Sociedad Homo et Natura
Red Latina sin fronteras
Publicado: 3 noviembre,
2016
Pese a la promesa de la Fiscal General de la República, Dra.
Luisa Ortega Díaz de hacer justicia, aún el Ministerio Público no ha iniciado
la apertura del juicio contra los actores intelectuales de de la muerte del
Cacique Yukpa Sabino Romero Izarra, a saber: los ganaderos de Machiques.
Pese a tal irregular
circunstancia, los familiares y su pueblo guerrero, así como una parte del
movimiento popular nacional e internacional tiene prohibido descansar hasta ver
dicha justicia.
Los ganaderos deben ir a
la cárcel por asesinos. Pues el sicario Manguera y sus compinches policías de
Machiques no prepararon la emboscada con premeditación y alevosía, y dispararon
contra Sabino Romero Izarra, esposa e hijo si un grupo de los ganaderos de Gadema no le hubiese contratado y
cancelado tal crimen.
Aún el problema de la
tierra no está resulto del todo, razón por la cual asesinaron al Cacique
Yukpa Sabino y otros tatos habitantes
indígenas del Yaza, para un total de nueve, entre ellos los hijos de Carmen
Fernández: Alexander, José Luis y Cristóbal Fernández Fernández, este último
menor de edad asesinado por un grupo de Guardias Nacionales Bolivarianos
asentados en un puesto militar de la carretera que conduce al Tukuko.
La situación en la Sierra
de Perijá está peor que antes.
Dado el abandono de los gobiernos
local, regional y nacional de toda la zona fronteriza, en especial de los
pueblos indígenas; y la inexistencia de una adecuada política en esta zona
física cultural del Zulia con la República de Colombia, hoy los indígenas viven la violación permanente de sus
derechos humanos sociales y políticos, así como los derechos económicos,
sociales y culturales contemplados en el derecho interno y en los pactos
firmados a nivel regional e internacional, llámese Organización de los Estados
Americanos (OEA) y de Naciones Unidas (ONU), así como el Convenio 169 con la OIT.
Hoy el pueblo Yukpa en
general y en el sector donde nació y vivió Sabino en particular, el hambre y la
miseria, las enfermedades y la delincuencia organizada colombiana marca su modo
y calidad de vida; tal es el deterioro y el abandono gubernamental que
podríamos afirmar sin temor a exagerar que los jóvenes Yukpa no tienen futuro
hoy, en especial para los que no quieran vivir de la agricultura y la ganadería
exclusivamente, así como para los que si quieren y desean vivir de la tierra,
tal como es el dictado de su tradición e historia milenaria.
Sumado a la crisis ética,
política y económica que vive el país, esta realidad fronteriza los obliga hoy
a sumarse al circuito delincuencial organizado impuesto desde Colombia, a
asumir tareas en un abanico delincuencial que le presenta y obliga
los factores armados colombiano
que hoy tienen tomado sus territorios con la mirada cómplice del Estado, llámese éste alcaldía, gobernación
o tren ministerial.
No hay política indígena
por parte del Estado Gobierno Venezolano.
La única política
permanente por parte del Estado a lo largo de la existencia de Venezuela como
nación ha sido el asistencialismo precario
y la integración
compulsiva de los
pueblos y comunidades indígenas a
la sociedad nacional y mundial. Por ello la existencia de la estructura única
de los consejos comunales como aparato opresor impuesto dinamizador del Estado
burgués al interior de la cotidianidad de los pueblos y comunidades indígenas.
Todo líder indígena para estar enterado del porvenir de su familia
o de su comunidad debe formar
parte de una UBCH, o Sala de Batalla. De lo contrario quedará fuera del
circuito político económico local, regional y nacional. Además debe estar
sometido a las reuniones convocadas por los grupos armados afiliados muy
discretamente a la alcaldía y a la gobernación en todo caso, o algún
ministerio, o institución del Estado Nacional. Desde allí, desde estas reuniones
se determina la dinámica de una UBCH, o Sala de Batalla como es el caso del
municipio Mara, o las acciones a dinamizar la vida comunitaria como es el caso
del municipio Machiques de Perijá.
Estas reuniones son la
bisagra del bien y el mal, de lo ilícito y de lo estatal; desde allí en nombre
de la Paz se diseña la vida cotidiana como si cada comunidad fuese un
campamento miliciano. De lo contrario es ahogado política y
económicamente con su familia o
comunidad, o se desplaza, o
muere. El código de ética es el militar, no el de su grupo étnico amerindio.
Este asunto
ideológicamente lo encaminará la ministra de los pueblos indígenas.
Se sobreentiende que
estamos hablando de las violaciones de todos los derechos humanos del Hombre,
de un sistema colonial, de una
circunstancia de guerra, no para la paz.
De un sometimiento masivo, de un etnocidio.
El primer caso es discutir
con la ministra Aloha Núñez, pues ella fue nombrada por el Presidente de la
República además de Ministra de los Pueblos Indígenas, ministra de la
Descolonialidad.
Pero además se debería
llevar estos casos fronterizos mientras esta discusión transcurra a los
ministerios de la Defensa y de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
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