miércoles, 31 de agosto de 2016

El dilema (del prisionero) salario-precios y los espíritus animales. El caso venezolano.

Luis Salas Rodríguez
Fuente: Celag
América Latina en movimiento
31/08/2016
Lo primero que hay que dejar claro es que el salario también es un precio. Es el precio al cual se paga la mercancía “mano de obra” en el “mercado de trabajo”. De tal suerte, el salario no es lo opuesto a un precio: es de hecho un precio. Sin embargo, no es un precio entre otros. En primer lugar, porque quienes vendemos nuestra fuerza de trabajo utilizamos el ingreso salarial pagado para poder vivir, es decir, para pagar a su vez todas las cosas que necesitamos y que son mercancía. Pero hay otras dos razones muy importantes que le otorgan una consideración especial: la primera es que la mercancía fuerza de trabajo es la única que, por regla general, se usa primero y se paga después. Y la segunda es que salvo excepciones muy particulares, el precio al cual se transa no depende de quien la vende, sino del comprador que la paga. Por esto último, ocurre que los trabajadores tampoco podemos ajustarlo a voluntad. En el mejor de los casos podemos exigir que nos paguen más, pero el que eso pase depende de quien la compra, o sea, de nuestro patrón.
Debemos tener claro que en toda sociedad capitalista los salarios justos son relativos. Es decir, desde un punto de vista estricto, no existe un “salario justo” en cuanto tal, pues un patrón siempre remunera menos de lo que el trabajador produce. De lo contrario, no habría capitalismo, pues en la diferencia entre lo que se paga por los salarios y lo que el trabajador produce se haya la ganancia capitalista. O dicho de otra manera: si el patrón pagara al trabajador exactamente lo que este le reporta en productividad, entonces no sería un capitalista, pues no obtendría el excedente necesario para acumular capital que es lo que define a todo capitalista. No hay que ser marxistas para decir esto: cualquier gerente del IESA (Instituto de Estudios Superiores en Administración) tiene claro esto. Así las cosas, el intercambio monetario patrón–trabajador siempre será desigual en perjuicio del trabajador.
La única condición bajo la cual se puede hablar en una sociedad capitalista –y la venezolana lo es todavía en su versión mercachifle más primitiva- de un salario justo, es en base a uno que le permita al trabajador adquirir los bienes y servicios elementales para su subsistencia y ejercer sus derechos. Eso es exactamente lo que garantiza la CRBV y lo que el Estado venezolano está obligado a hacer. Para ello, ha desarrollado distintos mecanismos, siendo uno los aumentos salariales vía decreto presidencial. La idea de este mecanismo es que el salario nominal se ajuste a la variable inflacionaria de modo que el poder adquisitivo no se rezague con respecto a los otros precios (recuerde que el salario también es un precio). Por tanto, el Presidente, no solo está facultado para hacerlo, sino que está obligado a hacerlo si pasa que los precios de todas las demás mercancías suben de modo que dejan al salario atrás.
Pero el problema del poder adquisitivo de los trabajadores es que no depende solo del monto nominal al cual se fije el salario (el “cuánto” en bolívares), sino del precio al cual se coloquen las demás cosas que dicho salario va a comprar. Y lo que suele pasar acá es que esto no depende del Estado ni del Ejecutivo en sentido estricto, sino sobre todo de los patronos en cuanto vendedores de las mercancías. Es por este motivo que el Estado venezolano –como otros en muchos momentos de la historia- ha establecido un control de precios, del cual hay que decir que no es causa sino consecuencia de la inflación, pues lo cierto es que su aplicación comenzó en 2003 tras los ataques especulativos (incluyendo un golpe de Estado y un sabotaje petrolero) que hicieron aumentar los índices inflacionarios hasta ese momento a la baja.
Volviendo al inicio, cuando se da un proceso de ajuste de precios (lo que eufemísticamente los economistas ortodoxos llaman ahora “sinceramiento”), lo que ocurre es que los salarios se retrasan, pues, como dijimos, éstos no se ajustan al mismo ritmo que los demás precios. Y eso es lo que ha venido pasando en nuestro país con la profundización y prolongamiento de la guerra económica hasta devenir en una puja distributiva de todos contra todos.
