Ayotzinapa caso
emblemático que México tiene la obligación de resolver: WOLA
Redacción
Desinformémonos
24
abril, 2017
Desinformémonos.- La organización internacional de promoción de los derechos
humanos en América Latina WOLA (Oficina en Washington para
Asuntos Latinoamericanos) publicó un documento de análisis en el que señala que, la
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es un caso emblemático que el
gobierno mexicano tiene la obligación de resolver pero, la investigación
está plagada de irregularidades y la falta de resultados 2 años y medio después
a pesar de los importantes recursos que ha dedicado, “plantea dudas sobre la capacidad y la voluntad del gobierno mexicano
para investigar y sancionar a los responsables en este caso, así como su
voluntad de atender en su verdadera dimensión y profundidad las desapariciones
en el país”.
“El
gobierno mexicano ha calificado el caso de Ayotzinapa como ‘la investigación
penal más exhaustiva de la historia de procuración de justicia en México’. Pero
el caso sigue sin resolverse y la investigación está plagada de
irregularidades, incluyendo evidencias manipuladas o pérdidas y alegaciones del
uso de la tortura para obtener declaraciones. El gobierno mexicano ha dedicado
importantes recursos a la investigación de Ayotzinapa, pero ningún responsable
ha sido sancionado por su participación en los hechos y tampoco han encontrado
a los estudiantes. La falta de resultados después de tanto tiempo plantea dudas sobre la capacidad y la
voluntad del gobierno mexicano para investigar y sancionar a los responsables
en este caso, así como su voluntad de atender en su verdadera dimensión y
profundidad las desapariciones en el país”,
señala puntualmente el informe.
WOLA subraya que, un año después de la salida
del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), avalado por el
mismo Estado mexicano y cuyo trabajo fue clave para la investigación, el
gobierno debe todavía respuestas verdaderas a las familias y a las víctimas.
Estas son las principales: El gobierno se niega a abandonar una “verdad histórica” que ya ha sido desmentida.
Se han demostrado obstáculos a la
investigación y posible obstrucción a la justicia desde el interior de las
instituciones del Estado mexicano. También evidencias fundamentales les fueron
ocultas intencionalmente al GIEI quien dio a conocer en su informe final, que
una de las principales líneas de investigación es el tráfico de drogas por
parte de Guerreros Unidos. El GIEI concluyó que un posible motivo del ataque de
las autoridades contra los estudiantes es porque el grupo delictivo utiliza
autobuses comerciales para traficar la heroína a los Estados Unidos,
específicamente a Chicago, Illinois, como lo demuestra un caso que lleva el
Departamento de Justicia de este país y una de las unidades en las que los
muchachos se transportaban posiblemente contenía un cargamento de droga.
El comunicado de WOLA expone los pocos avances
en la investigación como es la confirmación de la participación de la policía
de Huitzuco y el hallazgo de fosas clandestinas con la tecnología LIDAR que han
sido detenidas por parte de las autoridades.
El documento concluye con los pasos claves que
deben darse y hace énfasis en que el gobierno mexicano debe respetar los
acuerdos que asume con las familias para la búsqueda de los estudiantes.
Aquí el texto
completo del documento emitido por WOLA:
Un año después de la
salida del GIEI de México: el caso de Ayotzinapa sigue sin resolverse y las
desapariciones en México se mantienen en niveles preocupantes
Antecedentes
En septiembre de 2014, estudiantes de la Escuela Normal Rural de
Ayotzinapa, Guerrero tomaron autobuses comerciales en las afueras de Iguala,
Guerrero y tres más en la estación de autobuses de esta ciudad. En su salida de
Iguala, fueron atacados por agentes de la policía municipal que trabajaban en
colusión con la organización criminal Guerreros
Unidos. Durante una serie de ataques en lugares distintos, seis personas
murieron, decenas resultaron heridas y 43 estudiantes fueron desaparecidos
forzadamente. Tras el incidente, el gobierno mexicano firmó un acuerdo con la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y con los representantes
legales de las víctimas y sus familias del Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
para establecer un equipo internacional de expertos en derechos humanos,
derecho penal y atención a víctimas para dar asistencia técnica a las
autoridades mexicanas en su investigación del caso. El Grupo Interdisciplinario
de Expertos Independientes (GIEI) se formó y trabajó en la investigación desde
marzo de 2015 hasta abril de 2016. El GIEI concluyó su trabajo sobre el caso de
Ayotzinapa hace un año ya y aún falta mucho para que el gobierno resuelva el
caso y encuentre a los estudiantes.
