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Foto: El ejército intimada
a los y las integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS) en
Acacoyagua, Chiapas / Crédito: FPDS
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Red mexicana de
Afectados por la Minería (REMA) denuncia hostigamiento y criminalización
Redacción
Desinformémonos
Periodismo
de abajo
18
mayo, 2017
La Red mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
denunció que los grupos defensores de la tierra y que se oponen a esta
práctica son hostigados y criminalizados por quienes encabezan los proyectos
extractivos, principalmente en Puebla, Durango, Oaxaca y Chiapas.
La REMA aseguró que el en
todos estos casos “hay un patrón de
conducta en el que se alinean medios de información, empresas, instancias del
estado y diversos grupos armados legales e ilegales” para lograr intimidar
y estigmatizar la defensa del territorio contra la minería, y que incluso han
golpeado, desaparecido o asesinado a los representantes y activistas que junto
con los pobladores de las comunidades afectadas luchan como forma de
resistencia a la imposición de los proyectos.
A continuación, el comunicado
completo:
Las empresas mineras de capital privado, extranjero y
trasnacional en conjunto con los estados en sus tres niveles de gobierno, están
decididas a incrementar y diversificar sus acciones relacionadas con el despojo
de los bienes naturales, el desplazamiento de la población, la ocupación del
territorio y la eliminación de cualquier proceso organizativo que intente
resistir y defenderse de forma pacífica, legal y en total ejercicio de sus
derechos colectivos.
A los ya de por sí conocidos
procesos violatorios a los derechos humanos y a la violación de las leyes
nacionales, en fechas recientes y en diversas partes del país y de
Latinoamérica, han iniciado una fuerte campaña para la difamación,
criminalización, estigmatización, agresión y amenazas en contra tanto de la
población, como de los grupos que acompañan sus procesos de defensa y
resistencia en contra de la minería.
Lo hacen desde diferentes
frentes, por ejemplo: utilizando empleados de la empresa canadiense Almaden
Minerals como sucedió en Ixtacamatitlán, Puebla, el 1º de mayo 2017; o como lo
hicieron a través de la autoridad municipal e instancias federales y la empresa
canadiense Fortuna Silver Mines en San José del Progreso, Oaxaca; o con
golpeadores, soldados y policías auspiciados por la empresa canadiense Excellon
Resources quienes desplazaron de su campamento a las y los ejidatarios de La
Sierrita, Durango, en el 2012; o como le pasó lo mismo el 8 de mayo a las y los
integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS) en
Acacoyagua, Chiapas, cuando el presidente municipal solicitó la presencia de la
policía estatal y del ejército con lo que mandó un mensaje claro de apoyo a la
empresa minera El Puntal S.A de C. V. De la misma forma ocurrió con la
organización Bios Iguana A.C. y el Consejo Indígena por la Defensa del
Territorio de Zacualpan (CIDTZ) en Colima, quienes al defenderse de la empresa
Gabfer S.A. de C.V., recibieron la presión de todo el aparato estatal que actuó
en su contra.
Esto también pasa
constantemente en Guerrero, en Zacatecas, en San Luís Potosí, al igual que en
otras partes de Latinoamérica, como recientemente ocurrió en Perú, cuando la
empresa canadiense Hudbay Minerals, haciendo gala del control que ya tiene
sobre el estado, mandató a la policía del Perú para retener e investigar la
actuación de los compañeros de Mining Watch Canada y el documentalista John
Dougherty, perseguidos por proporcionar información sobre los desmanes que esta
fatídica empresa ha ocasionado en varios países incluyendo el propio Canadá.
En todos estos casos hay un
patrón de conducta en el que se alinean medios de información, empresas,
instancias del estado y diversos grupos armados legales e ilegales quienes
buscan intimidar y estigmatizar la defensa del territorio contra la minería.
Amenazan, golpean, detienen, intimidan, siembran pruebas e inventan expedientes
para deslegitimizar tanto a los grupos que acompañan a los pueblos, como a los
propios habitantes que aspiran a una vida digna y no de muerte como viene
generando la minería.
La campaña está desatada y
en ese contexto, REMA se solidariza con cada uno de las mujeres y hombres que
han vivido y viven estos procesos, y lamentamos la terrible sumisión de los
estados para con el poder empresarial.
El Frente Popular en Defensa
del Soconusco 20 de Junio (FPDS), Otros Mundos A.C., EDUCA, Mining Watch
Canada, Tiyat Tlali, Prodesc, Fundar, el Frente Ixtepecano, la Unión de Ejidos
de Zanatepec, los pescadores de Nvo. Balsas, Bios Iguana A.C., entre muchos
otros grupos, son quienes han sido víctimas de campañas difamatorias, amenazas
y en algunos de estos grupos incluso han sido asesinados, simplemente por
actuar en defensa de los derechos colectivos, respeto de la ley y de forma
abierta y transparente, mientras las empresas, los estados y sus grupos de
choque actúan en la opacidad, la cobardía, el uso de la fuerza y la
intimidación.
Ante esta alzada de
intimidaciones y campañas de odio y difamatorias en contra de las compañeras y
compañeros de grupos y comunidades por parte de la empresas mineras, la REMA
denuncia la omisión del estado mexicano y lo hacemos responsable de cualquier
afectación física, psicológica y patrimonial de nuestros compañeros.
¡POR TERRITORIOS LIBRES DE
MINERÍA!
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)
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