lunes, 24 de abril de 2017

COMUNIDADES MAPUCHE RESISTEN ESTRATEGIAS BÉLICAS “CIVILIZATORIAS”


La lucha mapuche por la autodeterminación en territorio ocupado por el Estado chileno
Por: Mateu Askatu Hostis, Colectivo Radial Vitrina Distópica
Incluye fotografías de diferentes manifestaciones entre noviembre de 2016 y enero de 2017
Agencia SubVersiones
23 abril, 2017
De México a Chile: EZLN y CNI en solidaridad con la Machi Francisca Linconao
Video: SubVersiones
Publicado el 22 abr. 2017
Comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena de México por el respeto al Pueblo Mapuche y su territorio, de denuncia sobre la situación de privación de la libertad de la Machi Francisca Linconao y en exigencia de su liberación (actualmente detenida bajo arraigo domiciliario por el Estado chileno, tras apelar reiteradamente sobre su delicado estado de salud). El comunicado es leído por el Subcomandante Insurgente Moisés del EZLN durante el cierre del encuentro «L@s Zapatistas y las ConCIENCIAS por la Humanidad» y tras el cierre de la segunda etapa del 5º Congreso Nacional Indígena, el 4 de enero de 2017 en el CIDECI-UniTierra, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.
La historia de nuestros pueblos indígenas en Latinoamérica es una lucha que persiste contra el colonialismo hasta la actualidad. Esta matriz de violencia y dominación ha variado en sus formas e intensidades durante el transcurso de 500 años, sin embargo, su raíz de muerte ha permanecido adquiriendo renovadas y peligrosas formas asimilacionistas que no tienen nada qué envidiar a las antiguas prácticas de exterminio que impusieron las monarquías imperiales.

Éste es el caso de las nuevas violencias que implementan los emergentes Estados criollos bajo el imperativo de la modernización civilizatoria y las retóricas integracionistas del derecho de ciudadanía liberal. Con éstas amortiguan las bélicas estrategias de poder dirigidas a producir la dispersión de las comunidades, el aislamiento, el desmembramiento de los saberes ancestrales, los desplazamientos forzados y la migración neocolonial selectiva. En nombre del humanismo criollo estas políticas eugenésicas y racistas movilizaron las campañas nacionalistas de los incipientes estados de Chile y Argentina que, durante finales del siglo XIX y comienzos del XX, no descartaron «poblar el desierto», como señalara el argentino gringofílico Domingo F. Sarmiento quien coronó en la literatura la devastación del Puelmapu (territorio pampino al este de la cordillera de los Andes); y «pacificar La Araucanía», como esgrimiera el general del estado-militar chileno, Cornelio Saavedra, para señalar la expansión industrial del país sobre el Lafkenmapu (territorio oeste de la cordillera de los Andes) que antecede al extractivismo forestal y agropecuario contemporáneo.
Pese a lo anterior, las luchas por la autodeterminación no han menguado frente a la devastación y el aniquilamiento renovados que ejercen las nuevas formas imperiales del capitalismo. Las comunidades continúan resistiendo frente a dichas estrategias bélicas perfeccionadas que incorporan a los discursos civilizatorios nuevas tecnologías militares y mediáticas para azuzar el hostigamiento.
Durante los años de la actual y sonada «transición» pos-dictadura, los aparatos democráticos de violencia han persistido en la defensa de la seguridad capitalista mediante tres estrategias de guerra colonial renovadas.
En primer lugar, la proliferación de una táctica de espectacularización mediática del conflicto del Estado con las comunidades basado en montajes televisivos que tienden a convertir a las y los comuneros en «terroristas», legitimando la militarización de los territorios mapuche (la estrategia mediática está «amparada» por la ambigüedad del velo de los derechos humanos los cuales son instrumentalizados por latifundistas y grandes corporaciones que se hacen pasar como víctimas, invisibilizando los crueles tratos vejatorios con que se asedia a los mapuche a quienes convierten en victimarios).
En segundo lugar, la pauperización, devastación, deforestación y degradación de las tierras ancestrales a través de la privatización y monopolización de grandes predios, la precarización laboral que se impone frente a la falta de recursos, la siembra de pinos y eucaliptos que degrada la tierra y afecta a la flora y fauna endémica del territorio, para luego incorporar nuevos programas de desarrollo empresarial que desvalorizan las prácticas comunitarias de producción mientras «regulan» la competencia entre sus integrantes aislando a las y los comuneros bajo la norma del emprendimiento, que se vale de una retórica «multicultural» muy actualizada a la peligrosa «diversidad» neoliberal globalizada.

