Texto escrito
por: Karla. H. Mares
Domingo, 30 Junio 2013
La mañana del 28 de diciembre
de 2009, en un taller mecánico de la ciudad de Huamuxtitlán, perteneciente a la
región montaña de Guerrero, Lucino Ramírez Joachinillo, mecánico de profesión,
de 34 años de edad, fue brutalmente golpeado por policías ministeriales –antes
llamados judiciales, por ser la policía encargada de “hacer justicia”, es decir, ejecutar las órdenes de aprehensión-.
¿La razón? Una “inspección de
rutina” que los policías ministeriales requerían realizar en el marco de la
campaña Guerrero Seguro, donde
el énfasis es buscar coches robados como estrategia de “prevención” y lucha contra la inseguridad.
A pesar de que Lucino no se resistió en ningún momento a la revisión,
los ministeriales fueron más allá de sus obligaciones e intentaron entrar a la
casa que se encuentra al final del taller, donde vive la familia.
Es en ese momento que se les solicita la orden de cateo. ¿La respuesta?
una serie de insultos y como muestra de la autoridad incuestionable que
representan, un cachazo a Lucino que lo deja tirado en el suelo.
Inmediatamente el sobrino, un joven de 17 años, intervino y
también es golpeado y subido a la camioneta blanca, junto con Lucino. Ambos
relatan que durante el camino recibieron fuertes golpes en las costillas,
cabeza y espalda; y los mantuvieron todo el tiempo en el piso de la camioneta,
con la bota de uno de los policías encima.
Además fueron permanentemente intimidados, amenazados de muerte, durante
la hora que estuvieron detenidos, como una forma de que desistieran de
denunciar el abuso. “Uno de los policías
le dijo a Lucino: ‘¡¿Qué te pasó?! Te caíste y te golpeaste, eso vas a decir. […] Te cargó la chingada, yo te voy a remitir y
te va a cargar la chingada, ¿dónde están las armas?’. Lucino respondió ‘¿cuáles
armas?, yo no tengo armas’. El policía lo amenazó: ‘yo te voy a acusar de que
eres parte de la banda de los Beltrán y llevas todas las de perder pendejo” (Mocipol,
2010).
Mientras ello sucedía, la esposa de Lucino busca ayuda y junta un grupo
de vecinos que se solidariza y acompañan a la familia a solicitar auxilio al
Ayuntamiento Municipal. Es la presión de los familiares y vecinos la que logra
que las autoridades se movilicen y encuentran a Lucino y su sobrino en un
paradero cercano a la ciudad.
Consejo Ciudadano por la Seguridad de
Huamuxtitlán
La indignación de la comunidad
se ha acumulado durante años. La constante en la región es que las policías
ministeriales, aprovechando su función de persecución de las conductas
delictivas, se dedican a extorsionar.
Las formas son diversas, ya sea para ejecutar o no órdenes de
aprehensión -ello depende de quién de un mejor pago por ello, la víctima o el
delincuente-.
Además, se destacan los permanentes retenes que los ministeriales
implementan en lugares aislados y sobretodo en las carreteras, en búsqueda de
personas en posesión de autos robados.
La Montaña de Guerrero es una zona en donde abundan los coches robados
provenientes de Puebla, pues es aquí donde encuentran compradores -campesinos
que necesitan camionetas para transportar su leña, maíz o cualquier producto de
subsistencia-.
El precio de la libertad, es decir las cuotas de extorsión oscilan entre
10,000 y 30,000 mil pesos, en una región catalogada como una de las zonas más
marginadas y de pobreza extrema en México (Mocipol, 2010).
En suma a ello, dentro de la región, es un secreto a voces, una sospecha
constante, la estrecha relación entre los ministeriales y los grupos
delincuenciales, por lo cual la impunidad es el cobijo bajo el que actúan.
Es bajo este contexto y a raíz del abuso cometido a la familia
Joachinillo, que la comunidad se organiza y decide conformar lo que denominaron
el Consejo Ciudadano por la Seguridad de Huamuxtitlán.
