jueves, 31 de marzo de 2016

URUGUAY: DIEZ AÑOS DE LUCHA POR LA TIERRA

Pablo Díaz
Rebelión 31-03-2016 
Posteado por Red Latina sin fronteras
03/31/2016
Diez años de lucha por la tierra en Uruguay
El 15 de enero del presente año se cumplieron 10 años de la ocupación de tierras que obtuvo como resultado la primera experiencia de acceso y adjudicación de tierras estatales a manos de un sindicato de asalariados rurales. Por otra parte, el 26 de marzo de 2010 cientos de productores rurales del centro sur del país (de la zona de la Cuchilla Grande) se movilizaron “a caballo” por primera vez contra la megaminería a cielo abierto en el Uruguay, frente a un proyecto pionero que afectaría 30.000 hectáreas de campo natural dedicado principalmente a la ganadería vacuna y ovina. A seis años de este último acontecimiento acaba de confirmarse oficialmente que dicho proyecto de explotación minera quedó sin efecto, según voceros del gobierno “desestimulado por las exigencias de la Ley de minería y el precio internacional del hierro”.1 Haciéndose eco de esta información los analistas les cargan las tintas al mercado o al Estado,2 pero por si acaso ¿no influyó en esto el movimiento social generado en torno a la “defensa de la tierra y los recursos naturales”?, ¿ cómo se generó este movimiento en el Uruguay rural de la “amortiguación social”?. ¿Se trata de un movimiento social en torno a la “cuestión de la tierra”? En la emergencia o el bloqueo a dichos movimientos sociales ¿qué papel jugaron las clases rurales? ¿Cuáles son sus perspectivas de futuro?
* * *
En primer lugar debemos distinguir tres clases sociales en el campo uruguayo:
-los productores empresariales capitalistas (grandes, medianos y pequeños),
-los “productores familiares” que trabajan la tierra sin contratar asalariados (y que en el resto de América Latina se consideran “campesinos”);
-los asalariados rurales.
En segundo lugar hay que considerar que en el Uruguay moderno dos de estas tres clases rurales tuvieron históricamente expresiones organizativas clasistas, tales como la Asociación Rural del Uruguay (ARU) que promovió el alambramiento de los campos (a fines del siglo XIX) o la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA) que promovió el “desalambrarlos” si se trataba de latifundios improductivos que podían cumplir una función social (décadas del '60 y '70 del siglo XX). Pero también existieron históricamente expresiones orgánicas policlasistas, donde se fundieron y confundieron los intereses de la patronal agraria, la pequeño burguesía y la producción familiar, como la Mesa Coordinadora de Gremiales Agropecuarias (MCGA) que condujo temporalmente la protesta rural iniciada el 13 de abril de 1999.
En tercer lugar, lo que hoy se registra oficialmente como “productor familiar” para focalizar determinadas “políticas diferenciadas” cubre un amplio abanico de fracciones de clase que van desde empleadores capitalizados hasta empleados transitorios que tienen algún medio de producción (como los productores de ganado sin campo). Por esta razón utilizaremos por un lado el término “productor familiar registrado” cuando nos referimos a dicha concepción policlasista reconocida oficialmente. Y por otra parte utilizaremos el término “productor familiar” como el componente de una clase propiamente dicha, distinta a la pequeño burguesía y que se caracteriza por su trabajo directo en la tierra, por no contratar asalariados permanentes y por una diversidad de formas de resistencia a la hegemonía del capital, independientemente si se beneficia o no de las políticas diferenciadas.
Conflictos por la tierra y clases sociales en el siglo XXI
Algunos estudios internacionales (Rullia, 2012) ubican a Uruguay entre los países con mayor porcentaje de extranjerización de la tierra del continente (alrededor de 19%) en el marco de un acaparamiento vertiginoso desde el año 2000 hasta el día de hoy. El empresariado rural y el capital financiero, necesitaron eludir restricciones legales: encubrirse como “Sociedades Anónimas”, o detrás de tratados de inversión o de capitales de Estados extranjeros, generando “excepciones” para primero acceder y luego detentar el 40% de la superficie productiva de la tierra (MGAP, 2011). También fue necesario tentar a cambiar de campo, a “liquidar” para cubrir antiguas deudas o a “vivir de rentas” a pequeños y medianos propietarios arraigados en el interior, para que no se opusieran al avance agrícola y ganadero de gran escala, ni a la forestación masiva con destino a las plantas de celulosa. Por estos y otros factores, las pocas tensiones a la interna de las distintas fracciones de la burguesía rural y las gremiales “policlasistas” no desembocaron en contradicciones insalvables.
Así en los últimos años se marca una diferencia con el ciclo de protestas rurales del período 1999-2003 (conocido por la consigna “rentabilidad o muerte”),3 donde renovadores dirigentes de las gremiales pequeño-burguesas y “policlasistas” lograron liderar el cuestionamiento a las medidas económicas del sistema político y al tradicionalismo gremial más aristocrático.
