Michoacán: Una operación de Estado, a través del aparato represivo, para recuperar el control de la situación
x Andrés Ávila Armella
México, 23.05.13
La torpeza e ineficiencia de algunos
gobernantes puede posibilitar el desarrollo político de los explotados,
poniendo en riesgo los intereses de la clase en el poder
Nuevamente
los sucesos políticos y sociales en Michoacán han atraído la atención de
diversos analistas políticos, tanto por parte del Estado como por parte del
movimiento social en México. La movilización popular de los estudiantes
normalistas, de comuneros indígenas, así como la irrupción de los llamados “grupos de autodefensa” y el problema
del narcotráfico, fenómenos que confluyen en un mismo escenario político aunque
de naturalezas dispares, han propiciado que el Estado mexicano esté generando
un tremendo clima de confusión política que justifique acciones represivas.
Cámaras empresariales, voceros
de los medios de comunicación y funcionarios del Estado federal, han alertado
sobre un clima de “ingobernabilidad”
en Michoacán, argumentando que la capacidad del gobierno estatal ha sido
rebasada, clamando a gritos la intervención de la federación, sobre todo a
través del aparato represivo, para recuperar el control de la situación.
A continuación expondremos
algunos elementos para el análisis de la situación actual.
Algunos
antecedentes recientes
El
anterior presidente de la República, Felipe Calderón, quien accedió a la
presidencia tras un escandaloso fraude electoral en 2006, nativo del estado de
Michoacán, donde realizó gran parte de su carrera política, se empeñó en
experimentar diversas políticas de Estado en dicha entidad federativa; cuando
apenas empezaba su gestión en el gobierno federal decidió lanzar ahí mismo el
primer operativo militar masivo, el cual pretendía, supuestamente, controlar la
situación de la violencia desmesurada ligada al narcotráfico; así pues,
propició que tanto el ejército como la policía federal actuaran bajo sus
órdenes directas en la región, con la aparente justificación de que numerosos
cuerpos policiacos, tanto estatales como municipales, estaban siendo corrompidos
por las mafias de narcotraficantes.
Sin abundar demasiado en el
tema, haremos algunas puntualizaciones:
- La actividad económica,
política y armada de las mafias ligadas al narcotráfico no disminuyó, pero sí
logró crear una cortina de humo en donde se violentaron sistemáticamente los
derechos humanos de la población a través de retenes, cateos, detenciones
masivas y diversos operativos.
- Lo que realmente se
dificultó fue precisamente el análisis político de la situación, puesto que el
clima de violencia propició que nadie se atreviera a indagar en una diversidad
de problemáticas por el temor a ser víctimas de la violencia en medio de tanta
confusión. Cualquier opinión podía ser considerada una intromisión en el
problema del narcotráfico ante la amenaza latente de sufrir las consecuencias
de atravesar el fuego cruzado. No sólo en Michoacán, sino en México, se ha
fomentado el hecho de que la población se acostumbre a la aparición de
cadáveres, la desaparición de personas, retenciones, torturas, ejecuciones masivas
y otras tantas cosas, asumiendo de antemano que si alguien desaparece o aparece
en las mencionadas condiciones, es por haber estado involucrado de una manera u
otra en el contrabando.
- La lucha social, que tiene
al Estado y a los grupos de caciques y capitalistas asentados en la región como
sus enemigos inmediatos, tuvieron que considerar además la problemática de ser
reprimidos por supuestos grupos de sicarios, quienes actuando aparentemente por
encima de la ley lograron inhibir algunas reacciones organizadas a
problemáticas sociales.
- En ese contexto aparece la
resistencia de las comunidades indígenas de Cherán y Ostula, quienes han tenido
que enfrentar, de manera directa, la violencia operada por estas supuestas
mafias. El caso de Cherán se volvió paradigmático, toda vez que ubicó que
detrás de dicho enfrentamiento contra la mafia, que talaba sus bosques, se
encontraba el cobijo del Estado mexicano, quien a través de los “partidos políticos” había fragmentado a
la comunidad y allanado el camino para el despojo del cual son objeto, a la vez
que hacían caso omiso de las quejas de los comuneros y de su demanda de
justicia y seguridad.
