Reforma en telecomunicaciones, la simulación perfecta (Por Juvenal Valenzuela, México subterráneo, Reportajes. Subversiones)
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| Fotografía: Heriberto Paredes |
Si bien es cierto que en México no se había realizado una legislación de
gran calado, desde los años 60 del siglo pasado, en materia de
telecomunicaciones, la reforma aprobada por la mayoría de los diputados de
México hace unas semanas no posee en esencia todas las bondades que plantean
como el combate a los grandes monopolios o la democratización de
los medios de comunicación, por mencionar solo algunos calificativos.
En medio de una cobertura oficialista
mediáticamente aglutinante que marco la agenda informativa de la mayoría de los
medios de comunicación, quienes mostraron su respaldo a esta propuesta, la
reforma fue aprobada a vapor dentro de la Cámara de diputados ya que en un
tiempo record de cuatro días la Comisión de Puntos Constitucionales avaló el
pre dictamen en la materia y en tan solo día y medio ( tarde del miércoles 21 y
madrugada del jueves 22 de marzo) el pleno la aprobó con 414 votos a favor, 8
abstenciones y 50 en contra, sin embargo la mayoría de los representantes
populares no tuvieron oportunidad de leer el proyecto, puesto que los puntos
fundamentales del texto final fueron terminados de redactar unos minutos antes
de que fueron votados.
Como lo denunció esa madrugada la diputada del
Partido del Trabajo, Lilia Aguilar, quien delató que el dictamen final solo
había sido realizado por menos de diez legisladores.
Así lo expresó la chihuahuense: “(Los coordinadores y ‘agitadores’ políticos y económicos que
visitaron la Cámara ese día) tuvieron el
privilegio de legislar esta reforma más allá de lo que podemos decir el 98 por
ciento de los legisladores que estamos en esta Cámara, porque les aseguro,
compañeros diputados, que muchos de nosotros nos enteramos de las adecuaciones
pequeñas que venían en el dictamen cuando se nos entregó la Gaceta y me
atrevería a decir que no más de 10 diputados lo conocían”.
Quienes pudimos presenciar el debate de sordos
en la Cámara de diputados atestiguamos como los coordinadores parlamentarios de
los partidos afines a la legislación dictaban órdenes precisas a sus
correligionarios para que se mostraran en contra de todas las modificaciones
planteadas por asambleístas del PRD, PAN, PT y Movimiento Ciudadano, quienes no
dejaron de subir a tribuna para expresar una y otra vez planteamientos que sin
lugar a dudas hubieran hecho de esta legislación un código henchido de
pluralidad y no un pacto de cúpulas.
Esta legislación es en resumen una simulación
que solo favorece a los grandes empresarios como Emilio Azcárraga Jean, Ricardo
Salinas Pliego, Carlos Slim Helú, Olegario Vázquez Raña o Francisco Robinson
Bours-Castelo, por mencionar solo una pléyade de magnates en manos de quienes
están los medios de comunicación en México.
El documento final
El texto que aprobaron los diputados en materia de telecomunicaciones
según se lee en la Gaceta Parlamentaria del 21 de marzo “reforma y adiciona diversas disposiciones
de los artículos 6º, 7º, 27, 28, 73, 76 y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
La propuesta al artículo sexto refiere que el
Estado está obligado a garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la
información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha por lo que “el Estado deberá realizar un conjunto de acciones para ofrecer
precisamente tal acceso a la población”.
En el mismo artículo sexto se promueve la
creación de un organismo público que regule el servicio de radiodifusión sin
fines de lucro para; “garantizar la
libertad de expresión e información y asegurar que promuevan la integración
nacional, la formación educativa, cultural y cívica, difusión de información
imparcial que fortalezcan la vida democrática de la sociedad”.
Esta propuesta es solo la fachada, una máscara,
puesto que en múltiples de las reservas presentadas por diputadas y diputados
opositores a esta reforma se planteó la creación de la figura del ombudsman
obligatorio para cada medio de comunicación con el objetivo de fungir como un
canal entre la ciudadanía y la empresa con el objetivo de recibir quejas de los
consumidores, darles voz y voto entorno a que consideran adecuado o inadecuado
del contenido, entre otras cuestiones, sin embargo fue rechazado a mano alzada
y sin pensarlo dos veces por la mayoría avasallante conformada por el PRI, PAN,
PRD, PVEM y Nueva Alianza.
Cabe destacar que países de Latinoamérica como
Colombia y Argentina aprobaron en los años 90 y en fechas recientes,
respectivamente, la figura del ombudsman de los medios de comunicación.
De igual forma negaron rotundamente que el diez
por ciento de las concesiones radioeléctricas se otorguen a comunidades
indígenas, o a organizaciones que promuevan la ciencia y la cultura con el
objetivo de rescatar la identidad y valores nacionales, además de fomentar alto
contenido educativo en los medios de comunicación mexicanos.