Hombres y mujeres, jóvenes y adultos de todas edades, se organizan en
grupos de vigilancia, reciben asesoría en seguridad ciudadana y
prevención del delito por parte de organizaciones de la sociedad civil, y
mantienen reuniones vecinales quincenales. Asimismo realizan reuniones con el
Ayuntamiento municipal, para solicitar dos puntos: la salida de la cabecera
municipal del agrupamiento de la policía ministerial y ampliar el número de
elementos de policía municipales (La Jornada Guerrero, 2010).
La madrugada del 2 de junio del año pasado, las campanas de Huamuxtitlán
volvieron a replicar en alerta de auxilio. Inmediatamente, cientos de
vecinos-armados con machetes, palos y rifles- se congregaron en la plaza
central donde se les informó que un adolescente, hijo de un comerciante, había
sido secuestrado.
Para sorpresa de todos, no era el único secuestrado, pues al reunirse en
la plaza central se notificó que eran 17 personas secuestradas.
Manuel Vitrago Reyes, encargado de conformar el Frente Ciudadano por la
Seguridad de Huamuxtitlán (FCSH) –nombre al que cambia el Consejo, después de
ver que las autoridades los ignoran y que busca impulsar el proyecto que pase
de la interlocución con autoridades a la prevención comunitaria, impulsando la
conformación de una policía-, relata:
“Durante la ola de secuestros del sábado nos
avisaron que había problemas en la comandancia de la Policía Preventiva
Municipal, cuando fuimos al lugar los elementos huyeron y encontramos en el
interior a una niña de diez años, tenía la boca sellada con cinta canela y
además esposada, después supimos que la habían llevado de una comunidad de
Cualac”.
Más tarde, “regresamos a
Huamuxtitlán y escuchamos balazos que provenían de la comandancia de la
Ministerial, entonces sobre la carretera vimos acercarse a varios carros,
adelante venía el presidente interino tirando de balazos, era evidente que
custodiaba a los ministeriales para sacarlos del lugar y por eso lo
interceptamos” (Vanguardia, 2012).
El edil suplente, previamente se desempeñó como Director de Seguridad
Pública Municipal de Huamuxtitlán y se sospechaba que desde su cargo protegió a
las bandas de secuestradores que operan en la zona. (Proceso, 2012).
Por todas estas razones, los pobladores acusaron a los policías
municipales y ministeriales de “ser
cómplices” de los secuestros.
En México el 95% de los casos quedan impunes (ONU, 2012). Huamuxtitlán
es el claro ejemplo de la impunidad bajo la cual vive la sociedad mexicana en
una de las mayores crisis de seguridad que se agudiza con la declaración
de guerra al narcotráfico por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa en
2006.
La palabra que camina (Totlajtol Nejnemi)
Video por Rafael Prime.
A manera de conclusión
quisiera resaltar uno de los conceptos que se usaron a lo largo de toda la
jornada y sobre el cual se hizo hincapié por su papel fundamental: soberanía
popular. No pretendo dar una definición exacta y precisa de esta idea política,
pero si puedo apuntar que lo que se incluye dentro de este gran saco es la
capacidad que tienen los pueblos de organizarse de manera autónoma y decidir el
curso de su caminar político, social, económico y cultural, es decir, la
capacidad de ejercer el poder de manera popular. A esta idea central se le
vincula, dentro de las discusiones dadas aquí, con una democracia participativa
y con la inutilidad de partidos políticos que desvirtúen el quehacer político
lo llenen de corrupción y violencia. Para la PCP la construcción de la
soberanía popular es el objetivo de su lucha y concentraran sus fuerzas –tal y
como lo han hecho desde hace trece años, previos a su aparición pública este 2
de diciembre de 2012- en lograrla. Para la PCP no se trata sólo de un ejercicio
de seguridad comunitaria sino de justicia social, así lo expresaron en aquel
patio de escuela en la comunidad de Nuevo Paraíso, mujeres, hombres y niños.
(agenciasubversiones.org/?p=7783)
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