Pablo Díaz
Rebelión 31-03-2016
Posteado por Red Latina
sin fronteras
03/31/2016
Diez años de lucha por
la tierra en Uruguay
El 15 de enero del presente año se cumplieron 10 años de la
ocupación de tierras que obtuvo como resultado la primera experiencia de acceso
y adjudicación de tierras estatales a manos de un sindicato de asalariados
rurales. Por otra parte, el 26 de marzo de 2010 cientos de productores rurales
del centro sur del país (de la zona de la Cuchilla Grande) se movilizaron “a caballo” por primera vez contra la
megaminería a cielo abierto en el Uruguay, frente a un proyecto pionero que
afectaría 30.000 hectáreas de campo natural dedicado principalmente a la
ganadería vacuna y ovina. A seis años de este último acontecimiento acaba de
confirmarse oficialmente que dicho proyecto de explotación minera quedó sin
efecto, según voceros del gobierno “desestimulado
por las exigencias de la Ley de minería y el precio internacional del hierro”.1
Haciéndose eco de esta información los analistas les cargan las tintas al
mercado o al Estado,2 pero por si acaso ¿no influyó en esto el
movimiento social generado en torno a la “defensa
de la tierra y los recursos naturales”?, ¿ cómo se generó este movimiento
en el Uruguay rural de la “amortiguación
social”?. ¿Se trata de un movimiento social en torno a la “cuestión de la tierra”? En la
emergencia o el bloqueo a dichos movimientos sociales ¿qué papel jugaron las
clases rurales? ¿Cuáles son sus perspectivas de futuro?
* * *
En primer lugar debemos distinguir tres clases sociales en el
campo uruguayo:
-los productores
empresariales capitalistas (grandes, medianos y pequeños),
-los “productores familiares” que trabajan la tierra sin contratar
asalariados (y que en el resto de América Latina se consideran “campesinos”);
-los asalariados rurales.
En segundo lugar hay que
considerar que en el Uruguay moderno dos de estas tres clases rurales tuvieron
históricamente expresiones organizativas clasistas, tales como la Asociación
Rural del Uruguay (ARU) que promovió el alambramiento de los campos (a fines
del siglo XIX) o la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA) que
promovió el “desalambrarlos” si se
trataba de latifundios improductivos que podían cumplir una función social
(décadas del '60 y '70 del siglo XX). Pero también existieron históricamente
expresiones orgánicas policlasistas, donde se fundieron y confundieron los
intereses de la patronal agraria, la pequeño burguesía y la producción
familiar, como la Mesa Coordinadora de Gremiales Agropecuarias (MCGA) que
condujo temporalmente la protesta rural iniciada el 13 de abril de 1999.
En tercer lugar, lo que
hoy se registra oficialmente como “productor
familiar” para focalizar determinadas “políticas
diferenciadas” cubre un amplio abanico de fracciones de clase que van desde
empleadores capitalizados hasta empleados transitorios que tienen algún medio
de producción (como los productores de ganado sin campo). Por esta razón
utilizaremos por un lado el término “productor
familiar registrado” cuando nos referimos a dicha concepción policlasista
reconocida oficialmente. Y por otra parte utilizaremos el término “productor familiar” como el componente
de una clase propiamente dicha, distinta a la pequeño burguesía y que se
caracteriza por su trabajo directo en la tierra, por no contratar asalariados
permanentes y por una diversidad de formas de resistencia a la hegemonía del
capital, independientemente si se beneficia o no de las políticas
diferenciadas.
