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Foto de portada: Muxatena,
Nayarit. El sitio sagrado de los pueblos náyeri y wixarika se encuentra en
riesgo de inundación por la construcción del proyecto hidroeléctrico de Las
Cruces.
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En México el derecho al agua no está garantizado
Agencia Autónoma de Comunicación Subversiones
En México se viola permanentemente el derecho humano
al agua y al saneamiento. Esa fue la conclusión compartida por el Relator
Especial de la ONU en la materia, Léo Heller, durante conferencia de prensa el
12 de mayo en la Ciudad de México. 102 organizaciones nacionales recibieron al
funcionario y lo trasladaron a comunidades y poblaciones en el Valle de México,
Veracruz y Chiapas para que atestiguara las problemáticas que enfrenta la
mayoría de la población mexicana ante un sistema racista e ineficaz en la
distribución y acceso al agua para consumo humano.
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El Salto de Juanacatlán, Jalisco, es una de
las caídas de agua más grandes de México. Los altos niveles de contaminación en
los afluentes de la zona son resultado de la actividad de más de 300 industrias
que descargan sus desechos al agua en detrimento de la salud de toda la
población.
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Las organizaciones que
apoyaron la visita del relator se han conformado en una coalición que dará
seguimiento a las denuncias y propuestas presentadas al relator y las que éste
haga al estado mexicano el próximo septiembre cuando presentará su informe de
lo presenciado en México ante el Consejo de Naciones Unidas para los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales. Mientras tanto la pasividad e indiferencia
de las autoridades respecto al tema es la regla.
Exclusión: la norma histórica
Las mediciones oficiales de acceso al agua en México
ofrecen un panorama sesgado e incompatible con la realidad al referir que 94%
de la población cuenta con acceso al agua segura y adecuada. Los informes
oficiales miden solo las obras de infraestructura -mantenimiento, operación y
gestión aparte- lo cual contrasta con el cotidiano de millones.
Paradójicamente estados como
Chiapas que cuentan con vastas fuentes de agua, padecen de los estragos por la
mala distribución y las pésimas condiciones salubres en que es repartida. La
desigualdad en el acceso al agua es la norma mexicana, reflejado como un
problema histórico de discriminación evidente en la situación de pueblos originarios
y en particular de las mujeres. A su vez, Chiapas cuenta con los mayores
índices de mortalidad en niños y adultos mayores por desnutrición y
enfermedades gastrointestinales, padecimientos determinados por la falta de
acceso al agua segura y confiable que convierten en situación cotidiana la
emergencia sanitaria en gran parte del estado.
Especialistas en manejo
integrado de cuencas y calidad del agua de San Cristóbal de las Casas
presentaron al relator de la ONU el sustento científico y técnico para ampliar
la información de los niveles de contaminación en la ciudad de los Altos de
Chiapas ante la ausencia de datos en el monitoreo y la información pública
sobre la calidad del agua. En dichos reportes se encontró que todas las fuentes
de abasto de agua en la ciudad presentan riesgos microbiológicos responsables
de enfermedades que tienen incidencias en el desarrollo de diarreas comunes,
tifoidea, hepatitis e incluso cáncer de estómago. Ante los resultados el grupo
de expertos solicitó el saneamiento inmediato de las aguas residuales pues el
agua en San Cristóbal de las Casas, como en la gran parte de Chiapas, no es
potable.
También se denunció por
anticipado las consecuencias negativas que traerán los planes de recortes
presupuestales destinados a obras de agua que han sufrido un recorte de 37% a
nivel nacional, lo cual pone entredicho cualquier plan oficial para cumplir con
el derecho a la salud. En Chiapas existen 194 plantas de tratamiento de agua de
las cuales solo funcionan 12 y la ciudad de San Cristóbal de las Casas es solo
una de las múltiples en el estado que carecen de tratamiento de sus aguas
residuales. No solo hay una falta de inversión sino un gasto errado.
Los municipios, encargados
de la prestación del servicio, tienen poco soporte de los gobiernos estatales y
federal, esto deriva en servicios muy precarios y se observa en la calidad del
agua y el acceso real a ella pues los sistemas tarifarios impactan al sector
más pobre de la población. También alarman las múltiples escuelas, hospitales y
edificios públicos que carecen de instalaciones adecuadas para el suministro de
agua. Por ello las organizaciones presentes en conferencia de prensa el 15 de
mayo en Chiapas apuntaron hacia la corrupción en la administración de sistemas
de agua potable urbanos. No solo a la cantidad de agua que suministran sino a
la revisión de cuentas en obras, la administración interna de los sistemas de
gestión, la falta de transparencia en gastos y la exclusión de la población en
la elaboración de políticas públicas en relación al acceso al agua de calidad
crean escenarios como la crisis hídrica de ayer y hoy.