- Desde finales de 2011, los
presidentes nacionales del PRI, PAN y PRD acudieron al llamado de un grupo de
empresarios, los más poderosos de la región, para formular la propuesta de
lanzar una candidatura única; es decir, para imponer a un candidato de Estado,
a alguien que más allá de los partidos simplemente siguiera las órdenes
directas de la burguesía, evitando la mediación de los burócratas de los tres
partidos. Dicho asunto, lo señalamos desde aquel momento, indicaba que nos
encontrábamos ante una operación de Estado.
- Los gobiernos del PRD
dejaron insatisfechos a todos. La burguesía, sobre todo tras el caso Cherán, pudo
comprobar que la influencia de aquel partido sobre el movimiento popular se
había diezmado, su capacidad de interlocución se había reducido; además su
eficiencia burocrática dejó mucho que desear. La administración pública se
enredó en una crisis financiera y los escándalos de corrupción no fueron para
nada la excepción. Por otra parte, si bien era cierto que en cierta medida el
PRD ganó la gubernatura apoyado en gran parte por la confianza que muchos
elementos de las clases explotadas le depositaron a los supuestos herederos del
cardenismo, la desilusión fue creciente, ni la pobreza ni la explotación ni las
injusticias cesaron en lo más mínimo, la única diferencia fue el color bajo el
cual se protegían los explotadores.
- El priísta Fausto Vallejo
ganó las elecciones compitiendo contra la hermana del presidente Calderón, y
contra un Silvano Aureoles de un PRD dividido y debilitado. Muchos de los
grupos de poder que habían apoyado al PRD, quienes antes apoyaban al PRI,
volvieron a apoyar a este último e inclinaron la balanza.
La
gestión Vallejo-Reyna
Fausto
Vallejo asume la gubernatura, cuando arrancaba la carrera presidencial, en
medio de los rumores que adelantaban que él no terminaría su período
constitucional, pues su estado de salud no se lo permitiría, y ante la seria
posibilidad de que Jesús Reyna se hiciera cargo del despacho como gobernador
interino o sustituto. La urgencia era abonar a la campaña presidencial de Peña
Nieto, demostrando que el PRI tendría la fuerza que el PRD no tuvo para doblegar
a los nuevos brotes del movimiento popular en Michoacán, y también bajo la
expectativa de que tendría mejores métodos para mantener bajo control la
violencia ligada al contrabando; es decir, que dicho gobierno tendría la
habilidad para evitar que los negocios ligados al contrabando afectaran también
a otros rubros de la economía capitalista. En ese sentido, la acción militar y
policiaca seguiría siendo relevante.
El actual gobierno priísta de
Michoacán, durante la campaña presidencial, quiso proyectar al PRI con un golpe
políticamente llamativo contra el movimiento popular, ejerciendo una represión
brutal contra moradores de las casas del estudiante de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El mensaje al bloque hegemónico burgués
era el siguiente: “Nosotros tenemos la
capacidad de contener al movimiento popular con represión, es más barato
invertir en balas de goma, escudos y gas lacrimógeno que en más albergues
estudiantiles o en más aulas para la universidad pública”.
La represión, desde el punto
de vista de Estado, dejó mucho que desear. Lucieron muchas ineficiencias y la
situación política se complicó tanto que Enrique Peña Nieto tuvo que cancelar
en varios momentos sus actos de campaña en Michoacán, por el temor a
encontrarse de frente a grandes movilizaciones populares, sobre todo
estudiantiles. Sin embargo, el priismo gobernante en Michoacán logró contribuir
a la campaña de Peña Nieto, en la medida en que reforzaba el compromiso de su
partido ante la burguesía de estar dispuesto a combatir sin reservas cualquier
brote de inconformidad organizada e independiente.
