jueves, 1 de septiembre de 2016

EL DRAMA DE LOS TRABAJADORES DE OCEANOGRAFÍA: cientos de despedidos sin liquidación

José Reyes
Contralínea 503 (del 29 de Agosto al 03 de Septiembre 2016)
Investigación
Septiembre 01, 2016
Bajo la tutela del Sae, Oceanografía echó a la calle a cientos de trabajadores. Por ello, los afectados demandaron penalmente al titular de la dependencia, Héctor Orozco, por peculado y desvío de recursos. En duda, la liquidación de 4 mil obreros y profesionistas.
Luego de que más de 200 trabajadores demandaron penalmente al director del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Sae), Héctor Orozco Fernández; a Norma Romero Mendoza, coordinadora Jurídica de Empresas Aseguradas y Concursos Mercantiles, y Alfonso Maza Uretra, administrador designado de Oceanografía, un juez de Distrito declaró en quiebra a la naviera proveedora de Petróleos Mexicanos (Pemex) y ordenó al Sae nombrar al síndico que la administre y remate sus bienes.
La demanda que los trabajadores presentaron ante la Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia, de la Procuraduría General de la República (PGR), por posible peculado –que involucra más de 8 millones de pesos de un fidecomiso destinado, por orden de un juez, a la liquidación de los trabajadores– señala que el dinero se desvió para otros fines.
Los recursos del fideicomiso 1345 creado en agosto de 2013 por Oceanografía en Banco Invex, por 8 millones 835 mil 658 pesos, fueron etiquetados por Pemex Exploración y Producción, y entregados por el juez Consuelo Soto al Sae para el pago de liquidaciones de los trabajadores; sin embargo, Alfonso Maza los habría destinado al pago de despachos jurídicos, préstamos a personal a su cargo, pago a trabajadores allegados a la administración del Sae y a un sindicato cetemista, denuncian los inconformes.
Con ello, el director del Sae desacató la orden del juez Tercero de Distrito en Materia Civil, Felipe Consuelo Soto, responsable del concurso mercantil (el mismo que declaró en quiebra a la empresa, emitida en agosto de 2015) que ordenó pagar las liquidaciones de los trabajadores con los recursos del fideicomiso y que se puso a disposición del Sae mediante billete de depósito y de forma etiquetada.
La orden del juez fue recurrida por el Sae mediante un amparo, sin embargo, mediante auto del 24 de mayo de 2016, el juez Cuarto de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, notificó a los trabajadores que el amparo 823/2015 fue negado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil, quedando firme la sentencia del juez Tercero de Distrito de liquidar a los quejosos con el dinero del fideicomiso.
Los servidores públicos del Sae demandados tampoco acataron la resolución del Tribunal Colegiado, por lo que fueron denunciados por la posible comisión de conductas delictivas. Ello porque al no acatar la orden del juez de primera instancia y promover el amparo, violaron flagrantemente los derechos laborales que el Sae debió proteger por ley, advierte Alejandro Donis Castro, abogado defensor de los trabajadores.
En entrevista, explica que el delito de peculado en que habrían incurrido los funcionarios demandados, previsto en el artículo 223 del Código Penal Federal, establece que “todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a un particular, si por razón de encargo los hubiese recibido en administración, en depósito o por otra causa”.
Donis Castro dice que, precisamente, la Ley de Administración de Bienes faculta a los servidores públicos del Sae para administrar a Oceanografía durante el proceso de concurso mercantil, por lo que en su calidad de administradores distrajeron dinero de los trabajadores para un uso distinto al que el juez Felipe Soto instruyó, lo que constituye la probable comisión del delito de peculado que se les imputa.
Ante los reclamos de los trabajadores, mediante escrito dirigido al juez Soto el Sae argumentó que, para pagar “a los extrabajadores de Oceanografía, se requiere realizar un análisis de cada uno de los quejosos, con el objeto de que los pagos que se lleguen a realizar sean con estricto apego a derecho y en su caso conforme a los laudos dictados por la autoridad laboral competente”.
En el oficio del 03 de mayo de 2016, la coordinadora jurídica de Empresas Aseguradas y Concursos Mercantiles del Sae, Norma Romero Mendoza, señala que “el concurso mercantil no es la instancia para solicitar el pago de indemnizaciones por supuestos despidos ni para dirimir cualquier controversia de orden laboral, ya que no es competencia del juez concursal, por lo que los posibles afectados deben promover las demandas pertinentes ante las autoridades laborales”.
Sin embargo, en seguida la funcionaria da cuenta al juez de que “desde el inicio de la administración de Oceanografía, este organismo [Sae] ha privilegiado los derechos laborales de los trabajadores, es así que del periodo de marzo de 2014 a febrero de 2015 se pagaron 2 mil 361 liquidaciones a trabajadores”. Entonces, cuestiona el abogado Donis Castro, ¿está o no facultado el Sae para ‘liquidar’ a los trabajadores?
