La privatización de Pemex comenzó desde 1982
América Latina en movimiento
13/01/2017
En “El antiminotauro: el
mito de una sociología libre de valores”, Alvin Gouldner cimbró al mundo
académico al rechazar una de las máximas weberianas que se consideraban
prácticamente un dogma en las ciencias sociales: la posibilidad de realizar un
estudio sociológico libre de valores. El autor afirma, por el contrario, que el
ambiente y los juicios que el científico social realiza influyen más de lo que
se acepta en los resultados de las investigaciones, incluyendo la decisión
misma del problema a estudiar.
Yo no sólo coincido plenamente con Gouldner sino que
entiendo y trato de jugar el papel que me corresponde al analizar mi entorno:
priorizar el interés del pueblo mexicano del que formo parte. Así, el presente
artículo si bien puede considerarse del género opinión, recoge evidencias
históricas, políticas y económicas para brindar una explicación a la más
reciente agresión de clase que hemos sufrido la mayoría de los mexicanos
mediante el aumento al precio de los combustibles, comúnmente denominado “gasolinazo”.
El gasolinazo
neoliberal. Todos desde De la Madrid han contribuido
En principio de cuentas es importante destacar que el aumento
súbito de en promedio de 20% al precio de las gasolinas y diésel es producto
directo de la política energética que ha seguido el país desde 1983, apegada
estrictamente a los dictados impuestos por el Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional y cuyo pináculo fue la contrarreforma energética de
2013. A lo largo de estos 34 años de neoliberalismo en México que podrían
resumirse como “la demolición controlada
del Estado Mexicano”, el sector energético ha sido el más agredido y
codiciado por el alto capital norteamericano y la oligarquía local, misma que
participa en el despojo como socio menor.
Los pasos dados por los neoliberales mexicanos para
traspasar el sector de manos públicas nacionales a privadas mayoritariamente
extranjeras no han sido al azar. Por el contrario, se han diseñado desde los
más selectos círculos del poder económico, financiero y académico
norteamericano con plena consciencia del profundo significado que tienen Pemex
y el petróleo en la memoria histórica del pueblo mexicano. Al respecto, John
Saxe afirma que la hoja de ruta para lograr la privatización de la paraestatal
habría sido trazada por la Heritage Foundation en un documento fechado en 1992
y titulado Petróleo y prosperidad: la reforma del
monopolio petrolero de México que
propone cinco pasos para lograr ese fin:
1. Permitir contratos de
riesgo para la exploración y desarrollo petrolero;
2. Permitir que exista
inversión extranjera mayoritaria en la petroquímica;
3. Dividir a Pemex en
empresas separadas y en competencia;
4. Permitir la competencia
interna e internacional frente a Pemex;
(Si bien es cierto que al día de hoy ni siquiera se ha insinuado
la posibilidad de privatizar Pemex, de seguir por el camino actual en un máximo
de 5 años estará en el piso de remates. Esto porque el precio de las petroleras
está determinado por el tamaño de sus reservas, su nivel de producción y el
precio de su materia prima, y como ha sido despojada intencionalmente de sus
principales activos, desfinanciada y sobresaturada de pasivos, a la brevedad
surgirán voces que propongan tal medida al considerarla un lastre financiero
para la Nación).
Con este antecedente es posible destacar que todas las
administraciones federales de corte neoliberal han contribuido a la consecución
de ese objetivo, iniciando por De la Madrid que canceló todos los proyectos de
inversión proyectados durante los gobiernos que le antecedieron e inició la
desfinanciación de Pemex; Carlos Salinas atentó contra la integración vertical[2] de la
paraestatal al dividirla en 4 organismos descentralizados, abrió a la
participación privada la petroquímica “secundaria”,
elevó su carga fiscal hasta dejarla únicamente con los recursos suficientes
para mantener su plataforma de producción de crudo y descapitalizó al Instituto
Mexicano del Petróleo; Ernesto Zedillo terminó de abrir el sector petroquímico
y creó la figura de los contratos de riesgo, Pidiregas; Vicente Fox,
sobreexplotó las reservas y aumentó colosalmente su deuda mediante los
Pidiregas; Felipe Calderón entregó a EU la mayor reserva del país ubicada en el
Golfo de México; y Enrique Peña que finalizó la apertura total del sector en
2013.
