Texto publicado
originalmente en:
Difusión solidaria
desde
Red Latina sin fronteras
Publicado: 5 septiembre,
2016
Además de dar a conocer la presencia del herbicida glifosato
en la orina de habitantes de comunidades de Hopelchén, Campeche, en la
Península de Yucantán, en México, y en los pozos que se usan para riego y
consumo humano, el Colectivo Apícola de Los Chenes denunció la falta de
diligencia de las autoridades ambientales para realizar su trabajo al no
atender las demandas legales.
El colectivo emplazó a las
autoridades para que antes del 10 de septiembre den una respuesta sobre el tema
y sobre la siembra ilegal de soya transgénica en su territorio; de lo
contrario, frenarán la consulta ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) como condición para que se otorguen los permisos de siembra de la
planta genéticamente modificada.
Estudios realizados por el
doctor Jaime Rendón Von Osten, del Instituto Epomex de la Universidad Autónoma
de Campeche (UAC), comprobaron la presencia del glifosato -usado mayormente en
las plantaciones transgénicas- en humanos y el subsuelo. El científico precisó
que el tóxico no es biodegradable al 100 por ciento y contamina mantos de agua.
El apicultor y activista
maya Gustavo Huchín Cahuich indicó que “estamos muy preocupados, porque nos
perjudica a todos este cultivo, a nuestros animales y nuestras abejas; el 95
por ciento de los agricultores cheneros somos apicultores”.
El abogado del Equipo
Indignación, Orbelín Montiel Cortés, señaló que ni la Comisión Nacional del
Agua (Conagua), ni la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)
han atendido de manera adecuada las demandas que han presentado las comunidades
mayas, e incluso se han deslindado, lo que confirma el desinterés de las
autoridades ambientales y se viola el derecho a un medio ambiente sano.
Montiel Cortés detalló que
el 25 de enero de 2014 se presentó una denuncia ante la Profepa por
deforestación en la zona maya, donde se está sembrando soya transgénica; el 24
de agosto de 2015 se presentaron dos denuncias ante Conagua debido a la
construcción de pozos sin permisos, y el 21 y 24 de agosto de 2015 se
presentaron denuncias ante la Profepa nuevamente. Sin embargo, hasta el momento
solo se tuvo respuesta de Conagua y fue en el sentido de deslindarse.
El defensor advirtió que
aunque las autoridades locales han intentado desacreditar el trabajo del doctor
Von Osten, sus estudios sí tienen validez siempre y cuando las comunidades se
lo pidan, además de que fueron requeridos
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y fungen como
un medio de prueba jurídicamente válido para las comunidades.
En 2012, Monsanto pidió
autorizaciones para la siembra de soya transgénica resistente al herbicida
glifosato en los municipios campechanos de Champotón, Hecelchakán, Hopelchén,
Tenabo, Calkiní, Escárcega, Carmen y Palizada, que actualmente se encuentran
suspendidas por orden de la SCJN. El 4 de noviembre de 2015, la Segunda Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de comunidades
mayas de Yucatán y Campeche al suspender el permiso otorgado por la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación (SAGARPA) a
la empresa para la siembra comercial de 253 500 hectáreas de soya genéticamente
modificada en siete entidades del país, incluyendo a las tres que integran la
Península de Yucatán.
De acuerdo con la
sentencia de la SCJN, las autoridades federales violaron el derecho a la
consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada a las comunidades
mayas de Yucatán y Campeche, por lo que el permiso de siembra de soya
genéticamente modificada fue suspendido hasta que se realice la consulta.
Organizaciones civiles han
denunciado irregularidades en la realización de la consulta, mientras que las
comunidades han reclamado por la siembra ilegal del cultivo.
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