CORRUPCIÓN Y
EXTRACTIVISMOS: MUTUAMENTE ASOCIADOS
por Eduardo Gudynas
Fuente:
América Latina en movimiento
04 febrero, 2017
Los casos de corrupción han proliferado en toda
América del Sur, y casi siempre la mayor atención está puesta en los políticos
implicados o los grandes volúmenes de dinero manejado. Pero detrás de esas
noticias existe una particularidad más que llamativa: buena parte de los casos
de corrupción están relacionados directa o indirectamente con los
extractivismos minero, petrolero o agrícola. Dicho de otro modo, se observa que
allí donde hay aprovechamientos muy intensivos de recursos naturales, con todos
sus impactos sociales y ambientales, es mucho más probable que opere la
corrupción.
Estamos ante una íntima
relación entre extractivismos y corrupción, y ese es otro de los aspectos
negativos de ese tipo de desarrollo. La evidencia es abrumadora.
En Brasil siguen avanzando
las investigaciones, con 118 personas detenidas, incluyendo políticos y
empresarios destacados, y se estima que desde la petrolera estatal Petrobras y
las empresas de construcción se desviaron unos 1 895 millones de dólares.
Ecuador no ha escapado a esa
problemática, y sigue su marcha la investigación de una extendida red de
corrupción vinculada a los negocios de la petrolera estatal Petroecuador, que
involucran a gerentes y un ministro. El impacto en los medios de prensa internacionales
del hallazgo de sobres con decenas de miles de dólares escondidos en un
cielorraso, se igualó con el caso argentino de los bolsos de dinero que se
intentaban esconder en un convento.
En Venezuela se han indicado
casos de corrupción en el sector petrolero y en el minero, sin olvidar que
también fue un factor en los asesinatos de meses atrás para controlar
yacimientos de minerales en el sur del país. En Argentina prosiguen las
indagaciones, que incluyen, por ejemplo, negocios fraudulentos con la
importación de gas natural.
En todos
los países, en todos los sectores
Una investigación que hemos realizado desde CLAES
(Centro Latino Americano de Ecología Social), que está en su etapa final, ya
permite señalar algunas conclusiones. La primera es que en todos los países
sudamericanos se han identificado casos de corrupción que envuelven a los
extractivismos. No se han salvado ni siquiera las dos naciones que exhibían los
mejores registros de transparencia ante la corrupción, que son Chile y Uruguay.
En el primer país se sufren
varios casos. Por ejemplo, en el sector minero, la empresa Sociedad Química y
Minera de Chile (SQM), enviaba dinero a legisladores por medio de consultorías
ficticias, y con ello, entre otras cosas, logró que se votara una reforma tributaria
que le fue ventajosa. El caso SQM es impactante por su duración en el tiempo y
por haber involucrado a todos los partidos presentes en el parlamento. En el
sector pesquero, la empresa Corpesca también logró ventajas gracias a pagos a
legisladores y hay un proceso legal por corrupción y fraude en marcha. En
Uruguay, aunque los casos investigados son de una escala mucho menor, de todos
modos son significativos. Su petrolera estatal, ANCAP, está siendo investigada
por sobrecostos, y ya se han confirmado casos de corrupción en su sector de
minería de calizas.
La segunda, es que se han
encontrado casos de corrupción para todas las variedades de extractivismo:
minero, petrolero, forestal, agrícola y pesquero. En los dos primeros tipos son
frecuentes situaciones que involucran corrupción en el acceso a áreas de
exploración o explotación, tráfico de influencias para obtener ventajas
tributarias, sobrecostos de operación o triangulación con otras empresas para
captar dinero, ocultamiento de los impactos sociales y ambientales, cobertura a
los que criminalizan o agreden a las comunidades locales, etc. Situaciones
similares se repiten con los permisos forestales o pesqueros.
En la agricultura intensiva
se repiten problemas parecidos con el acceso a las tierras y los permisos de
deforestación, la cobertura dada a mafias que están involucradas en el tráfico
ilegal de madera, o las redes que ocultan o impiden investigar o sancionar la
contaminación por agroquímicos.
