Centro de derechos humanos
de la Montaña, Tlachinollan
Centro de medios libres
23 noviembre, 2016
Desde el mes de abril de este año, los papás y mamás de los 43
estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa, solicitaron formalmente
su comparecencia en la alta tribuna del país, para ser escuchados por quienes
dicen representar los intereses más sentidos del pueblo mexicano. Como siempre
sucede con los formalismos jurídicos, no hubo respuesta a la solicitud
planteada. Este desdén del Congreso Federal hacia los papás y mamás, los obligó
a tomar una postura más firme. Se plantaron en la entrada de la Cámara para
emplazar a los diputados a dar una respuesta. Fue la Comisión Especial para el
caso Ayotzinapa la que se encargó de hacer las gestiones necesarias ante la
Junta de Coordinación Política del Congreso para atender la solicitud de los
familiares, quienes del 24 al 28 de octubre se instalaron en la entrada del
palacio legislativo de San Lázaro.
Los papás y mamás que
permanecieron día y noche plantados sopesaron la falta de compromiso y
sensibilidad de la totalidad de los diputados y diputadas. Ninguno de ellos ni
de ellas se apropiaron de su causa, fue más bien la presión social que
ejercieron la que pudo abrir un resquicio para la interlocución. Esta forma de
hacer pública la protesta, causó molestia entre los representantes de los
grupos empresariales que llegaban presurosos al Congreso. Para este sector
pudiente, la carpa que albergaba a los papás y mamás en la entrada principal
del palacio, era un estorbo en su trabajo de cabildeo político. Se trataba de
momentos claves, porque estaba en discusión el presupuesto de 2017. Infinidad
de asesores de corporativos y representantes de organizaciones hacían largas
filas para entrar al Congreso y establecer contacto con diputados afines a sus
intereses económicos.
Eran muy evidentes los
contrastes sociales en un espacio donde se entrecruzaban diversidad de actores
sociales, políticos y empresariales, llevando consigo intereses antagónicos. La
gran mayoría de personajes encorbatados
se mostraban ajenos a lo que planteaban los padres y madres de los 43. Todos y
todas expresaban su molestia por la demora de sus citas. Llamaban a sus
contactos por sus celulares y de diferente manera hacían sentir su desprecio y
coraje a quienes desde hace más de dos años luchan incansablemente por
encontrar a sus hijos. La aglomeración de gente que estaba ansiosa de entrar
frustraba cualquier intento de burlar la fila y llegar directo a la ventanilla.
El porte sencillo de los
papás y mamás y sus palabras claras y directas contra los diputados y diputadas
que no los atendían, contrastaba con la arrogancia y suntuosidad de la clase
pudiente amafiada con los líderes de las fracciones parlamentarias o
presidentes de comisiones estratégicas encargadas de elaborar la propuesta del
presupuesto para el 2017. El plantón no era para arrancar dinero, ni para
exigir alguna partida presupuestal. Era para obligar a los representantes
populares a brindar atención digna a quienes dicen representar y defender sus
intereses. A las familias que han sido vilipendiadas por el ejecutivo federal y
por las instituciones encargadas de proteger los derechos de las víctimas y de
investigar los delitos. Su lucha, a diferencia de quienes hacían fila para
negociar partidas presupuestales con los diputados, es por lo más elemental:
ser escuchados por los representantes del poder legislativo. Comparecer en el
salón de plenos para presentar el Caso Ayotzinapa, que ha cimbrado a México y
obligar a que la Cámara de diputados asuma el compromiso de velar por los
derechos de las víctimas; de ser garantes para que se haga una investigación
acorde con los estándares internaciones de derechos humanos, plasmados como ley
interna en la misma Constitución. Su lucha es por el piso básico que exige todo
ciudadano y ciudadana: proteger la vida y garantizar justicia y verdad.
La exigencia tuvo sus
frutos, obligó a que la Comisión para el Caso Ayotzinapa se pusiera a trabajar,
que hicieran llegar el sentir de los papás y mamás a los integrantes de la
Junta de Coordinación Política y obligara a que las fracciones parlamentarias
fijaran su postura sobre cómo atender la demanda de las familias víctimas de
desaparición de sus 43 hijos, que planten comparecer ante el pleno. Se logró
que en esas fechas sesionara la Comisión Especial para asumir una postura en
torno a la comparecencia. El jaloneo no se hizo esperar, las fracciones del
PRI, PAN y Verde Ecologista cerraron filas para oponerse a que los papás y
mamás presentaran el caso de sus 43 hijos desaparecidos en el salón de plenos.
