jueves, 6 de abril de 2017

DISMINUCIÓN AL MONTO DEL PAGO DE PENSIONES Y GASTO AL COMBATE A LA POBREZA

Reducción de pensiones y “combate a la pobreza”
La Voz del Anáhuac
abril 2017
Hace un año reprodujimos en este espacio una nota periodística publicada por el diario La Jornada el 3 de abril de 2016, respecto al fallo con  el que la SCJN reduce las pensiones de los trabajadores afiliados al IMSS.
En relación a este problema, el diario El Financiero publicó el 05.09.2016 la siguiente nota:
Gobierno gasta más en pensiones que en combate a la pobreza
Al inicio de la administración de Peña Nieto, la brecha entre lo destinado al pago de pensiones del sector público y los programas para reducir la pobreza era de apenas 3%, mientras que para este año alcanzaría 9%.
Zenyazen Flores
El Financiero
05.09.2016 
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha gastado más recursos en el pago de pensiones del IMSS e ISSSTE que en programas para el combate de la pobreza, con todo y que los recursos para disminuir el número de pobres no han sufrido recortes esta administración.
De acuerdo con el Anexo Estadístico del Cuarto Informe de Gobierno, en 2016 se ejercerán 410 mil 295 millones de pesos en programas para la superación de la pobreza, mientras que en pensiones del IMSS e ISSSTE se ejercerán 446 mil 441 millones de pesos.
Es decir, el gasto en pensiones de las dos instituciones de seguridad social más importantes del país supera en nueve por ciento el gasto destinado a disminuir el número de pobres que a 2014 sumaron 55.3 millones de personas o 46.2 por ciento de la población total.
Al inicio de la administración de Peña Nieto la brecha entre lo destinado al pago de pensiones del sector público y pobreza era menor.
En 2013, se gastaron 350 mil 542 millones de pesos en pensiones del IMSS e ISSSTE, mientras que en programas para combatir la pobreza se ejercieron 339 mil 970 millones de pesos, por lo que el diferencial entre ambas partidas era tres por ciento.
En tanto en el primer año de gobierno del expresidente Felipe Calderón el gasto en pensiones de las dos instituciones superó al aplicado en programas contra la pobreza, pero en los siguientes tres años la tendencia cambió.
Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) explicó que el mayor gasto en pensiones sobre otros rubros como el de combate a la pobreza, refleja la presión del sistema fiscal y la necesidad de hacer un replanteamiento del gasto público, pues actualmente el gobierno se basa en una estructura programática que viene de 30 años. 
“El gobierno va a tener que pagar más en pensiones con gasto corriente y esto es algo que no se va a revertir al menos hasta 2024 (…) Aquí no tienes opción, estas obligado legalmente a hacer el gasto”, comentó.
Dada la presión de las finanzas públicas, Villarreal consideró que “hasta el margen en el gasto en pobreza se nos está acabando, creo que el combate a la pobreza más que por programas vamos a tener que pensar como combate pobreza con educación, pensiones a los más pobres y sobre todo un buen sistema de salud, yo creo que fondear todo eso es el gran reto de los siguientes años”.
En 2016 el gobierno federal ejercerá 611 mil 261 millones de pesos en pensiones del sector público, que son las del IMSS, ISSSTE, Pemex, CFE y Ramo 19 (Aportaciones a seguridad social).
De ese monto sólo el IMSS e ISSSTE concentran 73% del gasto total en pensiones.
Al inicio de la administración de Peña Nieto el gasto en pensiones fue de 465 mil 699 millones de pesos y el 75% de ese gasto fue para pagar pensiones de IMSS e ISSSTE.
En cuanto al gasto federal ejercido en programas para combatir la pobreza, de los 410 mil 295 millones de pesos previstos en 2016, una cuarta parte, es decir, 105 mil 475 millones de pesos son recursos que gasta la Sedesol, mientras que en segundo lugar se encuentra la Secretaría de Salud con 85 mil 271 millones de pesos.
