Defensa de Mumia:
desentrañar décadas de corrupción policial y procesal
Amig@s
de Mumia de México
(Información tomada de Noelle Hanrahan de
Prison Radio, la abogada Rachel Wolkenstein y the Campaign to Bring Mumia Home)
Centro
de Medios Libres
06
mayo, 2017
Sólo cinco días después de la audiencia celebrada el
lunes 24 de abril de 2017 para retomar la Apelación de Remedio Post-Condena
(PCRA) en el caso de Mumia Abu-Jamal, el juez León Tucker del Tribunal de
Causas Comunes emitió una orden sumamente favorable a él.
El 29 de abril de 2017, el
juez Tucker dictaminó:
“El Commonwealth tiene que producir cualquier documento o record en
posesión o bajo el control de la Fiscalía de Filadelfia que demuestra el
involucramiento personal del ex Fiscal Ronald Castille en el caso… y
declaraciones públicas suyas durante y después de su mandato como el Fiscal de
Filadelfia”.
Y
lo tiene que hacer dentro de 30 días.
Es la primera vez que un
juez ha ordenado que la Fiscalía de Filadelfia entregue evidencia y abra sus
archivos en una apelación de Mumia.
En la audiencia del día 24,
Mumia fue representado por las abogadas Christina Swarns, de la NAACP LDF, y
Judith Ritter, de la Universidad Widner. Cientos de personas llenaron el
tribunal y las calles para exigir justicia para Mumia el día de su cumpleaños
63.
La petición para reabrir las
apelaciones se basa en el reciente dictamen de la Suprema Corte de Estados
Unidos en el caso de Williams vs Pensilvania, que
establece que el juez en una apelación no puede participar en un caso en el
cual él anteriormente tenía un papel personal en una importante decisión
procesal. En este caso el juez era Ronald Castille.
Castille también había sido
sub-fiscal y supervisor durante el juicio de Mumia en 1982 y Fiscal durante la
apelación de Mumia en 1989. Después de ser elegido como juez de la Suprema
Corte de Pensilvania con el apoyo de la policía organizada en 1994, Castille se
negó a recusarse en las audiencias de Mumia y falló en su contra en todos los
casos que impugnaron las acciones de la Fiscalía de Filadelfia que él había
encabezado.
Durante la audiencia del día
24, Swarns dejó bien claro que no se va a tolerar la costumbre de la Fiscalía
de Filadelfia de mentir a los tribunales de apelación. Dijo que esta costumbre
también había sido revelada en el caso Williams, el cual
destaca el doble papel del mismo Castille como procurador y juez contra
Terrence Williams. En ese caso la Suprema Corte fustigó a la Fiscalía duramente
por no revelar evidencia crucial -evidencia que la Fiscalía había ocultado
durante muchos años-. Cuando la procuraduría argumentó que el abrir más de 30
apelaciones costaría demasiado tiempo y dinero y que esto, en efecto, sería “demasiada justicia”, la Corte dejó en
claro que no hay tal cosa como “demasiada
justicia”.
La decisión de Tucker
implica un rechazo a los argumentos de la Fiscalía de Filadelfia de que la
petición no se presentó “a tiempo” y
que el dictamen de la Suprema Corte de Estados en Williams no se aplica al caso de Mumia. Ésta es una
oportunidad para empezar a desentrañar las décadas de corrupción policial y
procesal que han plagado los esfuerzos de Mumia para ganar justicia y libertad
después de ser criminalizado del asesinato del policía Daniel Faulkner el 9 de
diciembre de 1981. Es un paso crítico hacia lograr la derogación de todas las
decisiones de la Suprema Corte estatal de Pensilvania desde 1995 hasta 2008,
las cuales avalaron el veredicto de culpabilidad de Mumia emitido en 1982.
Sabemos que habrá nuevas
maniobras para limitar su acceso a los tribunales y ganar su libertad y también
sabemos que su libertad no sólo depende de lo que pasa en los tribunales, sino
de un tremendo aumento en el apoyo público para llevarlo a casa.
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