sábado, 20 de agosto de 2016

Sobre las evaluaciones punitivas a los maestros (reflexiones de Enrique Calderón Alzati)

CNTE: Foro Nacional “Hacia la construcción del proyecto de educación democrática: evaluación educativa integral”
 Enrique Calderón Alzati
9 de agosto de 2016
Siendo la educación el proceso social por el que cada generación le trasmite a la siguiente los conocimientos, la cultura y los valores que recibió de sus ancestros, enriquecida con sus propios logros y desarrollos, ella constituye la simiente de las naciones y las culturas. En el caso de México, nuestra Constitución promulgada en 1917, indica con claridad que la conducción, operación y costos de la educación recaen en el gobierno de la República, el cual debe proporcionar la educación de manera gratuita y laica a todos los niños y en igualdad de condiciones.
En las sociedades modernas, la educación como todos los procesos sociales que requieren ser mejorados y adecuados a las necesidades cambiantes de la sociedad, de acuerdo con su evolución histórica deben ser evaluados, por ello la educación y los procesos educativos, deben ser sujetos a evaluaciones periódicas.
Durante la mayor parte del siglo XX, el objetivo natural de los sucesivos gobiernos nacionales, fue el proporcionar educación básica a todos los niños de México, comenzando por la primaria, después la secundaria y a finales del siglo el bachillerato, desafortunadamente estos esfuerzos dejaron a un lado, los aspectos de equidad (diferencia entre escuelas urbanas y rurales, entre regiones ricas y pobres) y las metodologías empleadas en los procesos de enseñanza aprendizaje.
El crecimiento fue notable, pero en muchos aspectos improvisado y defectuoso, abriéndose una brecha respecto a los avances logrados por otras naciones. Por su parte los sucesivos gobiernos de la segunda mitad del siglo XX, donde se dieron estos crecimientos, dieron poca importancia a estos problemas, manejando solo cifras de crecimiento de manera un tanto irresponsable y demagógica.
Las primeras evaluaciones internacionales realizadas para comparar los niveles de conocimientos y competencias de nuestros estudiantes mostraron a la sociedad mexicana una realidad que debía ser superada en varios aspectos.
Los gobiernos de la República que antecedieron al actual, establecieron las primeras evaluaciones estandarizadas nacionales, para el sistema educativo en su conjunto, coincidiendo en sus resultados con las evaluaciones internacionales, mostrando en los años siguientes modestos avances en el caso de las matemáticas y un estancamiento en la comprensión del lenguaje y los conocimientos de la ciencia, las evaluaciones señalaron además las enormes diferencias existentes entre los estados del norte, del centro y del sur del país, mientras que nuevas evaluaciones internacionales mostraban la ampliación de la brecha respecto a las naciones líderes en educación.
Ignorando los problemas de inequidad en las condiciones educativas que las evaluaciones mostraban, así como la corrupción imperante en la administración de los recursos educativos y las fallas existentes en las metodologías y los materiales educativos, un grupo de empresarios ajenos a la educación y con intereses nada claros sobre la motivación de sus afirmaciones, señalo a los maestros como únicos responsables del desastre educativo, lo cual fue tomado por el actual gobierno como una verdad absoluta para impulsar un nuevo proyecto claramente orientado a privatizar la educación, haciendo suya la denostación a los maestros y desconociendo su aportación a la conformación del México moderno, realizada en muchos casos sin condiciones mínimas para realizar su trabajo.
Para lograr este fin y pasando por encima de la Constitución, con la complicidad del Congreso (bautizada como Pacto por México) el actual gobierno se propuso evaluar a los maestros con objeto de probar sus niveles de competencia, con amenazas de carácter punitivo, modificando a modo varios artículos constitucionales, alterando con ello la esencia misma de la lucha revolucionaria del pueblo mexicano plasmada en esos artículos.
De esta manera, mientras las evaluaciones realizadas anteriormente del sistema educativo estaban basadas en los principios elementales del método científico, las evaluaciones estandarizadas para decidir si un maestro es apto para dar clases luego de varios años de desempeño, además de ser contrarias a uno de los principio fundamentales de la ciencia moderna (conocido como el principio de incertidumbre, que le valió al científico alemán Werner Heisenberg el premio nobel de física de 1932) es violatorio de uno de los derechos humanos más importantes: Ningún ser humano puede recibir un castigo sin haber sido antes juzgado y encontrado culpable del delito o falta de la cual se le acusa.
Cuando un maestro es sujeto a una evaluación, cuyo resultado puede ser su despido, la pérdida de su salario y de su condición misma de maestro ejercida por él, requeriría que fuese sometido a juicio, pues de lo contrario el trato recibido sería diferente al de un médico que se le impide ejercer, solo después de habérsele hecho un juicio por su conducta o incapacidad profesional.
Cuando además el gobierno ha tratado de imponer estas medidas no a un maestro, ni a un conjunto de maestros señalados de alguna manera, sino al total de los maestros, sus actos constituyen una conducta propia de los regímenes totalitarios en donde un conjunto de personas son así distinguidas por una diferencia étnica, económica o laboral.
La lucha del magisterio es por eso una lucha social que debe ser (y está siendo) respaldada en todo el país no solo por los padres de familia de los niños y jóvenes atendidos en las escuelas públicas, sino por los diversos grupos sociales de trabajadores, hartos todos de la corrupción y el despotismo de un gobierno que se ha caracterizado por su deprecio al pueblo que pretende gobernar.
Por ello las prácticas dilatorias y la presentación de un “nuevo modelo educativo” preparado al vapor y con errores y omisiones lamentables, con el solo fin de confundir a la opinión pública y desgastar los esfuerzos del magisterio deben ser enérgicamente denunciada y rechazada, mediante la discusión y difusión de la propuesta educativa democrática que ha venido siendo preparada por la CNTE con el apoyo de académicos y pedagogos convocados por el magisterio.