Contralínea
Roberto E Galindo
Domínguez
Marzo 24, 2016
Con represión, asesinato, y violencia intentan apagar el
normalismo rural, así como con una campaña de desprestigio y un raquítico
presupuesto, que apenas llega a los 400 millones para las 15 instituciones.
Estudiantes y profesores cargan con la defensa de un modelo educativo histórico
pero vigente
De acuerdo con Elizabeth
Jelin vivimos una era de exacerbación de la memoria, en la que acumulamos todo
lo que podemos. Como individuos en el plano familiar, la mayoría de las veces
con recuerdos materiales sobre etapas de nuestra vida; y como sociedad, en el
espacio público, con placas conmemorativas, monumentos y archivos. Pero
asimismo, grupos o comunidades generan e incrementan su memoria, narrando sus
pasados para sí mismos y para otros. Dentro de lo que se ha denominado “cultura de la memoria”, como respuesta
a un estilo de vida acelerado, mismo que evita a las personas tener anclajes o
raíces con sus orígenes. Por lo que Jelin considera que la memoria es
fundamental como mecanismo cultural para el fortalecimiento del sentido de
pertenencia a comunidades o grupos, principalmente los oprimidos, silenciados y
discriminados (1).
Lo que, entiendo, incluyen organizaciones disidentes de los regímenes
políticos, ya sean silenciados mediante el acoso, la amenaza, el empleo de la “justicia y la ley” tergiversadas e
interpretadas a conveniencia por las autoridades, y en casos extremos mediante
la tortura y el asesinato. Este último en una de sus más temibles versiones, la
desaparición forzada, método que así mismo funciona para silenciar y oprimir a
los miembros del grupo sobrevivientes, para imponerles el olvido.
Independientemente de la
época y del tamaño de los grupos afectados “la
memoria y el olvido, la conmemoración y el recuerdo se tornan cruciales cuando
se vinculan a acontecimientos traumáticos y a situaciones de represión y
aniquilación o cuando se trata de profundas catástrofes sociales y situaciones
de sufrimiento colectivo” (2). En este análisis hablaré, por lo tanto, de
la memoria colectiva (3) de un grupo, aunque entendiendo que ésta se
ha nutrido por experiencias individuales dentro del marco social mayor al que
pertenecen sus miembros, pues siempre está implicada “…la presencia de lo social, aun en los momentos más ‘individuales’.
‘Nunca estamos solos –uno no recuerda solo sino con la ayuda de
los recuerdos de otros y con los códigos culturales compartidos, aun cuando las
memorias personales son únicas e individuales’–”. (4) Me refiero a la memoria
colectiva del grupo social integrado por estudiantes y maestros, sus familiares
y amigos, ellos los que desde hace décadas, casi un siglo, han constituido las
normales rurales en nuestro país.
La memoria, en el sentido
que la analizo de transmisión de ideología, sentimiento de pertenencia y
postura política, no funciona como la historia en el sentido académico; y se
basa en la experiencia vivida, en el testimonio de transmisión oral, en
narrativas colectivas y en recordar con actos conmemorativos, entre otras
acciones del grupo implicado en los hechos. Aunque los sucesos afecten a un
grupo mayor no directamente, como a una nación. “La memoria entonces se produce en tanto hay sujetos que comparten una
cultura, en tanto hay agentes sociales que intentan ‘materializar’ estos
sentidos del pasado en diversos productos culturales que son concebidos como, o
que se convierten en, vehículos de la memoria, tales como libros, museos,
monumentos, películas…” (5).
La memoria es colectiva
por los marcos que la contienen, como el espacio, el tiempo, la afectividad y el
lenguaje, y sobre estos mismos se construye. En éstos cobran sentido los
acontecimientos que han de mantenerse para después comunicarse. Los marcos
sociales dan estabilidad y permiten que el contenido se pueda modificar. Los
marcos son relevantes debido a que se acuerdan de forma colectiva y para la
colectividad. De éstos, el espacio es el significado de las dimensiones en que
se vive, dimensiones que así mismo condicionan la forma de vida en su interior.
