AYOTZINAPA,
PARA QUE LA ESPERANZA NO SE MARCHITE
Por
Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.
03/02/2017
A 28 meses de la desaparición de los 43
normalistas de Ayotzinapa, los padres y madres de familia siguen constatando
que la Procuraduría General de la Republica (PGR) se resiste a profundizar en
las líneas de investigación propuestas por el Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes (GIEI). Han corroborado que al interior de la PGR
existen personajes con mucho poder que siguen maniobrando bajo el escritorio
para ocultar información clave que compromete a varias autoridades de alto
rango por sus vínculos con el crimen organizado.
Recientemente se pudo documentar con mucho
detalle cómo personal de la PGR escondió al GIEI información sensible
relacionada con el trasiego de droga hacia Estados Unidos.
Deliberadamente la Procuraduría guardó varios expedientes donde aparecen
algunos cabecillas del grupo delincuencial Guerreros
Unidos, como El Uruguayo, que se dedicaban a transportar droga en
autobuses de Guerrero a la ciudad de Chicago. Esta nueva revelación refuerza la
hipótesis del GIEI de que la noche del 26 de septiembre se montó un gran
operativo para generar un cerco que abarcó desde la salida de Iguala hasta
Mezcala para impedir la salida de los autobuses tomados por los estudiantes. La
línea de investigación del quinto autobús
no ha querido profundizarse como lo ha propuesto el GIEI, lo que hace
suponer que este ocultamiento por parte de las corporaciones policiales, el
ejército y la delincuencia organizada fue para no descubrir a un autobús
cargado de droga.
Esta nueva información que refuerza el móvil
de la agresión desproporcionada contra los normalistas, es otro golpe
artero a los papás y mamás, que por más de dos años siguen esperando resultados
veraces sobre el paradero de sus hijos.
Con mucha razón las mamás y papás desde el
mes de agosto del año pasado se levantaron de la mesa y rompieron el diálogo
con la PGR, porque no han cumplido con el compromiso de entregar las
conclusiones de la investigación realizada por la Visitaduría General, que es
el órgano interno que se encarga de investigar a los funcionarios federales que
han actuado de manera ilegal, poniendo en entredicho su reputación. El caso de
Tomas Zerón ex director de la agencia de investigación criminal, es la peor
muestra de que se busca a encubrir a los verdaderos responsables de la
tragedia, porque en lugar de inhabilitarlo como funcionario público, encontró
cobijo en la oficina presidencial.
No hay duda de que hay encubrimiento y
protección para mantener a cualquier costo político la versión oficial de que
los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula. Ante esta
postura inflexible los padres y madres continúan remando a contra corriente
para desenmarañar toda la urdimbre delincuencial que se mantiene incólume entre
agentes estatales y el crimen organizado. Su lucha y su grito que se multiplica
en muchos rincones del país y en el centro de la ciudad de México es para que
la esperanza no se marchite
Este hecho de resonancia internacional no
puede eludirse, mucho menos cuando se dan visitas de expertos independientes,
como la del relator especial de la ONU para defensores y defensoras de derechos
humanos, Michel Frost, quien en su informe preliminar manifestó lo siguiente:
“Los
familiares de personas desaparecidas compartieron historias conmovedoras
conmigo sobre su valentía, determinación y sus trágicas circunstancias. Además de
la incertidumbre desgarradora de no saber en dónde están sus seres queridos,
con frecuencia enfrentan obstáculos en sus demandas por justicia y por la
verdad con respecto al paradero de sus familiares. En particular, cuando visité
el estado de Guerrero, recibí testimonios de defensores que buscaban a sus
familiares desaparecidos, siguiendo pistas de su paradero y en algunas
ocasiones llevando a cabo búsquedas ciudadanas de alto riesgo para su propia
seguridad. Los defensores de Chilapa, en donde las desapariciones colectivas
parecen haber sucedido con el consentimiento de las autoridades, son
particularmente vulnerables a ataques en el contexto del crimen organizado y
corrupción. Cuando visité la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en
Ayotzinapa, los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos enfatizaron
la importancia de poder continuar el trabajo del mecanismo de seguimiento al
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)
sin obstáculos, así como el de las ONGs que los acompañan en su búsqueda para
acceso a la justicia”.
El pasado martes 24 de enero el relator fue
muy claro en su diagnóstico sobre la situación que enfrentan los defensores y
defensoras de derechos humanos en el país: “Las
defensoras y los defensores de derechos humanos que buscan justicia han
enfrentado actos de intimidación u obstáculos en su búsqueda. Debido a sus
denuncias de estas violaciones, tienen un riesgo más elevado de ser blancos de
ataques y agresiones. Quienes denuncian violaciones por parte de las fuerzas
armadas, de la policía así como de autoridades investigadoras se encuentran en
un mayor riesgo de represalias”.
La gran mayoría de testimonios que recibió el
relator tiene que ver con la criminalización de los defensores y defensoras de
derechos humanos. Esta práctica se realiza a través del mal uso del derecho
penal y de la manipulación del poder punitivo del Estado por parte de agentes
estatales y no estatales, para obstaculizar e incluso impedir el legítimo
derecho del defensor o la defensora de derechos humanos a promover y proteger
los derechos humanos. Generalmente la criminalización se lleva a cabo mediante
la presentación de denuncias infundadas o de querellas basadas en delitos
penales, los cuales pueden no estar en conformidad con el principio de
legalidad ni cumplir con las normas internacionales de derechos humanos. El
relator manifiesta que someter a las defensoras y los defensores a largos
procesos legales es claramente un instrumento de intimidación y se busca
subyugar su defensa. Según la información que recibió “los tribunales imponen medidas precautorias
contra los defensores y las defensoras sin garantizar sus derechos ni las
garantías del debido proceso”.
