martes, 23 de agosto de 2016

Presentación con vida de Maximiliano Gordillo Martínez. ¡Ni una desaparición forzada más!

Maximiliano Gordillo a tres meses de su desaparición forzada por el INM
#MaximilianoGordilloPresentación
#NoMásDesaparicionesForzadas
Centro de Derechos Humanos Frayba
Publicado el 10 de agosto de 2016
Firma esta petición, ayúdanos a difundir su historia y así sumar miradas y voces que reclamen su aparición con vida.
La desaparición forzada práctica cotidiana en México
Violaciones a derechos humanos cometidas por agentes de Migración
Chiapas y Tabasco, fronteras con las hermanas/os de Centroamérica, fronteras del horror, extensión del terror, donde el gobierno de México ejerce su rostro servil hacia los intereses de los poderosos que imponen desde siglos su acción colonial cargada de racismo, discriminación y exclusión; y cada vez más con mayor rigor contra las personas migrantes, en la mira de las más graves violaciones a derechos humanos cometidas por el Estado mexicano. Miles de personas, familias y pueblos transitan por los territorios del sur del país desde sus lugares de origen, huyendo de una violencia para encontrarse con otra, a veces más cruel: la política migratoria mexicana de los últimos tiempos. Políticas y prácticas de humillación, abuso, tortura, explotación y represión, cometidas por el gobierno mexicano para intentar contener el libre tránsito de personas bajo discursos de seguridad nacional, donde quien migra es concebido tácitamente como criminal, enemigo interno y riesgo a una paz que en verdad ni siquiera existe para nadie.
De acuerdo al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), desde el año 2005, el Instituto Nacional de Migración (INM) es considerado una “Instancia de Seguridad Nacional”. Este enfoque de militarización contra las migraciones es el resultado de un creciente interés de los Estados Unidos de Norteamérica por blindar la frontera sur de México. Como un ejemplo de esto, podemos citar al Subsecretario de Asuntos Internos de EEUU, Alan D. Bersin, quien en septiembre de 2011, mencionó públicamente que: “La frontera entre Guatemala y Chiapas es ahora nuestra frontera Sur”. Como otro ejemplo de estas estrategias hemisféricas de securitización contra los cuerpos y los pueblos, denunciamos los acuerdos bilaterales entre México y Estados Unidos, donde se evidencia el financiamiento que este último destina al blindaje de nuestra frontera sur; en concreto con los 3.5 millones de dólares entregados a través de la Iniciativa Mérida, presumida como “la frontera del siglo XXI”1. Estas acciones fueron seguidas por una práctica radicalizada durante esta administración de Enrique Peña Nieto, con el Programa “Frontera Sur”, oficialmente puesto en marcha en julio de 2014. El cual ha sido documentado como una política de “cacería de migrantes”, disfrazada con el eufemismo de la protección a los derechos humanos, y criticado incluso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). No obstante, de este programa no se tiene información pública y se nos ha sido negada para conocer sus objetivos concretos, presupuestos, gastos y acciones con que ha sido implementado a lo largo de estos dos años. Lo que sí nos consta es la militarización de nuestras calles, pueblos y carreteras, de la alta tecnología usada para vigilar y perseguir a las personas, así como de la sofisticación y violencia con que se detiene, denigra, humilla y deporta a las personas día tras día, incluso a mexicanos mismos, por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), el cual funciona cada vez más como una instancia de corte militar, estrictamente jerárquico, violento y sobretodo, impune. Ahora bien, ¿Cuáles han sido los resultados de estas políticas y programas públicos? De acuerdo a cifras oficiales, de octubre de 2014 a abril de 2015, Estados Unidos detuvo a 70,440 personas, mientras que por parte del Estado mexicano fueron deportados 92,889 migrantes en el mismo período2.