Así, al espacio como terreno le corresponde una expresión simbólica dependiente
de las relaciones y el lenguaje que se dan en él. Las colectividades hacen
suyos los espacios que habitan, sobre todo cuando poseen una memoria cultural
con la que transforman el emplazamiento a su imagen y se encierran dentro del
marco que han elaborado (6). De esta manera las Normales Rurales pueden
ser consideradas vehículos de la memoria, como marcos espaciales en los que el
grupo social referido, en especial alumnos y profesores, conviven intensamente
en las aulas, pues operan bajo el sistema de internado. Además, las escuelas
siempre han estado fuertemente relacionadas con las comunidades que las rodean.
Y principalmente debido al papel de los estudiantes avanzados y los profesores
como transmisores de la memoria colectiva entre generaciones, precisamente ahí,
en las aulas de las Normales Rurales.
La desaparición forzada de
los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa,
Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014, ocurrió dentro del contexto de
la guerra contra el narcotráfico iniciada en el sexenio de Felipe Calderón y
que, sin ser nombrada así, sigue en la administración de Enrique Peña Nieto. Es
cierto que México se encuentra en una espiral de violencia exacerbada desde
hace 10 años. Pero particularizar su desaparición al contexto de la batalla
contra el crimen organizado es desvirtuar, banalizar y desdibujar a los
normalistas rurales, pues su desaparición es parte de un devenir temporal más
amplio, en el que están involucrados aspectos ideológicos y políticos, que
desde hace mucho han confrontado a los normalistas rurales con diferentes administraciones
gubernamentales.
La desaparición forzada de
los 43 estudiantes de Ayotzinapa se dio en un contexto más amplio y complejo de
lo que las autoridades nos han querido hacer creer mediante sus discursos y el
empleo de la mayoría de los medios de comunicación, principalmente televisoras,
estaciones de radio y periódicos, por supuesto oficialistas. Pero el 7 de marzo
pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), perteneciente a
la Organización de los Estados Americanos (OEA), presentó un informe que
examina la crisis de derechos humanos que atraviesa México en medio de una
agravada violencia desde 2006 y que parece no tener fin. Su análisis examina
las miles de desapariciones y desapariciones forzadas, los mecanismos de
tortura institucionalizados, las ejecuciones extrajudiciales, entre otros
asuntos como: la inseguridad en la que sobrevive la ciudadanía, la dificultad
de acceder a la justicia y, la generalizada impunidad en el territorio
nacional. El texto también señala la crítica situación de algunos sectores
poblacionales, que se relacionan directamente con esta crisis al denunciarla
ante las autoridades y hacerla del conocimiento público como son: los
defensores de derechos humanos y los periodistas. Personas que por ejercer sus
derechos como ciudadanos al denunciar y por ejercer su libertad de expresión
como entes obligados a hacerlo en el medio periodístico, han sido convertidas también
en víctimas. Actualmente México es considerado uno de los países con mayor
riesgo para aquellos que ejercen el periodismo, su situación ha sido comparada
con la de países que se encuentran en guerra.
Según el Registro Nacional
de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, las personas “no localizadas” en México hasta septiembre
de 2015 eran 26 mil 798.
Las cifras del informe
demuestran que la desaparición de personas en el país ha alcanzado niveles
alarmantes para una nación que no se encuentra bajo una dictadura, al menos en
el sentido clásico de la palabra, como se entiende fueron las de algunos países
de América del Sur durante la segunda mitad del siglo pasado o en un conflicto
armado como una revolución o una guerra. De acuerdo al Registro Nacional de
Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), las personas “no localizadas” en México hasta
septiembre de 2015 eran 26 mil 798. La cuestión se torna más grave cuando el
reporte de la CIDH menciona “la información
amplia y consistente” que ha recibido sobre la práctica de desaparición
forzada por parte de elementos o agentes del Estado (7).
