Red latina sin fronteras
Publicado: 10 de junio de
2016
Para el pueblo indígena de Saraguro la elaboración de “quesillo” es una práctica tradicional
de la que dependen su alimentación y sus ingresos económicos. En los últimos
meses se inició una persecución al quesillo de Saraguro por no contar con
registro sanitario, lo que dio lugar a que en las movilizaciones realizadas en
agosto de 2015, las familias Saraguro demandaran, entre otras cosas, la
suspensión de estos requerimientos.
Muchas fueron las razones
por las cuales las organizaciones sociales del Ecuador se movilizaron en agosto
de 2015, y muchas de las demandas e insatisfacciones fueron compartidas por
varios sectores de la sociedad. Para el pueblo
de Saraguro, una motivación principal fue la imposición de normas de carácter
sanitario, fitosanitario, de inocuidad alimenticia y de “buenas prácticas de manufactura” para la elaboración del quesillo.
El quesillo dinamiza la
economía de Saraguro. Cerca del 50% de la leche que se produce en las
comunidades es transformada en quesillo, que se destina a la venta y el
autoconsumo. Sólo un 10% de la producción se vende como leche líquida. Los
ganaderos prefieren transformar la leche en quesillo para darle valor agregado
y evitar su comercialización diaria, porque las comunidades se encuentran a
grandes distancias de los centros de comercialización.
La intención del gobierno
es imponer en las comunidades rurales que elaboran alimentos, el registro
sanitario y otras normas de control que serán muy difíciles de cumplir, o
imposibles; y por alguna razón se las empezó a imponer en Loja.
Estas normas han sido
desarrolladas en gran medida por la Organización Mundial del Comercio (OMC), y
diseñadas para la producción industrial de alimentos. Su objetivo, lejos de
velar por la salud de los consumidores responde en realidad a la necesidad de
controlar el comercio mundial de alimentos. Un país puede usar argumentos
sanitarios en el seno de la OMC para frenar importaciones de ciertos productos
que pueden perjudicar a su industria; también se pueden imponer retaliaciones
económicas sobre un país que quiere limitar legítimamente la importación de un
producto por razones sanitarias.
Lo que sucede en el
escenario mundial, se está aplicando ahora al interior de los países. La
imposición de normativa sanitaria imposible de cumplir, desplaza del mercado
interno a la producción campesina o artesanal, para dejar la cancha abierta a
la producción industrial.
En este punto es necesario
preguntarse ¿y qué pasa con nuestra salud? La población de Manabí ha crecido
alimentada con el que hoy se ha dado en llamar “queso manaba”, sin que hayan existido casos de enfermedades a
causa de su consumo. Lo mismo ocurre en Loja con el quesillo Saraguro.
Por el contrario, es en la
crianza industrial de animales donde han surgido algunas de las enfermedades
emergidas en las últimas décadas. Este es el caso de la gripe aviar, la gripe
porcícola y el mal de la vaca loca.
La gripe aviar, aunque fue asociada con la cría familiar de pollos en el
Sudeste asiático y hasta con las aves silvestres migratorias, ésta se
desarrolló en las gigantescas granjas de cría industrial de pollos de la
región. En cuanto a la gripe porcícola o conocida también como gripe AH1-N1,
recordemos que el primer registro fue en México, en la comunidad La Gloria,
contigua a las Granjas Carroll, donde se crían decenas de miles de chanchos. Ya
en el pasado, los moradores de esta comunidad y de otras contiguas, habían
protestado por las lamentables condiciones de salubridad de estos planteles
porcícolas, por el hacinamiento, la inmensa generación de desechos, el uso de
antibióticos, entre muchos otros factores.
Aplicar el mismo tipo de
normatividad a la producción industrial que a un pequeño productor de quesillo
que en Saraguro elabora unos pocos quesos diarios provenientes de la leche de 5
a 6 vacas, es una sinrazón. Sin embargo, su aplicación podría tener efectos
nefastos para las formas de vida de estas comunidades, su derecho a la
alimentación y la soberanía alimentaria.
Lo mismo podría suceder
con más de 700 mil personas que de manera directa están involucradas en la
producción de lácteos; muchas de ellas son pequeños productores y campesinos,
especialmente mujeres. Porque aunque la aplicación de estas normas se inició en
Loja, van a imponerse en todo el país, y en todas partes los campesinos
ganaderos y productores que queso saben que no podrán cumplir con una normativa
desproporcionada.
La aplicación de esta
serie de normas sacaría del mercado la producción artesanal y campesina de
alimentos. En el caso de los productos lácteos, este nicho será ocupado por
grandes empresas productoras de lácteos como Nestlé o Tony.
Lo que está en juego es la
sobrevivencia de una forma de vida. Los productores de lácteos, especialmente
de queso, serán reducidos, si tienen suerte, a ser proveedores de leche cruda
para esas industrias. Este problema se agudizará con la entrada en vigencia del
Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, pues en las negociaciones el
Ecuador se abrió a la importación de distintos tipos de productos lácteos,
incluyendo los quesos.
Por eso la protesta de
agosto del 2015 tuvo tanta fuerza en Saraguro, porque estaban defendiendo su
forma de vida que hoy está en peligro. Y lo hicieron acogiéndose al artículo 98
de la Constitución que reconoce el Derecho a la Resistencia cuando los derechos
constitucionales están en peligro.
La aplicación de estas
normas atenta contra el Derecho a la Alimentación reconocido en el Art. 13 de
la Constitución del Ecuador. En él, no sólo se establece que la población
cuente con alimentos suficientes, sino que además éstos deben ser “producidos a nivel local y en correspondencia
con sus diversas identidades y tradiciones culturales”.
Se viola además el derecho
de los pueblos a “mantener, proteger y
desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias y tecnologías” (Art.
75.12). Se atenta además contra su derecho al desarrollo.
Paradójicamente, las
movilizaciones ocurridas en Saraguro en agosto del año pasado fueron duramente
reprimidas dejando un saldo de 29 personas judicializadas por parte del
Tribunal de Garantías Penales de Loja, lo que ha merecido el rechazo de muchos
sectores sociales del país. Luisa María Lozano y Amable Angamarca, ambos del
Pueblo Saraguro, han sido sentenciados a cuatro años de prisión, mientras otros
casos recientes han tenido sentencias de un año de prisión por lavado de
activos, y de ocho meses por trama criminal en los pases policiales.
Claramente, una señal de advertencia a quienes se resistan a obedecer las
reglas vigentes, inclusive las nuevas normas sanitarias.
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