Por su parte, en 2015, México deportó aproximadamente a 150 mil personas migrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras principalmente, lo que representa un aumento del 44% respecto al año anterior3, y lo que lo convierte en el máximo “deportador” de personas en el ámbito mundial. A este endurecimiento se suma la criminalidad de los grupos de la delincuencia organizada que roban, extorsionan, cometen crímenes sexuales y secuestran a las y los migrantes. También se han documentado casos de trata para trabajo sexual así como casos de jóvenes que son obligados a trabajar para el propio crimen organizado. Estos grupos criminales actúan en los territorios bajo la presencia constante y acérrima de las autoridades migratorias y de las corporaciones de seguridad pública; de lo anterior se infiere la participación y responsabilidad de las autoridades del Estado mexicano, que aunque lo nieguen, abundan los testimonios directos de pobladores y víctimas, quienes señalan constantemente tanto la participación directa de funcionarios públicos de todo nivel jerárquico en estos crímenes, como su connivencia, tolerancia e inoperancia para perseguir a los responsables. Por su parte, desde Chiapas, de dónde venimos, podemos compartir que en esta región del país persiste un contexto de violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos, siendo el segundo Estado más pobre del país de acuerdo a la CONEVAL, y donde cada vez es más constante la migración interna: nos referimos a las y los trabajadores que dejan sus comunidades en busca de algún ingreso, por ínfimo que sea, en otros estados del país. Entre los destinos más comunes que hemos documentado están la Ciudad de México, donde laboran como obreros o son contratados en diversos comercios; los campos de caña en Veracruz; en actividades turísticas y de servicios en destinos de Yucatán; así como jornaleros agrícolas de grandes fincas en el Noroeste de México, en inhumanas condiciones laborales, constituyendo nuevas formas de esclavitud moderna. En el municipio de Socoltenango, de donde es originaria la familia de Maximiliano, constantemente los jóvenes de las comunidades migran hacia Veracruz y Yucatán para laborar en plantíos de caña y otras fuentes de empleos temporales, alejándose cada vez más de sus familias y sus tierras. Este es el ignominioso contexto que rodea la historia de la desaparición forzada de Maximiliano Gordillo Martínez, cometida por Agentes de Migración y la policía estatal de Tabasco, cuando se dirigía a Playas del Carmen para trabajar, en conjunto con un amigo suyo.
Como ya se ha compartido en diversas ocasiones, de los testimonios recabados sabemos que en la caseta de migración localizada en Chablé, Tabasco, el 7 de mayo de 2016 agentes de migración detuvieron arbitrariamente a Maximiliano, quienes basándose en criterios racistas y sin ningún sustento, lo señalan de ser guatemalteco en situación irregular en el país, cuando él mismo les acreditaba su origen mexicano con su acta de nacimiento y CURP. Finalmente, lo último que se supo de él es que fue detenido y encerrado por los agentes migratorios en la caseta de Chablé, alrededor de las 22 y 23 horas de ese día, junto con 6 o 7 personas más que iban en el mismo autobús4.
A tres meses y medio, las diligencias de investigación en la búsqueda de Maximiliano han sido lentas, insuficientes y superfluas, por lo que no se ha llegado a ningún indicio sobre su localización, encubriendo además a los responsables de su desaparición forzada5.
Esta mañana queremos dar a conocer los nombres de los funcionarios del INM responsables de este acto atroz. Como hemos explicado, al interior del Instituto Nacional de Migración las órdenes se rigen y ejecutan bajo una lógica castrense, donde la jerarquización, la sumisión y la obediencia son valores fundamentales para sus superiores jerárquicos, haciendo que la cadena de mandos tenga una relevancia muy particular para desentrañar la responsabilidad en todas sus operaciones. Es así que a partir de una serie de análisis y constataciones a las que hemos tenido acceso directamente como organizaciones de la sociedad civil, hacemos pública una relación de funcionarios del INM implicados de una u otra forma en este crimen de estado: Como ya lo dimos a conocer hace dos semanas en Villahermosa, Tabasco, los agentes directamente responsables del punto de Revisión de Chablé, Tabasco en el momento de los hechos son: Rubén Silva Silva, Agente Federal de Migración “C”, y Oscar Benjamín Castillo Pavón Carbonell, Coordinador de Unidad de Áreas de Servicios Migratorios, entre otros varios agentes migratorios y de la policía estatal de Tabasco, que nos han sido ocultados hasta el día de hoy por parte del gobierno. A la cabeza del INM desde enero de 2013, el comisionado Ardelio Vargas Fosado, mantiene un estricto y rígido control de sus subalternos, por lo que todo aquello ejecutado por cualquier agente migratorio, es responsabilidad