Lo anterior permite que, en tercer lugar, se pueda implementar una estrategia perversa que podríamos llamar de desmembramiento de los saberes ancestrales, que –enfatizo–, tiene antecedentes en las campañas de evangelización y la posterior estrategia de alfabetización escolar (no olvidemos que «la letra con sangre entra»), para actualizarse mediante la persecución a autoridades ancestrales mapuche que encarnan la tradición y portan el legado histórico de los saberes conectando a la gente con la tierra y su historia (mapu: tierra; che: gente).
La primera estrategia de colonización neoliberal carga con los nombres de las y los mapuche asesinados por las fuerzas democráticas capitalistas, que siguen sumándose a una lista que tristemente no termina:
 1.- Agustina Huenupe Pavian (2001)
 2.- Mauricio Huenupe Pavian (2001)
 3.- Jorge Antonio Suárez Marihuan (2001)
 4.- Edmundo Alex Lemún Saavedra (2002)
 5.- Julio Alberto Huentecura Llancaleo (2004)
 6.- Zenén Alfonso Díaz Nécul (2005)
 7.- José Gerardo Huenante Huenante (2005)
 8.- Lonko Juan Lorenzo Collihuin Catril (2006)
 9.- Matías Valentín Catrileo Quezada (2008)
10.- Johnny Cariqueo Yáñez (2008)
11.- Jaime Facundo Mendoza Collío (2009)
12.- Rodrigo Melinao Lican (2013)
13.- José Mauricio Quintriqueo Huaiquimil (2014)
14.- Víctor Manuel Mendoza Collío (2014).
(Más sobre ellxs aquí)

En medio de este retorno «democrático» del genocidio, la muerte sigue abriéndose paso posteriormente al asesinato de las y los comuneros a través de un régimen de impunidad jurídica y social con que se resguarda a los asesinos en complicidad y con la garantía de los medios de comunicación, dispuestos a ocultar los privilegios e intereses de las transnacionales y las oligarquías detrás de un manto de infamia y criminalización sobre los weichafe (guerreros) y las comunidades que siguen vivas resistiendo sin olvidar a los caídos. Ejemplo de esto es la impunidad de los policías Marco Aurelio Treuer Heysen, asesino del joven mapuche de Alex Lemún, y Jonathan Ramírez Inostroza, asesino del comunero Matías Catrileo.
La segunda estrategia tiene elementos jurídicos y económicos con que el Estado garantiza a los centros extractivistas forestales derechos de propiedad sobre las tierras usurpadas militar y colonialmente. Estos seguros dirigen fondos fiscales para asegurar la inversión y producción de capitales privados sin exigir retribuciones efectivas más que una publicitaria y abstracta «estimulación al desarrollo de la región». Éste es el caso del Decreto 701 instalado por la dictadura cívico-militar chilena en 1974, a un año del golpe de Estado a la Unidad Popular, para proteger a los grandes grupos económicos que tomaban el control total del país. Hoy este polémico decreto está en boga luego del sospechoso gran incendio que afectó gran parte del territorio centro-sur de Chile durante el mes de enero del 2017. En este caso, la ley asegurará millonarios fondos para reparar las pérdidas de las empresas privadas afectadas, pese a que son estas mismas corporaciones las que provocan y gestionan los mayores índices de pobreza y destrucción medioambiental del país en la región denominada de la Araucanía, y que alberga a la mayor cantidad de comunidades mapuche.