Por una parte la lucha por la tierra de la pequeña burguesía agraria fue abortada en el período 2004-2009, donde no se reaccionó colectivamente frente al acaparamiento de la tierra, más allá de algunos actos locales de protesta indirectamente relacionados con este conflicto.4 También fracasó la campaña de recolección de firmas, impulsada por la pequeño burguesía, para limitar la extranjerización de la tierra 5 mediante el recurso a un plebiscito, a pesar de que esta preocupación podría contar con el 52% de respaldo popular. 6
Por otra parte, las gremiales más representativas de “productores familiares registrados” han recorrido exclusivamente las vías institucionales para solicitar el acceso a la tierra o el aumento de impuestos al gran capital propietario, desde una postura tan “cercana y propositiva” con los sucesivos períodos de gobierno del Frente Amplio (2005-2016), que no superaron la etapa de “debates”, o discursos confrontativos, y no motorizaron ningún tipo de movilizaciones que cuestionaran la concentración y extranjerización de la tierra, ni movilizaciones en defensa de la policlasista “producción familiar registrada”.
Alineamiento político “progresista” e institucionalización de las demandas por la tierra que también alcanzó la clase trabajadora organizada, donde hay que considerar el alto grado de urbanización de los sindicatos, de la población y de la izquierda nacional, así como el bajo peso de los sindicatos rurales en el conjunto del movimiento obrero. Estos factores entre otros explican la falta de “condiciones subjetivas” y de movimientos sociales masivos que instalen el problema de la “concentración y la extranjerización de la tierra” en el conjunto de la sociedad, que pongan en el tapete la “cuestión de la tierra”.
Condiciones “objetivas” que evidencien la disputa por la tierra con el “gran capital” existen, tomando en cuenta que el 48% de la tierra productiva se compró/vendió en el mercado entre los años 2000 y 2015 (DIEA, 2016) y como efecto de que en el mismo período la inversión extranjera directa aumentó 20 veces su valor anual (El Espectador, 12/10/ 2015). Sin embargo, ni por iniciativa de la política estatal, ni por reacción a los reclamos sociales se reguló el dinámico mercado de tierras o se evitó la consecuente expulsión de 12.000 “productores familiares” entre los años 2000 y 2011.7
La única respuesta estatal en relación a la distribución de la tierra se dio a través del Instituto Nacional de Colonización, que afecta apenas el 4% de la superficie productiva del país, pero que “en sus sesenta años de existencia no ha logrado modificar el patrón de distribución de la tierra” (Piñeiro, FAO,2011: 524). Como “política diferenciada” y focalizada en la “producción familiar registrada” más vulnerable, ofrece al usuario una renta subsidiada, más accesible que los precios de arrendamiento en el mercado.
En este contexto político y sin alterar el clima de inversiones, trabajadores rurales sindicalizados (y también grupos de demandantes sin tal afiliación), territorializaron el conflicto por la tierra, mediante una serie de acciones colectivas localizadas principalmente en el interior, que incluyeron ocupaciones de campos y de oficinas públicas, cortes de ruta, campamentos de protesta, entre otras medidas desde el año 2006 hasta la actualidad.
El argumento de que estas modestas medidas por el “acceso a la tierra” cuestionaron los “derechos de propiedad” de los campos públicos utilizados irregularmente por “colonos empresarios”, se apoya en interpretar (entre otros síntomas) que la sanción gubernamental de la Ley de “usurpación” surgió como respuesta a la ARU y a las grandes empresas inmobiliarias que presionaron al Poder Ejecutivo y Judicial por la “seguridad jurídica” y el respaldo del “estado de derecho” ante las ocupaciones de tierra en el Departamento de Artigas impulsadas por la UTAA.8 Desde esta interpretación el objetivo político de la Ley 18.116 del año 2007 sería “criminalizar” a los trabajadores ocupantes, evitando una oleada de ocupaciones de tierra, canalizando la demanda de acceso a la tierra exclusivamente mediante las vías del mercado o las vías institucionales de asignación formal de tierras públicas, en definitiva impidiendo expresiones de demandas colectivas conflictivas que no armonizaran con la “gobernabilidad”. Para la clase propietaria el objetivo económico de la Ley fue evidente.
Durante el año 2010 se generó otro tipo de conflicto por la tierra liderado por organizaciones policlasistas que representan fracciones de la pequeña burguesía agraria y la producción familiar. No por iniciativa propia, sino por reacción a una iniciativa de territorialización de capitales globales.9 En dicha ocasión, no fue la “cuestión de la tierra” sino la “cuestión ambiental” la que generó el hecho político, concitando la solidaridad de amplios sectores sociales (tanto rurales como urbanos que participaron en las marchas nacionales realizadas en Montevideo) en torno a una reivindicación concreta: la no instalación del primer proyecto de megaminería a cielo abierto para la extracción de concentrado de hierro y su exportación como materia prima.