Un tercer aspecto es que la
corrupción está presente bajo muy distintos regímenes de propiedad en el acceso
y extracción de los recursos naturales. Nos encontramos, otra vez, con grandes
empresas extranjeras envueltas en el pago de sobornos u otros hechos similares,
pero lo mismo aparece en empresas mixtas estales, privadas (como Petrobras de
Brasil) o estatales (como PDVSA de Venezuela o PetroEcuador en Ecuador, y que
en ambos casos fueron admitidas por los propios gobiernos). La esperanza que
las empresas nacionales, controladas por el Estado, fueran inmunes a la
corrupción extractivista se ha derrumbado.
Recordemos aquí que el
concepto de extractivismo no es exactamente un sinónimo, por ejemplo de minería
o agricultura. En efecto, esa idea se refiere a los casos particulares de
apropiación de recursos naturales pero en grandes volúmenes o por
procedimientos intensivos de altos impactos ambientales, para exportarlos como
materias primas. Se alude a casos específicos como la megaminería a cielo
abierto, las perforaciones de gran profundidad de las petroleras, el fracking,
o los monocultivos de transgénicos.
Precisemos también que estas
conclusiones y las que siguen, no quieren decir que todos los emprendimientos
extractivistas estén envueltos en corrupciones. Sin duda hay muchos casos donde
eso no se ha podido demostrar. Lo que aquí se pone en evidencia son tendencias
sectoriales al quedar en claro que no hay ninguna forma de este tipo de
apropiaciones de los recursos naturales que sea más inmune al dinero que fluye
desde la corrupción.
Contextos
políticos y sociales
Un cuarto aspecto es que la actual corrupción
extractivista mantiene esos conocidos componentes de algunas personas
ambiciosas que desean llenar sus bolsillos. Pero a ello se suma su papel como
vía de financiación de partidos políticos, como muestran por ejemplo distintos
casos en Bolivia y Brasil con los partidos políticos gobernantes, y en Chile,
con casi todos los partidos que tenían representación parlamentaria. El caso
chileno con SQM involucró a 4 candidatos presidenciales, 6 senadores, 12 diputados
y dos ministros en el gobierno Piñera, y siete partidos políticos recibían sus
dineros. De esta manera, el sistema político queda comprometido por esa
corrupción ya que ella cumple un papel de proveedora de dineros especialmente
para las campañas de publicidad, actos y otros apoyos partidarios similares.
A su vez, los promotores de
proyectos mineros apelan a ella para implantar o proteger sus actividades.
Encuentran allí una de las pocas vías para forzar aprobaciones, asegurarse
concesiones, impedir controles efectivos u ocultar irregularidades diversas,
desde derrames a la criminalización de comunidades locales.
Una quinta particularidad es
que esta asociación entre extractivismos y corrupción afecta a todo tipo de
actores, tal como surge de sistematizar los participantes en todos los casos
conocidos. Nadie está a salvo. Es evidente que están involucrados políticos y
empresarios, y con ellos de funcionarios estatales, personas en el poder
judicial, policías y militares, e incluso consultores. Además hay situaciones
con la participación de periodistas, por ejemplo cayendo en criminalizar la
protesta local ante la megaminería (como ocurrió alrededor del proyecto
megaminero Tía María en Perú).
Pero la corrupción también
ha alcanzado a organizaciones de la sociedad civil, como pueden ser líderes
locales, o grupos campesinos o indígenas. En Perú sigue presente en la memoria
los reportes periodísticos sobre las “lentejas”
(un eufemismo para dólares) que un dirigente local pedía a cambio de detener
una protesta ciudadana.
Sin embargo es más
alarmante, y tal vez más triste, la situación que involucra a líderes indígenas
en Bolivia que manejaban un fondo que se nutría de los impuestos sobre los
hidrocarburos. Un reporte que se acaba de presentar afirma que el daño para el
Estado es de aproximadamente 78 millones de dólares (el presidente Evo Morales
lo ha estimado en el pasado en unos 2 millones de dólares). No estamos frente a
empresarios o políticos envueltos en la corrupción, sino ante líderes de base,
representantes de organizaciones indígenas y campesinas, que quedaron atrapados
en esas redes.