La tercera estrategia conecta al Estado, las corporaciones extractivistas y a los medios de comunicación en una tríada bélica contra el pueblo mapuche, pretendiendo debilitar las resistencias comunitarias al tiempo que dirige ataques mediáticos contra las autoridades espirituales ancestrales, como es el caso de la Machi Francisca Linconao y el Machi Celestino Córdova. Machis son hombres o mujeres mapuche que a través de los sueños son advertidos por los espíritus ancestrales de una responsabilidad sanatoria, protectora, conectiva y organizadora de la vida entre las comunidades y el mundo de los espíritus y las deidades. Las autoridades ancestrales cumplen una función de cuidado y protección que es vital para el pueblo mapuche en la medida que sus saberes y energías permiten enfrentar el acecho de espíritus maléficos contra sus integrantes como contra sus territorios (sea esto en tiempos bélicos o también en ocasión de cualquier daño a los ciclos naturales de la tierra y la fertilidad).
La Machi Francisca y el Machi Celestino fueron acusados precipitadamente de participar en un atentado incendiario que cobró la vida de los colonos Werner Luchsinger y Vivviane Mackay el 4 de enero del 2013 en el contexto de la quinta conmemoración del asesinato del joven mapuche Matías Catrileo (asesinado por policías un 3 de enero del 2008 en medio de una reivindicación territorial). El juicio se encuentra aún en curso, incluso luego de que las principales pruebas del caso, un testigo oculto, fueran señaladas como insuficientes para realizar un veredicto; incluso después de que se hiciera pública una infame conspiración en que las policías presionaron a dicho testigo para inculpar a los acusados mediante un falso testimonio. Todo esto amparado jurídicamente por una «avanzada» ley antiterrorista, que a nivel mundial ha sido señalada por estar fuera del marco de derecho frente a las convenciones internacionales de protección a los pueblos indígenas dado el fuerte carácter autoritario y discrecional (el uso de testigos ocultos) que preserva desde la dictadura cívico-militar.
Durante los últimos meses del 2016 y primeros días del 2017, la presión de la tríada necrocapitalista volvió a solapar la infamia del caso, estableciendo un cerco comunicacional frente a la huelga de hambre que la Machi Francisca Linconao sostuvo durante 14 días para exigir que se le retornara a su rehue (lugar de culto donde se renueva la espiritualidad a través del contacto con la tierra y los espíritus ancestrales) y por la visibilización de las condiciones en que la (in)justicia militar la mantenía: prisionera en un calabozo «intercultural» por el «democrático» Estado chileno y la complicidad del silencio internacional.

Tras el grito de ¡Libertad a la Machi! salió a la luz la activación de fuerzas para-estatales, sicarios corporativos que estarían involucrados en el asesinato de la activista-ambientalista Macarena Valdés, simulando su suicidio, promoviendo confusiones en medio de un conflicto ambiental de comunidades mapuche contra empresas hidroeléctricas en el Lafkenmapu (territorio marítimo o poniente) en agosto de 2016.
Estos últimos hechos señalaron una violencia no tan sólo racial contra las comunidades mapuche sino también patriarcal por parte del Estado corporativo de Michelle Bachelet. Frente a esto, sin embargo, se amplía una potentísima fuerza de resistencia intersectorial, donde agrupaciones feministas, ambientalistas, libertarias y otras organizaciones sociales, enarbolaron y volvieron visible la lucha por la libertad de la comunera Lorenza Cayuhán, mujer mapuche que fue obligada a parir a su hija Sayen engrillada en un centro de salud bajo custodia policial.
El caso de Lorenza y su hija Sayen sigue siendo uno de los principales motores para la solidaridad internacional, ya que el pasado 15 de febrero fue rechazado un recurso de protección interpuesto en defensa de la comunera y su hija, lo que la devuelve a un régimen carcelario, ahora junto a su pequeña, condenada a prisión desde su nacimiento por el hecho de ser mapuche, mujer y recién nacida. La lucha por la libertad de Lorenza y Sayen, ha seguido adelante buscando convergencias y resonancias frente al último caso de violencia que sacude al pueblo mapuche y que aconteció contra un joven mapuche de 17 años de edad, Brandon Hernández Huentecol, quien fue baleado por la espalda por parte de fuerzas policiales en lo que los medios han insistido en llamar un «confuso hecho» el 18 de diciembre del 2016.