Desde las acciones colectivas territoriales se llevó a las gremiales empresariales tradicionales10 a tomar una posición contraria al Proyecto de la empresa multinacional Zamin Ferrous “Aratirí”, generando lo que podríamos caracterizar como una contradicción interna entre diferentes fracciones de las clases propietarias.
Resultados obtenidos y perspectivas de clase
En definitiva en los últimos 10 años el incipiente conflicto, en torno al acceso y la tenencia de la tierra, se desató en el Uruguay profundo, desde acciones locales, territorializadas y “nuevas formas organizativas”, en los bordes de las gremiales rurales y del movimiento obrero y motorizadas por grupos directamente involucrados en el conflicto territorial: fueran pobladores rurales o vecinos afectados por un megaproyecto (que contaron con los aprendizajes del ciclo 1999-2004) o fueran asalariados “zafrales” y productores familiares que reclamaron por acceder a los campos del Instituto Nacional de Colonización (que contaron con la tradición de luchas de UTAA por la expropiación de los latifundios del norte del país).
Si bien, “el agro uruguayo se ha caracterizado por tener una baja conflictividad social”, lo cual se explica “por la existencia en la sociedad uruguaya de mecanismos generales de integración social y de amortiguación de los conflictos” (Piñeiro, 2004:292), el inédito “ciclo de protestas” desencadenado tras la consigna “en defensa de la tierra y los bienes naturales” y conducido (durante el período 2010-2013)11 por los actores rurales más directamente afectados por el proyecto megaminero, y las ocupaciones de “tierra para trabajar” han demostrado que los mecanismos de amortiguación de conflictos pueden ser vencidos. La “resistencia de a caballo” desde el año 2010 frente a un mega-proyecto trasnacional fue tan novedosa para la sociedad rural como las ocupaciones de tierra de los asalariados rurales desde el año 2006.
A 10 años de tales luchas territoriales, el balance podría dar como resultado un movimiento social en torno a la “cuestión ambiental” de carácter poli-clasista, y por otro lado un accionar colectivo clasista que no logró generar un movimiento social en torno a la “cuestión de la tierra”.
En cuanto a las perspectivas de futuro, la burguesía agraria puede capitalizar la “cuestión ambiental” si la lucha antiminera es absorbida por las gremiales empresariales y los partidos tradicionales. La pequeño burguesía puede incorporar a sus filas - vaya “paradoja campesina”12 - una nueva fracción de colonos con ansias de ser “empresarios”, para seguir “conviviendo con el capital” y eludiendo el conflicto. Los trabajadores rurales (con o sin tierra) pueden disputar los medios de producción, creando experiencias autogestionarias, alternativas a la explotación capitalista y espacios de autonomía frente a la ideología burguesa; son en definitiva quienes pueden “sembrar campesinado” con la perspectiva de “sepultar” a la burguesía.
Sin ser sujetos puros, los movimientos sociales pueden generar alternativas, como espacios sociales y políticos; y a medida que se consolide cualquier movimiento social podrá ir generando sus propios procesos formativos donde asumir sus desafíos internos y donde conquistar mayores grados de coherencia y convocatoria, o podrán institucionalizarse, limitarse a los reclamos corporativistas de corto alcance, sin construir alternativas reales a la política de hechos consumados del gran capital que también se territorializa.
REFERENCIAS
DIEA, Dirección de Estadísticas Agropecuarias, MGAP, 2016, SERIE “PRECIO DE LA TIERRA” Compraventas Año 2015 3 de marzo de 2016. Disponible en:
El Espectador, Radio, Montevideo:
Martins de Carvalho, Horacio, 2015, “Camponeses: mais além da convivência com o capital”, Disponible en:
MGAP, Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, Censo General Agropecuario –CGA- Año 2011 , Disponible en:
Piñeiro, Diego, CLACSO, 2004, “En busca de la identidad. La acción colectiva en los conflictos agrarios de América Latina”, Buenos Aires. Disponible en:
Piñeiro, D., "Dinámicas en el Mercado de la Tierra en América Latina. El caso de Uruguay", 2011, FAO, Roma

Rullia, Maria Cristina (et alli,) “Global land and water grabbing” (2012), Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Virginia, Charlottesville, Editado por BL Turner, (Arizona State University, EUA.

