Migrantes centroamericanos esclavizados en plantaciones
agrícolas en México
José Reyes
Contralínea
539 / del 15 al 21 de mayo 2017
14 mayo, 2017
Trabajadores
agrícolas de la zafra provenientes de Centroamérica son explotados por la
industria azucarera del país en condiciones paupérrimas de vida que rayan en el
esclavismo, ante la indiferencia, el abandono oficial y la violación
sistemática de sus derechos laborales y sociales
Hacinados en barracas sin servicios de
higiene, salubridad, alimentación precaria, míseros salarios e intensas
jornadas de trabajo, más de 80 mil jornaleros agrícolas migrantes
centroamericanos y nacionales sobreviven en los ingenios de azúcar de México,
donde la marginación, discriminación y exclusión social prevalecen durante
décadas bajo la indiferencia oficial.
Los 52 ingenios
que hay en el país, en el periodo de zafra -de noviembre a junio- emplean en
conjunto a 80 mil trabajadores agrícolas, de los cuales 12 mil laboran en siete
ingenios de Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo, entre mexicanos y
centroamericanos que viven en las regiones cañeras.
En los
campamentos de los ingenios de La Joya, en Champotón, Campeche; San Rafael de
Pucté, en Quintana Roo; Azuremex, en Tenosique, Tabasco; y el ingenio de
Huixtla, en Chiapas, los migrantes se hacinan en barracas donde son patentes el
alcoholismo (generalizado durante los días de pago), adicciones a drogas (desde
marihuana hasta sustancias químicas), tabaquismo en jóvenes, automedicación,
desnutrición, maltrato infantil, violencia intrafamiliar y prostitución.
Los migrantes
sobreviven en galeras, donde la insalubridad e inseguridad se profundiza a raíz
de problemas de salud pública, derivados de la falta de aseo de los campamentos,
servicios ineficientes -agua, luz, drenaje, sanitarios, baños-, y se agravan
por las condiciones del trabajo en el campo y una alimentación deficiente, pues
prácticamente sólo trabajan para comer.
“En estos espacios de reproducción de
trabajadores y sus familias, la exposición a enfermedades infectocontagiosas,
así como la difícil convivencia generadora de violencia, derivan en contextos
de riesgo social potenciados por las tensiones laborales”, advierte Martha García Ortega
investigadora de El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal, Quintana Roo.
En su informe Vulnerabilidad
y trabajo agrícola, migraciones internas y dinámicas transfronterizas en el sur
de México (fechado en febrero pasado), la especialista indica que la
precariedad de los campamentos donde los migrantes se encierran,
pertenecen a las organizaciones de productores de las filiales del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), como la Unión Nacional de Productores de
Caña de Azúcar de la Central Nacional Campesina (CNC) y la Unión Nacional de
Cañeros, AC, de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR).
“Este oficio devorador de vidas de migrantes que sólo
trabajan para comer, deriva en la integración fatal e inevitable de niños,
adolescentes y mujeres a las tareas agrícolas que exige la zafra, en la
transmisión generacional de este oficio y en la especialización de comunidades
enteras como proveedoras de cortadores de caña que se desplazan por la
geografía del azúcar del país”, subraya la especialista.
Señala que
estas condiciones son resultado de la desprotección gubernamental, ya que los
programas sociales se aplican de manera marginal o están ausentes; en la
indiferencia empresarial desde los productores cañeros (contratistas
inmediatos) hasta las empresas agroindustriales que se desentienden de esta
mano de obra; y por último, en el abandono social pues en el entorno de los
trabajadores agrícolas apenas y se asoman las agrupaciones altruistas.
El informe de
la especialista es resultado de varios años de estudio en los ingenios del
sur-sureste mexicano sobre los mercados de trabajo agrícolas, en los que ha
analizado las migraciones laborales y el contexto de precariedad social y
laboral, la marginación y la exclusión social de los cortadores de caña.
“Las prácticas perpetuadas en la relaciones
obrero-patronales violan sistemáticamente los derechos laborales y sociales en
una espiral que refleja situaciones de discriminación y racismo, más notable
entre los trabajadores indígenas, y que asciende entre los grupos de
trabajadores temporales, si son migrantes nacionales o internacionales, y entre
estos últimos si carecen de permisos migratorios”, enfatiza.
La doctora en
ciencias sociales por el Colegio de la Frontera Sur, indica que las fuentes de
explotación de los trabajadores y sus familias -dedicados al corte de caña-
provienen del modelo de un mercado laboral desregulado sin contratación formal
que repercute en los salarios, horarios y condiciones de asentamiento de los
cortadores migrantes.