En octubre del año pasado, un
nuevo golpe represivo estremeció al país, fuerzas federales y estatales
hicieron un operativo en la Normal rural de Tiripetío y en la Escuela Normal Indígena
de Michoacán, capturando a cientos de estudiantes. La fuerza del movimiento
popular, organizaciones, padres de familia y comuneros, lograron expulsar a las
fuerzas represivas de las escuelas normales y levantar un movimiento que cobró
gran fuerza a nivel regional, sobre todo en el sector estudiantil y con miles
de comuneros de la región de la meseta p’urhépecha. La acción represiva alcanzó
incluso al magisterio democrático quien sufrió la incursión de la policía
federal en sus instalaciones.
El Estado logró ejercer la
represión y golpear al movimiento, ablandando el terreno para siguientes
acciones, mientras que el movimiento popular, lleno de combatividad pero
carente de una dirección política consolidada y revolucionaria, terminó por
dispersarse sobre todo ante el clamor de los oportunistas, quienes simulando
vocación combativa terminaron por decir: “no
hay condiciones para luchar más”.
La línea del Estado mexicano
ha sido la de provocar la negociación dispersa y parcial con los actores en
lucha, haciendo sobre todo un esfuerzo por desvincular la lucha estudiantil de
la sindical y a su vez con la de las comunidades indígenas y campesinas. La
aprobación de la reforma educativa tomó al movimiento popular michoacano en
medio de la dispersión y la confusión. Las autodefensas
El clima de violencia y miedo,
referido al principio del presente ensayo, mantiene a la mayoría de los
michoacanos en la confusión al respecto de quién actúa a nombre de qué. Hacer
preguntas e indagatorias es prácticamente imposible; sin embargo existe una
referencia para el movimiento popular, que es el caso de la comunidad indígena
de Cherán. En éste caso fue claro que fueron los pobladores organizados quienes
hicieron frente a los grupos protegidos por el gobierno que asesinaban e intimidaban
a miembros de la comunidad, hablamos de un caso claro de autodefensa
comunitaria coordinado con la lucha popular y con plena legitimidad. Como todos
sabemos, el movimiento de Cherán, no ha sido del agrado del Estado y ha pensado
en diversas estrategias para contenerlo, cooptarlo y desmovilizarlo.
En medio de dicha situación,
aparecen un sinnúmero de grupos que se denominan de “autodefensa”, la claridad al respecto es sumamente nebulosa. Esto
ha sido aprovechado por los funcionarios de Estado, tanto estatal como federal,
quienes advierten sobre la seria amenaza que representa para el “estado de derecho” la aparición de
estos grupos en general. Se introduce a través de los medios de comunicación la
suspicacia de que los grupos de “autodefensa”,
el narcotráfico y el movimiento social son una misma cosa, y que de manera
general deben ser disueltos por el aparato represivo de Estado.
Así pues, se lanza la amenaza
latente de que formar parte del movimiento popular o de la organización
independiente puede ser considerado una actividad delictiva y vinculada al
llamado “crimen organizado”. La
confusión favorece a dicha política de Estado, pues nadie puede deslindar con
precisión la naturaleza de cada fenómeno, mientras las patrullas policiacas y
militares instalan retenes por los diversos caminos asolando a la población y
alimentando el clima de miedo y desconfianza.
Estado
y movimiento popular
Aquí
es necesario detenernos a hacer una precisión. Las políticas e iniciativas de
los gobiernos están supeditadas a la política de Estado y no al revés, en
ocasiones las acciones del gobierno logran fortalecer efectivamente al Estado,
pero en ocasiones fracasan y se modifican en sus aspectos superficiales,
conservando siempre su esencia de clase.
El gobierno priísta, de
Vallejo y Reyna, ha mostrado su vocación burguesa; sin embargo se ha visto
rebasado por el movimiento popular y por las propias contradicciones de las
diversas problemáticas planteadas. El Estado, por su parte, luce preocupado y
muestra su afán e interés de que existan condiciones estables para la
acumulación capitalista y para el ejercicio del poder estatal. El Estado, no
obstante, está aún lejos de verse rebasado y cuenta con diversos instrumentos
para contener y derrotar al movimiento popular. En todo caso, el Estado está
preocupado porque la torpeza e ineficiencia de algunos gobernantes pueda
posibilitar el desarrollo político de las clases explotadas, poniendo en riesgo
el interés general de la clase en el poder.
