IPS, 30-05-2013
“Pedimos que
se esclarezca dónde están y si cometieron un delito, que sean juzgados.
Queremos una investigación eficaz para capturar y enjuiciar a los responsables”, reclamó ante IPS Nadin Reyes, hija de Edmundo
Reyes, que fue desaparecido junto a Gabriel Cruz el 25 de mayo de 2007. Ambos
militaban en el guerrillero Ejército Popular Revolucionario.
La
última vez que el mexicano Enrique Rangel oyó a su hermano Héctor fue la noche
del 10 de noviembre de 2009, cuando lo llamó para contarle que no había llegado
el cliente que le debía dinero y que unos policías municipales lo habían
detenido.
“Ya no supimos más de él”, contó
Enrique Rangel, en uno de los 13 testimonios que nueve jurados escucharon en
esta capital el martes 28 y este miércoles 29, en la pre-audiencia “Desapariciones forzadas y ejecuciones
extrajudiciales en México: una política permanente del Estado”.
Los
testimonios se enmarcan en los trabajos del capítulo mexicano del Tribunal
Permanente de los Pueblos (TPP?), lanzado en
2011. Los jurados de cada pre-audiencia temática entrega sus conclusiones para
una gran audiencia general, que se realizará en 2014 y emitirá un veredicto
sobre la actuación del Estado mexicano.
Héctor
Rangel desapareció en la ciudad de Monclova, en el norteño estado de Coahuila. “Cuando fuimos allí los policías nos dijeron
que unos compañeros suyos lo habían detenido, que ya había pagado la multa y
que se lo habían llevado para una revisión”, explicó Enrique Rangel a IPS
“¿Pero pagar una infracción a medianoche?
Luego nos dijeron que mejor nos fuéramos”, explicó este hermano,
residente en la central ciudad de Querétaro.
Desde
2007, conforme se intensificó la campaña militar en contra del narcotráfico en
México, recrudecieron las desapariciones forzadas y las ejecuciones
extrajudiciales, hasta convertirse en una tragedia humanitaria.
Tradicionalmente,
en este país latinoamericano las desapariciones forzadas se achacaban a los
organismos de seguridad y a denunciados grupos paramilitares.
Ahora
esa práctica adquiere otro ropaje por el influjo de las bandas delictivas que,
alegan activistas de derechos humanos, actúan en ocasiones en contubernio con
cuerpos policiales o militares.
En
diciembre de 2006, días después de asumir como presidente para el periodo
2006-2012, el conservador Felipe Calderón dispuso la participación de efectivos
militares en el combate a las drogas ilícitas, una estrategia que sembró la
mortandad.
Durante
su sexenio se cometieron más de 100.000 homicidios, desaparecieron 26.121
personas y sufrieron desplazamiento unas 250.000, según reportes oficiales y de
organizaciones no gubernamentales.
Pero la
violencia no ha variado tras la llegada a la Presidencia del también
conservador Enrique Peña Nieto. Desde diciembre hasta fines de abril, hubo
8.000 muertes violentas, según recuentos periodísticos.
Como
dijo alguna vez el filósofo alemán Walter Benjamin (1892-1940), las víctimas
quieren construir la historia a partir de sus relatos. Los jurados escucharon
una porción en la que se mezcla la impunidad y el ansia de justicia,
entrelazadas por el tiempo, como si un caso fuera heredero de otro.
Domingo
Pérez, indígena chol que también expuso su historia ante el TPP?, no ceja en
la búsqueda de su hermana Minerva Pérez, que era una estudiante de 19 años
cuando desapareció el 20 de junio de 1996 en el municipio de Tila, en el norte
del sureño estado de Chiapas.
“Hay testimonios de que desapareció en un
retén. Presentamos la denuncia y se ordenó una investigación. Pero las
autoridades no han tomado cartas en el asunto. Es una violación a nuestro
derecho, queremos vivir en paz, pero el gobierno viola nuestra ambición”, declaró
Pérez a IPS.
El no
gubernamental Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba)
supo a través de testimonios que Minerva Pérez permaneció secuestrada durante
tres días por paramilitares del grupo Paz y Justicia. Durante su secuestro fue
golpeada y ultrajada, y luego su rastro se desvaneció en la selva chiapaneca.
Esa
región sufría entonces la onda represiva contra el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN), que se levantó en armas el 1 de enero de 1994 en
Chiapas, uno de los estados mexicanos con mayor pobreza.
Luego
de algunas refriegas con militares y de una negociación inconclusa con el
gobierno de México, el EZLN se replegó a mediados de la década pasada a la
jungla chiapaneca.
El
Frayba documentó 37 desapariciones forzadas y 85 ejecuciones cometidas entre
1995 y 2000, la mayoría a manos de al menos tres grupos paramilitares que,
según denuncias, estaban apoyados por el ejército y el gobierno estadual.
El 20
de marzo de este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a
la Organización de los Estados Americanos y con sede en Washington, admitió
para su estudio seis expedientes de ejecución extrajudicial y dos de
desaparición forzada en la zona norte de Chiapas.
“Los casos están bien sustentados. El
fenómeno se profundiza con la estrategia de que las desapariciones y
ejecuciones se deben al crimen organizado. Ahora va a ser más difícil probar la
relación de grupos paramilitares con el Estado”,
explicó a IPS la académica Clemencia Correa, una de las nueve integrantes del
jurado del TPP?.
El
tribunal atiende asuntos vinculados con violencia colectiva, impunidad y falta
de acceso a la justicia, migración, feminicidio y violencia de género, ataques
contra el maíz y la soberanía alimentaria, así como devastación ambiental y
derechos de los pueblos.
Los
familiares de las víctimas no desmayan en su lucha por indagar eficazmente
todos los casos.
“Pedimos que se esclarezca dónde están y si
cometieron un delito, que sean juzgados. Queremos una investigación eficaz para
capturar y enjuiciar a los responsables”, reclamó ante IPS Nadin Reyes,
hija de Edmundo Reyes, que fue desaparecido junto a Gabriel Cruz el 25 de mayo
de 2007. Ambos militaban en el guerrillero Ejército Popular Revolucionario.
La
presunción de los familiares, basados en una investigación de la estatal pero
autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos, es que ambos fueron capturados
en un operativo efectuado en un hotel de la sureña ciudad de Oaxaca por
policías de ese estado, federales y militares.
Al
igual que los títulos de la trilogía de novela negra de la sueca Mari Jungsted:
Nadie los ha visto, Nadie los ha oído,
Nadie los conoce.
“Es un caso por motivos políticos, por su
actividad en el EPR. Hicimos la travesía por la que todas las familias han
pasado, por varias instancias para pedir solidaridad y exigir a las
autoridades”, remarcó Reyes.
El
gobierno mexicano anunció el lunes 27 la creación de la Unidad de Búsqueda de
Desaparecidos, con solo 12 agentes asignados, y recibió críticas de los
familiares.
“Tenemos las bitácoras de los agentes que
detuvieron a mi hermano, sus nombres. Se los entregamos a las autoridades y no
han podido detenerlos”, lamentó Rangel, cuyo hermano era
comerciante de ropa.
Los
parientes crearon en 2010 Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila
que mutó al año siguiente en Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en
México por la magnitud del desastre humanitario. La organización ha documentado
más de 300 desapariciones.
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