NOTAS:
1 VER:
2 VER:
3 VER: “Rentabilidad o muerte”, Diego Piñeiro, CLACSO, 2004, Disponible en:
4 VER:
5 El proyecto modificativo establece que «La propiedad inmueble rural solamente podrá adquirirse por personas jurídicas estatales o por ciudadanos naturales o legales. La ley establecerá el máximo que podrá adquirir cada ciudadano». (MONADET, 2008)
6 Encuesta de opinión Pública “Casi el 60% a favor de reformar la Constitución” (2009)
http://www.interconsult.com.uy/unoticias09/091109f/091109.HTM
7 VER Legislación sobre acceso a la tierra en Uruguay:
8 VER: “Sociología de las ocupaciones de tierra”, Nordan, Mdeo., 2009. Disponible en:
9 VER:
10 VER:
11 A partir de tal fecha podríamos pensar que el conflicto instalado a nivel “nacional” se repliega nuevamente hacia el predominio de acciones locales, mientras “copa” el protagonismo una articulación de colectivos que oficiaban originalmente como redes de apoyo a los directamente involucrados.
VER:
12 Texto disponible en:
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/539241--camponeses-mais-alem-da-convivencia-com-o-capital

WALLMAPU, DECLARACIÓN DE CURACAUTIN. POR LA DEFENSA DEL IXOFILLMOGEN

Alianza Territorial Mapuche
Posteado por Red Latina sin fronteras
03/31/2016
Concluido el Primer Encuentro de Defensa del IXOFILLMOGEN, el pasado 25 y 26 de marzo de 2016 en el lof Fililko, camino al Parque Conguillio en Curacautin, los representantes de los diferentes Lofmapu y organizaciones sociales participantes, emitimos la siguiente Declaración pública:
1. Hemos vuelto a relacionarnos y reconciliarnos con nuestra tierra y todos sus componentes materiales y espirituales mediante el GILLAÑMAVN y LLELLIPUN realizados en el transcurso de nuestro XAWVN. Practicando cada elemento protocolar de nuestra cultura normada según el AZMAPU, teniendo, el respeto, la palabra y la conversación como medios principales para extender nuestro compromiso con nuestra tierra y cada uno sus elementos, hoy gravemente amenazados por los intereses económicos y el poder de unos pocos.
2.  A partir de este encuentro, asumimos la Defensa del IXOFILLMOGEN (entendido como todas las formas de vida existente en la mapu), como un compromiso articulador de la lucha por los derechos mapuche, porque bajo el pensamiento mapuche ninguna de las reivindicaciones actuales de nuestro pueblo se puede entender fuera de este concepto. Así, la reconquista de cada espacio territorial implicará la reposición del IXOFILLMOGEN y nuestra correcta y respetuosa inserción como CHE, cuyo camino lo entrega el AZMAPU.
3. La explotación y el extractivismo de nuestras fuentes y reservas de aguas, de nuestras tierras y su vegetación natural así como de su componente espiritual nos tiene en grave riesgo, incluido a las sociedades no indígenas marginadas y vulneradas en sus derechos elementales. En ese sentido valoramos y acogemos el amplio apoyo y compromiso de diferentes expresiones organizacionales urbano-poblacionales, profesionales y de la sociedad civil de oposición a distintos megaproyectos, que han acogido y comprendido esta Defensa por el  IXOFILLMOGEN. Mientras tanto, a los mapuche que no luchan y se entregan en dudosas “negociaciones”, aplicaremos las herramientas de nuestro propio Derecho como son el GVLAM y NUXAM  a fin de que vuelvan a la práctica de nuestra cultura y asumamos conjuntamente la defensa de la vida.
4. Próximamente, y en menos de tres meses, convocaremos a una gran movilización conjunta de Defensa y Protección del IXOFILLMOGEN como consigna y trasfondo, para lo cual  comunicaremos de manera oportuna fecha y lugar. Mientras tanto, y a partir de ahora aquello  se expresará de manera concreta en cada territorio, reservándonos los mecanismos y tipo de acciones. Continuaremos nuestras movilizaciones pese al silenciamiento de los medios de comunicación que están al servicio del poder económico y del gobierno de turno. 
 ¡Marrichiwew!