En Guerrero esta situación ha sido una
práctica sistemática contra los líderes o defensores y defensoras comunitarias
como Nestora Salgado, Gonzalo Molina, Arturo Campos y Samuel Ramírez, miembros
destacados de la policía comunitaria. Ella y ellos han sido tratados como
delincuentes de alta peligrosidad, al grado que tres de ellos fueron confinados
a penales de máxima seguridad. Esto mismo sucedió con Marco Antonio Suástegui
líder histórico del CECOP. Lo detuvieron y sometieron a tratos crueles,
desacatando las órdenes de un juez lo enviaron a un penal de Nayarit, con el
fin de acallarlo y estigmatizarlo como secuestrador.
La situación de quienes defienden derechos
humanos en México está condicionada por la criminalización de sus actividades.
Por parte de las autoridades no existe respeto ni reconocimiento al trabajo
legal y legítimo, más bien, hay una aversión a su lucha, se les descalifican y
hasta se tienen fichas delincuenciales, para que en cualquier momento puedan
fabricarles delitos.
Las campañas de difamación, incluyendo
aquellas realizadas a través de medios de comunicación nacionales, han
intentado describir el papel de los defensores que trabajan en casos de
tortura, como personas que lucran con las reparaciones económicas. Las mujeres
víctimas de tortura y muchas de las cuales se han convertido en valientes
defensoras de derechos humanos han sido objeto de campañas sexistas de
difamación y acoso contra ellas y sus familias.
Es importante resaltar la preocupación que
manifestó el relator en torno a quienes acompañamos a los padres y madres de
los 43 estudiantes desaparecidos: “También
estoy extremadamente preocupado por el número de difamaciones y campañas de
insultos contra las personas defensoras, ya sean dirigidas por políticos o por
los medios de comunicación. Estas campañas buscan principalmente debilitar el
trabajo realizado por las y los defensores de derechos y alienar parte de la
población. Los defensores han sido representados como contrarios al desarrollo
o como integrantes de grupos criminales. También han sido retratados como
personas que ayudan a delincuentes, en lugar de ser las personas que buscan
rectificar las violaciones de derechos humanos. Estoy particularmente
preocupado por la situación de organizaciones como el Centro Prodh,
Tlachinollan y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos, que han sido blanco por su labor en desapariciones forzadas,
ejecuciones extrajudiciales o tortura. Dichas organizaciones también son
acusadas de utilizar a las víctimas para obtener ganancias, promover la
impunidad o desestabilizar a la sociedad”.
Por otra parte, el relator se reunió en
Guerrero y en otros estados con defensores que sufren desplazamientos internos
de sus comunidades o de sus lugares de trabajo y que no pueden regresar debido
al ambiente de violencia y al control territorial que ejercen las bandas del
crimen organizado. Los testimonios de lo que sucede a decenas de familias de
Chilapa, Chilpancingo, Petatlán, San Miguel Totolapan, Arcelia, Zitlala,
dejaron ver el nivel de impunidad que impera en el estado y el alto grado de
vulnerabilidad de la gente del campo, sobre todo las mujeres que cargan con el
dolor de haber perdido a un hijo o al esposo y que tienen que salir de sus
comunidades. El relator recomendó que el gobierno debe elaborar políticas que
atiendan esta situación particular para garantizar que las familias puedan
llevar a cabo su labor en condiciones seguras y velar por su regreso.
Para Michel Frost los defensores de las
comunidades indígenas o rurales son personas poco visibilizadas, y por lo mismo
son fácilmente agredidas por grupos de poder cuando lideran movimientos de
resistencia en defensa de sus territorios. Considera que hay un intento
deliberado por parte de las autoridades y las empresas de aplicar estrategias
del “divide y vencerás” para lograr
la aprobación de proyectos a gran escala. Le preocupa la presión que ejercen
los funcionarios y empresarios contra los integrantes de las comunidades para
que acepten proyectos, a cambio de dinero o proyectos sociales. Los defensores
que se oponen a estos proyectos son frecuentemente representados por las
empresas o las autoridades locales como una minoría, que actúan contra el
interés general. Las divisiones causadas por estos proyectos tienen efectos
profundos y negativos en las comunidades afectadas, en las que normalmente existe
una fuerte cultura de consenso y solidaridad colectiva.
El relator concluye que la impunidad se ha
convertido tanto en la causa como en el efecto de la inseguridad general de los
defensores de derechos humanos en México. La impunidad alimenta la criminalización
de los defensores vinculados a sus actividades legítimas de derechos humanos,
lo que a su vez incrementa el miedo entre la sociedad civil en general,
debilitando las aspiraciones generales de tener una sociedad robusta basado en
el respeto a los derechos de las personas. Al disuadir a los defensores de
presentar quejas y a los sobrevivientes de violaciones de buscar el apoyo de
los defensores para abogar por su causa, la impunidad erosiona el estado de
derecho en el país y alienta la comisión de nuevas violaciones. Se pone un
dique para que las defensoras y defensores desistan en su lucha tenaz para
remover los escombros de la impunidad. A pesar de este clima tan adverso
marcado por la violencia y la criminal desigualdad, la lucha por los 43 y por todas
las familias que buscan a sus hijos desaparecidos hacen de cada amanecer una
jornada cargada de esperanza.
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