         Pero omiten el gobierno federal, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, la SCJN, las direcciones del IMSS e ISSSTE, la Sedesol, ni ningún organismo oficial es:
1.- El derecho a pensionarse ha sido sistemáticamente golpeado              
a) Por los sucesivos recortes presupuestarios a la salud y seguridad pública,
b) La privatización de los fondos de pensiones del IMSS e ISSSTE y la creación de las llamadas Afore,
c) Hay una tendencia hacia la desaparición de las pensiones por mandatos de los organismos financieros internacionales a los que el Estado mexicano se ha supeditado a consecuencia de la imposición del modelo neoliberal del sistema capitalista.
2.- El modelo neoliberal del sistema capitalista ha provocado el incremento de la pobreza en todo el territorio nacional.
3.- El modelo neoliberal del sistema capitalista ha impuesto el desentendimiento de la función social del Estado, mermando y tendiendo a desmantelar o privatizar las instituciones públicas destinadas a garantizar los derechos sociales: salud, educación, seguridad social, empleo, derechos laborales, mediante las llamadas reformas estructurales.
4.- Los derechos de los trabajadores han sido severamente golpeados de manera inconstitucional, ya que estos son irrenunciables y de acuerdo a los Artículos 2º y 123 constitucionales, estos no son reversibles, por el contrario, es obligación del Estado y de los sindicatos preservarlos y mejorarlos, no limitarlos, reducirlos o desaparecerlos, como está ocurriendo.
5.- A nadie extraña que la política estatal vaya en el sentido de cargar los costos de las crisis económicas a los trabajadores, pero ¿qué ha pasado con el papel que el sindicalismo debe cumplir el la defensa de los derechos laborales? Lo estamos padeciendo: ha renunciado a cumplir con su misión histórica como organismos de resistencia y lucha proletaria, se ha entregado al servicio del capital, incluyéndose en esta traición los sindicatos modernos, democráticos.

6.- Así pues, la reducción de las pensiones y la farsa del llamado “combate a la pobreza” forman parte de una misma política neoliberal, antiobrera.
La lucha proletaria anticapitalista hoy, los sectores del pueblo en lucha
La Voz del Anáhuac
05 abril, 2017
Ante este panorama el pueblo trabajador no tiene más camino que organizarse y luchar para defender sus derechos de manera independiente del gobierno en sus tres niveles y del sindicalismo.
Cuesta arriba, contra la corriente, de manera autónoma tendrá que darse esta lucha. Puede pensarse que frente a la devastación neoliberal los trabajadores están solos. Pero no es así. Se han abierto otros frentes de lucha anticapitalista, contra el neoliberalismo, contra el despojo, la destrucción y la muerte. En diversas partes del territorio nacional hay resistencia contra los proyectos extractivistas (minería a cielo abierto, parques eólicos, fracking, megapresas hidroeléctricas), contra megaproyectos carreteros, contra el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
En territorios de los pueblos originarios, desde el levantamiento zapatista de 1994,  se desarrolla la construcción de la autonomía, expulsando a todos los partidos políticos, ejerciendo el derecho a autogobernarse, a desarrollar de manera autogestiva sus sistemas de salud, educación, justicia y producción. También sus guardias comunitarias para combatir a las bandas criminales que aliadas al Estado saquean sus territorios e imponen su control mediante el terror.
A consecuencia de esto también se han organizado miles de familiares de víctimas de la llamada “guerra contra el narco”, en busca de la presentación con vida de sus familiares desaparecidos, verdad y justicia por los asesinados durante esta guerra, de 2006 a la fecha. Esta lucha ha detonado con mayor fuerza a raíz del ejemplo mostrado por madres y padres de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.
La lucha proletaria en México ya no es protagonizada solo ni principalmente por la clase obrera. Los pueblos indígenas y campesinos, el sector estudiantil y magisterial, familiares de las víctimas de la guerra “antinarco”, son parte de la resistencia, la rebeldía, la lucha anticapitalista. En 2015 en San Quintín, BC, emerge otro actor social: el de los jornaleros agrícolas, en condiciones de semiesclavitud. Este movimiento atrajo a la lucha a muchos otros jornaleros agrícolas en todo el país. Este es un sector del proletariado rural, ocupado por capitalistas agrícolas que mantenían superexplotados a los peones. Las plantaciones del norte de la república captan a miles de migrantes mexicanos y centroamericanos que ahí quedan varados ante las cada vez más difíciles posibilidades de pasar a los Estados Unidos en su búsqueda del “sueño americano”. Estas dificultades para poder migrar a Estados Unidos es lo que los hace soportar las infrahumanas condiciones laborales que se les imponen. Ahora, con el gobierno de Trump y el endurecimiento de su política antiinmigrante la situación laboral en México tiende a agravarse.

