lunes, 23 de mayo de 2016

Agua Zarca es un proyecto ilegal e ilegítimo: Tomás Gómez Membreño, coordinador del COPINH

Agencia SubVersiones
/22 mayo, 2016/
Tomas Gómez Membreño es el coordinador interino del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Asumió ese papel después del asesinato de su compañera Berta. En él, siempre cabe una sonrisa y un chiste, a pesar de la fuerte presión que ahora recae sobre él. Cómo su compañera, él también ha recibido amenazas. A las 11 de la noche nos recibe en la casa de sanación que tiene el COPINH en la pequeña ciudad de La Esperanza, capital departamental de Intibucá, uno de los 7 departamentos en donde los lencas tienen su extenso territorio. Su autonomía y libre determinación ahora están amenazadas por alrededor de 50 proyectos «porque allí abarca no solo proyectos hidroeléctricos, sino concesiones mineras, eólicos, REDD+, AVA-FLEGT (comercio forestal para el mercado europeo) y las ciudades modelo. Eso sabemos es un paquete de privatización, concesionamiento y exterminio de nuestros pueblos porque significa más del 30% territorio hondureño que esta entregado no a nosotros, sino a mano de las empresas privadas» puntualiza Membreño.
El proyecto Agua Zarca, de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA) es tan sólo uno más. En dichos proyectos tienen en común que son empresas que carecen de transparencia, tienen capital nacional y extranjero, y han recibido sus concesiones ilegalmente, pues los pueblos indígenas no han sido consultados, a pesar de que Honduras es firmante del Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
«Entre el 2006 y el 2007 realizaron cabildeos abiertos. Pero al participar los compañeros, de 800 sólo siete personas estaban a favor del proyecto Agua Zarca. Terminaron la votación a favor sólo los presidentes del patronato, secretario y allegados del alcalde. Los cabildos abiertos no son lo mismo que la consulta previa, libre e informada. Las comunidades han denunciado que no ha habido consulta. Si preguntamos a la comunidad de Río Blanco, lo primero que van a responderles que el río Gualcarque es sagrado y ahí están los espíritus de las niñas, abuelos, y ahí está el espíritu de Berta. Una protectora que antes denunciaba y ahora es una guardiana cuidando el rio».
«Han asesinado a cinco compas en Río Blanco, Intibucá. Pero también asesinaron a la coordinadora general del COPINH; han asesinado las costumbres, han atentado contra la soberanía alimentaria de las comunidades donde les quitan sus tierras, donde les quitan sus cultivos o les tiran máquinas encima. Generan sistemáticamente genocidio contra las comunidades indígenas. Para nosotros es fundamental que en memoria de Berta Cáceres vamos a seguir en el proceso de defensa del territorio con la misma dinámica del COPINH para enfrentar a este monstruo. Nosotros como COPINH lo tenemos bien claro, no nos enfrentamos con las comunidades, sino contra la privatización y concesionamiento de estas empresas que el estado hondureño les dio a las empresas privadas no para beneficiar a las comunidades, no para llevar escuelas, sino para llevar la muerte a comunidades indígenas», continúa Tomás.
El historial de agresiones comenzó desde la presentación del proyecto en 2010. Desde abuso de autoridad por parte de funcionarios públicos hasta cuerpos de seguridad hondureños trabajando para DESA que invadieron las ancestrales tierras lencas, cobijados por una sólida estructura económica privada y militar estatal. El proyecto Agua Zarca es sólo uno de las decenas de construcciones hidroeléctricas impulsadas por entes financieros globales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo en un proceso que busca rendir frutos para inversiones y corporaciones trasnacionales respaldadas por corruptos sistemas judiciales y el soporte de fuerzas estatales de seguridad financiadas, entrenadas y armadas por Estados Unidos, Canadá y el mismo Banco Mundial.