Frente a estas convergencias cabe acentuar que la campaña de terrorismo estatal corporativo no está dirigida sólo contra el pueblo mapuche sino contra todos los devenires minoritarios, organizaciones y expresiones de resistencia anticapitalista y antipatriarcal; sus dardos apuntan a mermar las estrategias de visibilización y las redes de apoyo con que disputamos no sólo la denuncia a nivel internacional de la violencia estatal corporativa sino también la posibilidad de articulación y solidaridad a nivel global con otras formas de resistencia frente a la acumulación de capital y del control social.
En este marco de resistencias y solidaridades contra cercos informativos, campañas infames de criminalización, la «libertad de expresión» es otra falacia del Estado chileno, que esconde la persecución a medios de comunicación independientes, fotógrafos y documentalistas, como el encarcelamiento, durante 11 meses, al fotógrafo Felipe Durán, quien en 2016 dedicó su trabajo a retratar la represión en el Wallmapu –territorio mapuche–. Junto con esto, durante las últimas dos semanas de febrero se da también la denuncia del caso del cine-documentalista Vicente Montecinos, a quien las policías civiles (Policia de Investigación -PDI) y la Fiscalía de Alta Complejidad (Departamento judicial experto inaugurado el 2014) le allanaron su casa y robaron su trabajo audiovisual (ha desarrollado basta documentación de la violencia estatal y corporativa en la región y preparaba el lanzamiento de una película de ficción llamada Ñuke [Madre]).

Durante el mes de marzo la lucha por la libertad de la Machi Francisca Linconao ha tomado nuevas fuerzas, volviendo a insistir en la libertad de todos los presos políticos mapuche que se encuentran acusados sin pruebas relevantes y presos por el caso Luchsinger-Mackay. Se quiere visibilizar un nuevo contexto de hostigamiento donde las fuerzas del Estado han arremetido con una serie de allanamientos a las comunidades mapuche que luchan por la autodeterminación. En esta última jornada de apoyo a la libertad de la Machi, convocada a nivel nacional e internacional para el 30 de marzo de 2017, se recalcó la necesidad de acompañar al comunero mapuche Sergio Catrilaf Marilef quien desde el 26 de marzo ha decidido mantenerse prófugo de la justicia chilena. A través de un video señala: «Yo he decidido no volver a la cárcel ya que históricamente los winka [blancos] nos han atropellado y encarcelado». También indica que su fuga es «porque el sistema de justicia nos ha mantenido privados de libertad sin tener pruebas relevantes».
Los desafíos que plantea la lucha por la autodeterminación del pueblo mapuche en su territorio frente a estas nuevas estrategias de terrorismo neocolonial-neoliberal han exigido revitalizar las alianzas, las solidaridades, las campañas de difusión y las prácticas de politización de los distintos sectores, encontrando amplias resonancias en las luchas de colectivos feministas, estudiantiles, eco-ambientalistas, asambleas por la defensa del agua, sindicales, anticarcelarios, libertarios y anarquistas. Estos encuentros han ido complejizando e intensificando la potencia de la noción de territorio, rompiendo las fronteras geopolíticas con que se delimita, permitiendo situar el concepto también para hablar de los cuerpos, de sus cuidados, de relaciones horizontales y respetuosas entre las y los compañerxs, buscando articular las autodeterminaciones que vengan desde abajo y en colectivo frente a las violencias que acompañan el neocolonialismo capitalista, específicamente las violencias de género, farmacológicas, alimentarias y extractivistas con que se profundiza el estado de terror a nivel global sobre las distintas formas de vida.

Hablar sobre el cuerpo también como un territorio colonizado por matrices hetero-patriarcales, consumistas, laborales y adultocéntricas, pero donde también ensayamos convergencias políticas que puedan desafiar esas nuevas estrategias de poder y violencia que se encarnan en ellos como pasividad, sentimiento de superioridad, desinterés o indiferencia frente a la devastación del medio-ambiente y los deseos de vivir de otras formas. La lucha por la autodeterminación del pueblo mapuche ha señalado una deriva que se siente capaz de afrontar el aislamiento que nos cancela, obstaculiza e inmoviliza frente a la posibilidad de nombrarnos, sentirnos y pensarnos como colectivos; aislamiento que apunta a la desactivación de las fuerzas rebeldes que hoy desplazan la política de las élites y de las instituciones a una del anonimato, de la vida cotidiana, de los cuerpos autodeterminantes, de las diferencias radicales, de las imaginaciones anticapitalistas y de las reapropiaciones u okupaciones callejeras de las vidas.

Por último compartimos el audio de un comunicado por la Lamgen Marcia Leviman en la Marcha por la Libertad de la Machi Francisca Linconao Huircapán, el 21 de noviembre del 2016, en el centro de Santiago de Chile.
Libertad a la Machi Francisca Linconao

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