Los trabajadores mexicanos necesitamos dotarnos de un programa de lucha y de una estrategia de alianza con todos los otros sectores oprimidos, explotados, saqueados, despojados, reprimidos del pueblo de México que se organizan, resisten, se rebelan, luchan contra el criminal sistema capitalista. Necesitamos sacudirnos el control del sindicalismo corporativo y neocorporativo.
NUEVO FALLO DE LA CORTE REAVIVA EL PLAN DE REDUCIR PENSIONES: EXPERTOS
Por Susana González G.
Periódico La Jornada
Domingo 3 de abril de 2016, p. 20
Jurisprudencia de febrero pasado señala que el tope es de 10 mínimos
El tema no ha trascendido ni en el Congreso ni en la discusión pública, afirma Arturo Alcalde
La propuesta más reciente de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) de reducir las pensiones de trabajadores que tienen la opción de jubilarse con la Ley del Seguro Social (LSS) de 1973, anterior a la de 1997, que dio origen a las administradoras de fondos para el retiro (Afore), cobra vida con una nueva jurisprudencia laboral (8/2016) que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió en febrero pasado y en la que indica que el tope máximo para el pago de ese derecho es de 10 salarios mínimos y no de 25, como se establece ahora.
Se trata de una nueva ofensiva que redita la registrada en julio de 2010, la cual fue detenida por el Poder Legislativo y las protestas de diversos sectores, pero que ahora ha pasado desapercibida, advirtieron expertos en derecho laboral y pensiones, así como la presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Araceli Damián, e incluso el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).
El pasado 19 de febrero, la Corte publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación la tesis de jurisprudencia 8/2016 (10a.), aprobada por la segunda sala respecto de una contradicción de tesis entre las sustentadas por los tribunales colegiados decimotercero del primer circuito y tercero del cuarto circuito, ambos en materia de trabajo. Con esto, se vuelve a poner en riesgo el límite superior de pensiones por cesantía en edad avanzada.
La resolución indica que el tope máximo de las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en materia de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte será el equivalente hasta de 10 salarios mínimos y no de 25, como se ha pagado desde hace muchos años.
 Afectados, unos 125 mil trabajadores
En caso de que el IMSS decida adoptar la jurisprudencia de manera general y su aplicación no quede limitada a quienes acudan a los juzgados para inconformarse con el monto que se les asigne en su pensión, resultarían afectados unos 150 mil trabajadores y empleados de clase media que perciben un ingreso de más de 10 salarios mínimos, desde profesionistas e investigadores, empleados de clase media, hasta ejecutivos de alto nivel de grandes corporativos que están en una edad que los hace ser la generación en transición entre ambas leyes.
Hablamos de la clase media y de los sectores con más altos ingresos que prevén retirarse hasta con 25 salarios mínimos, pero cuyos planes e ingresos están en peligro si un juez determina que su pensión sólo es de 10 salarios, precisó Araceli Damián. Con la nueva jurisprudencia se prepara el terreno para reducir las pensiones, para cerrar la pinza y que haya una carga fiscal menor para el Estado, pero sin considerar a los trabajadores. Se empieza con la clase media para después hacerlo progresivamente y si el tema no se ha conocido es que las autoridades se están cuidando para no enfrentar riesgos políticos, consideró.
La medida tiene coincidencias con las recientes recomendaciones que la OCDE hizo al gobierno federal para que emprenda una nueva reforma al sistema de pensiones que involucre a quienes comenzaron a cotizar con la ley del 73, los mismos que ahora quedan sujetos a la jurisprudencia citada, coincidieron la diputada y Arturo Alcalde, abogado laboral. El IMSS le tantea el agua a los camotes, está viendo cuál es el nivel de reacción social para decidir si aplica la reducción pensional.
El Seguro Social tiene que aclarar su postura sobre la nueva jurisprudencia y precisar el número de posibles afectados, dijo la legisladora, y la comisión que preside lo solicitará directamente a Mikel Arriola, director de la institución, con quien se reunirán en dos semanas más.