En 2011, cuando representantes de DESA presentaron el proyecto de Agua Zarca en la comunidad de La Tejera en la región de Río Blanco, los pobladores rechazaron la construcción pues para ellos el río Gualcarque es sagrado. Pese a ello en diciembre del mismo año, en un acto de abuso de autoridad, el alcalde municipal de Intibucá, Martiniano Domínguez emitió el permiso de construcción del proyecto hidroeléctrico. La firma del funcionario público iba acorde al proceso ilegal de compra de títulos de tierra en el área de Río Blanco, acción que DESA comenzó desde agosto de 2011. Los títulos, también emitidos ilegalmente por la alcaldía de Intibucá, fueron concedidos a una familia rica del vecino departamento de Santa Bárbara de apellidos Pineda Madrid, quienes utilizaron violencia e intimidación contra la población lenca para reclamar la propiedad del territorio y posteriormente venderla a DESA. La concesión de estos títulos es una violación a la ley municipal de 1990 y al artículo 169 de la OIT, ratificado por Honduras en 1994. Otro de los funcionarios implicados es Rigoberto Cuellar, quien al fungir como Ministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente, emitió permisos para la construcción de Agua Zarca sin completar los estudios de impacto requeridos por ley. Desde 2015, Cuéllar, ya como fiscal adjunto del Ministerio Público, es investigado por su involucramiento en el millonario desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social.
DESA es una empresa hondureña creada en 2009, la cual obtuvo el derecho de uso del río, avalado por la aprobación de la Ley General de Aguas y el decreto 233 (que prohibía la construcción en áreas protegidas) promovidas por el gobierno resultado del golpe militar del mismo año, el cual otorgó 347 concesiones hidroeléctricas en todo Honduras. Y contando. Pese al respaldo estatal, la empresa se ha valido de artimañas para obtener los títulos de propiedad de las tierras en el área del proyecto a través de violencia, fraude e intimidación, actos permitidos por las instancias gubernamentales locales e incluso promovidas por funcionarios de Estados Unidos, como la embajadora Lisa Kubiske, cuando en junio de 2013 declaró públicamente que «el gobierno (hondureño) debe garantizar un sistema de justicia funcional que proceda contra aquellas personas que motiven a los campesinos a invadir tierras», marcando claramente la afectación a los intereses financieros estadounidenses en proyectos hidroeléctricos, concesiones mineras y la expansión de monocultivos de palma africana. Aunado a ello las declaraciones recrudecieron las campañas de criminalización y agresiones contra defensores de derechos humanos, tales como aquellos que integran el COPINH y especialmente contra Berta Cáceres.   
«El proyecto AZ fue aprobado ilegalmente y es ilegítimo. Nosotros hemos probado a nivel de juzgados, que ese proyecto es ilegal. Que también el ministerio público, parte de la estructura del Estado ha dicho que es ilegal porque al viceministro De Serna le dictaron auto de prisión preventiva. Desde ahí verificamos nosotros que este proyecto es ilegal e ilegítimo porque no ha habido consulta», destaca Tomás Membreño.
Aunado a la transformación del Estado hondureño hacia una corporación-Estado que actúa bajo estructuras que imponen proyectos privados a través de instituciones públicas, se sospecha que ganancias de actividades ilegales como el tráfico de drogas, es lavado e invertido en el corrupto sector de la construcción, sobre todo de presas y minas. El mismo Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, a través del Programa de Recuperación de Activos Robados, lanzaron un estudio donde analizan como las estructuras corporativas han sido utilizadas para lavar billones de dólares de ganancias ilegales, pese a ello no existen medidas globales reales en trasparencia corporativa; entidades como Wells, Fargo, Citibank y el Banco de América, por mencionar sólo algunos casos, se han visto involucrados en escándalos de lavado de dinero. Otro ejemplo de como la corrupción se exhibe tal acto de exterminio es representado con la imposición de la hidroeléctrica de Belo Monte, en Brasil, donde las mismas empresas que son investigadas por desvíos de recursos en la Petrobras (Oderbrecht, Camargo Correa y Andrade Gutiérrez) son las mismas beneficiadas por la construcción de la presa, la cual antes de comenzar a funcionar ya había comprometido y devastado poblaciones enteras. Para los escépticos, la cereza en el pastel es apenas la minúscula ventana sobre la voracidad del capitalismo global evidenciado en las filtraciones de los Panamá Papers un mes después del asesinato de Berta Cáceres.
