AMLO se va con todo contra la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores
¿Fantoches los
indígenas?
Abel Barrera,
Publicado originalmente en Tlachinollan:
03 de febrero de 2020.
Las
declaraciones recientes del presidente de la república, Andrés Manuel López
Obrador, sobre la presentación de niños armados por parte de la Coordinadora
Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) en
Alcozacán, municipio de Chilapa, son de suma preocupación. El mandatario
identificó este sistema de seguridad y justicia comunitaria, que fue creado con
mucho éxito hace 25 años por los pueblos Me’phaa y Na’savi de la Costa–Montaña, con grupos de la delincuencia organizada. Nada más alejado de la
realidad, los comentarios que hizo el presidente en su conferencia mañanera del
pasado viernes 31 de enero, de que la CRAC-PF haya realizado una “demostración de fantochería, de
prepotencia… (de que) esos desplantes
de prepotencia no sirven, no significan nada, hacen ruido… vergüenza les
debería de dar hacer eso, no se les va a aplaudir por eso”. Es claro que esta postura presidencial se
focaliza contra las organizaciones criminales que se han fortalecido en los
últimos años, debido a la complicidad que prolifera entre los cuerpos de
seguridad del estado, algunos miembros del ejército mexicano y de la marina,
así como algunas autoridades estatales y municipales. El señalamiento está
hecho sin ningún matiz, se va con todo contra las autoridades de la CRAC-PF,
haciendo tabula rasa del prestigio que tiene esta institución indígena en el
estado de Guerrero.
Preocupa que al presidente no le
compartan información veraz sobre el trabajo que realizan los grupos de la
Policía Comunitaria, que se rigen por un reglamento interno y que tienen como
base de su funcionamiento la asamblea comunitaria. Deducimos que los altos
funcionarios del gabinete de seguridad federal no cuentan con datos fidedignos
ni una radiografía clara de lo que está sucediendo en las diferentes regiones
del país, y en el caso concreto, de la Montaña baja de Guerrero. Lo mismo
sucede con las Mesas de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en
Guerrero, donde supuestamente se analizan los diferentes escenarios delictivos
que se gestan en las siete regiones del estado. Es lamentable que no se tenga
el pulso de lo que sucede en municipios donde hay alta incidencia delictiva y
donde se ubican varias organizaciones criminales que han tomado el control
territorial. También entendemos que hay un seguimiento puntual de los hechos de
violencia y de las denuncias que se interponen que dan la pauta para tener un
mapa delictivo y en consecuencia tomar acciones de contención y prevención del
delito.
El mismo presidente de la república ha
expresado que no todos los gobernadores están atendiendo de manera prioritaria
el problema de la violencia e inseguridad, porque muchos de ellos no participan
en estas Mesas de Coordinación. No sabemos si en realidad hay deficiencias en
el conocimiento del contexto y en la información que se procesa o más bien,
existen aún intereses macrodelincuenciales que obstaculizan las investigaciones
y que mantienen intocado el pacto de impunidad.
El peso de la palabra presidencial
cobra dimensiones inusitadas por la representación que ostenta como líder de la
nación. Sus opiniones tienen mucha fuerza, al grado que impactan directamente
en las personas aludidas. La calificación que da a determinados hechos que
suceden en el país tienen una gran carga de veracidad, por lo mismo, lo que
llega a decir el presidente en las conferencias mañaneras, un gran sector de la
población lo toma como datos irrefutables. El poder que ostenta el presidente
no solo es simbólico sino real, por ende, todo lo que dice se transforma en
noticia que afecta para bien o para mal a las personas u organizaciones que son
motivo de sus comentarios. Por lo mismo, el señalamiento que hizo de la
CRAC-PF, no ayuda a clarificar el ambiente de criminalidad, que se da en la
región de Chilapa y confunde a los actores que están en esta disputa por el
control territorial. Se pone en el mismo nivel a los grupos de la delincuencia
organizada que pululan en la región y a las comunidades indígenas que se
encuentran adheridas al sistema de seguridad y justicia comunitarias.
Es importante resaltar que los pueblos
originarios del estado de Guerrero tienen una cosmovisión que los hace
diferentes del resto de la población nacional. Tienen su propia forma de
organización social, política y cultural. Como sujetos de derechos, los pueblos
y las comunidades deben ser respetados en una sociedad multicultural,
pluralista y democrática.