Romero Mendoza tardó 2 años y medio y que hubiera de por medio una demanda judicial en su contra para darse cuenta de que el Sae no es competente para liquidar a los trabajadores, pero sí tuvo facultades para contratar a despachos jurídicos para presionar a los quejosos y obligarlos a recibir cantidades menores a las que por ley les corresponde, abunda el defensor.
Sindicato a modo
Los trabajadores de Oceanografía Elías Marín Moguel, Joel Celaya León, Carlos Marín Palmeros, Rafael Serrano Rivas y Fabiel Chino Andrés señalan que a 40 años de no contar con una organización gremial, el Sae firmó el 18 de junio de 2014 un Contrato Colectivo de Trabajo con un sindicato de la Confederación de Trabajadores de México para presionar a los trabajadores para que aceptaran pingües liquidaciones. Como apoderado legal de Oceanografía, estampó su firma en el contrato colectivo Humberto Cavazos Chena.
A Cavazos Chena lo acusan de haber incurrido en un presunto conflicto de intereses, ya que a través de su despacho de abogados Cavazos Flores, SC, obtuvo contratos de Oceanografía en 2014 por más de 12 millones 500 mil pesos. Éstos fueron para “realizar trámites jurídicos procesales ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje […] incluyendo conflictos colectivos”, así como “finiquitos y/o indemnizaciones; conveniencia de conformación sindical; revisión de contratos al personal outsurcing; dictamen jurídico para la terminación voluntaria de la relación laboral”, entre otras actividades.
En entrevista, los trabajadores cuestionan que a 4 meses de que el Sae se hizo de la administración de Oceanografía, el 18 de junio de 2014, la dependencia y el Sindicato de Hidrocarburos y de la Industria de la Transformación de la República Mexicana –sección 15 de la CTM, con oficinas en Pitágoras 318, colonia Narvarte de la Ciudad de México– firmaron el contrato colectivo de trabajo, el cual fue notificado el mismo día a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, por el secretario general del gremio Rubén Romo Martínez.
“Se trata de un sindicato a modo y un contrato colectivo apócrifo que nunca ha defendido nuestros derechos laborales, pues no aparecen los nombres y las firmas de los trabajadores ni todas las categorías que desarrolla la empresa”, advierten los quejosos.
El convenio entre el sindicato cetemista y el Sae posibilitó que algunos trabajadores recibieran sólo el 15% de su liquidación que por ley les corresponde, con el argumento de que la empresa estaba bajo concurso mercantil. Para colmo, el sindicato descontaba por comisión el 30% de sus liquidaciones a cada trabajador cesado.
En medio de la declaratoria de quiebra miles de trabajadores de Oceanografía no han cobrado sus percepciones, mientras que el administrador del Sae, Alfonso Maza Uretra, ha gastado millones de pesos en el pago de cuotas sindicales supuestamente atrasadas, con lo que queda en evidencia “el negocio que hacen el administrador y el sindicato a costa de los trabajadores con antigüedad de tres hasta cuarenta años”, señalan.
“Durante el tiempo que duró la operación de Oceanografía siempre fueron pisoteados nuestros derechos laborales. Hubo retraso en el pago de salarios por quincenas y meses; nulo pago de cuotas al IMSS [Instituto Mexicano del Seguro Social], Infonavit [Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores] y SAR [Sistema de Ahorro para el Retiro], en perjuicio de nuestra salud y patrimonio familiar, al incurrir en violaciones a las leyes con pleno conocimiento del gobierno, de Pemex y de las autoridades laborales y fiscales responsables de salvaguardar su cumplimiento”, indican los trabajadores.
Hasta hace 2 años y medio, Oceanografía mantenía las actividades marítimas costa afuera de mantenimiento, construcción e instalación de plataformas para Pemex en el Golfo de México, con una flota de 70 embarcaciones en contratos formalizados de obra pública, que daba empleo a más de 11 mil trabajadores y proveedores.
En febrero de 2014, el Sae tomó la administración de la empresa; la PGR arraigó y encarceló al director y socio principal de Oceanografía, Amado Yáñez Osuna, por un presunto fraude a Banamex. Seis meses después, la empresa fue declarada en concurso mercantil, para salvaguardar (dijo el entonces procurador Jesús Murillo Karam) “la fuente de empleo de miles de trabajadores, los acreedores y a Pemex, dada su vital importancia”.
En marzo de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto declaró su “apoyo a los trabajadores de Oceanografía afectados por las acciones del gobierno federal” y en la Cámara de Senadores se formó la Comisión Especial de Seguimiento al Caso Oceanografía, “para evitar que el aseguramiento de la empresa afecte los derechos legales y humanos de los trabajadores”.