El aparato represivo, en los
tres niveles de gobierno, sigue obteniendo condiciones para operar con pocas
restricciones, aprovechándose de tanta confusión, por ejemplo, en varias
ocasiones, los retenes de la policía federal se colocaron a las afueras de Morelia,
impidiendo el paso a la capital michoacana a todos los jóvenes que tuvieran “aspecto” de ser normalistas o
luchadores sociales. Finalmente logra verse con claridad a dónde conducía tanta
operación policíaco-militar en Michoacán. Esto, si bien implica un desgaste de
la figura ideológica del estado democrático, es un sacrificio que el Estado ha
estado dispuesto a hacer ante la efectividad que les implica el uso de la
fuerza por encima de la política.
Pero tal como advertimos hace
algunas líneas, el Estado suele combinar varios métodos. Por un lado reprime
violentamente a las expresiones de la lucha popular, a quienes considera más
hostiles; por otro lado tiende puentes de negociación, hacia el movimiento
sindical, indígena, estudiantil y popular, para mantener a cada lucha separada
de las otras incluso bajo la advertencia de que las alianzas son causal de
rompimiento de los compromisos del gobierno con cada movimiento u organización.
Nadie que conozca la historia de México, y de Michoacán particularmente, puede
descartar que el Estado mexicano apueste a que a mediano plazo puede sumar
algún movimiento a su redil y reconvertirlo en un apéndice informal del Estado.
Mientras haya condiciones para
la acumulación de capital, el Estado mexicano puede aceptar formas de autonomía
indígena, de autodefensa, de organización sindical o estudiantil, fragmentar
las luchas y llegado el momento golpearlas por separado para recuperar las
concesiones.
El movimiento popular por su
parte, ha tenido a su favor más condiciones objetivas que subjetivas, aún
cuando no carece de las segundas, éstas se encuentran considerablemente
atrasadas con respecto de las primeras. El movimiento popular en Michoacán ha
respondido ante situaciones asfixiantes, ante la pérdida evidente y violenta de
conquistas obtenidas en luchas anteriores, pero no ha logrado consolidar algún
referente organizativo que aglutine al movimiento popular en general y lo
mantenga avanzando en una agenda que tienda a elevar su posición política; el
triunfalismo oportunista y el derrotismo ocasionado por tanto miedo, confluyen
en un mismo escenario cumpliendo la misma función, inhibir el desarrollo
político y progresivo del movimiento.
Sin embargo, el panorama
exhibe algunas posibilidades, pues el movimiento popular tiene a su favor que
las condiciones objetivas, las formas en que el capitalismo se desarrolla en
Michoacán, hace confluir los intereses de comuneros, estudiantes y
trabajadores, y les da la posibilidad de luchar juntos, y por tanto de probar
la fuerza que se tiene con la organización combativa e independiente; cada
experiencia de lucha implica nuevos aprendizajes políticos, nuevas lecciones
que sistematizadas correctamente pueden ser útiles en la elaboración de la
táctica revolucionaria.
La cuestión por ahora es
combatir la táctica de Estado quien se empeña en hacer creer a quienes se
organizan por sus demandas de carácter económico y de alcance inmediato como lo
pueden ser las prestaciones laborales, los derechos comunitarios o los espacios
estudiantiles, que es reconociendo al Estado como serán escuchados y atendidos;
la tarea consiste pues, en potenciar la capacidad del movimiento popular, y eso
exige ante todo conciencia de clase, el trabajo sobre las condiciones
subjetivas y sobre todo la organización independiente y clasista. El pueblo
trabajador necesita recobrar la confianza en sí mismo, en su capacidad para
resolver, para luchar y para ganar, eso le permitirá levantar la mirada
identificando además de políticos corruptos, mafias y partidos políticos, al verdadero
enemigo de clase, la burguesía. Por ahora, las fuerzas en choque se encuentran
en tensión, el gobierno ha sufrido reveses pero el Estado sigue siendo la
fuerza dominante, el movimiento popular, si aspira a la victoria, no puede
eludir la tarea de propiciar él mismo su desarrollo político.
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