El 20 y 21 de abril, integrantes del Mecanismo
de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la
Coordinadora del Mecanismo y también Relatora para México, y el Secretario
Ejecutivo de la CIDH estuvieron en México para dar seguimiento a las
recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)
en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos forzadamente de Ayotzinapa. Al
concluir la visita, los representantes de la CIDH expresaron “su preocupación ante la falta de celeridad
en alcanzar conclusiones tanto en las actividades de búsqueda como en el
esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas
por el GIEI”.
El fin de abril marca un año desde la salida
del GIEI de México. El GIEI fue creado por un acuerdo entre el gobierno
mexicano, la CIDH, los representantes legales de las víctimas y sus familias
del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de
Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, para establecer un equipo
internacional de expertos en derechos humanos, justicia penal, y atención a
víctimas que darían asistencia técnica a las autoridades mexicanas en su
investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
En el año transcurrido desde la salida del GIEI, ha habido pocos avances en la
investigación y el gobierno mexicano no ha descartado su hipótesis original
sobre el paradero de los estudiantes.
El trabajo del GIEI en México fue esencial
para desmentir la “verdad histórica”
que el gobierno mexicano intentaba imponer en la investigación de que los
estudiantes habrían sido detenidos, asesinados y sus cuerpos incinerados y
arrojados en un río aledaño y para contrarrestar la prisa del gobierno mexicano
para cerrar el caso. El GIEI también logró avanzar en la investigación del
caso. El GIEI descubrió pruebas claves y líneas de investigación creíbles para
indagar. Además, el GIEI consideró que un motivo para explicar la magnitud de
los ataques en contra de los estudiantes podría ser que los estudiantes
tomaron, sin saberlo, un autobús que contenía heroína y recomendaron perseguir
esta línea de investigación. El GIEI también reveló evidencia que implica a
varias autoridades mexicanas en la obstrucción de justicia. Durante su tiempo
en México, el GIEI publicó dos informes exhaustivos sobre sus conclusiones y
recomendaciones sobre cómo continuar la investigación, el último fue presentado
el 24 de abril de 2016.
En julio de 2016, la CIDH estableció el
Mecanismo de Seguimiento para el caso de Ayotzinapa bajo un nuevo acuerdo con
el gobierno mexicano y las familias de los estudiantes y sus representantes. Su
plan de trabajo establece entre otras cosas los objetivos del Mecanismo y su
cronograma de actividades que incluye cuatro visitas oficiales de la CIDH a
México.
Un caso emblemático que el gobierno
mexicano tiene la obligación de resolver
El gobierno mexicano ha calificado el caso de Ayotzinapa como “la investigación penal más exhaustiva de la
historia de procuración de justicia en México”. Pero el caso sigue sin
resolverse y la investigación está plagada de irregularidades, incluyendo evidencias
manipuladas o perdidas y alegaciones del uso de la tortura para obtener
declaraciones. El gobierno mexicano ha dedicado importantes recursos a la
investigación de Ayotzinapa, pero ningún responsable ha sido sancionado por su
participación en los hechos y tampoco han encontrado a los estudiantes. La
falta de resultados después de tanto tiempo plantea dudas sobre la capacidad y
la voluntad del gobierno mexicano para investigar y sancionar a los
responsables en este caso, así como su voluntad de atender en su verdadera
dimensión y profundidad las desapariciones en el país.