En efecto, de la inicial guerra económica –que no cesa- hemos transitado a una puja distributiva entre los diferentes agentes económicos, que pasa por la voluntad de apropiación de mayores ingresos –o recuperación del ingreso previo perdido- por la vía de los precios tanto de los productos y bienes como de los servicios, en una carrera hiperespeculativa donde los grandes perdedores somos los trabajadores asalariados con ingresos fijos. Sin embargo, la realidad es que cada vez más son también más los comerciantes y empresarios que se ven afectados en esta pelea, con especial incidencia en los pequeños y medianos.
Las pujas distributivas se desatan en una sociedad luego de que la acción de desequilibrios reales dé lugar a juegos de fuerzas que promueven cambios no neutrales en la distribución de los ingresos a través de la variación de los precios, incluyendo el tipo de cambio. Por lo general, estos desequilibrios devienen tras algún tipo de shock externo (crisis mundial, caída del comercio internacional, etc.) o interno (devaluación, aumento de precios claves –tarifas de servicios básicos-, caída de la producción, etc.), en el entendido que tales choques pueden ser no intencionales o bien intencionales. Como quiera que sea, lo cierto es que una vez ocurrido el shock, suele pasar que los agentes económicos con mayor poder de mercado (monopolios, oligopolios, roscas, etc.), información privilegiada y/o concentrados en productos y servicios claves de difícil sustitución (alimentos básicos, medicinas, productos de higiene, repuestos de vehículos, etc.) utilizan los aumentos de precios como mecanismo para recomponer su ingreso real. Esto naturalmente se hace a costa de los demás, bien contra otros agentes dentro de la rama comercial, o bien contra los consumidores asalariados. Si el impacto es inmediato y breve, lo más probable es que no se desate una ola especulativa ni una puja distributiva, quedando un núcleo de ganadores en el nuevo cuadro distributivo (por lo general los más grandes y concentrados). Sin embargo, si el impacto se prolonga o se agrava con otros nuevos, y/o si los trabajadores no son pasivos y reclaman recomponer el poder adquisitivo perdido, entramos en una puja distributiva donde todos los agentes económicos, tanto privados como públicos, buscan no perder en la puja a través del aumento de los precios de los bienes y servicios que ofrecen (incluyendo el salario, fuente de ingreso de los trabajadores).
Esto último es lo que está pasando en la actualidad en Venezuela, particularmente tras el sucesivo impacto de la manipulación del tipo de cambio paralelo que se traslada a los precios de los bienes y servicios. De la misma manera, la caída del ingreso petrolero ha jugado un papel importante por la subsiguiente caída de las importaciones, pero también por las expectativas negativas que genera entre la población, comerciantes y empresarios. Sin embargo, nunca puede dejarse de insistir en que por más que sea cierto que la especulación también afecta a los empresarios y comerciantes, también lo es que el impacto es mucho mayor en la mayoría trabajadora asalariada cuyo ingreso y salario real (poder adquisitivo) no dependen de sí misma. De hecho, la respuesta “natural” del comerciante especulador, es trasladar dicha especulación al eslabón siguiente hasta que ésta estalla en manos de los consumidores finales, un poco como en el juego de “la papa se quema”. Y esto lo puede hacer no solo aumentando el precio –como ya se dijo- sino retardando la colocación de la mercancía esperando mejores precios, lo cual, como sabemos, es la vía más expedita de traducir dicha expectativa en realidad (escasez programada por acaparamiento y ralentización de la producción). Los problemas con esta “solución” –que se convierte en un negocio en sí misma- es que encuentra su límite cuando al masificarse la especulación, los salarios ya no pueden y el consumo se contrae.[1]
Una vez llegados a este punto, es decir, cuando la especulación se generaliza y se agrava con recesión, los agentes económicos caen en un juego no-cooperativo donde cada cual busca “salvarse” sacándole al otro una tajada para recomponer, mantener o aumentar el ingreso previo. Keynes tiene un concepto que describe muy bien esta situación. Decía el británico que en situaciones de crisis profundas se desatan los espíritus animales. Esto quiere decir que nuestras acciones ya no son motivadas por juicios racionales con arreglo a beneficios, sino por un ímpetu cuasi instintivo motivado por el miedo, la incertidumbre o la desesperanza, que acaba impulsando acciones donde conspiramos contra nuestros propios intereses. Esto es lo que explica el proceso de indexación automática pero descontrolada de precios que se observa, en la medida en que al aumentar uno todos los demás aumentan, ya no por razones contables sino por meras expectativas. Y decimos “salvarse” pues al aumentarse todos los precios al mismo tiempo casi nadie gana en realidad, pues cada posible ganancia adicional es licuada por el aumento de los egresos en los que hay que incurrir por los otros aumentos (o sea: el aumento es una ilusión monetaria).[2] Como en todo “sálvese quien pueda” los únicos que ganan son los más grandes y fuertes, en este caso los monopolios y oligopolios con mayor capacidad de aguante. La pequeña y mediana empresa por lo general termina fulminada en esta etapa.
