Abogado
de familiares de las víctimas, Vidulfo Rosales, denuncia el poco avance en el
caso y pide una investigación “seria y
exhaustiva”.
Por Isabel Jave
Kaos en la red
21 abril, 2017
Los padres y madres de los 43 estudiantes de la Escuela
Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos en setiembre de 2014, iniciaron un
plantón por tiempo indefinido frente a la Procuraduría General de la
República (PGR), luego de que la reunión de este jueves entre sus abogados
y las autoridades no llenarán sus expectativas.
“Los
avances que ellos (la PGR) presentan
son nulos. Respecto de la
investigación al Ejército mexicano, no se tocó absolutamente nada; respecto de
la detención o consignación de los policías de Huitzuco (que supuestamente
participaron en la desaparición de los 43), no reportan avances. Dicen lo mismo
de siempre: que se está investigando, que se están reuniendo elementos, pero en
ese ejercicio se viene desde hace un año”, reclamó Vidulfo Rosales,
abogado de los padres.
Además, señaló que “en el tema de la telefonía (celular de los estudiantes, que seguía
vigente tras su desaparición), igual: no reportan el más mínimo avance,
entonces hoy no tuvimos absolutamente nada”.
Rosales afirmó que los padres de los jóvenes exigieron una investigación “seria y exhaustiva” después de que
culmine la segunda visita oficial, del 19 al 21 de abril, a México del
mecanismo de seguimiento del caso de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH).
Indicó que, si bien los policías posiblemente
involucrados en el suceso ya están identificados, “no han sido consignados ni detenidos”, lo que prueba “una dilación que no puede estar presente en
una investigación de esta envergadura”.
Por ello, sostuvo, los familiares de los
estudiantes desaparecidos desde hace 30 meses le exigen a la PGR que
haga un pronunciamiento público en el que digan que no hay “verdades establecidas” sobre el tema, sino varias líneas de
investigación abiertas que deben ser agotadas y exploradas. La respuesta a esta
solicitud del titular de la institución, Raúl Cervantes, fue calificada
como “ambigua” por el abogado de los
familiares.
“Percibimos falta
de voluntad y le hicimos notar que prácticamente desde el mes de abril del año
pasado a la fecha, el expediente no ha reportado ningún avance. Ellos no
refieren nada, más que van a ser huir haciendo su trabajo, pero no hay
absolutamente nada”, acotó.
Cabe resaltar que en abril del pasado año, el
grupo que investigó durante un año el caso cerró su colaboración con
inconsistencias y acusando al Gobierno de obstaculizar su trabajo.
De acuerdo con la versión oficial, los
43 jóvenes fueron detenidos en Iguala, estado de Guerrero, el 26 de septiembre
de 2014 por policías corruptos, quienes los entregaron a miembros del
cártel Guerreros Unidos que
los mataron e incineraron en el basurero de Cocula, Jalisco.
Esta versión ha sido cuestionada por
organismos internacionales, entre ellos un grupo de expertos de
la CIDH que denunció irregularidades y debilidades en la
investigación oficial.
Rosales aclaró que el poco avance será uno de
los elementos que van a destacar en la reunión de este jueves a las 18 horas (a
puerta cerrada) con la comisión de seguimiento de las recomendaciones
del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
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