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La tribu Yaqui, de Sonora es uno de los
pueblos que mantienen la lucha contra el Acueducto Independencia, uno de los
megaproyectos de infraestructura promovidos por empresas automovilistas y
refresqueras para robar su agua.
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¿Agua para quién?
Las
organizaciones chiapanecas que contribuyeron a reportar varios de los 19 casos
de violaciones al acceso al agua en México ante el funcionario de la ONU,
demandaron que para respetar su derecho al agua de manera suficiente, salubre y
potable para la población se debe colocar el bienestar público por encima de
cualquier uso comercial o industrial. Por ello exigieron la revisión y
revocación de las concesiones de agua que la Comisión Nacional del Agua
recientemente renovó a Coca Cola-FEMSA, (propiedad local de un ramal denominado
Inmobiliaria del Golfo SA de CV) quien extrae 1.6 millones de litros diarios,
rebasando los 500 millones de litros de agua al año desde 1994 cuando comenzaron
a explotar el Cerro del Huitepec, considerado como un “volcán de agua” por sus importantes volúmenes de aguas
subterráneas.
En
lugar de suministrar esa agua equivalente para 200 mil habitantes, todos los
habitantes de San Cristóbal de las Casas con 80 litros por persona por un año,
la empresa refresquera utiliza dichas cantidades para incrementar la epidemia
de caries, obesidad y diabetes provocadas por el consumo de sus productos,
principalmente en las poblaciones indígenas donde es más barato comprar
Coca-Cola que en las ciudades. Otro de los problemas es la dependencia del agua
embotellada y el hecho de que México tenga el más alto nivel de consumo per
cápita en el mundo, 480 litros al año, es evidencia de la falta de confianza de
la población sobre el agua que recibe además de que hay zonas del país donde
las tarifas por el servicio son muy altas, lo cual es preocupante, porque si la
gente no puede pagar se viola su derecho humano al acceso a este recurso.
Uno
de los puntos retomados del discurso del relator de la ONU es el efecto de la
minería pues los aprovechamientos hidroeléctricos utilizados por la industria
extractiva comprometen de forma seria el acceso de agua de calidad. Chiapas es
una geografía siempre vista como surtidora de materias primas para todo el
país, y en la actualidad lo es sobre todo de generación energética a través del
sistema de presas en los mayores caudales de México. A dicha presión al recurso
hídrico por los corredores energéticos, se suma la prioridad del uso industrial
y minero conforme establece la reforma energética de 2013.
Sólo
el Grupo México (empresa responsable por contaminar los mantos acuíferos del
río Sonora con el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre
acidulado y evasora de impuestos) mantiene 142 títulos de concesión de agua; y
la minera canadiense Goldcorp, Inc, ocupa más de 47 millones 600 mil metros
cúbicos anuales. Catorce empresas mineras han contaminado los cuerpos de agua
de las comunidades donde se encuentran. Otras siete acaparan el líquido de tal
forma que ponen en riesgo a las localidades que las circundan y el 38 por
ciento de los proyectos mineros coinciden en zonas de acuíferos con
disponibilidad hídrica precaria o que son considerados sobreexplotados.
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Aspectos de la mina de oro en el cerro de San
Pedro, San Luis Potosí, donde la actividad a cielo abierto se realiza a escasos
metros de la comunidad, lo que orilló el desplazamiento de cientos de familias.
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En
el caso del norte de Chiapas, la apertura de la ronda 2.2 que se va a licitar
para el 14 de julio sobre 84 mil 500 hectáreas en 9 municipios ha colocado en
situación de alarma a la población zoque de la región. El riesgo: la
contaminación de las fuentes de suministro en 8 arroyos y ríos de la cual
depende el abasto de agua para todos.
Por
último, campesinos tzeltales de Petalcingo, municipio de Tila, que se dieron
cita para protestar al final de la conferencia de prensa, manifestaron su
rechazo a proyectos para construir centrales hidroeléctrica en su territorio;
compartieron la situación de persecución y represión ejecutada por el sacerdote
local, José Herrera Alcalá quien promueve la división de la comunidad mediante
el otorgamiento de becas y la promoción de estatutos oficiales como el Programa
de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares que han permitido
la venta de tierras a particulares en México.
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Campesinxs tzeltales protestaron por la
persecución y hostigamiento tras manifestarse contra proyectos hidroeléctricos
en la zona norte de Chiapas.
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Uno
de los manifestantes denunció que desde hace siete años el ayuntamiento
pretende controlar la gestión del agua pero debido a la resistencia de la
comunidad su intento se vio frustrado. Sin embargo en la actualidad existen
expediciones con helicópteros y presencia de funcionarios estatales,
militarizando la región. Sumado a ello acechan una docena de órdenes de
aprehensión producto de las protestas contra la construcción de la
hidroeléctrica, hasta ahora no reconocida en los proyectos estatales.
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