Un año después de la salida del GIEI y dos
años y medio después de que los estudiantes desaparecieron, estas son algunas
de las respuestas que el gobierno todavía debe a las familias y las víctimas:
El gobierno se niega a abandonar una “verdad histórica” que ya ha sido
desmentida
El gobierno mexicano se niega a abandonar su teoría oficial del
caso a pesar de las conclusiones del grupo internacional de expertos. En una
audiencia del 17 de marzo de 2017 ante la CIDH, el gobierno mexicano declaró
que su única hipótesis consolidada sobre el caso es que los estudiantes fueron
asesinados y quemados en un basurero por miembros de un grupo de crimen
organizado–a pesar de que esta teoría fue desmentida por el GIEI y varios
estudios científicos. La CIDH consideró muy grave la defensa del gobierno
mexicano de su “verdad histórica” y
reiteró que la Comisión ya descartó esta teoría del caso. En su visita a
México, la CIDH expresó su preocupación por las declaraciones públicas de altas
autoridades mexicanas que validan esta hipótesis. Tras la audiencia, el
gobierno mexicano emitió en un comunicado manifestando que agotará “todas las líneas de investigación posibles”
y atenderá las recomendaciones del GIEI. Ahora debe transformar esas
declaraciones en acciones concretas.
Obstáculos en la investigación interna
Una de las principales recomendaciones del GIEI fue realizar una
investigación interna sobre la posible obstrucción de la justicia por parte de
las autoridades mexicanas. Por ejemplo, en un video presentado por el Grupo de
Expertos, el entonces jefe de la Agencia de Investigaciones Criminales (AIC),
Tomás Zerón, es observado en el Río San Juan, donde las bolsas de plástico que
contenían restos quemados fueron descubiertas y donde se identificó un
fragmento de hueso de uno de los estudiantes -la única identificación positiva
en el caso. Los registros oficiales del gobierno muestran que las bolsas fueron
descubiertas el 29 de octubre de 2014. Sin embargo, este video muestra a Zerón
en el río con bolsas de plástico y uno de los acusados clave quien fue removido
de la custodia, el 28 de octubre- un día antes de que las autoridades
anunciaran oficialmente el hallazgo de esta evidencia.
Hasta agosto de 2016, César Chávez, titular de
la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR) realizó
una investigación del actuar de los funcionarios en el caso. Antes de que sus
resultados fueran oficialmente presentados y compartidos con las familias y
abogados de los estudiantes, Chávez dejó repentinamente su cargo en septiembre
de 2016. Los medios mexicanos y The New York Times obtuvieron el borrador de la
investigación de Chávez que encontró 13 graves irregularidades en las
actuaciones realizadas por personal de la PGR, incluido a Tomás Zerón. El
entonces Visitador había incluso recomendado una investigación más profunda
para determinar si la conducta de ciertos funcionarios podría conllevar
sanciones penales. Lejos de ser sancionado, Tomás Zerón salió de la PGR y fue
nombrado como Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad.
Chávez fue reemplazado por una nueva
Visitadora General, Adriana Campos López, quien concluyó oficialmente la
investigación interna y entregó su informe oficial en diciembre de 2016. Su
informe no cuestiona la versión original del gobierno del caso y solamente
indica siete irregularidades menores por parte de autoridades que son
infracciones mínimas que podrían conllevar sanciones administrativas.
Evidencias fundamentales fueron
ocultadas al GIEI
En noviembre de 2016, trascendió en medios que el actual jefe de
la AIC, Omar García Harfuch, podría tener vínculos con la organización criminal
de Guerreros Unidos. García fue
anteriormente el coordinador estatal de Seguridad Regional de la Policía
Federal en Guerrero; se trasladó a la AIC después de la salida de Tomás Zerón,
en septiembre de 2016. El diario mexicano Proceso obtuvo una resolución
judicial en contra de Sidronio Casarrubias Salgado, un líder de los Guerreros
Unidos detenido en octubre de 2014, que describe varias evidencias, incluyendo
una libreta que tiene números de contacto para funcionarios del estado, entre
ellos García Harfuch. Esta información no fue compartida con el Grupo de
Expertos durante su estancia en México.
