Presa Zapotillo
afectará a más de 600 mil personas
Nancy
Flores
Contralínea
14
julio, 2017
De construirse, la presa El Zapotillo
y el Acueducto Zapotillo-León afectarían a más de 600 mil personas: 1 mil 500
de forma directa, pues sus comunidades –Temacapulín, Acasico y Palmarejo–
serían totalmente inundadas, y 600 mil de forma indirecta.
Y es que agricultores,
ganaderos y productores de la Región de los Altos de Jalisco, que suman más de
600 mil, se quedarían sin agua para producir alimentos, denuncian el Comité
Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, el Instituto Mexicano para el
Desarrollo Comunitario, el Colectivo de Abogadxs y los Comités de Hijxs
Ausentes de San Juan Cósala, Guadalajara, Monterrey, Watsonvill y Los Ángeles
California.
A través de un comunicado,
indican que el proyecto es impulsado por la Comisión Nacional del Agua y los
gobiernos de Jalisco y Guanajuato, y tiene por objetivo “abastecer de agua potable a León, Guanajuato; al Área Metropolitana de
Guadalajara y a 14 municipios de los Altos de Jalisco”.
Aunque la obra está detenida
desde 2013, los afectados y las organizaciones que los acompañan denuncian que,
en un intento por continuar las obras, el 29 de junio pasado el gobernador de
Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, presentó los resultados del estudio “Proyecto Jalisco Sostenible, Cuenca del Río
Verde”, realizado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para
Proyectos (UNOPS) y ONU Medio Ambiente.
Dicho análisis, que costó
4.6 millones de dólares al erario, avala la construcción de la presa.
“Las comunidades afectadas consideramos que el estudio hídrico
presentado por la UNOPS-ONU fue tendencioso, ya que sólo consideró variables en
relación a la presa, y no contempló otras alternativas para el abastecimiento
del agua”, advierten los inconformes.
Agregan que el estudio “propuso cinco escenarios, cuatro que
validan la construcción de la presa con una cortina de 105 metros y sólo uno
consideró la construcción de la cortina a 80 metros, lo que evitaría que la
comunidad de Temacapulín quedara inundada”.
Para las organizaciones, la opinión
de la UNOPS-ONU es deficiente, a modo, no
respeta los derechos humanos de los afectados y criminaliza su lucha.
“Por eso, rechazamos el dictamen de la UNOPS, porque ya estaba tomada
la decisión de antemano, tal como lo venimos denunciando desde el momento en
que se contrató a dicha agencia”.
Agregan que “es inaceptable que el estudio y la decisión
del gobernador se presenten como algo definitivo”, y les sorprende “que usen a organismos de Naciones Unidas
para imponer un proyecto que no tiene la legitimidad social y ha sido bloqueado
y suspendido por infinidad de irregularidades legales”.
Según los afectados, “El Zapotillo comenzó a promoverse desde
2005, y de manera ilegal en 2009 inició su construcción, a cargo de la empresa
española FCC Construcción (Fomento de Construcciones y Contratas), junto con La Peninsular y el Grupo Hermes,
empresas mexicanas. En septiembre de 2011, la construcción y operación
del acueducto de 140 kilómetros que conduciría el agua a la ciudad de León,
Guanajuato, se adjudicó a la empresa española Abengoa”.
En su comunicado, señalan que
al inundar unas 4 mil 500 hectáreas, se sepultarían tierras fértiles, situación
que traería como “consecuencia la pérdida
de riqueza ambiental, producción agrícola y, particularmente, la inundación
de tres comunidades: Temacapulín, Palmarejo y Acasico. Además generaría un
estrés de producción y de abastecimiento de alimentos, al dejar sin agua a los
productores de los Altos, debido a que en esta región de Jalisco se
produce el 88 por ciento del huevo y el 22 por ciento de la proteína animal
producida en México, afectando el tejido social y la economía de la región”.
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