La falta de
prerrogativas sociales, dice, como la afiliación a la seguridad social obligada
por ley, se suma la generalizada contratación de palabra que se finca en la vieja práctica del enganche,
y aunque deja desprotegidas a ambas partes, la posición de subordinación de los
trabajadores agrícolas los pone en desventaja. De acuerdo con los resultados de
una encuesta aplicada en la zafra 2011-2012, el 67% de los jornaleros foráneos
se contrataron
de palabra.
El pago a
destajo involucra una serie de anomalías debido a la carencia de un mecanismo
de control del trabajo realizado por los cortadores de caña, pues el jornalero
se ve imposibilitado de llevar una contabilidad de la obra realizada, en este
caso el registro de la caña cortada que apila a lo largo de la jornada de
trabajo de hasta de 12 horas.
En el modelo
del trabajador agrícola, cortador de caña, cada engranaje de la relación
laboral está fuera de toda regulación, supervisión o seguimiento; esta
situación deriva en flagrantes violaciones a los derechos sociales, laborales y
humanos, tanto de nacionales como de extranjeros, con agravante para éstos que
padecen abusos con el pretexto de su “ilegalidad”.
Los ingenios, sin responsabilidad
jurídica
Mónica Falcón, de la Oficina
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para México y Cuba, precisa
que la estructura actual del campo del sector azucarero responde a la época
donde la mayoría de los ingenios eran parte del gobierno: de alguna manera
politizada y con una visión asistencialista a los productores y organizaciones
cañeras.
En entrevista
con Contralínea,
señala que la base trabajadora del campo es empleada por las organizaciones
cañeras; el ingenio no tiene ninguna injerencia o responsabilidad jurídica
respecto a este personal, ya que con quienes establece un contrato de compra de
caña son con las organizaciones cañeras.
Explica que en
esta complejo entramado de relación laboral, los productores agremiados en las
asociaciones cañeras, el personal del área de campo del ingenio, y el personal
de las asociaciones son las cabeceras tanto para las actividades del cultivo
como de cosecha; en tanto que en la base de las operaciones del campo se
encuentran los cabos/supervisores, jornaleros, cortadores, ticketeros y transportistas.
La
especialista de la OIT agrega que los cañeros, a su vez, se organizan para los
servicios que se requieren en la cosecha, mayoritariamente a través de contratistas.
Por ejemplo el personal del corte de caña es contratado por los cabos
(supervisores); éstos últimos son contratados por las organizaciones cañeras a
través de los jefes de Cosecha (productos y/o personal de productores que se
agremian en las organizaciones cañeras locales, CNC, CNPR y otros
independientes con menor presencia).
Los
transportistas y ticketeros son contratados para ese servicio por
las organizaciones cañeras. El personal del departamento de campo del
ingenio representa el enlace entre el cultivo: cosecha de la caña y la
producción de azúcar. Generalmente, al frente del área de campo se encuentra un
superintendente o gerente de campo, quien está apoyado por un jefe de campo, un
jefe técnico de campo y un jefe de fertirrigación.
Así, señala
Mónica Falcón, entre el vasto pero necesario personal en esta área, se
encuentran los inspectores de campo -que junto con los
supervisores/cabos- tienen la relación directa con los trabajadores del campo
cañero abastecedor del ingenio (transportistas, ticketeros,
jornaleros y cortadores).
De la palabra al enganche
Los jornaleros contratados de
palabra -dice por su
parte Martha García Ortega-, son sujetos de negociaciones donde el enganche funciona como el compromiso de cumplir
con todo el periodo de zafra. Las jornadas laborales son de entre seis y 12
horas, según la cuota establecida para el día y el tipo de terreno que se
corte.
El trabajo de
la zafra exige no sólo destreza en el manejo del machete y demás instrumentos
de labor, conocimiento de la planta, sino además resistencia física para
laborar a altas temperaturas bajo el sol. En este sentido, el 64% de los
cortadores deciden no descansar a lo largo de la zafra, de entre 168 y 200 días
de cosecha programados.
Los
trabajadores ganan por tonelada cortada de caña, la cual acumulan en los seis
surcos (gavilla) donde cortan y amontonan la vara en puños.
Estos montones los levanta y deposita la máquina alzadora en el camión que
transporta la materia prima al batey; un carro cañero suele tener una capacidad
de 19 o 24 toneladas. Este proceso de recolección es ajeno al cortador puesto
que, en la lógica del trabajo, él debe avanzar cortando caña y dejando a otros
agentes el registro de su producción.
Resultado: el
cortador ignora el total de caña cortada al día, ya que el peso de la caña
depende de varios factores: variedad de la caña, del punto de la vara (que esté sazón), del tipo
de terreno (pedregoso, ralo), de cañales enterrados (cañas tiradas, enraizadas)
y su pago semanal estará entre 500 y 999 pesos. En un extremo salarial está 19%
con más de mil pesos y 1% con menos de 500 pesos.
