Hugo
Varela Loyola
La
Jornada de Oriente
18/marzo/2016
Elementos de seguridad agredieron en la Unidad de Servicios
Educativos de Tlaxcala (USET) a docentes y padres de familia que respaldan a
los profesores que fueron cesados por no haberse presentado a la evaluación a
su desempeño el año pasado. La integrante del Movimiento Magisterial
Tlaxcalteca (MMT), Citlali Ortiz Cano, fue el centro de la represión de la
autoridad.
Los hechos sucedieron la
tarde de este miércoles en instalaciones de la Unidad de Servicios Educativos
de Tlaxcala (USET), donde acudieron docentes y padres de familia de al menos 10
planteles de primaria y preescolar de diversos municipios de la entidad para
exigir la reinstalación de los profesores que fueron despedidos por no haber
presentado la evaluación a su desempeño en noviembre pasado.
Sin embargo, en la
reunión, celebrada en la oficina del Área de Atención a Grupos de la USET, las
autoridades de la dependencia, encabezadas por el director de Educación Básica,
Tomás González Lima, advirtieron que el cese de esos profesores se dio con base
en lo que establece la reforma educativa y aseguraron que no hay marcha atrás
en esa decisión.
Por el contrario, las
autoridades del sector responsabilizaron a esos docentes de su despido, pues
afirmaron que en varias ocasiones se les convocó a que presentaran alguna de
las cuatro etapas que contempló la evaluación a su desempeño, pero éstos se
negaron en todo momento a someterse al diagnóstico.
Video:
Agresión de policías
encubiertos a docentes de Tlaxcala
La solicitud de los padres de
familia era que se mantuvieran a los docentes despedidos y que se les pague su
salario correspondiente a la primera quincena del presente mes, pues éstos
continúan laborando en sus planteles, no obstante que les fue notificado la
rescisión de su relación laboral el 1 de marzo.
Asimismo, denunciaron que los profesores que envió la USET para suplir a
los docentes cesados no son profesionales y no cuentan con experiencia, lo que
pone en entredicho el interés que dice tener el gobierno de Tlaxcala para
otorgar una educación de calidad a la niñez.
La agresión se dio cuando las autoridades intentaron salir de la oficina
donde se celebraba la reunión y los padres de familia y docentes intentaron
impedirlo. Sin embargo, dos elementos de seguridad que se encontraban dentro
del espacio, vestidos de civil y que fueron presentados como personal de la
USET, empezaron a forcejear para abrir paso a los directivos.
En el forcejeo, la integrante del MMT, Citlali Ortiz lanzó una patada a
uno de los guardias, quien posteriormente se colocó detrás de ella y la sometió
con la llave conocida como La Nelson
en la lucha libre, para conducirla hacia el exterior del edificio de la USET
donde otros tres policías más, entre ellos dos mujeres, la tiraron al suelo y
le dieron varias patadas.
Una madre de familia logró llegar hasta el lugar de la agresión –aunque
también recibió un golpe en sus piernas– y evitó que los elementos de seguridad
continuaran agrediendo a la docente, quien posteriormente dijo que
probablemente tenía una o dos costillas fracturadas por los golpes recibidos.
Ortiz Cano adelantó que acudiría a la Comisión Estatal de Derechos
Humanos (CEDH) para interponer una queja por estos hechos, así como a la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para denunciar las
agresiones que sufrió.
Piden a la USET la reinstalación de docentes
Los padres de familia
–algunos de ellos acompañados de sus hijos– acudieron la tarde de este
miércoles a la USET para advertir que no permitirán la salida de los profesores
despedidos por negarse a ser evaluados.
Los padres que asistieron fueron de las primarias Miguel Hidalgo de
Acuitlapilco, municipio de Tlaxcala; Luis Donaldo Colosio, de la colonia López
Portillo de Xalostoc; Adolfo López Mateos, de la comunidad de Plan de Ayala,
Cuapiaxtla; Xicohténcatl, de San Francisco Tetlanohcan y Melchor Ocampo de
Santa Isabel Xiloxoxtla.
Además de las primarias Miguel Hidalgo I. Costilla, de la colonia
Francisco Villa Tecoac, municipio de Huamantla y Felipe Santiago Xicohténcatl,
de Apizaco, así como del preescolar Emilio Sánchez Piedras, de Granjas de
Guadalupe de Apizaco.
Sin embargo, como ha sucedido en otras ocasiones, las autoridades de la
USET ordenaron el cierre de los accesos a las instalaciones, si bien Citlali
Ortiz abrió uno de los zaguanes de acero y pudieron entrar al inmueble, el
cual, a diferencia de otras ocasiones, no estaba resguardado por granaderos.
Ante la ausencia del titular del sector, Tomás Munive Osorno, el grupo
de inconformes se dirigió al área de Atención a Grupos, a cuyo titular Alfonso
Cortés Fernández, Citlali Ortiz reclamó que no haya dado seguimiento a una
minuta firmada el 6 de marzo pasado para la instalación de una mesa de análisis
sobre la situación de los docentes cesados por la USET.
En un primer momento, Alfonso Cortés y Juan Santillán, quien labora en
el Departamento de Recursos Humanos de la USET, se oponían a una reunión con
los padres de familia, con el argumento de que los gritos y exigencias de los
tutores y de Citlali Ortiz no permitían las condiciones para establecer un
diálogo entre ambas partes.
