por falta de
pruebas. Sin embargo, la investigación siguió abierta sin que ella lo supiera.
Tres años después, un juez dictó una orden de aprehensión en su contra, siendo
detenida nuevamente por la policía y fue llevada al centro penitenciario
estatal. Por la noche se le decretó la detención como probable responsable del
delito de aborto. La familia de Hilda pagó una fianza para obtener su libertad
provisional. A partir de esa fecha, cada día 30 del mes tiene que presentarse a
firmar el libro de control de procesados en Ciudad Valles.
El pasado 5 de abril de 2013, se le sentenció a un año de prisión pese a
que quedó evidenciado que no existen pruebas que demuestren su responsabilidad.
Hilda ha apelado la arbitraria decisión del Juez, por lo que corresponderá a la
5ª Sala Mixta del Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí resolver
el asunto el próximo 2 de agosto.
Firma esta petición para pedir a los magistrados del Supremo Tribunal de
Justicia de San Luis Potosí que declaren la inocencia de Hilda por falta de
pruebas. Tu firma puede servir para exigir justicia para Hilda.
A: 5ª Sala
Mixta del Supremo Tribunal de Justicia de San Luís Potosí
El juez Miguel Ángel Ramiro Díaz dictó sentencia
condenatoria en contra de Hilda el pasado 5 de abril, a pesar de que en el
proceso penal se evidenció que no existen pruebas para demostrar su responsabilidad
en el aborto que tuvo.
En 2009, Hilda de 18 años y
escasos recursos, fue acusada por personal de salud mientras era atendida en un
hospital público local en San Luis Potosí. La denuncia...
El juez Miguel Ángel Ramiro Díaz
dictó sentencia condenatoria en contra de Hilda el pasado 5 de abril, a pesar
de que en el proceso penal se evidenció que no existen pruebas para demostrar
su responsabilidad en el aborto que tuvo.
En 2009, Hilda de 18 años y
escasos recursos, fue acusada por personal de salud mientras era atendida en un
hospital público local en San Luis Potosí. La denuncia se fundamentó en una
confesión arrancada bajo presión por la médica del hospital, condicionándole la
atención médica y sin la presencia de un abogado. Esta acusación carece de
validez porque se basa en una confesión violatoria de los derechos humanos de
Hilda a la no autoincriminación, al respeto a su vida privada y a no ser
sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes.
El caso de Hilda es ilustrativo
de los prejuicios de género discriminatorios que persisten en las autoridades
judiciales en torno al tema del aborto, así como de la criminalización del
personal médico hacia las mujeres que solicitan atención sobre salud reproductiva
en los hospitales públicos, lo cual constituye un patrón de conducta dentro de
los servicios de salud que pone en riesgo la integridad y la vida de las
mujeres.
Asesorada por GIRE, Hilda apeló
la sentencia condenatoria del Juez y tendrá audiencia el 2 de agosto. Pedimos a
la 5ª Sala Mixta del Supremo Tribunal de
Justicia de San Luis Potosí, que los Magistrados Zeferino Esquerra Corpus,
Carlos Alejandro Robledo y la Magistrada María Guadalupe Orozco Santiago,
integrantes de la 5ª Sala Mixta resuelvan con criterios imparciales el recurso
de apelación interpuesto por Hilda.
Sinceramente,
[Su nombre]
[Su nombre]
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