Para finalizar este punto resulta relevante subrayar que en
todo este camino se ha puesto especial énfasis en especializar a Pemex en la
producción, cuyo dato más pasmoso es que no se ha construido una sola refinería
en el país desde hace más de tres décadas pese a que se han sumado casi 50
millones de habitantes en ese lapso de tiempo. La razón, según argumentaban los
voceros y plumas al servicio del régimen durante la discusión de la
contrarreforma energética de 2013, se debe a que la entonces paraestatal
registraba enormes ganancias en producción y exploración, mientras en la
petroquímica se perdían cuantiosos recursos. Y si bien es cierto que por venta
de crudo el país obtuvo ingresos récord en 2011 por 125 mmdd, lo que ocultaban
cínicamente es que esa actividad no es ni de cerca la que mayores ganancias
genera. Según un estudio hecho por Rafael Decelis en 1996 que usó como base los
precios de diciembre de 1994, por cada barril de crudo se obtenían 13 dólares,
26 si se transformaba en gasolina, 59 (promedio) en petroquímicos, 300 en
plásticos y 780 en producto terminado; y en lo que respecta a la generación de
plazas laborales, cada barril producía 0.01 empleos en Pemex Exploración y
Producción, 0.104 en Pemex Petroquímica, 0.672 en Petroquímica Secundaria y
22.7 en industrias de transformación ligadas al hidrocarburo (producción de
hilos, telas, botellas, bolsas, plásticos, etc.).[3]
Todo ello sin contar un elemento clave: la seguridad y
soberanía de la Nación.
En el sector
energético la apuesta es argentinizar a México
Contrario a los dichos del Gobierno Federal y la súper cretina
cúpula panista que en 2014 pujó para que se adelantara dos años la
liberalización del mercado de combustibles inicialmente prevista para 2019[4], el alza en los combustibles sí es una
consecuencia directa de la reforma energética de 2013, y más específicamente de
sus leyes secundarias aprobadas en 2014. En dicho ordenamiento jurídico se
estableció que a partir de 2017 el mercado mexicano de combustibles se abriría
a la participación de nuevos actores y un año después se permitiría su libre
importación para crear un mercado completamente abierto. Ello significa que
México transitaría de un modelo en el que los precios eran fijados por la
Secretaría de Hacienda según variables económicas, sociales y políticas, a otro
en el que serían determinados por entes privados según “las leyes de la oferta y la demanda” y criterios estrictamente
económicos y financieros; lo que implica de facto la privatización de uno de
los aspectos fundamentales de todo negocio: la determinación de su precio al
público.
Lo más absurdo es que la administración de Peña Nieto
pretende esconder los vínculos con la reforma energética pero sí reconoce en su
campaña mediática que el aumento es uno de los pasos iniciales de la
liberalización, misma que avanzará durante el año en curso hasta que los
precios locales estén a la par de los del mercado internacional.[5] ¡El
colmo de la desvergüenza!
Pero la anterior no es la única mentira vil de la estrategia
de comunicación gubernamental en marcha. Se desempolvan, por ejemplo, los
dichos del criminal David Penchyna que al defender la liberalización del
mercado en 2014 aseguraba “el subsidio a
las gasolinas en realidad beneficiaba a quienes más recursos y autos tienen”.[6] Lo que
nunca mencionó es que la mayor parte de los combustibles se destinan para el
transporte de alimentos y productos de primera necesidad desde las regiones de
producción hasta los centros de consumo, impactando en su costo y haciendo que
las familias de menores ingresos que destinan hasta el 90% de su salario a la
adquisición de comida sean las que más recientan la medida.[7]
La propaganda también asegura que la liberalización del
ultrasensible mercado de los combustibles provocará que los precios locales
disminuyan producto de un mayor número de actores, además de generar más
empleos, crecimiento e inversión. Lo llamativo del caso no es que utilicen los
mismos argumentos de siempre para justificar las contrarreformas neoliberales
que siguen sin traer a los mexicanos el paraíso prometido, sino que dan por
sentado que las empresas que entren al país lo harán con los ánimos de desatar
una guerra de precios que los impulse a la baja, estrechando con ello sus
márgenes de ganancia. Esta suposición resulta absurda e ilógica porque
difícilmente se encontrarán datos empíricos que comprueben fehacientemente que
las grandes petroleras se comportan así al entrar a mercados desregulados. Por
el contrario, abundan los ejemplos en el que su actuar fue diametralmente
distinto y aportaron más perjuicios que beneficios a los países receptores. En
Brasil, por ejemplo, Ildo Luis Sauer, director de Petrobras entre 2003 y 2007,
afirma que “la apertura no fue benéfica
para Brasil y tiene más lecciones negativas que aprender que positivas”.