directa suya. Sin embargo, Ardelio Vargas ha sido señalado en reiteradas ocasiones por solapar y dejar impunes diversos delitos que son cometidos por funcionarios a su cargo de manera cotidiana en los últimos años. Además, entre su obscuro pasado como operador en materia de seguridad e inteligencia nacional, se le responsabiliza de los actos cometidos en las represiones violentas de San Salvador Atenco, Estado de México, y en Oaxaca en 2006, así como posteriormente en su natal Puebla, siguiendo una línea dura de corte militar bajo el diseño y formación norteamericano de “estrategias proactivas de seguridad”, señaladas por especialistas en la materia por provocar graves violaciones a los derechos humanos en contra de la población. Igualmente como cabeza del INM en Tabasco, hacemos responsable de este delito a Eduardo Silvestre Hernández Dighero, Delegado Federal del INM en dicha entidad. Persona que ha sido señalada de corrupta, violenta, y por casos de acoso sexual, todo esto al interior mismo del INM de Tabasco, además que se ha jactado de gozar de impunidad bajo el cobijo de personas allegadas a Enrique Peña Nieto y Ardelio Vargas. En la misma línea, según fuentes internacionales a las que hemos tenido acceso, se le señala como una persona formada en los servicios secretos y en seguridad nacional, con entrenamiento en Estados Unidos, y en conjunto con Ardelio Vargas, por lo que podemos inferir que el control que tuviese sobre el territorio a su cargo, es absoluto. En el ámbito federal, al interior del INM, de los operativos migratorios y de la impunidad que reina hoy en día al interior del Instituto, son igualmente responsables Mario Madrazo Ubach, Director General de Control y Verificación Migratoria; Seguismundo Doguin Garay, Director General de Coordinación de Delegaciones; y César Larriva Ruiz, titular del Órgano Interno de Control; entre otros. En la Delegación de Tabasco del INM, tienen responsabilidad sobre este crimen, Marco Antonio Cuellar García, Subdelegado Federal en Tabasco; Santiago Castro Rodríguez, Delegado Local en Tenosique; Carlos Lara Pulido, Subdirector de Control y Verificación Migratoria de Tabasco; Cyndi Carolina Escobar Vera, Subdirectora de la Estación Migratoria en Tenosique, Tabasco; Lorena del Carmen Hernández Ramón, Jefa del Departamento de Operación, Seguridad y Custodia en Tenosique, Tabasco; entre otros.
Ante todo este panorama, como organizaciones de derechos humanos, en conjunto con la familia, llamamos urgentemente a la solidaridad nacional e internacional para exigir la inmediata presentación con vida de Maximiliano Gordillo, y de la investigación exhaustiva contra los responsables; entre otras acciones, les invitamos a firmar y difundir la acción urgente en el portal Avaaz6, y a compartir ampliamente la historia de Maximiliano7.
¡Porque no podemos aceptar una persona desaparecida más en el país!
¡Ni una más!
NOTAS:
4 Acción Urgente: Desaparición forzada de Maximiliano Gordillo por agentes del INM: 18 de mayo de 2016. Disponible en:
5 A tres meses de la desaparición forzada de Maximiliano Gordillo Martínez, entre la impunidad y corrupción. 8 de agosto de 2016. Disponible en:
7 Presentación con vida de Maximiliano Gordillo: https://www.youtube.com/watch?v=2G71ojJDU1g
México: “lidiar con el Estado, con su inoperancia y su indolencia”, a 3 meses de la desaparición forzada de Maximiliano Gordillo.
Publicado por: Pozol Colectivo 
Convergencia Medios Libres
Voces mesoamericanas
Agosto 8, 2016
Villahermosa Tabasco, México. 8 de agosto. Voces Mesoamericanas. Como organizaciones que asesoramos y acompañamos a la familia de Maximiliano Gordillo Martínez, nos gustaría poder decirles que a tres meses de su desaparición ha habido avances, que la Procuraduría General de la República (PGR) ha investigado eficientemente, que ha dado con los responsables y con el paradero de Maximiliano, o que al menos nos tiene un indicio por mínimo que este sea. Nuestro deseo es un deseo compartido con muchos otros y otras familiares, acompañantes, sociedad civil que se solidariza.
Sin embargo, en México miles de familiares no sólo sufren los espacios vacíos de quien no está, sino que tienen-tenemos que lidiar con el Estado, con su inoperancia y su indolencia. Pues son las autoridades quienes deberían de investigar, quienes tienen las facultades, el personal designado, y un largo etcétera, los cuales en el caminar de la justicia se vuelven en realidad en una carga más, un complejo de puertas que no se abren, de oídos desinteresados, de trámites engorrosos con los que hay que lidiar y que al final no llegan a nada o a muy poco que es casi igual, pero más desgastante.
Este caminar por la justicia ante las instituciones inició hace ya casi tres meses, y oficialmente ante la PGR el caso sigue atendido por la Unidad de Atención Inmediata, bajo el susodicho nuevo sistema penal acusatorio. La inoperancia por parte de la PGR nos parece alarmante y lamentable.