Lofmapu Kolliko, Quilape López, Curacautin
Lofmapu Rdalko
Lofmapu Koretue
Lofmapu Venancio Cheuquepan
Lofmapu Xapilwe
Lofmapu Temukuykuy
Lofmapu Reigolil, Curarrewe
Parlamento Mapuche de Kozkoz
Lofmapu Mawizache – Alto Antiquina, Lleulleu
Coordinadora Ciudadana NO ALTO MAIPO
Jóvenes por la Defensa del Río Cautin
Lofmapu Montre, Perquenco
Lofmapu Antonio Epuñan en Oposición a Termoeléctrica en Freire
Coordinadora de Organizaciones Populares de Peñalolen
Comunicaciones PuLofMapuXawün-Alianza Territorial Mapuche
Independencia libertaria de todos los pueblos del mundo

ESTÉREO LLUVIA, O LA COMUNIDAD EJERCIENDO SUS DERECHOS (Tututepec de Melchor Ocampo, Oaxaca)

Estéreo Lluvia
Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Oaxaca
Por Aldo Santiago, Elis Monroy, Regina López y Romeo LopCam
Agencia SubVersiones
30 marzo, 2016
El presente texto forma parte de una serie que aborda la situación de la radiodifusión comunitaria en el estado de Oaxaca, a partir de la revisión de tres proyectos que se desarrollan en la Costa Chica de dicha entidad. Quisimos acercarnos a éstos para conocer sus historias y hablar de las problemáticas que enfrentan tanto en el contexto local como nacional, con el objeto de aprender de ellos, pues como partidarios de los medios libres y autónomos pensamos que estos tienen mucho que enseñarnos. En cada uno procuramos encontrar afinidades que nos permitan fortalecer nuestras propias formas de hacer comunicación, así como reconocer nuestras diferencias.
Escucha Estéreo lluvia a través de Internet, siguiendo éste enlace.
Yucu Dzaa, el Cerro del pájaro en lengua mixteca, es una comunidad conocida hoy como Villa de Tututepec de Melchor Ocampo y se encuentra enclavada en la accidentada geografía de la Sierra Madre del Sur que atraviesa Oaxaca. Entre los siglos XII y XVI representó el centro político más consolidado de la zona Mixteca, el cual nunca fue sometido al yugo azteca y resistió el embate de la guerra colonial europea de 1522.
Será por herencia, aunado al afán del rescate de su historia, que sus habitantes expresan con fervor el gusto y la lucha por mantener sus identidades y que para concretar procesos de organización han ocupado el aire —territorio velado por el mirar colonial— donde se cobijan los pensamientos y las demandas de un pueblo, para que sus palabras sean amplificadas mediante una radio que empapa del sentido colectivo de hacer comunicación a diversas comunidades indígenas, negras y mestizas.
Llegamos a Tututepec acompañados de un intenso sol que mantenía en resguardo a la población y entre el clima de sosiego en el que jóvenes se refrescaban bajo la sombra de árboles y juegos mecánicos que días antes acompañaban sus festividades. Fue en la plaza del pueblo donde nos encontramos con Pedro, director de Estéreo Lluvia, quien nos llevó a conocer el lugar desde donde se producen y transmiten los programas que acompañan el cotidiano de 34 comunidades de la región.
Pedro nos contó que los orígenes de Estéreo Lluvia se remontan a 1999 cuando grupos organizados de la comunidad, impulsaron la idea de realizar radiodifusión comunitaria; comenzaron entonces a participar en espacios de la radio indigenista XEJAM «La voz de la Costa Chica» en Jamiltepec, e hicieron gestiones ante el otrora Instituto Nacional Indigenista (INI) —hoy Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)— para instalar un centro de producción radiofónica. Fue en 2002 que lograron instalar su propia cabina y se comenzó a transmitir por el 103.5 de FM.
La propuesta de Estéreo Lluvia nace de los ideales de las personas que la integran, personas que quieren el cambio. Para ello, promueven la participación activa de la comunidad, impulsando que la misma exprese lo que siente, que diga si las cosas están mal en el municipio y que pueda opinar sobre el manejo y cuidado de los bienes comunes. Por ello sus locutores y locutoras manejan contenido para cualquier edad. La única condición es no ofender a nadie. La gente participa además de manera voluntaria en cuestiones técnicas y de operación.
Con el apoyo del ayuntamiento, la radio operó dentro del mismo con el soporte de promotores voluntarios y pese a que desde el inicio se gestionó el registro legal ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), recibieron negaciones sistemáticas argumentando incapacidades técnicas y de insostenibilidad económica de la estación. Ante ello, la comunidad de Tututepec promovió un amparo legal ante la SCT con fundamento en la ley sobre derechos y cultura indígena, misma que al ser rechazado ocasionó que se tomara la decisión de iniciar transmisiones sin el aval oficial. Fue entonces que las agresiones comenzaron.
En septiembre de 2003 ocurrió el primer intento de apagar la radiodifusora, cuando se presentó un operativo armado en donde la SCT confiscó todo el equipo. Esto ocasionó que se dejará de transmitir por un espacio de cuatro meses. La reacción del cobijo comunitario motivó la participación ciudadana que impulsó al proyecto a continuar tras un proceso de recuperación que en abril de 2004 permitió reiniciar transmisiones. En aquel momento se constituyó legalmente un patronato para cubrir los aspectos formales y a finales del mismo año se construyó un edificio mediante un tequio, cuyo segundo piso se destinó a la radio y desde donde actualmente transmite ininterrumpidamente durante 12 horas al día.
