Centro de Medios Libres
30 marzo, 2016
29 de marzo de 2016, Washington, D.C.- La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechaza categóricamente la campaña de
desprestigio que tiene lugar en México contra el Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes (GIEI) y contra el Secretario Ejecutivo, Emilio Álvarez
Icaza Longoria. La CIDH rechaza en forma contundente la averiguación previa
iniciada contra Emilio Álvarez Icaza Longoria por un presunto delito de fraude en perjuicio del Estado mexicano en
relación con el trabajo del GIEI, tras una denuncia radicada en el contexto
de esta campaña de descalificación.
La Comisión desea destacar
que Emilio Álvarez Icaza Longoria, en su carácter de Secretario Ejecutivo de la
CIDH, al firmar el acuerdo de cooperación con México actuó en representación de
la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), a través
de la figura de “delegación de firma”. Conforme a las reglas de la Organización
de Estados Americanos (OEA), la contribución financiera voluntaria del Estado
mexicano para la instrumentación del acuerdo fue depositada directamente a las
cuentas de la Secretaría General de la OEA, por medio de su Secretaría de
Administración y Finanzas. La CIDH no administró estos recursos, por tanto
tampoco lo hizo el Secretario Ejecutivo.
La CIDH expresa su
consternación y considera inadmisible la apertura de una averiguación previa
sobre la base de esta denuncia, que por no contener ningún hecho constitutivo
de delito, resulta temeraria e infundada.
La denuncia señala: “Con el argumento de incorporar a un grupo
de expertos en distintas materias criminalísticas, con la promesa de que
cumplirían los más altos estándares internacionales y las mejores prácticas
regionales, y que tendrían carácter de independientes, el mexicano Emilio
Álvarez Icaza engañó al Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos pues en lugar
de ello, convocó a participar, con pleno conocimiento de los antecedentes de
cada uno de ellos, a personas que en sus anteriores trabajos y funciones
desempeñadas y mandatos gubernamentales faltaron a la verdad, a la probidad
legal y violaron distintas leyes en sus países respectivos”.
El acuerdo de asistencia
técnica fue firmado en 2014 por la CIDH, los representantes de los estudiantes
desaparecidos de Ayotzinapa, y el Estado mexicano, representado por la
Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Gobernación y la
Procuraduría General de la República (PGR). Fueron estas mismas partes las que
expresaron su acuerdo con la selección de los y las cinco expertos y expertas
que constituyen el GIEI.
La propuesta de dicho
acuerdo surgió a solicitud del Estado y de los representantes de los
estudiantes, y se suscribió en cumplimiento de los objetivos de las medidas
cautelares otorgadas por la CIDH a raíz de los hechos que tuvieron lugar el 26
y 27 de septiembre de 2014 en el estado de Guerrero. Las partes acordaron “la incorporación de un Grupo
Interdisciplinario de Expertos independientes en materia de derechos humanos,
para realizar una verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado
mexicano” tras la desaparición de los 43 estudiantes beneficiarios de las
medidas cautelares.
La CIDH designó un Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en acuerdo con el Estado y
con los representantes de los estudiantes, por un periodo de seis meses y con
las siguientes atribuciones: el análisis de los planes de búsqueda en vida de
las personas desaparecidas y en su caso recomendar las mejores prácticas para
una investigación más eficiente; un análisis técnico de las líneas de
investigación para determinar responsabilidades penales; y un análisis técnico
del Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos del 26 y 27 de
septiembre. En el transcurso de su mandato, el GIEI ha emitido cuatro informes.
El informe de investigación y primeras conclusiones del GIEI fue presentado el
6 de septiembre de 2015. Posteriormente, a solicitud del Estado mexicano y de
los representantes de las víctimas, el mandato fue renovado por un periodo
adicional de 6 meses.
El informe de
investigación y primeras conclusiones del GIEI, presentado el 6 de septiembre
de 2015, señala irregularidades, inconsistencias y/o ausencias en la
investigación de los hechos por parte de las autoridades estatales. En
particular, el GIEI cuestiona “la versión
histórica” de los hechos dada a conocer meses atrás por el entonces
Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, de que los normalistas
hubiesen sido incinerados en el basurero de Cocula. Como consecuencia del
trabajo y las recomendaciones emitidas por GIEI, el Estado mexicano ha señalado
que se han abierto nuevas líneas de investigación, lo cual representa un avance
significativo en la búsqueda de verdad y justicia en este caso.
La Comisión reitera su
respaldo al trabajo realizado por el GIEI en todos sus aspectos y acompaña los
informes y las recomendaciones presentadas por el Grupo.
Asimismo, la CIDH respalda
en forma categórica el accionar de su Secretario Ejecutivo, que en todo momento
actuó de acuerdo a las decisiones e instrucciones de los miembros de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión expresa además su
confianza absoluta en la probidad de su Secretario Ejecutivo, opinión fundada
en el conocimiento de su accionar, tanto en relación al tema específico de esta
infundada denuncia como en toda su gestión a cargo de la Secretaría Ejecutiva
de la CIDH.
La CIDH es un órgano
principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo
mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia
de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA
en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son
elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan
sus países de origen o residencia.
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