El informe de la CIDH se
presenta 1 año después de haberse iniciado los trabajos de su integración
durante la visita de la comisión a nuestro país del 28 de septiembre al 2 de
octubre de 2015 y, poco más de 2 años después del terrible suceso de
Ayotzinapa. Los 43 estudiantes se sumaron entonces a la ya abultada cifra de
desaparecidos en México y que sigue incrementándose. Sin duda la desaparición
de los 43 estudiantes se ha convertido en el caso más notorio de los últimos
años en cuanto a desapariciones forzadas y ha sido objeto de grandes protestas
a nivel nacional e internacional; y no es para menos, pues ha quedado claro que
nuestras autoridades no pueden o no les interesa resolver los casos de
desaparición. Y por supuesto no es el único de los últimos años, ya en 2013
Human Rigth Watch documentó 149 casos de desaparición forzada con la
participación de agentes del Estado (8). Pero que en el caso de los 43 estudiantes
de Ayotzinapa se haya evidenciado la participación de representantes populares
del gobierno, cuerpos policiacos y el Ejército, además del crimen organizado,
vuelve la desaparición de los muchachos un crimen de Estado con implicaciones
muy profundas.
Que sea un crimen de
Estado complica lo sucedido, pues hablar de los muchachos desaparecidos dentro
de la práctica que involucra a ciertos agentes del Estado, obliga a dirigir
este análisis hacia el origen de los estudiantes en la Normal Raúl Isidro
Burgos de Ayotzinapa, una de las 15 que aún existen. Y aunque el número de
éstas desde que se originaron en 1922 ha variado, así como su denominación y
nivel académico, hoy se encuentran reducidas a su mínima expresión. En la
década de 1930 se llamaron Escuelas Regionales Campesinas y para 1939 sumaban
36 planteles. En 1941 se transformaron las escuelas regionales, unas se
destinaron solamente a la agricultura y 18 se definieron como normales rurales.
Durante la década de 1950 algunas de las escuelas regionales campesinas se
redefinieron nuevamente como normales rurales y con la creación de otras se
alcanzó la cifra de 29 unidades. A finales de esa década sus estudios se
homologaron a los de bachillerato, con lo que se abrió la posibilidad de que
sus egresados continuaran estudios universitarios. Además, la formación de la
identidad entre los internos se reforzó, ya que su convivencia podía alcanzar 7
siete años, pues se impartía uno de complementación de educación primaria, tres
de secundaria y los tres de normal (9).
En las décadas de 1950 y
1960 el pensamiento crítico y socialista se afianzó en los planteles rurales
entre maestros y estudiantes. Lo que debemos considerar aquí es que la
introducción de ese pensamiento se dio mucho antes, con la propuesta de
educación del presidente Lázaro Cárdenas durante su mandato 1934-1940,
justamente en la etapa de mayor auge de las Normales Rurales. Ese pensamiento
analítico, crítico y socialista llevó a los normalistas a participar en diversas
luchas, entre las que destacan la lucha magisterial de 1958 y el movimiento
estudiantil de 1968, que culminó con el asesinato masivo de estudiantes en la
Ciudad de México en octubre del mismo año. Masacre perpetrada por agentes del
Estado, militares y policías, bajo las órdenes del presidente Gustavo Díaz
Ordaz y el secretario de gobernación Luis Echeverría Álvarez. La activa
participación de los normalistas en el movimiento estudiantil tuvo como
represalia gubernamental el cierre de 15 normales (10). Además de que se separó la
educación secundaria de su esquema educativo (11), acotando la intensa convivencia
de sus integrantes.