Sin embargo, la determinación de los tutores de no retirarse de la USET
hasta no recibir una respuesta a su demanda, lo obligó a proponer que se
integrara una comisión de padres de familia para iniciar las pláticas, para lo
cual también convocó a los responsables de los niveles de educación básica y
primaria.
Fue así que al lugar llegaron Tomás González Lima y Ninfa Martínez
Elizalde, directores de Educación Básica de la USET y de la Secretaría de
Educación Pública del Estado (SEPE), respectivamente, así como Rodolfo Suárez
Pérez y Francisco Vázquez Reyes, directores de Educación Primaria de USET y
SEPE, en ese orden.
También estuvo presente Juan Pablo Alvarado Cortés, jefe de Asuntos
Jurídicos y Laborales de la USET.
Al tomar la palabra, Tomás González refirió que los docentes cesados son
los que se negaron a participar en la evaluación a su desempeño, “la ley es muy clara, los maestros tienen
que participar en una evaluación para conocer su desempeño, y a partir de esta
evaluación identificar la manera de apoyarlos en su labor en cada escuela”.
“Este proceso se hizo, todavía el 30 de enero hubo una oportunidad, se
les invitó personalmente a los maestros, asistimos a sus escuelas invitándolos
a que participaran. También se les informó que si había temor a la evaluación,
que esta era para conocer deficiencias y mejorar su trabajo. Era importante que
ellos acataran la disposición”.
Asentó que el interés de la autoridad educativa es cumplir con el
derecho a la educación de los niños, pues durante “mucho tiempo dominó el interés del maestro. Ese es el punto
fundamental, a la Secretaría, y creo que deben compartirlo con nosotros ustedes
padres de familia, nos interesa asegurarles a sus hijos educación de calidad”.
Dicho argumento fue rebatido por los padres de familia, quienes
criticaron que se estén despidiendo a docentes que tienen varios años de
servicio y que han demostrado su capacidad por una evaluación. Incluso,
pidieron que también se evaluaran a las autoridades para conocer su capacidad y
competencias.
Cuestionaron el supuesto interés de las autoridades de proveer a la
niñez una educación de calidad, pues dudaron que los funcionarios tengan a sus
hijos en escuelas públicas, ya que sus altos sueldos les permiten llevarlos a
instituciones particulares.
De manera puntual, Guadalupe Roque, padre de familia de la escuela
Miguel Hidalgo I. Costilla de la colonia Francisco Villa Tecoac, Huamantla,
pidió a las autoridades sensibilidad, pues en su caso reveló que su hijo cursa
el sexto grado de primaria y el cambio de docente a estas alturas del ciclo
escolar, puede afectar su promedio.
Pese estos argumentos, las autoridades se mostraron impasibles y el jefe
del Departamento de Asuntos Jurídicos y Laborales, Juan Pablo Sánchez asentó
que no habrá marcha atrás en el cese de los profesores.
En tanto, a través de un comunicado, la Secretaría de Educación Pública
del Estado (SEPE) asienta que “cesó a 59
docentes de educación básica que no cumplieron con la Ley General de Servicio
Profesional Docente que establece participar en un proceso de evaluación para
lograr su permanencia”.
Señala que ante la petición de padres de familia de diferentes
comunidades de la entidad para reinstalar a los maestros que no quisieron ser
evaluados, Tomás González Lima, director de Educación Básica de USET, dijo que
por disposición federal, se rompe toda relación laboral entre la Secretaría y
el trabajador a partir del 1 de marzo.
“Están en su derecho de
recurrir a la demanda laboral, proceso que se atiende a través del departamento
jurídico de la dependencia, los 59 docentes sólo representa el 0.6 por ciento
de mil 300 evaluados”, señala.
El funcionario informó que hay avances importantes en la sustitución de
59 maestros que fueron cesados por no presentarse a la evaluación y que sus
plazas serán ocupadas de acuerdo con los mejores lugares en la lista de
prelación. La decisión de acudir a instancias judiciales, abundó, será
respetada por la SEPE.
Las labores en el complejo administrativo de la SEPE se realizaron con
normalidad.
Detienen a 2 líderes
magisteriales de Durango y amenazan “entregar
muertos” a otros
Dos maestros de Durango que se han
manifestado contra la evaluación de
desempeño docente que promueve la reforma
educativa federal fueron detenidos ayer en la mañana por elementos de la
Fiscalía General del Estado (FGE), horas después de que protestaran afuera del
Centro Cultural Bicentenario, donde el gobernador Jorge Herrera Caldera rindió
su sexto informe.
La fiscal
estatal, Sonia Yadira de la Garza, informó que a los maestros detenidos se les
acusa de privación de la libertad y motín, luego de que tomaron las oficinas
de la Secretaría de Educación de Durango.
La noche
del miércoles y del jueves algunos maestros, que pidieron el anonimato,
denunciaron que hubo al menos cinco cateos en casas de docentes. Una de las
esposas de los maestros dijo: “Me
amenazaron cuando no encontraron a mi marido, me dijeron que si no decía dónde
estaba me lo iban a regresar muerto”.
En
Guadalajara, Jalisco; Culiacán, Sinaloa, y Chilpancingo, Guerrero, maestros de
diversas organizaciones gremiales pararon labores o protestaron afuera de las
secretarías de educación estatales, para apoyar a los mentores que fueron
separados de su cargo y que no presentaron la evaluación.
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