Desde antes de la conformación del
Estado Nacional, los pueblos indígenas ya contaban con un sistema de justicia
propio, que hoy pervive en las comunidades como sistemas normativos internos,
que comprenden instituciones, procedimientos, principios y lineamientos, para
garantizar la seguridad y justicia comunitaria. La defensa de estos sistemas
hoy es reconocida como un derecho de los pueblos y comunidades, en instrumentos
como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En esta línea de reivindicación de sus
derechos, los pueblos indígenas de América -y de manera relevante de México-
libraron significativas batallas para afirmarse, reconstituirse y revertir el
hostigamiento contra sus sistemas normativos internos. No se deben pasar por
alto las discusiones que se han dado en los Organismos y Foros Internacionales
como la OIT, el Foro Permanente, el Mecanismo de Expertos sobre Pueblos
indígenas que depende del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) y en el propio Sistema Interamericano de Derechos
Humanos. Con diferentes matices, en el plano internacional se ha establecido el
derecho de los pueblos indígenas a conservar y mantener sus propios sistemas normativos.
Hay quien considera que estos
esfuerzos, en el caso de México, cristalizaron en la Reforma Constitucional al
artículo 2 de la Constitución Política de México del año 2001, que como se sabe
no fue suficiente para reconocer a cabalidad los derechos colectivos de los
pueblos indígenas. Sin embargo, es preciso subrayar que, desde antes de esa
contrarreforma, con el influjo digno del alzamiento zapatista de 1994, los
pueblos indígenas empezaron a fortalecer sus propias formas de organización
social y política: se conformaron los Caracoles en Chiapas; surgieron jueces
indígenas en otros estados; y, en Guerrero se conformó en 1995 la Coordinadora
Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC).
En el estado la CRAC-PC es un ente
colectivo de los pueblos originarios, cuyo proceso de surgimiento, desarrollo y
consolidación se ha transformado en un sistema de justicia efectivo y exitoso.
Las mismas estadísticas lo han demostrado al reducir los niveles de
criminalidad en el territorio comunitario de la Montaña y Costa Chica. Los
caminos y pueblos donde impera el sistema de justicia de la CRAC hoy en día son
seguros; allí se puede caminar y dormir tranquilamente, aun cuando el
funcionamiento de la Policía Comunitaria ha sido objeto de persecución y
denostación permanente por parte de las autoridades. Por esta razón, ha sido
inspiración de otros proyectos de seguridad y justicia en nuestro estado y
otras entidades.
La CRAC tiene veinticinco años
funcionando. Cuenta con un reglamento que ha condensado los sistemas normativos
de los pueblos indígenas que se encuentran en el territorio comunitario, sin
asfixiar el dinamismo propio del derecho consuetudinario que por su propia
naturaleza es oral y casuístico. Este reglamento es el marco de actuación de la
Policía Comunitaria y sus Coordinadores.
La CRAC imparte justicia mediante un
proceso eminentemente oral, inmediato, sencillo, expedito, basado en la
cosmovisión indígena y la retribución comunitaria. Se rige bajo los principios
de imparcialidad e independencia, respetuoso de los derechos humanos
universalmente reconocidos. La actuación de policías y coordinadores se somete
permanentemente a un exigente mecanismo de rendición de cuentas y control: la
Asamblea Comunitaria a la cual las autoridades de la CRAC se deben.
Hoy en día la CRAC, con sus casas de
justicia en San Luis Acatlán, Ziltlaltepec, Espino Blanco, Las Juntas y El
Paraíso, es un actor fundamental del movimiento social guerrerense y un ejemplo
a nivel nacional de la reconstitución de los sistemas normativos de los pueblos
indígenas. En medio de la crisis de violencia que azota al país, la CRAC brilla
como una alternativa de justicia y seguridad con arraigo comunitario. La
CRAC-PF no es una organización delincuencial, tampoco es una institución creada
por los pueblos indígenas para la fantochería
y la prepotencia.
Es importante decir que el surgimiento
de la CRAC-PF en la región de Chilapa se da en el marco de agresiones
sistemáticas por comunidades vecinas, debido a conflictos agrarios añejos y a
la incursión de grupos de la delincuencia organizada en esta región, que
cuentan con la complicidad de autoridades municipales y estatales.
Este asedio creciente y brutal contra
las comunidades que se han aglutinado en torno al sistema de la CRAC-PF, por
parte del grupo de la delincuencia organizada, ha obligado a que 16 comunidades
nahuas tomen el acuerdo de implementar medidas de seguridad, redoblando la
vigilancia en las entradas a sus poblaciones y estableciendo una guardia
permanente que proteja a las familias cuando se desplazan para realizar sus
trabajos en el campo. Fue en el marco de
estas asambleas donde los principales, las madres y los padres de familia de
Ayahualtempa y Alcozacán decidieron incorporar a 19 niños, en las filas de la
Policía Comunitaria como una medida extrema, para hacer frente a la violencia
criminal. Esta lucha es la que honra a sus antepasados para defender su
territorio y su vida, y por lo mismo por ningún motivo “les da vergüenza”.
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