En 1984 se elevó por
acuerdo presidencial el esquema educativo de las normales rurales a
licenciatura. Además, se decretó el establecimiento de “centros de bachillerato, conforme a planes y programas específicos, en
las zonas de influencia de las escuelas normales rurales y experimentales que
no cuenten con ese servicio educativo”. (12) Con lo que se daba otro duro
golpe a la educación normalista que se venía desarrollando, pues se quería
aumentar la edad de los que ingresaran a sus aulas formándolos previamente en
otro sistema de bachillerato. En 1993 con la descentralización de la educación
básica y normal estas escuelas pasaron a las administraciones estatales, con lo
que se disminuyó su número de estudiantes y se redujo el otorgamiento de plazas
en determinadas regiones (13). Pero más allá de las cifras, esta
estrategia se dirigió también a entorpecer las negociaciones de los normalistas
en diferentes conflictos, pues ya no lo harían directamente con la
administración federal, pues primero debían pasar por las autoridades
estatales. Con lo que sus luchas por mejorar y mantenerse en el sistema
educativo del país se volvieron más burocráticas y de larga duración, una
política gubernamental para desgastar las luchas y huelgas en las que los normalistas
se vieran envueltos.
La política gubernamental
hacia las Normales Rurales durante la primer década del presente siglo continuó
con la de reducción de la matrícula estudiantil y la planta docente, además de
la cancelación de becas a los estudiantes. Y prosiguió el gobierno con el
cierre de escuelas, como la Normal de Mactumatzá en Chiapas –en violento
proceso de cierre desde 2003– y en 2008 de la Normal Rural de El Mexe, en
Hidalgo. Caso que recibió gran atención de los medios de comunicación pues el
conflicto que se generó a su alrededor recibió el apoyo de las poblaciones
circundantes. Claro que la mayor parte de la cobertura mediática criminalizaba
a los normalistas por la toma de autobuses, marchas y bloqueos. Sin abundar en
la política de estrangulamiento contra las normales implementada por el
gobierno federal desde años atrás, principal causante del conflicto de El Mexe.
Ese mismo año la administración estatal de Enrique Peña Nieto intentó cerrar la
Normal Rural de Tenería en el Estado de México (14).
En las Normales Rurales durante
las décadas de los sesenta y setenta era común encontrar círculos de lectura
que debatían textos de Marx, Engels y Lenin, entre otros autores con compromiso
social. Lo que llevó a sus integrantes a reforzar su sentido de pertenencia e
identidad hacia sus comunidades, y hacia el pueblo en el aspecto generalizado
de la masa sin recursos y oprimida por la oligarquía y las autoridades (15).
La Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México (FECSM) es una
agrupación que históricamente ha representado al sector estudiantil más pobre y
crítico del país, con un gran compromiso social y una larga tradición de lucha,
desde que se originó en las escuelas regionales campesinas en 1935 (16).
Lucha que derivó en varias vertientes desde los años sesenta, incluida la
guerrilla. En las filas de la FECSM estuvieron Lucio Cabañas Barrientos, quien
fue secretario de la organización en 1962, cinco años antes de volverse
guerrillero y, Genaro Vázquez –ambos estudiantes en la Normal de Ayotzinapa–.
También fueron normalistas rurales algunos de los atacantes al Cuartel de
Madera en 1965, que dirigieran los profesores Arturo Gámiz y Pablo Gómez. Otros
más integraron el Movimiento de Acción Revolucionaria. (17)
La FECSM es una agrupación
que ha representado al sector estudiantil más pobre y crítico del país, con un
gran compromiso social y una larga tradición de lucha.
Durante la década de 1970,
los movimientos guerrilleros se volvieron objetivos del Estado en la llamada
Guerra Sucia, en la que principalmente en Guerrero se recurrió a la
desaparición forzada como mecanismo de represión: “En la guerra contrainsurgente, contra las guerrillas de la Asociación
Cívica Nacional Revolucionaria y del Partido de los Pobres, el Ejército y las
agencias de seguridad desarrollaron una particular forma de represión que
consiste en desaparecer a los adversarios. No castigar a los enemigos, ni
siquiera asesinar, torturar y humillar, sino algo más: desaparecerlos, borrar
sus rastros, negar su existencia. Individual y política. A ellos y su lucha”
(18).