En este mismo tema el diputado perredista Carlos
de Jesús Alejandro, criticó esta negativa en tribuna: “La sensibilidad de destapar siquiera un renglón de la composición
pluricultural, pluriétnica y multilingüe de esta nación, que le ha dado una
identidad nacional, pero ahí estamos los pueblos indígenas siempre utilizados
para el folclor, solamente”.
Y si es cierto que tanto les interesa el derecho
de información de la ciudadanía ¿Por qué también rechazaron que el Canal
Judicial y el Canal del Congreso se transmitan en televisión pública? ¿Acaso
creen que no es importante para la “democracia”
mexicana, de la que tanto hacen alarde, difundir las actividades de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (máximo tribunal judicial y cabeza del Poder
Judicial en México) y todo lo que acontece en el Congreso de la Unión que
conforma el Poder Legislativo de esta República a través de la Cámara de
Senadores y Diputados?
Mucho ojo, en este mismo apartado (6º) se
plantea que será considerado como delito el hecho de meterse en la vida privada
de los semejantes, claro está que se debe respetar la intimidad, religión,
preferencias sexuales, vida conyugal, y demás cuestiones de los individuos, sin
embargo actúa de manera ambigua ya que con esto ¿Ahora será ataque a la vida
privada conocer las propiedades, donaciones monetarias y estados financieros de
las cuentas bancarias de Enrique Peña Nieto? ¿O será atentar contra su vida
privada conocer cómo y en que se gasta nuestros impuestos en sus viajes de
vacaciones a su mega residencia de Miami o al castillo en Francia de su tío el
ex gobernador mexiquense Arturo Montiel?
De igual forma en el artículo sexto apartado B
se prevé la creación de un organismo público y autónomo que velará por proveer
un servicio de radiodifusión digno, imparcial, plural en todo México, que será
dirigido por un Consejo integrado por nueve miembros honorarios seleccionados
por dos terceras partes del Senado de la República (dominado por el PRI)
mientras que el presidente de este organismo durará cinco años en su cargo y
será designado por el presidente de México y ratificado nuevamente por la
mayoría de senadores priistas.
En el artículo quinto transitorio se aprobó que
la inversión extranjera directa en televisión y comunicación vía satélite pueda
ser de hasta un 100% y en 49% para radiodifusión, siempre y cuando solo
para el ramo de radiodifusión (solo radio no televisión) exista reciprocidad en
la inversión, esto es que si viene una empresa extranjera a invertir en radio
se permita que una empresa mexicana pueda invertir en el país de origen de esta
organización como mínimo en el mismo porcentaje en materia de radiodifusión en
el país extranjero que se trate.
Por ejemplo si viene una empresa española a
invertir en la radio mexicana, Televisa o Tv Azteca tienen
que ser recibidas de la misma forma en el Viejo Continente y se les tiene que
permitir el mismo porcentaje de inversión en España en el mismo ramo.
Esto a todas luces parece magnífico, pareciera
ser el sueño dorado de los mexicanos, muchos opinaran ¡vaya hasta que nos
respetaran en el extranjero, así nos posicionaremos como una potencia económica
a nivel mundial!, pero nada más alejado de la realidad que pensar eso.
Este artículo solo viene a dar más poder al
dictador, a dar más dientes a la bestia, porque no se contemplan más espacios
para la difusión y cultura mexicanas, no se contempla acabar con los monopolios
en México sino fortalecerlos, ni mucho menos reducir las tarifas en televisión
de paga que son las más caras de todo el mundo, tampoco se busca brindar
mayores espacios a la ciudadanía ni pluralidad en los contenidos ya que vendrán
monopolios extranjeros a afianzar el acaparamiento del mercado nacional, que de
por sí ya está en muy pocas manos y en contra parte se plantea bombardearnos y
atraer mayores contenidos televisivos de otros países como se ha hecho en
recientes fechas con la entrada a México de programas como Laura en América de Laura Bozzo, el chantaje de Big Brother, decenas de telenovelas
requemadas en otros países que generan estereotipos, discriminación, violencia
sexual y realidades alternas como RBD o La fea más bella, los programas
norteamericanos que se presentan en diversos canales desvirtuando nuestra
identidad o bien la invasión de infomerciales relacionados con productos
milagro, decenas de reality shows mexicanizados como La Isla, La Academia o La Voz México, series televisivas con
poco valor cultural / educativo o los famosos talk shows como Cosas de la
Vida, Pa’ Lante Con Cristina
(sic), Caso Cerrado, y hasta
programas religiosos por mencionar solo algunos ejemplos.