Esta libreta también se hace referencia a una
persona identificada con el alias “El
Uruguayo”. Los abogados de las víctimas investigaron este alias y
descubrieron que “El Uruguayo” es
Gonzalo Martín Souza Neves, un presunto líder de Guerreros Unidos. Souza fue detenido en julio de 2014, unos meses
antes de la desaparición de los estudiantes, en una operación militar conjunta
con la PGR en la que se descubrió que estaba en posesión de grandes sumas de
dinero en efectivo y drogas ilegales que supuestamente tenía planes de
transportar usando “compartimentos
ocultos en diversos vehículos, principalmente en autobuses de pasajeros”.
Esta evidencia es clave porque, como se
comentó anteriormente, durante su investigación el GIEI concluyó que un posible
motivo para el ataque masivo y sostenido de las autoridades contra los
estudiantes en los autobuses fue la intervención involuntaria de los
estudiantes en una operación de Guerreros Unidos que usaba autobuses
comerciales para traficar la heroína a los Estados Unidos, específicamente
Chicago, Illinois, como fue evidenciado en un caso que lleva el Departamento de
Justicia de este país. El gobierno mexicano no había investigado esta hipótesis
y tardó varios meses en solicitar información al Departamento de Justicia sobre
la investigación en Chicago. Ahora es claro que el gobierno mexicano tenía
evidencia previa sobre la práctica de Guerreros Unidos de usar autobuses para
traficar drogas a los Estados Unidos. Esta información se omitió
deliberadamente del Grupo de Expertos, que en múltiples ocasiones solicitó
información sobre casos previos relacionados con el uso de autobuses para
traficar drogas.
Avances limitados en la investigación
y en la búsqueda de los estudiantes
En los últimos meses, las autoridades mexicanas han logrado
algunos avances en la determinación de la participación de diferentes
autoridades en los ataques contra los estudiantes. Un rastreo a través de
antenas de los teléfonos celulares confirmó la participación de policías de
Huitzuco, un pueblo vecino a Iguala, en los ataques. Autoridades siguen
analizando los datos telefónicos de los estudiantes desaparecidos y de algunos
detenidos. Compañías telefónicas han entregado miles de sábanas de datos de más
de mil números telefónicos que están en análisis.
Además autoridades mexicanas han empleado el
uso de la tecnología LIDAR para identificar a posibles fosas clandestinas que
puedan contener los restos de los estudiantes desaparecidos. En diciembre de
2016 y febrero de 2017 se hicieron nuevas búsquedas en zonas alrededor de
Iguala con información derivada del uso de la tecnología LIDAR. Es importante
seguir estos esfuerzos pero también las autoridades mexicanas deben organizar
de una manera más efectiva su registro de fosas clandestinas y comunes para
evitar que se realice una búsqueda en una fosa ya descubierta previamente por
las autoridades.
Pasos claves pendientes
Realizar esfuerzos serios para localizar a los estudiantes y
sancionar a los responsables de su desaparición forzada: Las autoridades
mexicanas deben continuar la búsqueda de los estudiantes, incluyendo a través
del uso de la tecnología LIDAR. En su visita, la CIDH también recomendó que el gobierno
mexicano creara “una base de datos de
fosas que pueda ser replicada en todas las entidades federativas”. Además,
los investigadores mexicanos deben culminar la telefonía –tanto para conocer lo
que revela sobre el paradero de los estudiantes como para conocer la
participación de diferentes autoridades durante la noche de los ataques en
contra de los estudiantes.
Sobre todo, el gobierno mexicano debe respetar
los acuerdos que asume con las familias para la búsqueda de los estudiantes.