Los trabajadores consideran que tanto las declaraciones del presidente de la República, como del exprocurador y las acciones emprendidas por la Comisión Especial del Senado han sido vanas, ya que “de manera cotidiana y sistemática, nuestros derechos humanos y laborales no han sido respetados por los administradores de Oceanografía ni por el Sae”, indican.
A 2 años y medio de la intervención del gobierno, el administrador del Sae ha sido incapaz de mantener la relación comercial y laboral de la empresa con Pemex, ya que, por ejemplo, las oficinas del corporativo tienen más de 1 año sin energía eléctrica. Sorprende la designación de un profesionista que carece de total conocimiento y experiencia en la industria petrolera y un mínimo de lógica y criterio para dar continuidad a los contratos vigentes en el momento del aseguramiento y que generaban ingresos para mantener la operación de la empresa, advierten.
Durante el proceso del concurso mercantil, el juez Felipe Consuelo Soto instruyó a Pemex para mantener y regresar a Oceanografía un determinado número de contratos y, de esa forma, conservar la planta laboral. Pero Maza Uretra no cumplió el mandato judicial para que la instrucción fuera desechada por Pemex, a pesar de que se trata de una entidad estratégica.
Los trabajadores enfatizan que ahora se ha orquestado la quiebra de la empresa como una maniobra del gobierno federal, para obtener un resultado contrario al espíritu del concurso mercantil de salvaguardar los empleos, en una espiral de acciones en perjuicio de sus derechos laborales.
La declaración de quiebra de la empresa no sorprende a nadie, indican, ya que el administrador del Sae determinó hace tiempo unilateralmente la suspensión de labores de cientos de trabajadores, supuestamente en tanto se les avisaba cuándo realizarían alguna actividad. Aunque se les informó que no estaban despedidos, el Sae les dejó de pagar sin explicación alguna.
En febrero de 2015, por orden del juez Felipe Consuelo Soto, Pemex devolvió a Oceanografía 430 millones de pesos por concepto de recuperación de penas convencionales, para el pago de liquidaciones de los trabajadores. Sin embargo, sólo se utilizaron 215 millones 527 mil pesos para cubrir a 5 mil 201 trabajadores, quedando al margen 4 mil más. El resto del dinero se utilizó para el pago a despachos jurídicos contratados por el Sae, para negociar liquidaciones, juicios diversos y deudas con proveedores en agravio de los derechos de los trabajadores.
Varios despachos recibieron más de 100 millones de pesos con cargo al patrimonio de Oceanografía, entre los que destacan:
Cavazos Flores, SC, quien obtuvo más de 11 millones de pesos por concepto de “406 convenios que soportan pago de liquidaciones”;
Murillo, Maldonado, Arredondo y Asociados, SC, recibió 5 millones 185 mil 487 pesos por “atención de asuntos específicos”;
Galicia Abogados, SC, obtuvo 20 millones 180 mil pesos, por “igualas de atención”;
Ramírez Ornelas y Asociados, SC, obtuvo 13 millones 900 mil pesos, por “honorarios (e) igualas”;
Rafael Lores Rodríguez y Cía, SC, recibió 20 millones 220 mil pesos, por “elaboración de nómina y cuentas por pagar”;
Del Barrio y Cía, SC, ganó 4 millones 775 mil pesos, por concepto de “procedimientos previamente convenidos”;
Negocios Inteligentes Prácticos, SA de CV, obtuvo más de 7 millones de pesos, sin especificar concepto.
Además, el Sae contrató abogados para realizar trabajos que se supone la institución debía llevar a cabo con personal propio, como a Alejandro Cárdenas Camacho, quien recibió 419 mil 580 pesos de marzo a julio de 2015, por concepto de “honorarios por asesoría legal, financiera y administrativa en materia de empresas aseguradas”, y a José Antonio de Anda, quien cobró 15 millones 100 mil pesos por “honorarios de visita y conciliación”, entre otros.
Hace 1 año, Oceanografía, representada por el Sae como patrón, dejó de pagar a los trabajadores sin explicación alguna, salvo las palabras que les dijo Alfonso Maza –“búsquenle en otro lado, aquí ya no hay chamba”–, refieren; bloqueó las tarjetas de acceso a la empresa, y ante las protestas por negarse a pagar sueldos, echó a la calle a cientos de trabajadores administrativos, sin notificarles la causa del despido, sin liquidación y los dio de baja ante el IMSS.
Ahora, cientos de trabajadores deambulan en Ciudad del Carmen, Campeche, en busca de empleo para sobrevivir, después de meses de esperar su pago que por ley les corresponde.
Para conocer la versión del Sae se solicitó entrevista con el director de la institución Héctor Orozco Fernández. Al cierre de la edición no hubo respuesta.

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