miércoles, 21 de diciembre de 2016

USO DESPROPORCIONADO DE LA FUERZA PÚBLICA VS LA CNTE, informa el Frayba en su balance 2016

La conflictividad que hay en el país, no es nueva. Sin embargo, el nivel que ha alcanzado con el gobierno de Enrique Peña Nieto, es superior al de los gobiernos anteriores. La administración actual, a diferencia de sus antecesores, está dispuesta a imponer sus proyectos de gobierno, sobre todo las llamadas reformas estructurales, a toda costa, aunque implique el uso excesivo de la fuerza pública, contra las expresiones de inconformidad.
En el periodo de tiempo que abarca este balance, se han desarrollado una serie de acciones en contra de la protesta social, particularmente represión contra el disenso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ante la reforma educativa. Se ha criminalizado su lucha y se han iniciado procesos judiciales en contra de varios dirigentes de ese movimiento.
En Chiapas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), ha documentado el uso desproporcionado de la fuerza pública, la detención arbitraria, el traslado injustificado al Penal de Máxima Seguridad de Tepic, Nayarit, de 18 docentes; así como hostigamiento judicial, amenazas, acciones de intimidación, tortura y tratos crueles inhumanos al menos a 24 docentes que se encontraban en actos de protesta en Tuxtla Gutiérrez y en SCLC, el 16 de abril de 2016.
Durante los meses que han durado estas acciones de protesta, en defensa de la educación pública y en contra de la reforma educativa, diferentes acciones sociales, peregrinaciones del Pueblo Creyente de la Diócesis de SCLC, manifestaciones de apoyo por parte de padres de familia, barrios y colonias organizadas, ONG’s, movimientos sociales y campesinos, medios libres, estudiantes, colectivas y colectivos han demostrado su solidaridad y apoyo al movimiento magisterial.

Al contrario, la acción del Estado y de sus aliados, los medios de comunicación oficiales vinculados a él, las cadenas televisivas y radiofónicas afines al poder político y económico, así como el sector empresarial han jugado un papel para desprestigiar y tratar de deslegitimar el movimiento.
Durante este tiempo el Frayba ha documentado la llegada a Chiapas de elementos de la PF, la presencia intimidatoria de elementos de cuerpos policiales del estado de Chiapas, sobrevuelos de helicópteros y la amenaza de desalojo violentos utilizando grupos de choque en contra del movimiento magisterial y de la sociedad civil que apoyaba la protesta.
En Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de 2016 las acciones de represión llevaron a la agresión con armas de fuego por parte de la PF, lo que provocó la muerte de once personas, por lo que, ante lo ocurrido, diversas organizaciones de la sociedad civil han manifestado su apoyo al movimiento magisterial:
“La indignación de la sociedad crece de la mano del movimiento magisterial. La resistencia de las maestras y maestros, ante la imposición de la llamada reforma educativa, convoca a la sociedad a defender la educación pública, gratuita y soberana de nuestro pueblo, acorde con nuestras realidades y genuinas necesidades, y a demandar la derogación de la reforma punitiva que pretende acabar con los derechos de las y los trabajadores de la educación” RED TDT.
Los excesos policíacos de Nochixtlán, uno de los momentos más álgidos y preocupantes de esta política represiva, se confirma con el discurso autoritario de Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, quien enfáticamente dijo que “se agotó el tiempo” y que “las afectaciones a la ciudadanía deben de terminarse”. Por su parte Manuel Velasco Coello, Gobernador del estado de Chiapas, acompañado por el General Crisanto García, jefe del Estado Mayor de la VII Región Militar, con sede en Tuxtla Gutiérrez, secundando el discurso del Secretario de Gobernación, realizó una lamentable expresión y, parafraseando al Presidente Gustavo Díaz Ordaz antes de la masacre de 1968, dijo: “Hemos sido tolerantes a excesos criticables”.

En Chiapas también se han generado protestas en el sector de salud, personal de clínicas y hospitales del estado, quienes se han manifestado por las condiciones laborales: falta de medicamentos, insumos de trabajo y mejora de la calidad de salud para la población.