AYOTZINAPA:
La luz que no se
apaga
CDH
de la Montaña Tlachinollan
Desinformémonos,
periodismo de abajo
26
abril, 2017
Han pasado 943 días desde que ocurrió la desaparición
forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
Cada uno de estos días
representa tiempo de ausencia, dolor, lucha y esperanza para las madres y los
padres de los normalistas, para sus compañeros y para la sociedad nacional e
internacional que persiste en la exigencia de acceso a la justicia,
conocimiento de la verdad y garantías de no repetición de las violaciones
graves a los derechos humanos.
Pese a los soles y las horas
de ausencia, Ayotzinapa sigue siendo una luz encendida, una luz que no se
apaga.
Acciones como las de el
Mecanismo de Seguimiento sobre el caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), abonan a que la exigencia de esclarecer los hechos
ocurridos contra los jóvenes estudiantes continúe vigente y a que el Estado
Mexicano cumpla con sus compromisos adquiridos en los tratados y convenios
internacionales en materia de derechos humanos.
La lucha no acaba, es
continua, a veces frustrante, pero necesaria.
Frustrante es la inamovible
postura del Gobierno Federal y de las autoridades del más alto nivel que se
niegan a transparentar la verdad e informar a las y los familiares, a los
normalistas y a la comunidad nacional e internacional sobre el verdadero
paradero de los estudiantes desaparecidos.
La CIDH
en México
En su segunda visita oficial a México -realizada del
19 al 21 de abril de 2017- el Mecanismo de Seguimiento sobre el
caso Ayotzinapa, reiteró públicamente que “hasta la fecha el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos
continúa siendo desconocido”.
Asimismo, la delegación que
encabezaron la Relatora de la CIDH para México, Esmeralda Arosemena y el
Secretario Ejecutivo del organismo internacional, Paulo Abrão, advirtió: “la falta de celeridad en alcanzar
conclusiones, tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento
efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)”.
De igual manera, la CIDH
constató que: “a la fecha, no hay persona
alguna en esta causa que esté siendo procesada bajo el tipo delictivo de
desaparición forzada, y que desde diciembre de 2015 no se ha presentado ninguna
nueva acusación”.
El Mecanismo de Seguimiento
refirió también que: “la emisión de
declaraciones públicas de altas autoridades que validan la hipótesis de que los
43 estudiantes fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula, es de
preocupación para la Comisión”, pues el GIEI de la propia Comisión
Interamericana, concluyó en su primer informe que: “el fuego mínimo necesario para la combustión de 43 cuerpos no era
científicamente posible dadas la evidencias encontradas”.
Ejército
impune
La absurda obsesión de las autoridades federales,
coincide con su negativa de investigar la participación de las fuerzas armadas
en las violaciones graves a los derechos de los normalistas, por lo que (igual
que las madres y los padres de Ayotzinapa) el Mecanismo de Seguimiento de la
CIDH reiteró: “la importancia de examinar
debidamente los indicios de involucramiento de miembros de las fuerzas de
seguridad del Estado en estos hechos y de profundizar en la participación que
tuvieron las autoridades de los distintos niveles de gobierno”, así como “profundizar la investigación del papel del
ejército en los hechos”.
A dos años y siete meses de
la noche que cimbró al Guerrero Bronco, y a la sociedad en general, la CIDH
urge al Estado Mexicano: “dar pasos
decisivos para contar con una legislación en materia de desaparición forzada
que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos y cuente con
el indispensable respaldo de las familias y organizaciones que les acompañan”.
El reto no es fácil. El
camino ha sido largo, sinuoso y obstaculizado, principalmente cuando las
acciones del Gobierno Federal han sido principalmente administrativas.
Sin embargo, la fuerza,
dignidad y el coraje de las madres y padres de Ayotzinapa fortalece y mantiene
nuestra convicción firme, hasta conocer la verdad.
Dignidad
inquebrantable
Desde el jueves 20 de abril, las familias de los 43
futuros maestros se acompañan frente a las oficinas de la Procuraduría General
de la República (PGR), lugar en donde decidieron realizar un plantón indefinido
con la exigencia de acceso a la verdad y a la justicia; la realización de todas
las líneas de investigación y la sanción a los responsables.
A ello se une la atención
requerida por los estudiantes heridos de gravedad desde el momento de los
hechos. Estudiantes que hasta hoy viven con las afectaciones que han trastocado
su vida y que igual que sus compañeros ejecutados extrajudicialmente y quienes
desaparecieron de manera forzada, aún no han tenido acceso a la justicia.
Como a lo largo de los 943
días y noches de oscuridad, madres y padres de los 43 estudiantes, ponen
nuevamente el cuerpo en la calle para ser escuchados y atendidos por quienes
tienen la obligación de garantizar el derecho a la vida, a la seguridad y a la
justicia de la ciudadanía.
Hoy, como desde
el 26 de septiembre de 2014, las madres, los padres y los
normalistas de Ayotzinapa necesitan del acompañamiento de todas y todos, de
nuestro cobijo, solidaridad y de nuestras voces, para continuar -desde diversos
sectores de la sociedad global- el grito que acompañe esta luz encendida.
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