domingo, 2 de octubre de 2016

A 48 AÑOS DEL CRIMEN DE ESTADO, TLATELOLCO, 02 DE OCTUBRE NO SE OLVIDA

Domingo 2 de octubre, 4 pm, marcha de Tlatelolco al Zócalo
Comité 68
Las actividades y marchas conmemorativas de los sucesos de Tlatelolco que se han venido realizando año con año, con la divisa de “2 de Octubre No se Olvida” han sido verdaderas jornadas de lucha popular en las que no sólo se refrendan las reclamaciones históricas y los asuntos pendientes, sino también los temas y casos de actualidad referidos a las prácticas de violencia política ejercida por el sistema en sus modalidades de fuerza militar o policíaca, y sus complementos judiciales y mediáticos. Se trata de las mismas situaciones vividas con especial gravedad en el movimiento estudiantil de 1968, ahora restablecidas en sus contenidos, aunque con nuevas coberturas o disfraces, en la situación actual, obligando al pueblo a responder puntualmente y en cada ocasión a las formas violentas que se ejercen en su contra.
Esta historia y estas circunstancias han conducido a una conciencia popular creciente de que las políticas y los procedimientos de gobernabilidad y control de los movimientos sociales y de oposición política, diseñados y aplicados por el régimen y el sistema político prevaleciente, a partir de la estructura institucional de los poderes de la República, pero también de los llamados poderes fácticos, consistente en una práctica de violencia sistemática e incluso extrema que no ha dudado en transgredir su propia legalidad para imponerse para la prevalencia de sus exclusivos intereses económicos y políticos.
Pero la contraparte de esta práctica abusiva y desviada de ejercicio del poder ha sido la conciencia creciente de que los movimientos sociales se han venido constituyendo en un poder fáctico, que dentro de la legalidad puede determinar también decisiones trascendentes de poder. Desde el movimiento social hemos reclamado reformas legislativas para abrir mecanismos legales y democráticos de revocación de mandatos, para todos los niveles de gobierno; de medios eficaces para recurrir a juicio político de funcionarios coludidos con los criminales de todo tipo, incluyendo jueces cómplices de narcotraficantes, de secuestradores, etc.