Los embates gubernamentales continuaron. A la par de la violencia, las estrategias de represión se hicieron manifiestas en la normatividad que regula el espacio radioeléctrico, el cual somete a constantes presiones y negociaciones el derecho de una comunidad a informar, más allá de ser informada. Además, durante 2006 y 2010, sólo en Guerrero y Oaxaca, se cerraron entre 60 y 80 estaciones comunitarias usando argumentos sin sustento como el de que detrás de algunas radios operaba el crimen organizado y la subversión. Recientemente ocurrieron intentos de clausuras totalmente arbitrarios en radios de la zona de Tlaxiaco, Oaxaca, implementados por un organismo que no tiene las facultades legales para ello, esto es la Procuraduría General de la República (PGR). 
Al respecto, Pedro nos cuenta indignado:
Para el año de 2010 la estación se encuentra fuera de servicio por un acuerdo del patronato y poblaciones debido principalmente a que se ponía en riesgo la integridad de los jóvenes que ahí participaban; por la acción del gobierno del estado que nuevamente organizó un operativo con más de 400 elementos armados en convoyes estatales para destruir la estación como si se tratara de algún grupo de narcotraficantes altamente peligrosos. Aterrorizaron al personal, secuestraron el equipo, destruyeron parte del inmueble y los directivos fueron demandados y perseguidos por la policía judicial del estado, acusados de robo a la nación por usar el espectro radioeléctrico.
Otra de las dificultades se desarrolla desde el 2015, ya bajo los efectos de la reforma en materia de telecomunicaciones, cuando el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) abrió un proceso para solicitar concesiones de radios comunitarias o indígenas. Pese a que existieron reuniones a nivel estatal y talleres entre colectivos de comunicación y radios comunitarias para reflexionar sobre los formatos, el gobierno simuló una consulta y echó mano de obstáculos burocráticos que entorpecen la adhesión de los tipos de radios que ya se encuentran operando con la clasificación gubernamental, y por lo tanto con «derecho» a obtener una concesión. 
Nos comparte Pedro:
Pero quiero aclarar que independientemente de eso Estéreo Lluvia va a seguir funcionando haciendo valer el derecho de los pueblos. Los pueblos necesitan un medio de comunicación propio donde no sea manipulado por el gobierno y por eso es que Estéreo Lluvia está presente en el municipio de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo. Cuando nosotros solicitamos la concesión de radio lo dimos a conocer al auditorio. El IFT nos pedía avales, ¿Quienes nos avalan que realmente necesitan una radio? En un espacio de tres días a lo mucho, nos llegaron 2 mil cartas; ese es nuestro aval, el auditorio que nos está sintonizando, esa es la participación de la ciudadanía.
Como parte de las luchas para defender el derecho a la libertad de expresión vulnerada con la reforma de telecomunicaciones, miembros de organizaciones de radios comunitarias presentaron una propuesta de lineamientos para la radio comunitaria en México en la cual existen cinco criterios para acreditar a un proyecto comunitario: participación ciudadana directa, convivencia social, equidad, igualdad de género y pluralidad. Estos elementos existen en procesos comunicacionales en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca desde inicios del siglo XXI como menciona Giovana Gasparello en sus investigaciones sobre medios de comunicación de y para los pueblos indígenas. Pese a cumplir con lo anterior, Pedro nos relata:
En Tututepec se nos ha negado ese derecho argumentando problemáticas de toda clase sin tomar en cuenta que los pueblos deben ser apoyados en su crecimiento, la libre expresión y en la defensa de sus costumbres a la vez. Analizando la situación que vive el país podemos decir, si un pueblo o un municipio tiene su medio de comunicación, ellos estarían vertiendo la información, la realidad que están viviendo en su pueblo. Sin embargo los monopolios de comunicación, ellos intentan verter información que a los gobiernos les conviene.
Si bien, el acercamiento a la CDI y al ayuntamiento local permitió obtener la infraestructura para operar, quienes laboran en el día a día radialista saben que la vía para mantener vivo el proyecto es la autogestión.
La radio tiene que ofrecer algo a la ciudadanía y yo creo que eso es coordinación de los pueblos, por lo tanto estamos coordinando 11 comunidades a moverse a través de un deporte muy popular que es zumba. Hicimos capacitación y ya están llevando sus grupos de 40, 50 mujeres que se están moviendo al ritmo de la música y están sintonizando Estéreo Lluvia. La idea es hacerlo en las 54 comunidades y a través de esto poder conformar un proyecto que es prácticamente el que viene a sostener a la radio. Es el proyecto 5 mil, tener 5 mil socios de la radio que estén aportando cinco pesos mensualmente.