La desaparición forzada de
los 43 de Ayotzinapa, se dio cuando se dirigían a la Ciudad de México, con el
objetivo de conmemorar la matanza de otros estudiantes, los de Tlatelolco en
1968; cuando la sociedad no esperaba ver nunca más una masacre de estudiantes;
cuando gran parte de la sociedad había perdido la memoria de los sucedido en 1968;
cuando muchos, como yo, depositarios de la memoria oral de otros, de los de la
generación que estuvo en el movimiento estudiantil, habíamos dejado de
conmemorar el trágico suceso; cuando la memoria se desvanecía en los registros
históricos académicos, aquellos que han sido elaborados desde el Estado, de los
que a la mayoría siempre les falta algo o en los que se ha cambiado lo sucedió,
por motivos más importantes para la conformación de nuestra “democrática nación”.
El exterminio de los 43
estudiantes puede tener una lectura más profunda que la que le ha dado la
versión “histórica” de Jesús Murillo
Karam, Miguel Ángel Osorio Chong y Enrique Peña Nieto. Una en el contexto de la
larga estrategia de estrangulamiento de las normales rurales que apunta a la eliminación
de una memoria colectiva, que durante 94 años ha sobrevivido al olvido en que
la ha querido arrojar el Estado. Es parte de la aniquilación de las normales
rurales como vehículos de la memoria, en tanto que, a través de casi un siglo
han sido espacios de integración de uno de los sectores más oprimidos,
silenciados y discriminados en nuestro país, el rural, conformado en las
escuelas por campesinos, indígenas y mestizos, todos pobres.
Entonces se puede entender
a las Normales Rurales como vehículos de la memoria al ser espacios vivos por
la integración de individuos pobres en colectividades pobres, por generaciones
y por regiones. Vehículos de la memoria que han generado una memoria colectiva
que se ha sabido transmitir y reinventar desde la década de los treinta,
mediante una ideología de corte socialista, que ha incorporado otros
pensamientos, como el de la revolución cubana. Pero que, sobre todo ha
transmitido la experiencia de lucha de sus integrantes en diferentes
movimientos sociales, como la lucha magisterial de 1958 y la matanza de
aquellos otros estudiantes en 1968. Memoria colectiva que recuerda la escisión
de algunos de sus miembros en guerrillas rurales y urbanas, la guerra sucia, la
tortura, la vida clandestina, el exterminio de los cuerpos. Y que, por supuesto
ahora ya ha incorporado la desaparición forzada de los 43.
Actualmente sobreviven 15 Normales
Rurales (19) –al menos las que son reconocidas como tales por el gobierno–,
mismas que son vehículos de la memoria de un grupo históricamente oprimido,
silenciado, discriminado y temido por el Estado. Razones por las cuales se
volvió disidente en primera instancia. Y, aunque tras la desaparición forzada
de los 43 estudiantes la Cámara de diputados aprobó 400 millones para las
normales rurales. El duro golpe a Ayotzinapa afectó todas las normales, la
colectividad que son. Desde entonces han disminuido sus aspirantes y se ha
incrementado la deserción de las mismas. Pues el miedo a la represión, al
asesinato, a la violencia sin nombre que es la desaparición forzada generó
huecos en esos vehículos de la memoria en el nivel individual de sus miembros,
pero reforzó su memoria colectiva ante el olvido que les quiere imponer el
Estado mexicano.
NOTAS:
1
Elizabeth
Jelin, Los trabajos de la memoria, Siglo Veintiuno Editores, España, 2002,
páginas 9, 10.
2 Jelin, Op. cit; páginas
10, 11.
