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¿POR QUÉ NOS OPONEMOS A LOS MEGAPROYECTOS CAPITALISTAS EN EL SURESTE MEXICANO?

Siempre nos hemos opuesto a estos proyectos de despojo, devastación ambiental y destrucción
Javier Hernández Alpízar,
Babel,
Zapateando:
Publicado el 10 de enero de 2020.
Hoy el capital no solamente hace la guerra a los pueblos, sino a la Madre Tierra: no podemos ser neutrales y nos ponemos del lado de la lucha por la vida y contra el capital que impone proyectos de muerte.
         Los megaproyectos de desarrollo capitalista en el sureste de nuestro país han sido anunciados como una inversión en infraestructuras y proyectos económicos para “sacar del atraso y la pobreza” a la parte mesoamericana de México. Se ha dicho que son en “beneficio de los más pobres”, que ayudarán a campesinos e indígenas y que no afectarán al medio ambiente.
         Sin embargo, este discurso no corresponde a los hechos. Se trata de proyectos que están al servicio de los intereses geoestratégicos, económicos, políticos e incluso militares de los Estados Unidos y de los grandes capitales mundiales y “nacionales”.
         ¿Cuáles son estos grandes megaproyectos y cuáles los intereses a los que responden? ¿Cuáles son los efectos sobre los pueblos y comunidades mexicanos y sobre el medio ambiente de nuestro país y del planeta?
         Los megaproyectos que pretenden construir infraestructuras, vías de comunicación, corredores multimodales, centros de población, polos de atracción turísticos y proyectos productivos agrícolas, ganaderos, explotaciones extractivistas de minerales y petróleo, así como instalaciones policíacas y militares, entre otras, son planes que no tienen un origen en el gobierno de México, ni en el actual ni en los anteriores: tienen su origen en los Estados Unidos. Todos ellos son hijos del Tratado de Libre Comercio que firmó el gobierno de Salinas de Gortari con Estados Unidos y Canadá, así como de los 43 tratados de libre comercio que los gobiernos mexicanos han firmado con diferentes países.
         Además, hay otros pactos y protocolos que han comprometido al Estado mexicano, sea cual sea su gobierno, del partido que sea, a obedecer las directrices del gobierno de Washington y de los organismos financieros multinacionales que sirven a los intereses de Estados Unidos, la Unión Europea, el G7 y las grandes corporaciones capitalistas transnacionales. Algunos proyectos, como el corredor interoceánico de Coatzacoalcos a Salina Cruz, han sido buscados desde el siglo XIX por el imperialismo estadounidense, con los fallidos Tratados McLane-Ocampo. Y han sido presentados como si fueran iniciativas de gobiernos mexicanos como los de Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto bajo nombres como Plan Puebla-Panamá (al que luego se añadió Colombia), Proyecto Mesoamérica, Zonas Económicas Especiales, Proyecto de las 100 Ciudades Sustentables, así como los planes de militarización como el Plan Mérida y su operación con militares rebautizados con nombres de “policías” como la Policía Federal Preventiva.
         Esos mismos planes de colonización capitalista del sureste mexicano (y de Centroamérica y Colombia) se presentan ahora como desarrollo en favor del pueblo y amigable con la naturaleza simplemente cambiando sus nombres a una nueva narrativa “nacionalista” como “Tren Maya”, “Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”, “Proyecto Integral Morelos”, “Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Santa Lucía” (negocio dejado, caso único en el mundo, a la administración y usufructo económico del ejército, con la total opacidad que hay en el manejo de los dineros de esa institución, que nadie puede conocer) y “Sembrando Vida” (nombre que esconde la privatización silenciosa de la Selva Lacandona en favor de Alfonso Romo y sus empresas de transgénicos).
         Estos proyectos no solamente consisten en vías de comunicación y transporte de mercancías y personas, como trenes, carreteras y el aeropuerto, sino corredores industriales y maquiladores, centros poblacionales y turísticos, extracción minera, petrolera y de “energías limpias” como parques eólicos.
         Se trata de la continuidad de los planes y programas del gran capital que ya los gobiernos del PRI y del PAN no podían seguir impulsando por su impopularidad (bien ganada y merecida), pero que un nuevo gobierno con un presidente popular y un discurso nacionalista, su eslogan mercantil es “cuarta transformación”, pretende imponer para servir a los mismos intereses que esos planes han servido siempre. Baste mencionar a los mismos empresarios beneficiarios del salinismo y los gobiernos del PRI y PAN, pues son también los beneficiados con estos proyectos: Carlos Slim, Salinas Pliego, Alfonso Romo, Azcárraga, Bailleres, Servitje, etcétera.
         A ello se suman los planes militares del Plan Mérida, al que ya no se menciona por su nombre, pero que se opera con ejercicios militares en los que, por primera vez bajo este actual gobierno, el ejército mexicano opera subordinado al Comando Sur del ejército de los Estados Unidos, como no lo habían hecho ni siquiera bajo el PRIAN, y la militarización rebautizada como “Guardia Nacional”, aunque sus efectivos son del ejército, la Marina y la PFP. Una Guardia Nacional que, en lugar de poner fin a la impunidad del crimen organizado, hace las veces de “migra” o patrulla fronteriza contra los migrantes centroamericanos, sirviendo, de hecho, como auxiliar del gobierno chauvinista y supremacista blanco de Donald Trump.
Despojo
Los megaproyectos en el sureste de México implican un proceso de despojo contra pueblos y comunidades indígenas, campesinas, rurales y urbanas y en realidad a todo el pueblo de México. Forman parte de un proceso de recomposición de las fuerzas en el capitalismo mundial, con las pujas por la hegemonía entre diversas potencias como Estados Unidos y la Unión Europea.
