Asesinato de campesinos y
activistas en el Bajo Aguán, Honduras
avispa midia
Publicado el
26 oct. 2016
La situación de violencia
generada en el Aguán es producto de un problema estructural enfocada en
concentración de las tierras que viene a empeorar con el golpe de estado
ejecutado el 28 de junio del año 2009. “Tan
solo desde el golpe de Estado han asesinado a más de 150 compañeros en el
AGUAN, hemos sufrido permanente persecución y hemos sufrido diversos atentados,
pero continuamos en la lucha siguiendo el legado de Carlos escaleras”, dijo
Esli Vanegas de la Coordinadora de Organizaciones del Aguan COPA.
Colaboración
Una versión de este texto
se publicó en www.cipamericas.org
Agencia SubVersiones
08 noviembre, 2016
Esta nota es un avance de
un proyecto de investigación que Avispa Midia publicará en próximas fechas como
una cobertura especial de Centroamérica.
El 18 de octubre del 2016, diversas organizaciones no
gubernamentales reconocían la gran lucha que ha sostenido la coordinadora de la
Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Miriam Miranda, galardonada
en la primera edición del premio ambiental Carlos Escaleras por la defensa y
protección de territorios ancestrales de este país centroamericano. El mismo
día, Honduras se vestía de luto. En Tocoa, principal ciudad del departamento de
Colón donde se vive uno de los principales conflictos por tierra en Honduras,
disparos de bala arrebataban la vida a los luchadores sociales José Ángel
Flores y Silmer Dionisio George, presidente y dirigente del Movimiento
Unificado Campesino del Aguán (MUCA), respectivamente.
Reconocer en vida las
acciones de los luchadores sociales y ambientales es una de las tareas que se
ha propuesto el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), la
Fundación San Alonso Rodríguez, Radio Progreso y el Centro de Derechos de
Mujeres mediante el premio Carlos Escaleras. En un país como Honduras, donde la
cifra de asesinatos de activistas ha rebasado los 200 desde el golpe militar en
2009, distintas organizaciones lanzaron su campaña «Defender sin miedo: tu vida, la mía, nuestra casa común»,
enmarcada en la entrega del galardón para Miriam Miranda por sus más de 30 años
de lucha.
El premio Carlos Escaleras
nace en memoria del ambientalista hondureño de dicho nombre, asesinado en 1997
por sostener una lucha en contra el emporio del empresario Miguel Facussé
Barjum, quien pretendía instalar una planta extractora de aceite de palma
africana que terminaría contaminando el río Guapinol, cauce que abastece de
agua a varias comunidades de la región. El empresario Facussé murió en 2015,
heredando una amplia gama de sectores económicos controlados por su familia a
partir de la fundación de la fábrica Químicas Dinant, centrada en los sectores de
alimentos, la agricultura industrial como la palma africana, biodiesel, biogás
y productos de limpieza.
31 de mayo de
2014. Vista aérea de una pequeña parte de los monocultivos de palma africana
que se expanden por el caribe hondureño debido a intereses de empresarios
corruptos como Miguel Facussé. Existe una estrategia de parte de empresas y
organismos multinacionales para fomentar el saqueo de recursos y la propagación
de proyectos de «desarrollo», como el monocultivo de palma africana, que son un
atentado en contra de la biodiversidad que resguardan las comunidades
originarias.
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Muerte anunciada
El
MUCA, mediante un comunicado publicado el 21 de octubre de este año, denunció
que el Comando de Operaciones de los Estados Unidos ha estado entrenando a
grupos paramilitares que ahora están asesinando a sus líderes, gracias a la
conformación de «escuadrones de la
muerte». La organización social precisa que las operaciones se vienen
llevando a cabo desde el año 2010 en la base militar de Río Claro, departamento
de Trujillo y que, desde entonces, se ha dado entrenamiento a unidades de fuerzas
especiales de Honduras, en colaboración «con
altos mandos militares».
El MUCA denunció que el Comando de Operaciones de los Estados
Unidos ha entrenado a grupos paramilitares que ahora están asesinando a sus
líderes.
18 octubre
2016. Tocoa, Colón. Campesinxs del Valle del Aguán realizan protesta por el 19°
aniversario del asesinato del activista ambiental Carlos Escalera por órdenes
del terrateniente Miguel Facussé. Carlos se oponía a la instalación de una refinería
de aceite de palma en la región, lo que provocó la persecución y el posterior
asesinato a manos del empresario; quien es dueño de la corporación Dinant.