3 Me refiero a memoria
colectiva como un proceso que hace más énfasis en la construcción cultural
colectiva que en los procesos individuales de la misma, idea desarrollada por
Maurice Halbwach que está relacionada con lo que él llamó “marcos sociales de la memoria” en sus obras: Les cadres sociaux de la memoire, 1925, y La memoire collective, 1950. Tomado de Jorge Mendoza García, “La tortura en el marco de la guerra sucia
en México: un ejercicio de memoria colectiva”, POLIS, volumen 7, número 2,
2011; páginas 139-179.
4 Jelin, Op. cit; página
20.
5 Ibid. página 37.
6 Jorge Mendoza García, “La tortura en el marco de la guerra sucia
en México: un ejercicio de memoria colectiva”, POLIS, vol. 7, núm. 2, 2011.
pp. 140, 141. Cabe aclarar que Mendoza habla principalmente del Campo Militar
Número 1 como un marco espacial altamente significativo para los sobrevivientes
de la guerra sucia, por haber sido el lugar por excelencia de la tortura, el
asesinato y la desaparición forzada de disidentes por parte del Estado
mexicano.
7 Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, Situación de los Derechos Humanos en México, Organización
de los Estados Americanos, 31 de diciembre de 2015, páginas 11-14.
8 Human Rights Watch, Los
Desaparecidos en México. El persistente costo de una crisis ignorada, 20 de
febrero de 2013.
9 Alicia Civera Cerecedo, “Normales rurales. Historia mínima del
olvido”, Nexos, 1 de Marzo de 2015,
10 Tanais Padilla, “Las normales rurales: historia y proyecto
de nación”, El Cotidiano, 154, marzo-abril, 2009, página 92, UAM,
Azcapotzalco, México; páginas 85-98.
11 Gustavo Díaz Ordaz,
Quinto Informe de Gobierno. Capítulo III, Política de Bienestar Social, Educación
Pública, 1 Septiembre, 1969, Informes presidenciales, Cámara de Diputados, LX
Legislatura, Centro de Documentación Información y Análisis, 2006; páginas 353,
354.
12 Miguel de la Madrid H,
03-23-84 Acuerdo que Establece que la Educación Normal en su Nivel inicial y en
Cualquiera de sus Tipos y Especialidades Tendrá el Grado Académico de
Licenciatura. Poder Ejecutivo Federal, 22 de Marzo de 1984.
13 Civera, Op. cit.
14 Nancy Flores, “Amenaza contra la normal rural de Tenería”,
Contralínea, 112; 15 de octubre de 2008.
15 Civera, Op. cit.
16 FECSM, “Las razones y la lucha de las normales
rurales”, Contralínea, 344; 21 de julio 2013.
17 Zósimo Camacho, “La resistencia de las normales rurales”,
Contralínea, 99; 1 de enero de 2008.
18 Roberto González
Villarreal, Ayotzinapa: la rabia y la esperanza, Terracota, México, 2015,
página 42. Tomado de Bruno Bostelss, “Detrás
de Ayotzinapa”, Memoria Revista de Crítica Militante,
19 Directorio Completo de
las Escuelas Normales de la República Mexicana, Dirección General de Educación
Superior Para Profesionales de la Educación, SEP.
Roberto E Galindo Domínguez*
*Maestro en ciencias en exploración y
geofísica marina, licenciado en arqueología especializado en contextos
sumergidos y buzo profesional, licenciado en letras hispánicas, licenciado en
diseño gráfico. Actualmente cursa la maestría en apreciación y creación
literaria en Casa Lamm
[BLOQUE: ANÁLISIS][SECCIÓN: SOCIAL]
TEXTOS RELACIONADOS:
Normales rurales: 3 décadas de embate de la
DFS
Las razones y la lucha de las normales
rurales
Contralínea 480 / del 21 al 26 de Marzo,
2016
Comentarios