Fueron mucho más de 30,000 desapariciones
forzadas durante la dictadura militar en Argentina.
Dr. Fabian Salvioli
Ex Presidente del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
América Latina en movimiento
17 febrero, 2017
Me he resistido a debatir este tema, pero me parece
que -luego de que se insista e insista con lo mismo- algo fundado hay que decir
frente a tanta opinión ligera en redes sociales. La cifra de 30.000 personas
desaparecidas es, obviamente, estimativa, por lo cual debe admitirse que no se
ajusta a la realidad: Fueron más, sin duda alguna.
La experiencia
internacional, y he podido constatarla de primera mano en varios países, muestra
que en todas las circunstancias de terrorismo de Estado como el que ha sufrido
Argentina, muchos casos de desapariciones forzadas no se denuncian
(especialmente en ámbitos rurales, aunque juegan otros factores). Naturalmente,
hoy sería bien diferente, pero hace cuarenta años jugaban prejuicios, y
fundamentalmente miedo (ya que se sabe que quienes reciben la denuncia son los
propios perpetradores y pueden tomar represalias).
En el caso argentino, la
impunidad luego de que los militares arrancaran por la fuerza la ley de obediencia debida al gobierno constitucional
que con coraje intentó juzgarles, ha desalentado presentaciones posteriores -debe
recordarse que no eran años sencillos, y que las amenazas a quienes denunciaban
y a las propias personas que trabajaban en derechos humanos eran cotidianas,
recuerdo por ejemplo las amenazas de bomba que nos hacían desalojar lugares en
las que realizábamos actividades en que cuestionábamos los proyectos de ley de
impunidad, amén, claro, de los inocultables levantamientos militares armados de
semana santa y siguientes, contra el gobierno constitucional-. Esos riesgos,
aunque parezca mentira, aún continúan (quizás recuerden que Julio López sufrió
su segunda desaparición forzada hace poquitos años, luego de declarar ante los
tribunales federales de La Plata) -.
Otros casos no se denuncian
porque las víctimas no tienen familiares cercanos que realicen las
presentaciones, y otras personas han muerto desalentadas por las dos décadas de
impunidad que siguieron a la ley de obediencia
debida y los indultos presidenciales, en que no se recibían denuncias.
También -en Argentina- hay
muchos familiares que no han acudido a reclamar indemnizaciones del Estado,
como surge de la diferencia de casos documentados por Conadep y las presentaciones
para solicitar el beneficio legal (menos). Por lo que, por un lado, ni el
número de reclamos de indemnizaciones ni los denunciados ante Conadep dan
elementos definitivos del número de personas desaparecidas, y por el otro, el
hecho de que los reclamos de indemnización sean menores que los casos
registrados en Conadep echa por tierra el argumento que se repite
malintencionadamente por el que se señala que lo que se buscan son
indemnizaciones por casos inventados. Más bien al revés, existe una gran cantidad
de personas que han decidido no aceptar las indemnizaciones.
El informe oficial de los
Archivos de Seguridad Nacional desclasificados en Estados Unidos -y hechos
públicos en el año 2006- señala que a mediados de 1978 –cuando recién iban dos
años de los siete que duró la dictadura- los propios militares argentinos,
reitero y pongo en mayúsculas, LOS
PROPIOS MILITARES ARGENTINOS, reconocían que las víctimas eran más de
22.000.
La discusión finalizaría
rápidamente si los militares argentinos de aquella época, cuya inmoralidad
solamente es equiparable a su cobardía, no hubieran destruido poco antes de
dejar el poder todos los archivos en que se documentaban los secuestros y
hechos posteriores, para intentar eludir sus responsabilidades –algo en lo que
aún continúan-, junto a parte de sus familias y los pocos trasnochados
nostálgicos de la dictadura que aún existen en Argentina -.
Reitero, es muy probable que
las víctimas que fueron desaparecidas forzadamente en Argentina hayan sido
bastantes más de 30.000, aunque el número de 30.000 es simbólico y debe quedar
porque así está instalado en la memoria del pueblo Argentino, y de la propia
comunidad internacional.
Pero si de números se trata,
quisiera señalar otras cosas relativas a este tema y que no se ponen arriba de
la mesa en las discusiones: se omite decir que la desaparición forzada
convierte en víctimas a los familiares que sufren un trato inhumano y
degradante del Estado por la incertidumbre cotidiana y permanente respecto del
destino y paradero de sus seres queridos, por lo que bien puede hablarse de una
cifra muy superior si se les incorpora como víctimas (no es una ocurrencia mía,
así lo reconoce la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su
jurisprudencia constante, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Comité de Naciones Unidas sobre
Desapariciones Forzadas, y la propia Convención de Naciones Unidas en materia
de desapariciones (2006).
¿A cuánto asciende el número
de víctimas de desapariciones forzadas si se considera, como corresponde, víctimas
a las personas familiares/cercanas?
Adicionalmente, la
desaparición forzada de personas es un crimen contra la humanidad: así se
entiende en derecho internacional, porque ofende y convierte en víctima a la
humanidad en su conjunto; así que si queremos discutir de números seriamente, a
poco que se avance en la cosa nos encontraremos con números muy (pero muy)
superiores.
En relación a que son hechos
del pasado, pues no lo son: la desaparición forzada es de ejecución continua
(por naturaleza), y la sustracción de identidad también. Por consiguiente, se
siguen perpetrando actualmente (de allí que no opere la prescripción de los
mismos) hasta el exacto momento de la aparición con vida o la identificación de
restos mortales (en los casos de desaparición forzada) y hasta el momento de la
recuperación de identidad (en los casos de sustracción de la misma).
Todavía se discute -por
parte de sectores filo nazis en Alemania y otros países europeos - el número de
víctimas del exterminio provocado por los Nazis, como manera de disminuir el
horror y desacreditar la palabra de las víctimas. Aquí el cuestionamiento del
número de 30.000 tiene la misma intención, desacreditar el camino tan difícil,
valioso y ejemplar en materia de derechos humanos, que se ha hecho en la
República Argentina desde fines de los años 70.
Es inmoral seguir dando
micrófono a quienes deberían estar presos, por haber perpetrado crímenes contra
la humanidad, por haberse levantado en armas contra el gobierno constitucional
de Raúl Alfonsín en aquellos nefastos alzamientos militares para arrancar la ley de obediencia debida, o por ambas
cosas; si no deberían tener micrófono, mucho -muchísimo- menos ocupar cargos
públicos.
Son más, muchas, muchísimas
más las víctimas de desaparición forzada en nuestro país, pero por todo lo
expresado anteriormente nos quedamos con el número simbólico de 30.000 personas
detenidas-desaparecidas por el terrorismo de Estado en la República Argentina.
Digo, si queremos discutir
de números en serio...
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