Actualmente el caso continúa en la impunidad y al mismo tiempo más de 133
campesinxs han sido asesinadxs a causa del conflicto agrario promovido por la
ley de «modernización de tierras
agrícolas» avalada por el Banco Mundial en beneficio de los terratenientes
de la región. El mismo día de la movilización fueron asesinados el presidente
del Movimiento Unificado Campesino del Aguán junto con un acompañante.
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Desarrollo y asesinatos
La situación de violencia generada en el Bajo Aguán es
producto de un problema estructural derivado de la concentración de las tierras
en pocas manos.
«Hemos sufrido permanente persecución y hemos sufrido diversos
atentados, pero continuamos en la lucha siguiendo el legado de Carlos
Escaleras»,
remarcó Esli Vanegas de la Coordinadora de Organizaciones del Aguan (COPA)
durante una protesta realizada el 18 de octubre en las calles de Tocoa para
recordar el asesinato del activista.
La concentración de
tierras en Aguán empeoró después de 1992 tras la aprobación de la Ley de
Modernización Agrícola. Dictada por el Banco Mundial, junto a un paquete de
políticas de ajuste estructural, la ley redujo los apoyos a los productores
agrícolas locales y a su vez incrementó el respaldo al sector de exportaciones,
pero sobre todo permitió vender tierras colectivas a inversores privados. Esto
ha aumentado las luchas territoriales con muestras extremas de represión por
parte de empresas aliadas al estado hondureño.
El MUCA surgió en 2001 e
integra alrededor de 3,500 familias campesinas que demandan la devolución de
sus tierras para fines de Reforma Agraria.
«Nosotros estamos pidiendo la devolución de nuestras tierras,
porque les fueron robadas a nuestros padres por medio del Banco Mundial, quien
apoyó la Modernización Agrícola», dijo Jaime Adelí Cabrera, Coordinador de la
Plataforma Agraria de la Zona del Aguán.
La Ley de Modernización
Agrícola fue una estrategia del gobierno para favorecer a las principales
empresas que producen palma africana, quienes acapararon las tierras en tres
grandes terratenientes agroindustriales: la familia Facussé de la Corporación
DINANT, René Morales del Grupo Agropalma y Reinaldo Canales, de origen
salvadoreño, detalló Vanegas.
Al acaparamiento de
tierras para el cultivo de la palma africana se suma la ganadería intensiva,
los proyectos mineros, presas hidroeléctricas y complejos turísticos que han
desplazado a comunidades enteras en diversas regiones de Honduras. No sólo se
ha utilizado la Ley de la Modernización Agrícola, sino también el engaño, la
fuerza pública y grupos de sicarios.
«El Banco Mundial apoyó la modernización agrícola y los
préstamos que da a las grandes corporaciones están siendo utilizados para
contratar sicarios que asesinan a los líderes sociales. Esos préstamos también
son para pagar al ejército», agrega Adelí.
“Desde que el Banco Mundial concedió esos préstamos a los
terratenientes nosotros hemos vivido en la pobreza. Los países que están
comprando aceite y biodiesel están comprando sangre y muerte de los que han
caído por defender sus tierras», sostuvo Santos Torres, del Movimiento Campesino
Gregorio Chávez.
El 5 de
diciembre del 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
exhortó al gobierno de Honduras para que implementara las medidas cautelares
concedidas a varios líderes campesinos del Bajo Aguán. Para este propósito se
delegó a Sagrario Prudott, funcionaria de la secretaría de Seguridad. Sin
embargo, hasta la fecha no se ha hecho nada para detener los crímenes contra
campesinos.
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Más muertes y amenazas
Han pasado ya ocho meses desde que el asesinato de la
ambientalista Bertha Cáceres, entonces coordinadora general del Consejo Cívico
de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), causó un gran
impacto a nivel mundial. Bertha Cáceres fue galardonada con el Premio Medioambiental
Goldman y se destacó por la lucha para detener la construcción del proyecto
hidroeléctrico Agua Zarca, de la empresa DESA (Desarrollos Energéticos S.A.)
con financiamiento de bancos europeos (FMO y FINNFUND, de Holanda y Finlandia
respectivamente) y el Banco Mundial.
Mientras los órganos
encargados de impartir justicia en Honduras se jactan de haber sufrido el robo
del expediente de su caso, miembros del COPINH continúan recibiendo amenazas de
muerte por mantener la lucha contra megaproyectos hidroeléctricos, mineros,
eólicos, REDD+ y las ciudades modelo.
Tomas Gómez Membreño,
Coordinador General del COPINH, responsabiliza a las empresas y los bancos que
han financiado los megaproyectos de las agresiones contra la organización
lenca.