Conflictos por la
tierra y clases sociales en el siglo XXI
Algunos estudios internacionales (Rullia, 2012) ubican a
Uruguay entre los países con mayor porcentaje de extranjerización de la tierra
del continente (alrededor de 19%) en el marco de un acaparamiento vertiginoso
desde el año 2000 hasta el día de hoy. El empresariado rural y el capital
financiero, necesitaron eludir restricciones legales: encubrirse como “Sociedades Anónimas”, o detrás de
tratados de inversión o de capitales de Estados extranjeros, generando “excepciones” para primero acceder y
luego detentar el 40% de la superficie productiva de la tierra (MGAP, 2011). También
fue necesario tentar a cambiar de campo, a “liquidar”
para cubrir antiguas deudas o a “vivir de
rentas” a pequeños y medianos propietarios arraigados en el interior, para
que no se opusieran al avance agrícola y ganadero de gran escala, ni a la
forestación masiva con destino a las plantas de celulosa. Por estos y otros
factores, las pocas tensiones a la interna de las distintas fracciones de la
burguesía rural y las gremiales “policlasistas”
no desembocaron en contradicciones insalvables.
Así en los últimos años se
marca una diferencia con el ciclo de protestas rurales del período 1999-2003
(conocido por la consigna “rentabilidad o
muerte”),3
donde renovadores dirigentes de las gremiales pequeño-burguesas y “policlasistas” lograron liderar el
cuestionamiento a las medidas económicas del sistema político y al
tradicionalismo gremial más aristocrático.
Por una parte la lucha por
la tierra de la pequeña burguesía agraria fue abortada en el período 2004-2009,
donde no se reaccionó colectivamente frente al acaparamiento de la tierra, más
allá de algunos actos locales de protesta indirectamente relacionados con este
conflicto.4
También fracasó la campaña de recolección de firmas, impulsada por la pequeño
burguesía, para limitar la extranjerización de la tierra 5 mediante el recurso a un
plebiscito, a pesar de que esta preocupación podría contar con el 52% de
respaldo popular. 6
Por otra parte, las
gremiales más representativas de “productores
familiares registrados” han recorrido exclusivamente las vías
institucionales para solicitar el acceso a la tierra o el aumento de impuestos
al gran capital propietario, desde una postura tan “cercana y propositiva” con los sucesivos períodos de gobierno del
Frente Amplio (2005-2016), que no superaron la etapa de “debates”, o discursos
confrontativos, y no motorizaron ningún tipo de movilizaciones que cuestionaran
la concentración y extranjerización de la tierra, ni movilizaciones en defensa
de la policlasista “producción familiar
registrada”.
Alineamiento político “progresista” e institucionalización de
las demandas por la tierra que también alcanzó la clase trabajadora organizada,
donde hay que considerar el alto grado de urbanización de los sindicatos, de la
población y de la izquierda nacional, así como el bajo peso de los sindicatos
rurales en el conjunto del movimiento obrero. Estos factores entre otros
explican la falta de “condiciones subjetivas”
y de movimientos sociales masivos que instalen el problema de la “concentración y la extranjerización de la
tierra” en el conjunto de la sociedad, que pongan en el tapete la “cuestión de la tierra”.
Condiciones “objetivas” que evidencien la disputa
por la tierra con el “gran capital”
existen, tomando en cuenta que el 48% de la tierra productiva se compró/vendió
en el mercado entre los años 2000 y 2015 (DIEA, 2016) y como efecto de que en
el mismo período la inversión extranjera directa aumentó 20 veces su valor
anual (El Espectador, 12/10/ 2015). Sin embargo, ni por iniciativa de la
política estatal, ni por reacción a los reclamos sociales se reguló el dinámico
mercado de tierras o se evitó la consecuente expulsión de 12.000 “productores familiares” entre los años
2000 y 2011.7
La única respuesta estatal
en relación a la distribución de la tierra se dio a través del Instituto
Nacional de Colonización, que afecta apenas el 4% de la superficie productiva
del país, pero que “en sus sesenta años
de existencia no ha logrado modificar el patrón de distribución de la tierra”
(Piñeiro, FAO,2011: 524). Como “política
diferenciada” y focalizada en la “producción
familiar registrada” más vulnerable, ofrece al usuario una renta
subsidiada, más accesible que los precios de arrendamiento en el mercado.