         De manera conjunta, el Proyecto Integral Morelos, el Tren Maya y el Corredor Interoceánico en el Istmo, entregan el territorio mexicano a los grandes capitales de los Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y China. Son de hecho un proceso de desnacionalización y de privatización. Dejan cada vez más reducida la soberanía nacional y con su sola construcción implican ya un despojo de recursos vitales y estratégicos como tierra y territorio, agua, energías fósiles y “alternativas”, incluso del espacio aéreo y del viento.
         Desde luego, también son una apropiación capitalista de las plantas y animales, que pueden ser explotadas como fuentes de materias primas y hoy hasta en sus informaciones genéticas, que son ya patentables y modificables mediante ingeniería genética para empresas como las de Alfonso Romo o Monsanto, Bayer, Syngenta y otras.
Explotación
Los grandes capitales se comportan de modo idéntico en cualquier país que colonizan, aún si en sus países de origen han adoptado políticas de “conservación del medio ambiente” como Canadá, Alemania o España, en países como México invierten buscando la mano de obra más barata y disciplinada por el miedo a la represión y el despido, así como por políticas que desprotegen al medio ambiente.
         El futuro de los indígenas, campesinos y todos los mexicanos pobres con estos megaproyectos no es solamente ser despojados de su territorio y recursos naturales sino, cuando no tengan otro recurso que vender su fuerza de trabajo ni otra alternativa para alimentarse que comprar todo a precios de mercado, trabajar explotados en los corredores maquiladores, la agroindustria, los servicios turísticos y otros, o emigrar. Por eso los indígenas y campesinos que se empeñan en producir sus alimentos y defienden sus autonomías comunitarias son un obstáculo contra estos megaproyectos.
Represión
Todos estos planes y proyectos de los grandes capitales, que implican graves procesos de despojo y de explotación, así como desplazamiento forzado de población, no se pueden realizar sino con el apoyo de la represión policíaca y militar. Por eso desde el gobierno de Zedillo se inició un proceso de militarización, con el nombre de “policía”, y de paramilitarización, fenómeno inducido que en los posteriores gobiernos ha crecido, bajo el pretexto de una “guerra contra el narco”. Los sicarios del crimen organizado han operado como brazo armado de mineras, el cártel inmobiliario y del capital depredador. Son la parte militar del “libre comercio”.
         La violencia contra la población mexicana, contra indígenas, campesinos, mujeres, jóvenes, comunicadores, defensores del territorio y pueblo pobre, va en aumento, incluso durante el primer año de este gobierno que se dice de la “transformación”. La militarización se incrementa y se focaliza en territorios que serán ocupados, intervenidos y colonizados. Es un plan que cerca militarmente, mediante la Guardia Nacional y también mediante el crimen organizado, a las autonomías indígenas de todo el centro y sur del país, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz. El norte del país ya está de facto bajo un cogobierno con el crimen y, en el sur, ahora ese proceso se profundiza. El crimen no es una anomalía: es el desarrollo de un capitalismo violento y depredador. Lo llaman los académicos “acumulación por desposesión”.
Desprecio
Para los países capitalistas centrales, como Estados Unidos y Europa occidental, es fácil distanciarse del hecho de que el comportamiento criminal y colonizador de sus empresas, corporaciones y proyectos viola derechos humanos y comete crímenes contra la humanidad: porque los afectados no son blancos ni rubios, sino gente de piel morena y oscura, de lenguas y culturas diferentes a las europeas.
         El desprecio y el racismo se manifiestan en la idea de que son gente “atrasada” y, en su forma racista “benévola”, los ve sólo como “pobres” necesitados de ayuda. Por eso, a cambio de despojarlos de sus tierras, territorios y recursos, así como de destruir sus tejidos comunitarios y su cultura, les otorga “proyectos productivos” y dádivas en forma de becas y “programas de apoyo”. Con dineros que no se comparan en nada a la magnitud de los grandes negocios que harán las megaempresas maicean a los más pobres para que apoyen los proyectos de muerte y contengan a los opositores. El asistencialismo y el corporativismo del gobierno (que ya usaba en sus tiempos el PRI) opera como complemento del control militar y territorial.
         Los opositores son tratados con desprecio como gente que “no quiere el progreso”. Hoy los llaman “conservadores” y con otros epítetos que descalifican su voz e invisibilizan sus argumentos.
         Habemos mexicanos que nos hemos opuesto a estos proyectos de despojo, devastación ambiental y destrucción de nuestras culturas desde siempre, desde los gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña: estuvimos contra el Plan Puebla-Panamá y las Zonas Económicas Especiales, contra la militarización y la falsa guerra contra el narco.
         Igualmente nos oponemos hoy, aunque hayan cambiado los nombres y pretendan cubrir con una narrativa “nacionalista”, los mismos proyectos de despojo, militarización y muerte.
         Defendemos el territorio nacional, la soberanía del pueblo mexicano, la autonomía de pueblos y comunidades indígenas, campesinas y urbanas. Defendemos también nuestros derechos humanos económicos, sociales y culturales. Y defendemos nuestra Madre Tierra: los megaproyectos de muerte acelerarán los procesos de “cambio climático” o, mejor dicho, devastación ambiental capitalista y de extinción de especies de animales y vegetales.
         Hoy el capital no solamente hace la guerra a los pueblos, sino a la Madre Tierra: no podemos ser neutrales y nos ponemos del lado de la lucha por la vida y contra el capital que impone proyectos de muerte.
         Con el EZLN, el CIG y el CNI, las mujeres, los jóvenes y quienes defienden a la Madre Tierra gritamos:
¡Zapata y Samir viven, la lucha sigue!

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