Al liberarse los espíritus animales, la incertidumbre generalizada termina causando un cuadro que recuerda al famoso dilema del prisionero de la teoría de juegos. Y es que al no confiar nadie en nadie, al no tener certeza de la necesaria cooperación del otro para poder salir de la situación y más bien tener que dicho otro actúa contra uno, cada quien opta por la opción egoísta que termina causando el peor resultado para todos los involucrados. Lo interesante de estas situaciones es que la opción más difícil de tomar –confiar en el otro y cooperar- es la que termina asegurando el mejor resultado. Pero para esto es necesario que alguien dé muestras de voluntad de hacerlo, es decir, que haga exactamente lo contrario a lo que el instinto de supervivencia le dicta a todos los demás. La ventaja que tenemos es que la autoridad, que en el dilema de prisionero clásico es la menos interesada en la cooperación de los involucrados, en el caso que nos ocupa ocurre todo lo contrario: manifiesta estar de parte de la mayoría asalariada y tener toda la voluntad de cooperar incluso con los productores y comerciantes que así lo deseen. Justamente: en una situación de crisis, tal y como lo demuestra la experiencia norteamericana de los años 30’, es imperativa la existencia de un Estado fuerte interventor de parte de la mayoría social y decididamente dispuesto a luchar contra la especulación. Es como un corte de cuenta o un reseteo político-económico, que restablezca las reglas perdidas, recupere la confianza entre las partes e imponga un equilibrio cooperativo, es decir, donde nadie gane a costillas de los demás, que es lo que ocurre con los equilibrios convencionales de mercado donde los únicos que se benefician son los especuladores.
NOTAS
[1] Un ejemplo de ello es la siguiente cita sacada de un informe de la firma Econométrica con recomendaciones para sus clientes de 2012 titulado “En 2012, no habrá mejor inversión que la compra de divisas”: “Econométrica recomienda a sus clientes postergar sus inversiones en capital fijo (ampliaciones de planta, compra de maquinarias, equipos y oficina) hasta el año 2013 en los casos en que se posible y se tenga acceso a las divisas (cuando la postergación de la inversión no le coloque en riesgo, en términos de una pérdida de participación de mercado de su empresa que fortalezca a la competencia). Las razones básicas de la recomendación son dos. La primera, porque durante los próximos doce meses no habrá una mejor inversión que la compra de divisas (el tipo de cambio oficial y paralelo aumentará más que la tasa nominal de rendimiento de capital). Y, la segunda, porque postergar la decisión de invertir en capital fijo hasta 2013 o, al menos, hasta que se tenga conocimiento de los resultados electorales (los del 07 de octubre), tiene sentido, desde el punto de vista de la incertidumbre, la planificación de su negocio y anticipación de precios claves como los de bienes raíces, el mercado bursátil en moneda nacional, etc.”
[2] Este es, por cierto, el peligro de los ajuste de precios por la metodología de validación de “costos”, tras la cual se terminan validando precios especulativos que aparecen efectivamente como costos en las estructuras contables de las empresas, ayudando a profundizar, más que a detener, la espiral de precios.

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