Respecto a las petroleras transnacionales, aseguró que “una vez que sacas a los leones de las jaulas, ellos entran en el
sistema y tienen fuerza para participar con mucha más potencia en el sistema
político y económico para dominar los medios de comunicación e infiltrarse en
los partidos políticos a través de cabilderos, que son los que están en los
congresos y en los palacios”.[8]
Pero el caso tipo que los mexicanos deberíamos tener en
mente para pensar nuestro futuro cercano es el de Argentina. Como lo analicé en
conjunto con el Dr. Norberto Emmerich en marzo de 2015,[9] la liberalización en Argentina se
inició en la década de 1970 y dos décadas más tarde se privatizó la petrolera
estatal, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Además, se cedió a la iniciativa
privada la explotación de las principales reservas de petróleo y gas, la
capacidad de determinar los precios locales del petróleo y sus derivados y la
participación en todos los eslabones de la industria petroquímica. Como era de
esperarse, las petroleras que dominaron rápidamente el mercado argentino se
enfocaron en maximizar la explotación de los campos en detrimento de su vida
útil, así como su exportación sobre el abastecimiento del mercado interno. Las
diferencias con las autoridades argentinas se ahondaron con la pesificación de
2002 y el arribo de Néstor Kirchner a la presidencia en 2003, deviniendo un año
después en una crisis energética caracterizada por el desabastecimiento crónico
de petróleo, gas y sus derivados en el mercado local, constantes apagones y
alzas unilaterales en los precios de las gasolinas y el diésel. El gobierno
denunció que los problemas se debían a una insuficiente inversión en la
exploración, producción, transporte y refinación, y exigió una disminución de
los costos al público. Por su parte, las petroleras afirmaron que los precios
demandados por el gobierno argentino eran poco competitivos y les acarrearían
grandes pérdidas, por lo que congelaron sus suministros al mercado local y
continuaron su exportación como medida de presión para obtener mejores tarifas.
Uno de los datos más icónicos de la situación data de 2007, cuando Argentina
importó 988.379 toneladas de combustible y exportó 1.657.532 toneladas,
situación absurda e innecesaria pero acorde a los intereses de Repsol YPF, Esso
y Shell.
Algunas reflexiones a manera de cierre.
1. Gracias a la profunda
reprimarización económica que ha traído la política neoliberal, un país
petrolero de primer orden como México comenzó a comprar petroquímicos en el
exterior desde 1987 y hoy se ha convertido en el segundo mayor importador del
mundo. El negocio calculado en alrededor de 50 mmdd anuales por Alfredo Jalife[10] sólo tiene
dos ganadores claros: EU, nación que vende el 81% de las gasolinas que importa
México; y el entramado de funcionarios y empresarios que compran el combustible
en el extranjero para luego revendérselo a Pemex.
2. En días recientes han
pululado las voces que piden aumentar las importaciones de petroquímicos desde
EU donde en la actualidad son más baratos, entre ellas las de los gobernadores
de Nuevo León y Chihuahua. Esta medida si bien podría significar un efímero
alivio, en realidad contribuirá al fortalecimiento del círculo vicioso que nos
tiene atrapados en la dependencia. Una propuesta viable y ad hoc con
el abandono del neoliberalismo que impulsa Trump al norte del Bravo sería
utilizar el dinero de las reservas para adquirir refinerías, en lugar de dilapidarlo
en la “intervención diaria de Banxico
para estabilizar el tipo de cambio”.
3. Sabiendo que México se ha
convertido en un país ultra dependiente de las gasolinas estadounidenses, ¿qué
pasaría si mañana Donald Trump decide cortar su suministro o aplicarle un
impuesto especial a fin de financiar el muro fronterizo? ¿La oligarquía
mexicana seguiría diciendo que soberanía no es sinónimo de autosuficiencia sino
de capacidad de compra? ¿Cómo recibiría el pueblo mexicano en ambos lados de la
frontera tan terrible humillación?
NOTAS:
[1] Saxe Fernández, John. La compra-venta de México. Una interpretación
histórica y estratégica de las relaciones México-Estados Unidos. Ed. Plaza Janés, México D.F. 2002.
Pág. 269.
[2] Se denomina integración vertical a
la capacidad de una empresa para controlar por sí misma las actividades que van
desde la producción de la materia prima hasta la comercialización de los
productos terminados. En el caso de las petroleras, éstas serían: exploración,
perforación, almacenamiento, refinación, distribución y comercialización.
[4] Eliminar subsidios a gasolinas, gas y
luz, entre cambios a leyes energéticas. Diario La Jornada, 15 de julio de 2014.
Consultado en línea en: https://goo.gl/BvrgK0
[6] Bajarán precios del gas y electricidad,
pero no de las gasolinas: Penchyna. Diario La Jornada, 13 de mayo de 2014.
Consultado en línea en: https://goo.gl/qluYx9
[7] Aplicar IVA a medicinas y alimentos
afectará a los más pobres: Morena. Diario La Jornada, 6 de marzo de 2013.
Consultado en línea en: https://goo.gl/krwu2V
[8] Cuando la IP extrae crudo, baja la
renta petrolera para el Estado. Diario La Jornada, 13 de septiembre de
2013. Consultado en línea en: http://shar.es/VdT7T.
[9] Emmerich, Norberto. y Valenzuela,
Edgar. Reforma energética, geopolítica y
criminalidad. La matriz mexicana para crear riqueza. Rebelión, 21 de marzo de 2015.
Consultado en línea en: https://goo.gl/o0LY5S
[10] Jalife-Rahme, Alfredo. Los siete
pecados capitales de la reforma energética Peña / Videgaray / Aspe. Diario La
Jornada, 16 de octubre de 2013. Consultado en línea en: https://goo.gl/x24H2k
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