Tututepec se encuentra en una región amenazada por los megaproyectos hidroeléctricos, Paso de la Reina e Ixtlayuca, que se piensan imponer para satisfacer la demanda de energía de las concesiones mineras —hierro, oro y plata— que actualmente ocupan 20% de la superficie de la cuenca del río Atoyac-Verde. Aunado a ello la promoción de proyectos de infraestructura como la súper carretera que irá de Oaxaca a Puerto Escondido y hacia los puertos de Lázaro Cárdenas y el estado de Chiapas, forma parte del reacomodo de ocupación territorial por parte del capital en regiones estratégicas como el Istmo de Tehuantepec y la costa de Chiapas al sureste de México.
Durante las últimas décadas en el mapa latinoamericano han resonado transformaciones desde pueblos que defienden los territorios de la imagen y la palabra al apropiarse de las herramientas tecnológicas con las cuales afianzan su autonomía y mantienen creativa a la comunidad.  En Oaxaca se ha desarrollado una gran cantidad de procesos de comunicación comunitaria. Todas estas experiencias muestran a los medios de comunicación como una herramienta fundamental para fortalecer, potenciar y desarrollar los distintos aspectos de la cultura, la justicia y la política en las comunidades.  También presentan a los medios como una ventana de los valores y de la importancia de la vida comunitaria, así como vinculadores a otras realidades en el contexto de la libertad de expresión y el derecho a la información.
Según reflexiones de Kiado Cruz la rápida evolución tecnológica dinamiza el entorno en que el espectro radioeléctrico tiende a convertirse en un recurso cada vez más importante en la cual su gestión no se ha adaptado para aprovechar un bien común.
Los bienes comunes naturales son indispensables para nuestra supervivencia, los bienes comunes sociales aseguran la cohesión social y los bienes comunes culturales son requisito para nuestro desenvolvimiento individual. Es tiempo que enfoquemos nuestro entusiasmo y nuestra creatividad, nuestros medios y nuestros talentos en acrecimiento de la riqueza social. En aras de este objetivo tenemos que cambiar las estructuras en la política, la economía y la sociedad. Tenemos que entender la reserva del espectro como un bien común, un territorio que se recrea en el espacio-tiempo, llegaremos a tener en cuenta que el rol de los bienes comunes obliga a una reorientación fundamental de la idea dominante de la propiedad.
En resumen, sus ideas convergen con la práctica de quienes construyen Estéreo Lluvia pues saben que la comunicación transita más allá de lo técnico, hacia lo político.
Yo creo que el espacio radioeléctrico es un bien común; como tal he llegado a la conclusión de que al ser un bien común es de todos, no es de unos cuantos, de modo que no se nos puede llamar ilegales, esa es nuestra conclusión, si es de nosotros ¿Por qué somos ilegales? ¿Sólo porque el gobierno lo dice o porque hay instituciones que lo regulan? Pero no somos ilegales… estamos haciendo 

Denuncia de posible desalojo del poblado Altamira, La Providencia, en Huixtla, Chiapas

Zapateando
Publicado el 28 / marzo / 2016
Jusalve.- Desde 1993 los pobladores de Altamira La Providencia, municipio de Huixtla, Chiapas –conformada por hijas, hijos, nietas y nietos de campesinos que trabajaron en las fincas ganaderas y cafetaleras– decidieron fundar su comunidad y poblado en una zona de tierras más alta a la que la Reforma Agraria les había asignado –un total de 899 hectáreas– por estar estas tierras en su gran mayoría en una zona de inundación.
En las tierras ocupadas, estas personas campesinas construyeron sus casas, la iglesia, escuelas y gestionaron el servicio de energía eléctrica en 1994. En 2006 la Comisión Federal de Electricidad construyó la red de energía eléctrica. Estas tierras las utilizaron para sembrar milpa, frijol, melón, pepino, sandía, chile, plátano, calabaza, mango, ajonjolí y también una parte para ganadería.
El comunicado emitido el 23 de marzo por las autoridades del poblado explica que: “en 2006 demandamos al Tribunal Agrario la titulación de las tierras que estábamos trabajando de manera colectiva. En diciembre 1 de 2009, el Tribunal Agrario nos notificó, mediante una sentencia que no nos podía otorgar las tierras porque era propiedad privada”.
Ellas y ellos demandan que durante trece años nadie les dijo nada y nunca supieron que existieran dueños de las tierras que estaban ocupando, ya que sabían que eran tierras nacionales. Como consecuencia, a partir de 2010 y 2015 los han intentado desalojar de manera constante. Actualmente el Tribunal Unitario Agrario 4 ha ordenado un desalojo para el día 28 de marzo de 2016, solicitando la presencia de por lo menos 500 policías.