La abrumadora diferencia es tal que en México sólo
existen dos canales de televisión pública dedicados a cultura y educación que son
el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional y el 22 del Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes, mientras que en contraparte ocho
canales son utilizados por los grandes empresarios mexicanos en alianza con
financiadores internacionales para difundir todos los contenidos expresados en
el párrafo superior.
En la radio ni se diga, hace unos años según
cifras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) operaban
1332 emisoras de radio fm, en su avasallante mayoría con fines mercadológicos y
publicitarios y solo 64 estaciones permisionadas o concesionadas a
instituciones públicas cuya programación poseía fines principalmente destinados
a la difusión cultural.
Hoy en día el Comité de Radio y Televisión del Instituto
Federal Electoral afirma que existen 1049 canales de televisión, 1857
estaciones de radio am y 1691 de fm en todo México, de las cuales casi todas
son propiedad de particulares.
En su último informe de labores SCT afirmó que
para 2012 el monto de la inversión gubernamental en telecomunicaciones llegó a
los cinco mil millones de pesos, mientras que la inversión privada superó los
58 mil 500 millones de pesos.
Estas estadísticas nos dicen muchas cosas, la
primera que el Estado debe invertir más en telecomunicaciones para garantizar
contenidos plurales, educativos, culturales y humanistas a la sociedad,
segundo antes de buscar traer mayor inversión extranjera se debe hacer valer la
Ley Federal de Radio y Televisión que entre otras cosas establece en su
artículo cuarto y quinto que el Estado debe garantizar que la radio y
televisión cumplan con su función social de fortalecer la integración nacional
y el mejoramiento de las formas de convivencia, respetar la dignidad humana,
evitar influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y
juventud, elevar el nivel de cultura del pueblo y conservar sus
características, costumbres, tradiciones, idioma y valores nacionales, por si
fuera poco el artículo sexto establece que el Ejecutivo Federal promoverán la
transmisión de programas de divulgación con fines de orientación social,
cultural y cívica.
Preguntó ¿Qué no es acaso lo primero que violan
los monopolios de medios de comunicación que se verán beneficiados por esta
nueva reforma a las telecomunicaciones, hasta cuando respetaran y harán valer
la Ley Federal de Radio y Televisión y su reglamento? ¿Hasta cuándo
dejarán de violar una y otra vez la Ley General de Salud en Materia de
Publicidad y su respectivo estatuto y todas las demás legislaciones en la
materia?
Tercero ¿Por qué
aprobar mayor inversión extranjera en telecomunicaciones y al mismo tiempo
negar a las comunidades indígenas, organizaciones de derechos humanos,
organizaciones de la sociedad civil, instituciones u agrupaciones públicas o
privadas de ciencia o cultura, otorgarles de manera exclusiva el 10% del
espacio radioeléctrico que por derecho constitucional les pertenece, como se
planteó en tribuna una y otra vez hasta las cuatro de la mañana del 21 de
marzo?
Y cuarto
y último ¿Por qué garantizar los derechos de los empresarios a un libre mercado
nacional y no garantizar los derechos humanos y laborales de los trabajadores
de la telecomunicación en México, al negar en tres ocasiones la propuesta de
diputados de colocar un párrafo complementario donde se avalará estas garantías
dentro de la propia reforma?
Nuestros asambleístas también modificaron una
parte de la iniciativa (artículo 27) que establecía que el titular del Poder
Ejecutivo podría brindar opiniones sobre las concesiones del espacio
radioeléctrico (televisión y radio) otorgadas a particulares por el
próximo Instituto Federal de Telecomunicaciones, sin embargo de manera flamante
y preservando “la soberanía e
independencia de este órgano” (sic) acordaron que no será el presidente de
México sino el secretario de Comunicaciones y Transportes quien podrá emitir
esta declaratoria a favor o en contra. Seguramente serán tan ingenuos,
inocentes o ilusos para no conocer que el titular de la SCT recibe órdenes
directas del máximo mandatario de la nación, pero claro esta lo hicieron como
aseguró el diputado federal panista José González Morfín “para garantizar una opinión no vinculante del Ejecutivo” y le
preguntó a este individuo ¿A caso no saben que las secretarías de Estado están
subyugadas al Ejecutivo? ¡Claro que lo saben señores!
En el artículo 28 los diputados plantean la
creación de la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE) para
combatir los “monopolios y las prácticas
monopólicas que restrinjan el correcto funcionamiento del mercado”, sin
embargo esto no es nada nuevo ya que desde 1993 existe la Comisión Federal
de Competencia (CFC) que es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría
de Economía que fue facultado para “prevenir,
investigar y combatir los monopolios” sustentado en la Ley Federal de
Competencia Económica. La propuesta asegura que la CFCE tendrá mayor
independencia y que sus comisionados serán elegidos nuevamente por el
presidente de México y ratificados por la mayoría priista en el Senado,
entonces ¿Para qué crear otro organismo supuestamente autónomo que será
dirigido por quien así lo desee el presidente de México?