Esta es una de las
conclusiones más graves de nuestra investigación. La corrupción de los
extractivismos también está erosionando algunas organizaciones de la sociedad
civil. Son tan enormes las cantidades de dinero alrededor de proyectos
extractivistas y tan pobres muchas de las comunidades que viven allí donde
están esos recursos naturales, que se crean abismales asimetrías de poder. Las
expectativas de remontar la pobreza local, por cierto muy comprensibles en
muchos casos, pero también las miserias humanas, hacen que poco a poco penetre
la racionalidad del mercado, y con ella la corrupción.
Los extractivismos dejan
también en claro la diversidad de expresiones en la corrupción. Usualmente se
la concibe como sobornos o dádivas de algún tipo para conseguir una ventaja.
Pero en realidad el concepto de corrupción es más amplio ya que se refiere a
los casos donde se recibe una contrapartida, que puede ser en dinero como en
otras formas (por ejemplo, conseguir un cargo en el gobierno o en una empresa),
y que explica actos ilegítimos que se apartan de las normas, que por lo tanto
son ilegales o alegales. La ilegalidad implica violaciones del marco legal,
como pueden ser leyes o decretos; la alegalidad se refiere a hacer trampas
aprovechando los huecos que hay en nuestra legislación para obtener ventajas
que claramente son contrarias al espíritu de las normas. Posiblemente las ilegalidades
más conocidas sean las trampas tributarias que hacen las empresas
extractivistas para reducir los pagos de impuestos (como se ha demostrado en
Perú, Chile y Colombia).
Esto desemboca en muy
distintas formas de corrupción, y una vez más, en todas ellas se pueden
observar casos asociados a los extractivismos. Se pueden señalar al cohecho,
por ejemplo cuando un funcionario público modifica un juicio para conceder una
explotación minera o petrolera, el tráfico de influencias para esconder las
denuncias de impactos sociales o ambientales, la prevaricación que ocurre
cuando una autoridad judicial dicta una resolución arbitraria, ilegal o
incorrecta, a sabiendas de ello y con la finalidad, pongamos por caso,
entorpecer la investigación de la represión a comunidades locales. Tampoco
puede olvidarse que son conocidas las circunstancias donde es mucha gente la
que sabe de la corrupción que envuelve a un emprendimiento extractivista, y
nada hace ni dice, y con ello contribuye a una densa red de encubrimiento y
obstrucción de la justicia.
Conclusiones:
Una íntima asociación
Se llega así a una inevitable conclusión: la
corrupción en los extractivismos no es el resultado de hechos aislados fruto de
unos pocos inescrupulosos. Por el contrario, hay una repetida, consistente e
íntima asociación entre extractivismos y corrupción.
Los extractivismos necesitan
de la corrupción por diversos motivos, como puede ser el acceso a las
concesiones, disfrutar ventajas tributarias, y muy especialmente, para ocultar
tanto sus impactos ambientales y sociales, y la criminalización violenta de las
comunidades locales.
Paralelamente, distintos
conjuntos de actores dentro del Estado y los partidos políticos precisan de la
corrupción por diversas razones personales, pero también como fuente de
financiamiento para un cierto modo de hacer política. Es una política que se
basa en masivas campañas de publicidad, actos callejeros donde los
participantes reciben dinero o comida, o que apela a pagar por favores. Como
los extractivismos manejan enormes sumas de dinero, son una de las más apetitosas
vías para alimentar las redes de corrupción.
Por todas estas razones, a
los conocidos argumentos de construir alternativas a la dependencia
extractivista para erradicar sus impactos sociales y ambientales, se suma ahora
la lucha contra la corrupción. La recuperación de una política que sirva a los
ciudadanos y el ambiente es imposible con esta penetración de la corrupción, y
por eso mismo, es también incompatible con los extractivismos.
E. Gudynas es
analista en temas de ambiente y desarrollo en CLAES (Centro Latino Americano de
Ecología Social); se lo puede seguir en twitter: @EGudynas. Adelantos de este
artículo se publicaron en El Ciudadano (Chile), en Plan V
(Ecuador) y en la columna Postdesarrollo del autor en La Mula
(Perú).
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