Tras la
jornada de trabajo, el lugar de descanso demanda labores extras para que la
cotidianidad funcione: llevar y cortar leña, colocar lonas para la lluvia,
acarrear agua para bañarse y cocinar, limpiar lodazales… El espacio de
producción se articula con el de la reproducción social en el que el trabajador
y su familia invierten horas de trabajo con el fin de lograr estar en
condiciones de presentarse a laborar diariamente.
Y es que los
trabajadores agrícolas de la zafra -afirma García Ortega-, realizan labores
dentro de un sistema con estándares de calidad en el que el incumplimiento en
las reglas de corte y limpieza de la materia prima llevada a los ingenios, es
sancionado sobre el pago a destajo de por sí bajo (en el 2016, en Quintana Roo,
el pago por una tonelada de caña cortada se estableció en 38 pesos., por lo que
un cortador promedio debería cortar por lo menos cinco toneladas en una jornada
para sacar
para el día.
La
vulnerabilidad de los jornaleros de la zafra se recrudece cuando se trata de
grupos de trabajadores sin conocimiento de la escritura ni la lectura en
español y, en ciertos casos, cuando sólo hablan lengua indígena, ya que se
registran actitudes racistas o discriminatorias que dan cuenta de la compleja
relación obrero-patronal que domina en estos mercados laborales que se han
perpetuado desde hace décadas, sino es que desde la Colonia.
Y la
vulnerabilidad es radical cuando se trata de trabajadores temporales que
emigran a los destinos de trabajo en grupos de jóvenes o incluso acompañados de
su familia, donde las mujeres quedan fuera de la categoría de empleado
activo pues se considera que son sólo acompañantes. Lo mismo sucede con
los adolescentes que se integran a las cuadrillas de adultos, y el trabajo
infantil que engrosa las filas de los menores que ni trabajan ni estudian.
En este
sentido, explica García Ortega que este tema pasa revista por la polémica de la
cultura del trabajo en las familias ya que es a partir de las prácticas del
concepto de “aprender haciendo” como
se infunden valores sobre la disciplina laboral a los hijos desde pequeños, a
partir de la convicción de que el corte de caña “será el único trabajo que tengan por delante”.
En el ingenio
de San Rafael de Pucté, en Quintana Roo, registraron la presencia de jornaleros
nahuas del norte de Puebla, nahuas del sur de la sierra de Zongolica, y mano de
obra de zapotecos de Oaxaca, que tienen años llegando a dicho ingenio. Además,
se documentó el éxodo chiapaneco de grupos de jóvenes cortadores de caña
originarios de Palenque, Ocosingo y Chilón, de origen chol, tzeltal y tzotzil.
Lo anterior
confirma la existencia de relevos generacionales, pues la investigadora
documentó la trayectoria hasta de cuatro generaciones de cortadores de caña
entre las familias. De hecho, hay comunidades enteras dedicadas a ello como los
zapotecos de Oaxaca que se organizan cada año para las zafras de Quintana Roo,
Nayarit, Veracruz y Michoacán.
Los permisos de trabajador
fronterizo
En Chiapas, los guatemaltecos
que llegan al corte de caña en la región del ingenio de Huixtla parecen muy
familiarizados con los trámites migratorios. De cualquier manera, la falta de
escolaridad y el hecho de que para los jornaleros mayas su lengua materna no
sea el español y la relación subordinada frente a empleadores, los colocan en
desventaja en función de su desconocimiento y desinformación para acceder a
recursos de atención social.
El Programa de
Atención a Jornaleros Agrícolas considera entre los trámites para los recursos
la forma
migratoria, según las Reglas de Operación, 2013. En consultas con
mandos medios en las oficinas de Sedesol, se justificaba esta omisión en virtud
de que los extranjeros “no tienen derecho
a este programa”.
La Forma
Migratoria de Trabajadores Fronterizos (FMTF) surge del Programa de Migración
para la Frontera Sur de México, que contempló cuatro líneas estratégicas para
una mejor gestión en esta parte del país: facilitación de la documentación de
los flujos migratorios; mayor protección de los derechos de los migrantes;
mayor seguridad fronteriza; y una mayor y mejor infraestructura material
y tecnológica. Entre los objetivos se planteó convertir esta franja en una zona
digna, ordenada, segura y moderna para facilitar la vida transfronteriza y la
gestión de los flujos migratorios.
En Huixtla, 70%
de los jornaleros extranjeros obtuvo su permiso laboral, y de éstos menos de la
mitad lo tramitó personalmente. Otro 20% señaló que fue el cabo (líder de las
cuadrillas de trabajadores y enganchador), quien lo apoyó en su trámite. El 37%
desconoció quién hizo su trámite en las oficinas del INM. Los permisos son
portados por sus usuarios debido a que los buscan para los papeles.