Cifras del IMSS indican que hasta 2014 sólo 9.3% de los asegurados ganaban más de 10 salarios mínimos, otro 22.8% percibían más de cinco y hasta 11, en tanto que 67.8 % reciben de uno a cinco minisalarios. Si tales proporciones se mantienen hasta la fecha implicaría que hay 1.6 millones de afiliados que ganan más de 11 salarios mínimos, pero no todos comenzaron a cotizar bajo la antigua ley.
Berenice Ramírez, secretaria académica y especialista en pensiones del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la UNAM, remarcó que más allá de lo arbitrario de que se reduzca la jubilación a los trabajadores que más ganan, queda al descubierto el fracaso del sistema pensionario y la necesidad urgente de que se discuta y modifique a fondo, para eliminar injusticias y disparidades, a lo que, dijo, no están dispuestos el gobierno ni la Corte.
Antes, dijo, las pensiones en el IMSS topaban a 10 salarios, como las del ISSSTE, pero con la Ley del 97 las subieron a 25 porque pensaban que captarían más recursos con las cuentas individuales y no fue así. Eso quedó establecido en el artículo 33 de la LSS, pero no entró en vigor de inmediato porque se dispuso una gradualidad que empezó con un tope de 15 salarios mínimos en 1997, hasta llegar a los 25 salarios en 2007 y la generación en transición está a punto de jubilarse, pero no hay recursos.
Si la Corte va a poner como tope los 10 salarios mínimos también los ministros deben ajustarse, porque no hay equidad en las jubilaciones, toda vez que los trabajadores que hasta ahora han podido retirarse hasta por 25 salarios mínimos representan un grupo muy pequeño frente al grueso de la población que no gana más de tres salarios mínimos. Las ambigüedades y la opacidad de la LSS es aprovechada por despachos de abogados que recomiendan a ejecutivos elevar su cotización hasta 25 salarios en su último año laboral, a pesar de que sólo ganaban seis o siete salarios, con tal de incrementar sus pensiones, sangrando las finanzas del IMSS.
Así que la discusión, insistió Ramírez, no debe limitarse sobre el tope sino en cómo funciona el sistema de seguridad social por la capitalización individual y la administración privada, en las reglas parejas que debe haber para todos y en una regulación adecuada que evite que el sistema se convierta en un buen negocio para algunos despachos y trabajadores.
La historia se repite
Hace seis años, cuando emitió otra jurisprudencia similar que generó la oposición de legisladores y diversos sectores, la SCJN tuvo que aclarar que no redujo el tope máximo de las pensiones de 25 a 10 salarios mínimos, sino que sólo hizo una interpretación de la ley y acotó la aplicación de ésta a los tribunales cuando tuvieran que resolver el caso de algún asegurado del IMSS que cotizara bajo el régimen de 1973, vigente hasta el 30 de junio de 1997.
Además, el propio IMSS determinó que seguiría pagando hasta 25 salarios mínimos, pero ahora se pronuncia por el tope pensionario de 10 minisalarios y el tema no ha trascendido al Congreso ni a la discusión pública como en 2010, señaló Alcalde.
A mediados de marzo, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) alertó sobre la nueva jurisprudencia y criticó que la Corte no tomara en cuenta las puntualizaciones que hizo en 2010 sobre la aplicación del fallo sólo en tribunales.
La segunda sala de la SCJN debe aclarar el alcance de la tesis 8/2016, en aras de no generar malas interpretaciones y la disminución indebida de pensiones del IMSS, a la vez que, entre otros efectos nocivos, afectaría a empresas con planes de pensiones complementarios, indicó el IMEF.
Alcalde aclaró que en principio los afectados serán los trabajadores que se inconformen con el monto de las pensiones que se les quiera pagar y acudan a un juzgado a litigar, pero se desconoce si el IMSS decidirá extender la aplicación de la jurisprudencia.
Normalmente cuando hay una jurisprudencia es obligatoria para las autoridades jurisdiccionales, dijo. Berenice Ramírez indicó: desafortunadamente cuando ya hay una jurisprudencia es muy difícil revertirla.

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