Otro actor importante es el capital de origen canadiense, pues dicho país es el segundo mayor inversionista extranjero en Honduras con más de 600 millones de dólares. También es el mayor inversionista en mineración, lidera la industria de la confección y emerge como personaje clave en la creciente industria del turismo en la costa norte hondureña. Es razonable tratar el caso de Río Blanco como parte de una trayectoria más amplia de Canadá en Honduras, especialmente porque DESA es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el estado canadiense a través del Fondo Climático Canadiense para el Sector Privado de las Américas (Proyecto «Profile»). DESA es en parte, una empresa hondureña financiada por el estado canadiense en un país donde compañías hondureñas funcionan con frecuencia como filiales de las firmas canadienses.
En 2015, el pueblo lenca de Río Blanco se enteró sobre otro proyecto hidroeléctrico, esta vez en el río Canjel cerca de la frontera entre los departamentos de Santa Bárbara e Intibucá el cual estaba siendo construido, por lo cual comenzó una serie de protestas para denunciar el proyecto. La empresa Blue Energy, fundada por el inversor estadounidense Peter Ochs, perteneciente a una firma de capital privado con sede en Kansas, Capital III, junto a la compañía canadiense Hydrosys Consultants con sede en Montreal, fueron las responsables de iniciar la construcción sin consultar a la población lenca afectada.
Capital III planea el financiamiento de cuatro presas en Honduras, tres de las cuales el COPINH ha denunciado. Una de las mayores es la del Proyecto Hidroeléctrico Zompopero el cual afectará tres departamentos hondureños y representa una inversión de 50 millones de dólares. A su vez Hydrosys Consultants está involucrada en por lo menos cinco hidroeléctricas en Honduras y cuatro más en Centroamérica. Hydrosys fue contratada por Río Power S.A. propiedad de Fredy Nasser, yerno de Miguel Facussé, ambos apoyadores, planeadores y ejecutores del golpe de Estado en 2009.
Canadá ha desempeñado un rol activo en Honduras desde el azote del huracán Mitch en 1998 y después del golpe de Estado en 2009. En 2014 el Consejo de Asuntos Hemisféricos (COHA por sus siglas en inglés) reportó que «las auto proclamadas fuerzas pacificadoras han construido una fortaleza en Honduras a través de la inversión en industrias y el apoyo al gobierno ilegítimo creado a raíz del golpe de estado». La relación de Canadá con Honduras es un emblema de su desplazamiento en la comunidad internacional, como una presencia imperial, estableciendo y expandiendo industrias en países menos desarrollados a expensas de ciudadanos locales y el medio ambiente. Canadá promovió una nueva ley minera post golpe y después aprobó un acuerdo de libre comercio con Honduras para promover las inversiones canadienses a pesar de las evidencias en serias violaciones a los derechos humanos y ambientales.
Aproximadamente fueron aprobados 829 proyectos hidroeléctricos en Sudamérica, durante 2014, con un total de inversión de 22 billones de dólares. La fiebre en la construcción de megaproyectos hidroeléctricos aparece después de que a mediados de las 90 numerosas protestas consiguieron frenar la estrategia impulsada desde el Banco Mundial. Fue cuando recibieron la etiqueta de «energía limpia» como una solución a la crisis climática mediante las negociaciones del Protocolo de Kyoto en 1997, ratificado e impuesto por los acuerdos de París en diciembre de 2015 durante la COP21, ya que las mega hidroeléctricas han recibido un mayor impulso y financiamiento en busca de tomar ventaja a través de las nuevas oportunidades de negocios creadas para simular la respuesta a la crisis climática, donde las corporaciones son las beneficiadas por soluciones de mercado como los Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Pero las hidroeléctricas son todo menos limpias. En regiones tropicales como Honduras son una enorme fuente de gas metano que agrava el efecto invernadero de la atmósfera, además de que las megahidroeléctricas facilitan la extracción de combustibles fósiles como el carbón y el gas. En Perú, Colombia y Brasil, gigantescas hidroeléctricas están siendo construidas con la intención de generar energía barata para la industria extractiva.