Las demás fracciones impulsaban la propuesta de las familias. La propuesta que
logró tener consenso por parte de todas las fracciones parlamentarias fue recibir
a los papás y mamás de los 43 estudiantes en la sala de sesiones de la Comisión
Permanente, conocido como salón verde.
Fue el tesón mostrado por
los papás y mamás, que en todo momento luchan con el corazón por delante, para
romper con las inercias, burocratismos y cerrazón de las autoridades, lo que
logró ahora abrir las puertas del palacio legislativo, para que todas las
fracciones parlamentarias escuchen el dolor de México condensado en el
movimiento por los 43. Será este miércoles 23 de noviembre a las 10 de la
mañana cuando la voz de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos
de Ayotzinapa resuene en la sede del poder legislativo. El acuerdo asumido por
la junta de Coordinación Política es que estarán presentes las comisiones de
justicia, seguridad, pueblos indígenas, derechos humanos y la Comisión especial
para el caso Ayotzinapa.
En esta reunión presidida
por el presidente de la Junta de Coordinación política, Francisco Martínez
Neri, en un primer momento hablarán los papás y mamás, posteriormente fijarán
sus posturas los o las representantes de las diferentes fracciones
parlamentarias. En un tercer momento habrá otra intervención de los papás y
mamás, dejando para la última parte la intervención del diputado presidente de
la Junta, quien será el encargado de clausurar este encuentro histórico.
A diferencia de la
comparecencia de una delegación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y
otra delegación del Congreso nacional Indígena, que en la voz de la Comandanta
Esther dirigieron su mensaje central a la nación en el salón de plenos, el 28
de marzo de 2001, la participación de los padres y madres de los 43 estudiantes
desparecidos, se dará en la sala de sesiones de la Comisión Permanente. Su
comparecencia se enmarca también dentro de un contexto sumamente adverso y
doloroso, por los miles de casos de personas desaparecidas y asesinadas.
Situación que ha generado gran preocupación en los organismos internacionales
de derechos humanos que a través de sus visitas han corroborado la grave crisis
de derechos humanos en que se encuentra sumido nuestro país. En sus informes
han documentado que la práctica de la tortura es sistemática y que las mismas
desapariciones de personas es un fenómeno recurrente, a causa de un sistema de
justicia impune que protege a los agentes estatales que violan los derechos
humanos de las víctimas.
Entre las mismas
fracciones parlamentarias no se ha hecho esperar el jaloneo político, a causa
de la negativa de varios diputados y diputadas que se oponen para que los
padres y madres de los 43 ocupen la tribuna legislativa. Con sus posturas
arrogantes y pendencieras se niegan a escuchar las voces de las víctimas. No
les interesa saber cómo han enfrentado el drama de que el gobierno después de
dos años, no haya dado con el paradero de sus hijos. Tampoco quieren saber la
realidad de las víctimas de este sexenio, de las graves violaciones de derechos
humanos que van al alza y de la estrategia fallida implementada por el
ejecutivo federal, para contener la avalancha delincuencial. Este rejuego de
fuerzas políticas y de intereses facciosos deja entrever cómo los poderes
públicos supeditan los intereses de la población pobre que sufre y que carga
con el dolor de sus hijos desaparecidos, a los intereses macroeconómicos, pero
sobre todo, a mantener las estructuras que son causa de la tragedia que
vivimos, porque es un sistema que protege a los perpetradores, que se confabula
con el crimen organizado y que se niega a atender las recomendaciones del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes han elaborado
varias recomendaciones orientadas a redireccionar las investigaciones
realizadas por la PGR y a atender planteamientos centrales para la búsqueda de
los estudiantes y garantizar la atención apropiada a las víctimas.
La comparecencia de los
papás y mamás en el Congreso Federal es para emplazar al Poder Ejecutivo para
que asuma un papel más proactivo en el caso de los 43 estudiantes
desaparecidos. Se requiere un contrapeso político ante los otros poderes, que
esté del lado de las víctimas, que haga eco a sus reclamos, que impulse el
mecanismo especial de seguimiento de la CIDH y que monitoree el cumplimiento de
las recomendaciones emitidas por el GIEI en sus dos informes. Es un momento
propicio para poner a prueba el compromiso de los representantes populares que
se han acostumbrado a sobrellevar sin sobresaltos una agenda afín a los
intereses de la clase empresarial interesada en consumar las reformas
estructurales que requiere el modelo neoliberal. Han evadido su responsabilidad
de defender con ahínco los derechos de la población que increpa al sistema
dominante que la ha dejado en total indefensión y la ha transformado en víctima
de la violencia y del despojo perpetrado por el mismo gobierno impune.
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