Jornaleros agrícolas excluidos
En México existe una
categorización de los jornaleros agrícolas (cuya población se estimaba en 6.5
millones en el 2015) dentro de los grupos sociales vulnerables, que identifica
a la población nacional y excluye a los trabajadores internacionales cuya inserción
se ha dado históricamente en dos sectores económicos importantes en los estados
fronterizos sureños: la producción de café y la de azúcar.
Esa fuerza
productiva proviene tanto de Guatemala como de Belice, y en otros espacios
laborales de Honduras y El Salvador. Sin embargo, estos grupos de trabajadores
carecen de reconocimiento institucional al quedar fuera de la población
objetivo de los programas sociales destinados a los jornaleros agrícolas del
país, ya que a pesar de existir programas sociales, como el de Atención a
Jornaleros Agrícolas (PAJA), éstos se aplican de manera marginal o son
inexistentes en las zonas de trabajo de corte de caña del país.
En el contexto
de la agroindustria azucarera, la OIT cuenta con programas orientadores sobre buenas
prácticas a fin de
mejorar las condiciones precarias en este mercado de trabajo, y promueve
certificaciones sociales para erradicar el trabajo infantil de los campos
cañeros de México a través de la iniciativa Cero Tolerancia.
Con todo, este
tipo de intervenciones requieren una revisión y reorientación para cubrir las
necesidades específicas del heterogéneo perfil de la población objetivo y los
complejos marcos regionales de los mercados de trabajo que incluyen poblaciones
mixtas (nacional e internacional).
Por su parte,
el diagnóstico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval), publicado en 2014, subraya tres aspectos que propician la
vulnerabilidad de los jornaleros agrícolas: la migración, el trabajo infantil y
el deterioro de la salud. En este marco, señala que la falta de trabajo sujeto
a un salario en las comunidades de origen expulsa a miles de personas que
buscan empleos remunerados en los enclaves económicos, bajo una lógica basada
en la idea de que “se migra para mejorar”,
lo que ha resultado ser una premisa falsa para grupos en franca desventaja.
Del trabajo
infantil se ha identificado la presencia de niños que ayudan a sus padres o
familiares en las tareas agrícolas; pero la pronta inserción laboral de los
menores propicia la deserción escolar cancelando la posibilidad de la movilidad
social y la salida familiar que encadena a las generaciones en el ciclo de la
pobreza, establece el Coneval.
En este ámbito
se registran el deterioro de la salud y los riesgos laborales; el gobierno
mexicano reporta que 44.3% de los trabajadores agrícolas carecen de servicios
de atención en este rubro. El colofón de estas condiciones se resume en que la
precariedad laboral en el campo mexicano ocasiona que 69.7% de los jornaleros
agrícolas sean pobres y 24.7% se encuentre en pobreza extrema, de acuerdo con
la secretaría de Desarrollo Social y el Coneval, en sus informes de 2010 y
2012, respectivamente.
El Informe
Jornaleros Safe (2012), reporta que la retención de los documentos
migratorios de parte del enganchador o patrón es un recurso para mantener
cautivo al empleado o sujetarlo bajo amenaza.
Las
condiciones de millones de trabajadores agrícolas -mexicanos y centroamericanos-
responden a una problemática que exige su atención en la agenda pública en
materia de desarrollo social, más allá del enfoque asistencialista, y gestión
migratoria a causa de los trabajadores internacionales, vinculando las
competencias de las instancias en materia laboral considera la antropóloga del
Colegio de la Frontera Norte Martha García Ortega.
Estima que en
estos momentos en que se espera una reconversión productiva de la agroindustria
nacional y su esperada carrera de competitividad mundial, tiene enfrente la
posibilidad de transitar de un mercado de trabajo precario a uno de trabajo
digno o, en una mínima expresión, a convenir la certificación de buenas
prácticas laborales de la OIT.
“Bien se puede comenzar por comprender que la imposición
de un régimen estandarizado de trabajo con parámetros de calidad supone la
calificación del empleado, en este caso de los jornaleros agrícolas en la
zafra, por tanto, los cortadores de caña deben dejar de ser considerados
trabajadores no calificados”, considera.
Respecto a los
desafíos, precisa la catedrática, son diversos y crecientes: van desde el
rezago tecnológico, los bajos precios pagados, la infraestructura heterogénea,
los problemas de financiamiento, el endeudamiento y la incapacidad
administrativa, hasta la sostenibilidad socio-ambiental, el cambio climático o
la adquisición de insumos. Y hoy el país se enfrenta a la revisión del Tratado
de libre Comercio, con las incertidumbres propias del caso.
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