En este contexto político
y sin alterar el clima de inversiones, trabajadores rurales sindicalizados (y
también grupos de demandantes sin tal afiliación), territorializaron el
conflicto por la tierra, mediante una serie de acciones colectivas localizadas
principalmente en el interior, que incluyeron ocupaciones de campos y de
oficinas públicas, cortes de ruta, campamentos de protesta, entre otras medidas
desde el año 2006 hasta la actualidad.
El argumento de que estas
modestas medidas por el “acceso a la
tierra” cuestionaron los “derechos de
propiedad” de los campos públicos utilizados irregularmente por “colonos empresarios”, se apoya en
interpretar (entre otros síntomas) que la sanción gubernamental de la Ley de “usurpación” surgió como respuesta a la
ARU y a las grandes empresas inmobiliarias que presionaron al Poder Ejecutivo y
Judicial por la “seguridad jurídica”
y el respaldo del “estado de derecho”
ante las ocupaciones de tierra en el Departamento de Artigas impulsadas por la
UTAA.8
Desde esta interpretación el objetivo político de la Ley 18.116 del año 2007
sería “criminalizar” a los
trabajadores ocupantes, evitando una oleada de ocupaciones de tierra,
canalizando la demanda de acceso a la tierra exclusivamente mediante las vías
del mercado o las vías institucionales de asignación formal de tierras públicas,
en definitiva impidiendo expresiones de demandas colectivas conflictivas que no
armonizaran con la “gobernabilidad”.
Para la clase propietaria el objetivo económico de la Ley fue evidente.
Durante el año 2010 se
generó otro tipo de conflicto por la tierra liderado por organizaciones
policlasistas que representan fracciones de la pequeña burguesía agraria y la
producción familiar. No por iniciativa propia, sino por reacción a una
iniciativa de territorialización de capitales globales.9 En dicha ocasión, no fue la “cuestión de la tierra” sino la “cuestión ambiental” la que generó el
hecho político, concitando la solidaridad de amplios sectores sociales (tanto
rurales como urbanos que participaron en las marchas nacionales realizadas en
Montevideo) en torno a una reivindicación concreta: la no instalación del
primer proyecto de megaminería a cielo abierto para la extracción de
concentrado de hierro y su exportación como materia prima.
Desde las acciones
colectivas territoriales se llevó a las gremiales empresariales tradicionales10 a
tomar una posición contraria al Proyecto de la empresa multinacional Zamin
Ferrous “Aratirí”, generando lo que
podríamos caracterizar como una contradicción interna entre diferentes
fracciones de las clases propietarias.
Resultados obtenidos y
perspectivas de clase
En definitiva en los últimos 10 años el incipiente conflicto,
en torno al acceso y la tenencia de la tierra, se desató en el Uruguay
profundo, desde acciones locales, territorializadas y “nuevas formas organizativas”, en los bordes de las gremiales
rurales y del movimiento obrero y motorizadas por grupos directamente
involucrados en el conflicto territorial: fueran pobladores rurales o vecinos
afectados por un megaproyecto (que contaron con los aprendizajes del ciclo
1999-2004) o fueran asalariados “zafrales”
y productores familiares que reclamaron por acceder a los campos del Instituto
Nacional de Colonización (que contaron con la tradición de luchas de UTAA por
la expropiación de los latifundios del norte del país).
Si bien, “el agro uruguayo se ha caracterizado por
tener una baja conflictividad social”, lo cual se explica “por la
existencia en la sociedad uruguaya de mecanismos generales de integración
social y de amortiguación de los conflictos” (Piñeiro, 2004:292), el inédito “ciclo de protestas” desencadenado tras
la consigna “en defensa de la tierra y
los bienes naturales” y conducido (durante el período 2010-2013)11
por los actores rurales más directamente afectados por el proyecto megaminero,
y las ocupaciones de “tierra para
trabajar” han demostrado que los mecanismos de amortiguación de conflictos
pueden ser vencidos. La “resistencia de a
caballo” desde el año 2010 frente a un mega-proyecto trasnacional fue tan
novedosa para la sociedad rural como las ocupaciones de tierra de los
asalariados rurales desde el año 2006.