Por tanto, los pobladores de Altamira La Providencia exigen que sus derechos humanos sean respetados, declaran que:
“Responsabilizamos al Tribunal Unitario Agrario Cuatro, que por no considerar nuestra historia y el tiempo que llevamos trabajando la tierra, de las violaciones a nuestros Derechos Humanos como el derecho a la tierra, el derecho a un trabajo digno, derecho a la alimentación, el derecho a una vivienda, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la educación y el derecho al culto. Asimismo, como campesinos responsabilizamos al Tribunal Unitario Agrario del despojo que vamos a sufrir, de las agresiones físicas y psicológicas que se cometerán en contra nuestra”.
“Solicitamos al gobierno municipal, estatal y federal que busquen vías de solución pacífica a la problemática que estamos viviendo los habitantes de Altamira La Providencia, Huixtla, Chiapas porque creemos que la tierra es de quien la trabaja”.
A continuación en texto íntegro de la denuncia:
Denuncia de las autoridades de Altamira La Providencia, Huixtla, Chiapas
CDH Frayba
Altamira La Providencia, municipio de Huixtla,
Chiapas. 23 de marzo de 2016
A los organismos Defensores de Derechos Humanos
A las autoridades estatales y federales
A la opinión pública
A la prensa local, estatal, nacional e internacional
A los medios de comunicación alternativos
A las organizaciones independientes
A todo el pueblo de México y del mundo
Somos pobladores de Altamira La Providencia, municipio de Huixtla, Chiapas. En total somos 306 habitantes, de los cuales 129 son menores de edad y cinco personas discapacitadas. Fundamos nuestra comunidad desde 1993, somos hijas, hijos, nietas y nietos de campesinos que trabajaron en las fincas ganaderas y cafetaleras, asimismo, muchos de nuestras abuelas y abuelos hablaban lengua indígena mam.
Ante la falta de tierras, en 1981 comenzamos a gestionar ante Reforma Agraria que nos dotaran de tierras en el municipio de Huixtla denunciando la afectación 6000 hectáreas. En 1993 salió una resolución presidencial a favor de 899 hectáreas de las cuales, las tierras que estábamos gestionando no salió a favor nuestro. Las tierras que salieron a favor, en su gran mayoría era zona de inundación por lo que decidimos fundar nuestro poblado en una parte alta mientras continuamos gestionando ante Reforma Agraria.
Desde esos años, 1993, comenzamos a organizarnos para construir nuestras casas, iglesia, escuelas y gestionamos servicio de energía eléctrica en 1994. En 2006 la Comisión Federal de Electricidad construyó la red de energía eléctrica. Las tierras que ocupamos desde entonces las comenzamos a utilizar para sembrar milpa, frijol, melón, pepino, sandía, chile, plátano, calabaza, mango, ajonjolí y también ocupamos una parte para ganadería. De 1998 al 2010 sembramos palma africana. En la mayoría de nuestros productos los vendemos tanto en Tapachula como en Villa Comatitlán y Huixtla.
En 2006 demandamos al Tribunal Agrario la titulación de las tierras que estábamos trabajando de manera colectiva. En diciembre 1 de 2009, el Tribunal Agrario nos notificó, mediante una sentencia que no nos podía otorgar las tierras porque era propiedad privada. Durante trece años nadie nos dijo nada y no supimos que existieran dueños de las tierras que estábamos ocupando ya que sabíamos que eran tierras nacionales. Después de ese año nos han intentado desalojar de manera constante. Tanto en 2013 y 2015 intentaron desalojarnos y de nueva cuenta el Tribunal Unitario Agrario Cuatro ha ordenado que nos desalojen el día 28 de marzo de 2016 solicitando la presencia de por lo menos 500 policías. Por esta amenaza y agresión que estamos sufriendo por el Tribunal Unitario Agrario denunciamos:
Responsabilizamos al Tribunal Unitario Agrario Cuatro, que por no considerar nuestra historia y el tiempo que llevamos trabajando la tierra, de las violaciones a nuestros Derechos Humanos como el derecho a la tierra, el derecho a un trabajo digno, derecho a la alimentación, el derecho a una vivienda, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la educación y el derecho al culto. Asimismo, como campesinos responsabilizamos al Tribunal Unitario Agrario del despojo que vamos a sufrir, de las agresiones físicas y psicológicas que se cometerán en contra nuestra.
Solicitamos a los organismos Defensores de Derechos Humanos que vigilen la no violación a nuestros derechos y exijan a las autoridades que respeten nuestros derechos y reconozcan nuestra historia como pobladores de Altamira La Providencia.
Solicitamos al gobierno municipal, estatal y federal que busquen vías de solución pacífica a la problemática que estamos viviendo los habitantes de Altamira La Providencia, Huixtla, Chiapas porque creemos que la tierra es de quien la trabaja.
Atentamente
Autoridades del poblado Altamira La Providencia, Huixtla, Chiapas.
Alfredo Ángel Ruedas Vázquez, Consejo de Vigilancia
Bulmaro Reyes Barrios, Juez Rural
Joaquín Trujillo Pineda, Secretario del Juez Rural