Asegurar que funcionarios que actuaron en
forma irregular o ilegal durante la investigación del caso sean sancionados:
Dadas las diferencias significativas en el informe interno final presentado por
la Visitaduría General y el proyecto de ex-Visitador Chávez, las autoridades
mexicanas deben realizar una nueva investigación interna sobre las autoridades
que pudieran haber participado en la obstrucción de la justicia. Además debe
indagar sobre las posibles responsabilidades de los funcionarios que ocultaron
al GIEI información clave sobre los antecedentes de casos que involucran a
grupos criminales con presencia en Iguala, como Guerreros Unidos, y el trasiego
de drogas a los Estados Unidos. Las autoridades también deben investigar los
posibles vínculos entre funcionarios mexicanos y grupos de la delincuencia
organizada.
Indagar plenamente la hipótesis sobre el
tráfico de drogas: Dado que se han descubierto evidencia adicional de la
práctica del uso de autobuses para el trasiego transnacional de drogas, las
autoridades mexicanas deben comprometerse a investigar de fondo la posibilidad
de que el motivo para el ataque en contra de los estudiantes fuera por su
participación no intencional en una operación de narcotráfico. La Comisión
Interamericana considera como urgente la profundización de esta línea de
investigación.
Seguir investigando las responsabilidades de
otras autoridades en los hechos: Aunque se ha identificado la participación de
elementos de la policía municipal de Huitzuco en los ataques contra los
estudiantes, el gobierno no ha avanzado en la investigación de dos agentes de
la Policía Federal que estuvieron presentes en uno de los lugares donde
desaparecieron algunos estudiantes y que han sido señalados por el GIEI y la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos por su presunta responsabilidad en el
encubrimiento de los hechos, y tampoco las responsabilidades de otras fuerzas
de seguridad de estatal y federal que estuvieron presentes durante los hechos.
Resolver con seriedad el grave problema con
las desapariciones en el país: El gobierno mexicano aún no ha adoptado
suficientes medidas para asegurar una búsqueda rápida y coordinada para
personas reportadas como desaparecidas ni para facilitar la identificación de
restos y la localización de fosas. El caso de los 43 estudiantes es sólo uno de
los más de 30.000 casos de desaparición registrados oficialmente en México. La
principal obligación del gobierno es evitar que las personas en México sigan
desapareciendo a manos de grupos criminales o de funcionarios públicos y, cuando
ello pase, buscarlas inmediatamente y con vida e investigar a los responsables.
En los últimos meses, se han descubierto en
México fosas clandestinas y restos humanos no identificados en fosas comunes
oficiales lo cual evidencia la necesidad de mejorar las capacidades forenses en
México. En un informe especial sobre desapariciones, la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH) informó que entre 2007 y 2016, se han localizado
oficialmente 855 fosas clandestinas en México. De éstas se han inhumado 1.548
cadáveres, de los cuales cerca de la mitad han sido identificados. En marzo de
2017, las autoridades en Veracruz revelaron que se habían descubierto en
Veracruz 125 fosas comunes con 14 mil restos óseos desde agosto de 2016. En los
esfuerzos por buscar a los estudiantes de Ayotzinapa, investigadores han
encontrado innumerables fosas comunes en Guerrero.
Como parte de su trabajo en el caso de
Ayotzinapa, el Grupo de Expertos abordó la cuestión más amplia de las
desapariciones en México y el GIEI recomendó que el gobierno adoptara un marco
legal adecuado para investigar los casos de desapariciones. El congreso de
México tomó un paso positivo en julio de 2015 cuando reformó la Constitución
para otorgar a los legisladores la competencia para aprobar la legislación
aplicable en todo el país sobre el tema de las desapariciones. El plazo para
emitir la ley general de desapariciones en México venció el 6 de enero de 2016.
No obstante, la ley sigue atorada en el senado mexicano y los comentarios sobre
el proyecto de dictamen actual enviados por el poder ejecutivo representan un
retroceso a las propuestas de las familias de personas desaparecidas,
organizaciones civiles y expertos. Los familiares de personas desaparecidas en
México han dado un voto de confianza al gobierno mexicano para emitir una ley
que de una vez por todas termine con las desapariciones en México. Toca al
gobierno mexicano honrar su palabra. Los legisladores mexicanos deben priorizar
la aprobación de una ley integral que tenga en cuenta las exigencias de las
víctimas y los grupos de la sociedad civil.
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