«En mi caso he sufrido alrededor de siete atentados. Es
principalmente porque quieren debilitar a los movimientos sociales en el país.
Los mismos entes del Estado como la policía y el ejercito son los que nos
vigilan todos nuestros movimientos», agrega Membreño.
Después del asesinato de Bertha Cáceres, otros dos líderes del COPINH fueron asesinados: Lesbia Yaneth Urquía,
quién luchaba contra la privatización del agua mediante proyectos de energía en
La Paz, y Nelson García, asesinado en Río Lindo dos semanas después de Cáceres.
A pesar de los asesinatos
contra el COPINH, sus miembros están en un proceso de reorganización y
preparándose continuamente para seguir su lucha para expulsar los megaproyectos
en el territorio indígena Lenca.
«Nosotros como pueblos Lencas no dibujamos las fronteras, fue
la colonización quienes han querido dividir el Abya Yala —nombre de América
antes de la colonización— y nosotros somos un mismo pueblo, no hay países y
debemos de apostarle por este rumbo, con nuestras propias propuestas contra el
saqueo, el despojo y la criminalización», añade Membreño.
Seguridad Nacional
Honduras es un país geoestratégico y es un tema de seguridad
nacional para Estados Unidos, país que desde los ochenta instaló su primer base
militar en Palmerola, bajo el argumento de contrarrestar el narcotráfico. En
2015, tras la visita a Honduras del jefe del Comando Sur de Estados Unidos,
John Nelly, se amplió su presencia militar con la creación de la unidad
especial en Honduras para «misiones de
colaboración».
El Coordinador de Actas
del COPINH, José López, asegura que la gran mayoría de los proyectos vienen
acompañados con un plan de seguridad.
«Son proyectos de muerte no solo porque están matando a la
naturaleza, sino que también a los activistas y a los pueblos. Incluso porque
hay proyectos para ampliar las bases militares estadounidenses en el territorio
Lenca y en el resto de Honduras».
Asegura que la
militarización antecede la instalación de megaproyectos, y recalca:
«A estas alturas los pueblos ya sabemos que todos los
proyectos, principalmente los del capital transnacional, vienen acompañados con
un proyecto de seguridad que les permita implementar y ejecutar el saqueo de
cualquier forma».
López asegura que el
ejército hondureño es asesorado por los Estados Unidos y se aplican estrategias
de inteligencia para eliminar a líderes y activistas sociales y ambientales.
«En toda comunidad donde existen estos proyectos está presente
la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional).
Ellos llegan con estrategias a las comunidades, engañando a la gente, regalando
semillas y abonos. Prometen más apoyos, pero no es eso; su estrategia es
desarticular los movimientos sociales, las luchas populares, para hacer
espionaje y filtrar información de cómo están constituidos los movimientos. La
USAID está metido en el proyecto de Agua Zarca en Rio Blanco. ¿Qué nos da a
entender? Que USAID estuvo asesorando a DESA y quizá dando fortalecimiento
económico, y está presente en todas las comunidades donde tiene presencia el
COPINH y eso equivale a tener al gobierno de los Estados Unidos. Por un lado
nos meten bases militares, por otro a los cuerpos de paz y otras series de
espionajes. Esto se da en todos los países de Latinoamérica».
El asesinato de la compañera Bertha Cáceres no detiene la lucha del pueblo Lenca en defensa de la tierra |
Triángulo Norte
El año 2015, el gobierno de los Estados Unidos aprobó 750
millones de dólares para los países del Triángulo Norte de Centroamérica
(PAPTN): El Salvador, Guatemala y Honduras.
Entre las condiciones para
liberar dichos fondos está el combate a la corrupción, incluyendo la
investigación y persecución penal de funcionarios públicos; combate a redes
criminales, narcotráfico y crimen organizado; e investigar y procesar
penalmente en sistemas civiles de justicia a miembros de las fuerzas militares
y cuerpos policiales sobre quienes pesen acusaciones creíbles de violaciones a
los derechos humanos.
«Los 700 millones para el Triángulo Norte no van a resolver la
problemática o sacar de la pobreza a los países, más bien es para apoyar a las
policías y a los ejércitos. Nosotros decimos que es para apoyar más fuertemente
la militarización de la región.
Es para asegurar que las empresas estadounidenses
se puedan instalar con la protección de los gobiernos y ese proyecto va a
incrementar más la migración de las comunidades indígenas y de la población
centroamericana y continuará más la represión, los presos y los asesinatos», finaliza Gómez Membreño.
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