A 10 años de tales luchas
territoriales, el balance podría dar como resultado un movimiento social en
torno a la “cuestión ambiental” de
carácter poli-clasista, y por otro lado un accionar colectivo clasista que no
logró generar un movimiento social en torno a la “cuestión de la tierra”.
En cuanto a las
perspectivas de futuro, la burguesía agraria puede capitalizar la “cuestión ambiental” si la lucha
antiminera es absorbida por las gremiales empresariales y los partidos
tradicionales. La pequeño burguesía puede incorporar a sus filas - vaya “paradoja campesina”12 - una nueva fracción de
colonos con ansias de ser “empresarios”,
para seguir “conviviendo con el capital”
y eludiendo el conflicto. Los trabajadores rurales (con o sin tierra) pueden
disputar los medios de producción, creando experiencias autogestionarias,
alternativas a la explotación capitalista y espacios de autonomía frente a la
ideología burguesa; son en definitiva quienes pueden “sembrar campesinado” con la perspectiva de “sepultar” a la burguesía.
Sin ser sujetos puros, los
movimientos sociales pueden generar alternativas, como espacios sociales y
políticos; y a medida que se consolide cualquier movimiento social podrá ir
generando sus propios procesos formativos donde asumir sus desafíos internos y
donde conquistar mayores grados de coherencia y convocatoria, o podrán
institucionalizarse, limitarse a los reclamos corporativistas de corto alcance,
sin construir alternativas reales a la política de hechos consumados del gran
capital que también se territorializa.
REFERENCIAS
DIEA, Dirección de Estadísticas
Agropecuarias, MGAP, 2016, SERIE “PRECIO
DE LA TIERRA” Compraventas Año 2015 3 de marzo de 2016. Disponible en:
El Espectador, Radio, Montevideo:
Martins de
Carvalho, Horacio,
2015, “Camponeses: mais além da
convivência com o capital”, Disponible en:
MGAP, Ministerio de Ganadería Agricultura y
Pesca, Censo General Agropecuario –CGA- Año 2011 , Disponible en:
Piñeiro,
Diego,
CLACSO, 2004, “En busca de la identidad. La acción colectiva en los conflictos
agrarios de América Latina”, Buenos Aires. Disponible en:
Piñeiro, D., "Dinámicas en el Mercado de la Tierra en América Latina. El caso
de Uruguay", 2011, FAO, Roma
Rullia,
Maria Cristina
(et alli,) “Global land and water
grabbing” (2012), Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de
Virginia, Charlottesville, Editado por BL Turner, (Arizona State University,
EUA.
NOTAS:
1 VER:
2 VER:
3 VER: “Rentabilidad o
muerte”, Diego Piñeiro, CLACSO, 2004, Disponible en:
4 VER:
5 El proyecto modificativo
establece que «La propiedad inmueble
rural solamente podrá adquirirse por personas jurídicas estatales o por
ciudadanos naturales o legales. La ley establecerá el máximo que podrá adquirir
cada ciudadano». (MONADET, 2008)
6 Encuesta de opinión
Pública “Casi el 60% a favor de reformar
la Constitución” (2009)
http://www.interconsult.com.uy/unoticias09/091109f/091109.HTM
7 VER Legislación sobre
acceso a la tierra en Uruguay:
8 VER: “Sociología de las ocupaciones de tierra”, Nordan, Mdeo., 2009.
Disponible en:
9 VER:
10 VER:
11 A partir de tal fecha
podríamos pensar que el conflicto instalado a nivel “nacional” se repliega nuevamente hacia el predominio de acciones
locales, mientras “copa” el
protagonismo una articulación de colectivos que oficiaban originalmente como
redes de apoyo a los directamente involucrados.
VER:
12 Texto disponible en:
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/539241--camponeses-mais-alem-da-convivencia-com-o-capital
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