Sin salirnos de este artículo también
ratificaron la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones
(IFETEL), del cual les hable líneas arriba, con el objetivo de llevar a cabo la
regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del
espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de
radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura
activa, pasiva y otros insumos esenciales.
Sin embargo vemos nuevamente dos puntos
totalmente negativos en esta sección, en primera instancia como lo apuntamos
arriba el comisionado presidente será elegido por el presidente de México
y ratificado por la mayoría priista del Senado dejando a un lado la autonomía
de la que tanto hacen alarde y segundo estas mismas funciones las realiza
actualmente la Comisión Federal de Telecomunicaciones a cargo de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes sin embargo en una simulación aseguran que
ahora el nuevo IFETEL será independiente de esta dependencia sin embargo el
titular de la SCT dará visto bueno o negativo a las acciones de otorgamiento o
retiro de concesiones o prestaciones de nuestro espacio radioeléctrico. Nada
nuevo bajo el sol.
La creación de estos dos órganos tendría alguna
ganancia si se garantizará que ningún ex funcionario público o privado como lo
son secretarios de estado, gobernadores, diputados, senadores o ex directivos
de las empresas como Televisa, Tv Azteca, Telmex y demás
no pudieran entrar en la convocatoria para presidir estas nuevas instituciones,
sin embargo muy seguramente veremos dirigir los destinos de la CFCE e IFETEL
a viejos políticos o empresarios que no hayan ejercido cargo público o privado
en empresas de radio y televisión en cuando menos cinco años como lo establece
la convocatoria. Cabe destacar que estos comisionados duraran en su cargo un
periodo de nueve años con un sueldo que aún no se conoce, esperemos que no ganen
la millonada que recibe mes con mes por ejemplo los consejeros del IFE o
los magistrados de la SCJN, aunque sinceramente dudo mucho que vayan a
tener salarios modestos.
En la propuesta modificatoria al artículo 73
constitucional se plantea que el Congreso de la República tiene la facultad
para dictar leyes sobre tecnologías de información, comunicación,
radiodifusión, telecomunicaciones, incluidas la banda ancha e internet.
¿Qué estará tramando este Congreso
dominado por legisladores oficialistas leales al régimen, acaso una ley SOPA, PIPA o reavivar la Ley
Döring propuesta hace unos meses por el panista Federico Döring misma que fue catalogada por expertos en
el tema como violatoria a los derechos humanos de libre expresión e
información?
Antes de la aprobación final so facto que se dio en la Cámara,
se presentaron diversas propuestas modificatorias al documento de Reforma en
Telecomunicaciones que en términos generales consistieron en 92 proposiciones,
mismas que les explique en este breve análisis y que están marcadas en
negritas, las cuales fueron rechazadas por la telebancada una y otra vez durante el debate en el pleno el cual se
extendió hasta las 4:11 de la madrugada del jueves 21 de marzo, donde los
asambleístas leales a la reforma que les acabo de exponer boicotearon e
hicieron hasta lo imposible por que los congresistas de oposición no
continuarán exhibiendo sus ideas modificatorias, inclusive en una actitud
vergonzosa cientos de ellos se mofaban, gritaban apodos y realizaban burlas a
los opositores que en ese momento hacían uso de la tribuna.
Diversos especialistas como el
investigador de la Universidad Autónoma
Metropolitana, Javier Esteinou y John Ackerman consideraron que
esta propuesta legislativa es solo una legislación cupular que beneficia a unas
cuantas minorías reduciendo las posibilidades de que la ciudadanía consuma
información veraz, crítica, imparcial e informativa.
Ahora esta propuesta será discutida en
los próximos días en el Senado de la República.
Ante todo esta información un reciente
estudio realizado por Integralia, asegura que el Congreso mexicano es el quinto
con mayor presupuesto en el mundo, ya que tan solo en 2010 tuvo un costo de más
de 8 mil 800 millones de pesos al erario y es a su vez uno de los que menos
resultados y trabajos realiza en todo el planeta.
¿Y a todo esto a los ciudadanos que nos
queda realizar? Muchos dirán absolutamente nada, sin embargo nuestro poder es
tal que si dejamos de consumir estos productos comunicativos ellos se
verán obligados a modificar los contenidos hacía las tendencias populares,
además como ciudadanos podemos ser comunicadores de lo que acontece en nuestra
sociedad y difundirlo en redes sociales, internet o espacios públicos de
primera mano y de forma veraz, también podemos informarnos por medios
alternativos de comunicación y comenzar a generar una mirada más crítica de la
realidad cuestionando absolutamente cualquier contenido que veamos en los
medios e investigando a su vez mayor información, el porqué de tal situación,
causas, consecuencias, antecedentes, por mencionar solo algunos ejemplos.
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