LINyM, 28-06-2013
Proyecto
hidroeléctrico Agua Zarca sigue paralizado. Policías y militares resguardan
instalaciones de las empresas y arrecian hostigamiento contra comunidades
indígenas
Tres meses después del inicio de la protesta contra el proyecto hidroeléctrico “Agua
Zarca”, impulsado por la empresa de capital hondureño Desarrollos
Energéticos, S.A. de C.V. (DESA) sobre el río Gualcarque, y
realizado, entre otros, con fondos del Bcie (Banco interamericano de integración
económica), las comunidades indígenas lencas que defienden su territorio
ancestral y exigen el retiro inmediato del proyecto, denuncian la
profundización del hostigamiento y la represión de parte de militares y
policías. Asimismo, amenazan con arreciar la protesta, si las empresas y las
instituciones públicas continúan haciendo caso omiso a sus demandas.
“Luego de mi detención la represión ha ido subiendo de tono y se ha
vuelto más agresiva y violenta. El gobierno ha enviado a la zona de Río Blanco
a efectivos de la Fuerza de Tarea Xatruch –la misma que opera en
el Bajo Aguán– y de la recién constituida
Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial (Tigres)”, explicó Bertha Cáceres, coordinadora
del Copinh (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras),
a este corresponsal.
Las
comunidades indígenas lencas han repetidamente votado en contra de este
proyecto durante los cabildos abiertos organizados por los gobiernos
municipales de la zona, así como en el marco de la Asamblea Indígena, que se
ampara en el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales.
“Ante la resistencia de la población, la
respuesta enfurecida de la empresa y el gobierno, a través de la SAG
(Secretaría de Agricultura y Ganadería), la
SERNA (Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente) y el ICF (Instituto de Conservación Forestal), ha llegado al colmo de que se han emitido órdenes de captura contra el
presidente del Consejo Indígena, Francisco Javier Sánchez, su vice Lucío
Sánchez y otros líderes comunitarios”, explicó Cáceres.
Según
el Copinh, que acompaña a las comunidades indígenas en su lucha, este proyecto
hidroeléctrico estaría siendo financiado también por Financiera Comercial
Hondureña SA (Banco Ficohsa), cuyo gerente general es Javier Atala, quien el
año pasado suscribió un convenio por 20 millones de dólares con Proparco,
filial de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) dedicada a
la financiación del sector privado, para proyectos de energía renovable.
Entre
las empresas que están ejecutando el proyecto se mencionan a la compañía
contratista de capital chino Sinohydro –la cual fue recientemente sancionada en Ecuador por graves irregularidades
en cuanto a su trato a los empleados del proyecto hidroeléctrico Coca Codo
Sinclair–, la empresa de construcción Concreto Preesforzado de Centroamérica SA
(Copreca) y la alemana Voith Hydro, que ganó un contrato de suministro de turbinas hidráulicas y otras
partes.
Actualmente,
centenares de personas mantienen cerrado el paso a las maquinarias de la
empresa. “En el territorio de Intibucá no
han podido trabajar sobre el río Gualcarque y las comunidades han continuado a
reunirse en asambleas indígenas, donde han reiterado su posición de no querer
ninguna negociación con DESA, que se le cancele la concesión ilegal que se le
ha otorgado, así como que salgan las fuerzas represivas y que se respete el
Convenio 169”, subrayó la dirigente indígena.
Cáceres
dijo también que se van a acusar judicialmente a las autoridades municipales
que se han involucrado en el proyecto, pasando por encima de la voluntad
expresa de los pobladores.
“En los últimos días hay fuertes cateos en
toda la zona, control de vehículo y de los buses, vigilancia, hostigamientos,
levantamiento de perfiles con fotos y videos y hasta amenaza de nuevas capturas
y desalojos. Asimismo, el Batallón de Ingenieros y la Policía han estado
asediando e incursionando a las viviendas, a los solares, militarizando el
centro de La Tejera, y rodeando a las personas que se mantienen en la toma de
la carretera. Es una verdadera cacería”, apuntó la coordinadora del
Copinh.
Según
Cáceres, en Río Blanco hay “una guerra de
baja intensidad y contrainsurgente contra las comunidades indígenas y su lucha.
En Honduras estamos en una etapa muy peligrosa, donde las fuerzas que dieron el
golpe de Estado se han fortalecido e institucionalizado, y donde se sigue
criminalizando la lucha y la protesta social”, argumentó.
Ante
esta situación, la dirigente indígena, quien fue sobreseída de forma
provisional por los supuestos y no probados delitos de portación ilegal de
armas y por atentar contra la seguridad interna del Estado, hizo un llamado a
la solidaridad nacional e internacional “para
que haga suya esta demanda del pueblo lenca”, y se dirija a todas las instancias
del gobierno y a los tres poderes del Estado “exigiendo el respeto de sus derechos ancestrales y el fin de la
militarización y la represión”, concluyó Cáceres.
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