Inicialmente presentamos nuestra denuncia por desaparición forzada ante la subdelegación de la PGR en San Cristóbal de Las Casas, por cuestión del domicilio de la familia de Maximiliano. En dicha ocasión reconocieron que era la primera vez que se aceptaba en esta oficina una denuncia por este delito, y que no sabían de la existencia del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas de la misma PGR, entrado en vigor hace más de un año. Posteriormente fue remitido a la subdelegación de Tenosique, Tabasco; donde la carpeta de investigación permanece desde hace dos meses, sin avances significativos y sin que se hayan realizado las diligencias más urgentes; por ejemplo, no se ha entrevistado a los agentes de migración responsables de la detención y posterior desaparición de Maximiliano, a su vez que no se han proporcionado los nombres de todos los agentes de migración y de la policía estatal de Tabasco, en funciones en la caseta de Chablé al momento de los hechos. Las pocas diligencias realizadas hasta ahora desde la oficina en Tenosique son por demás incompletas, poco profesionales y superficiales.
Ante lo anterior, solicitamos hace ya más de mes y medio la atracción del caso a la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas, en la Ciudad de México, pero al día de hoy la carpeta de investigación no ha sido remitida, en una clara muestra de que la burocracia vence a la eficiencia y a la sensibilidad para atender el caso conforme a derecho corresponde. Consideramos que las investigaciones no podrán avanzar mientras se mantenga la carpeta judicial en la oficina en Tenosique, tenemos indicios de que la inoperancia y la corrupción imperan en la región, y exigimos la remisión inmediata del caso a la Fiscalía Especializada. No obstante, nos preocupa y mucho que dicha Fiscalía sólo cuenta actualmente con 4 agentes de investigación criminal para cubrir las diligencias en todo el territorio nacional, así como que la Agencia de Investigación Criminal de la PGR sigue bajo la responsabilidad de Tomás Zerón de Lucio, una persona señalada reiteradamente, aún dentro de las mismas instituciones e internacionalmente, como una persona corrupta, autor de graves violaciones a derechos humanos y con vínculos políticos ajenos a la imparcialidad que merece este cargo.
Respecto al Instituto Nacional de Migración (INM), queremos dar a conocer que su actuar hasta la fecha sobre este caso, nos deja como única interpretación, el encubrimiento a los agentes responsables en la detención y desaparición de Maximiliano por parte de las más altas instancias al interior de este Instituto. Desde un primer momento recibimos un total hermetismo y falta de colaboración para la búsqueda de Maximiliano, se ha negado cualquier registro a su nombre o conforme a su fotografía, y no se nos ha permitido el acceso a dichos sus registros de las fechas del 7 y 8 de mayo.
Así mismo, se ha notificado ya que los agentes del INM responsables del punto de revisión migratoria de Chablé, Tabasco durante el momento de los hechos son Rubén Silva Silva, agente federal de migración “C”, y Oscar Benjamín Castillo Pavón Carbonell, coordinador de unidad de áreas de servicios migratorios quienes a su vez tenían bajo su responsabilidad a otros agentes cuyo nombre se han negado a proporcionar. Ahora el INM pretende construir una “verdad histórica” más, como en muchos otros casos de desaparecidos, para desvincular la responsabilidad de su personal en los hechos delictivos; pretende decir que coincidentemente una hora antes de los hechos ocurridos de acuerdo al testimonio del acompañante de Maximiliano, se detuvieron los operativos de revisión migratoria en ese punto, que dichos agentes abandonaron el punto de revisión en ese momento y que se reanudaron horas más tarde; pero que de Maximiliano no saben absolutamente nada.
De igual forma, recordamos a la sociedad en general que estos operativos migratorios en las carreteras, atentan contra nuestros derechos fundamentales, son inconstitucionales y deben suprimirse cuanto antes. Millones de personas que transitamos las carreteras de México y con énfasis en el sur del país, somos testigos diarios del actuar racista, discriminatorio y arbitrario con que los agentes de migración nos tratan como mexicanos, que humillan a las personas por su origen, procedencia y rasgos físicos. Lamentamos que la Secretaría de Gobernación no alcance a detener inmediatamente estas prácticas y políticas del INM, quien actúa con total impunidad, lujo de violencia y descaro en todo el territorio nacional. Reiteramos que las migraciones no son un asunto de seguridad nacional, sino de política pública, de atención a la persona vulnerable que transita el país, y no de represión y aniquilamiento a un supuesto “enemigo”. Mencionamos esto, pues es este contexto, inhumano e indignante, que permite que actos como el sucedido a Maximiliano existan en un país que adolece su más grave crisis de derechos humanos en su historia.
La búsqueda de Maximiliano Gordillo Martínez y la investigación de los responsables de este delito de desaparición forzada no han encontrado excepción a la regla de la injusticia nacional. Es por ello que esta mañana decidimos evidenciar ante ustedes algunas de las ineficiencias más graves en la investigación de este caso; el cual es réplica fiel de muchos otros casos, todos, de historias sin fin, envueltas en la impunidad y la corrupción que nos mal-gobierna.
Exigimos presentación con vida de Maximiliano Gordillo Martínez

No hay comentarios: