BASTA DE
BENEFICIOS A LOS GENOCIDAS
Fuente:
Red Latina sin fronteras
23 de marzo de 2016
Desde el espacio Justicia Ya La Plata
repudiamos las decisiones de la justicia federal que han beneficiado con
prisión domiciliaria a un grupo de 9 represores procesados o condenados en
causas por delitos cometidos como parte del genocidio cometido en la última
dictadura, y que se sustancian en el fuero federal platense.
La justicia penal federal
continua desplegando generosidades hacia los represores de la última dictadura:
en diciembre pasado denunciábamos el apartamiento de las causas por “incapaz” al jefe de operaciones e
inteligencia del Ejército en nuestra zona, el envío a su casa al marino Juan
Carlos Herzberg, que suma 3 condenas y ya violó la domiciliaria ocultando un
arsenal en su casa, y sobreseimiento del policía Luis Raúl Ponce en la
acusación por el primer secuestro de Jorge Julio López en su casa de Los
Hornos.
Ahora denunciamos que la
Cámara de Casación Penal y el Juzgado Nº 1 revirtieron lo actuado por los
tribunales platenses con 4 fallos que benefician con la prisión domiciliaria al
ex jefe de la Unidad Regional La Plata de la bonaerense en dictadura, Horacio
Elizardo Luján, con dos condenas a perpetua a cuestas; al ex integrante del
Destacamento 101 del Ejército Ricardo Von Kyaw, que estuvo prófugo 4 años y fue
capturado en Panamá; al ex integrante de las patotas de la Brigada de
Investigaciones de San Justo, Alfredo Boan; y a un grupo de 6 marinos y
prefectos condenados en octubre pasado en el denominado juicio a la “Fuerza de Tareas 5”.
Muy activos durante la
feria judicial, los jueces de Casación Ángela Ledesma, Roberto Boico y Norberto
Fontini entendieron que la permanencia de Luján en una cárcel común podría “agravar el riesgo respecto de la salud del
imputado, con compromiso de vida, de no recibir control periódico clínico,
neurológico y cardiológico”.
Según se desprende del
fallo, tienen en cuenta que “Luján se
encuentra cumpliendo prisión preventiva desde el 23 de octubre de 2006 y superó
los 80 años de edad”. Pero resulta que Luján no solo está procesado, sino
condenado a perpetua por 25 casos de Comisaría 5ta, entre ellos el
de Jorge Julio López, en el juicio “Circuito
Camps” de 2012; y a perpetua por los homicidios de Marcelo Bettini y Luis
Bearzi en el juicio por el CCD “La Cacha”
en 2014.
Respecto a Von Kyaw, ex
miembro de la Central de Reunión de Información del Destacamento 101, el juez
Laureano Durán le otorgó el arresto domiciliario con monitoreo electrónico y
custodia de Gendarmería en el marco de la residual de causa “La Cacha” porque el represor padece
cáncer de pulmón. Además, Durán aceptó que el hijo del represor, Kurt Von Kyaw,
sea el garante del beneficio siendo que la pesquisa para su detención comenzó
por el propio Kurt, que manejaba las tarjetas de crédito y la empresa de
seguridad privada del padre mientras este estaba prófugo. El juez Ernesto
Kreplak hizo extensivo el beneficio en las causas “Pozo de Quilmes” y “Pozo de
Banfield”.
Además, el trío
Ledesma/Boico/Fontini otorgó la domiciliaria al represor Rubén Alfredo Boan,
procesado junto a otros 30 genocidas en la causa por los crímenes cometidos en
la Brigada de Investigaciones de San Justo. Según los informes médicos, Boan,
que cumplió 70 años en agosto pasado, padece cáncer de próstata y requiere
acompañamiento para ir al baño y una dieta acorde a paciente oncológico. Y pese
a que en el penal de Ezeiza donde se encontraba alojado están dadas todas las
condiciones para atenderlo o trasladarlo a donde necesite, los jueces afirmaron
que no se ha acreditado cuales son los riesgos que se pueden presentar para que
Boan no se encuentre detenido en su casa. Es interesante que la justicia
entienda que la domiciliaria es la regla y no la excepción, siempre que el
fiador de la privación de la libertad de una persona es el propio Estado, que
no puede garantizar las condiciones mínimas de detención y elude el problema
enviando a los genocidas a sus casas mientras mantiene igualmente sucios,
hacinados y violentados a la mayoría de los internos del Servicio
Penitenciario, a merced de su mafia uniformada específica.
Para completar el cuadro,
los jueces de la Sala II de Casación, Pedro David, Alejandro Slokar y Ángela
Ledesma, echaron atrás la revocatoria de las domiciliarias de que gozaban la
mayoría de los represores juzgados en el proceso a la “Fuerza de Tareas 5”, decidido en octubre pasado por el Tribunal
Oral Federal 1 de La Plata.
La decisión, que se
resolvió para el caso del marino condenado Jorge Errecaborde pero se hizo
extensiva a Antonio Vañek, Carlos Schaller, José Fernandez Carró, Luis Rocca y
Eduardo Meza, pretende fundamentarse en que los genocidas cumplen el requisito
formal de edad que establece la ley que otorga el beneficio, pero que además “la revocación de la prisión domiciliaria
fue dispuesta por el tribunal sin haber invocado la concurrencia de alguno de
los presupuestos que habilitan el dictado de la medida” y que tampoco se
acreditó en autos cuáles son los riesgos que impidan que cumplan condena en sus
domicilios.
Pareciera que para los
magistrados haber sido probada su responsabilidad en el Genocidio y haber
recibido condena de primera instancia no varía en nada la situación de los
represores. Por lo demás, no es cierto que no se haya argumentado debidamente,
ya que 10 de las 611 páginas de los fundamentos del fallo se dedican a la
cuestión. Basta remitirse al voto del juez Carlos Rozansky en el fallo, quien
dijo que existen razones jurídicas y éticas claras e imperativas para tal
decisión: el beneficio de la domiciliaria reviste carácter excepcional, que la
gravedad de los delitos y las altas penas impuestas así lo ameritan, que el
hecho de que el beneficio fuera otorgado en la instrucción de la causa no
resulta vinculante y que sostener lo contrario transforma la pena de prisión
efectiva en una “mera formalidad”. La
mera formalidad viene siendo regla, incluso para el TOF1 de La Plata, que, con
disidencia de Rozansky, le concedió la domiciliaria al marino Juan Carlos
Herzberg un mes y medio después de haberlo condenado y pese a que había
escondido un arsenal en su casa durante todo el juicio a la “FT5”.
Mientras en muchos
sectores preocupa la continuidad en abstracto de los juicios a los genocidas,
va quedando cada vez más en evidencia que la tardanza del Estado en acelerar
los procesos juega a favor de la impunidad biológica de los represores, y los
criterios ambiguos para sostener las acusaciones, aportar prueba y conceptuar
el debido cumplimiento de las condenas está llevando a un cuello de botella
donde cada vez más genocidas quedarán fuera de futuro juicios.
El canallesco editorial
del diario La Nación, publicado
insidiosamente horas después de resuelto el balotaje presidencial, reinstaló a
la derecha en el debate sobre la significancia profunda de los juicios al
igualar primero a todos los organismos de Derechos Humanos con el proyecto
político del kirchnerismo, y al intentar luego confundir al pueblo sobre el
proceso de juzgamiento con supuestas
“nuevas violaciones de derechos humanos”. La derecha, que se ha cansado de
quejarse de que los organismos defendemos “los
derechos de los delincuentes”, sale ahora a pedir a los “políticos responsables” y a “los jueces compenetrados de su misión”
actuar “en consonancia con la verdad
histórica y los principios básicos del derecho penal”, es decir el retardo
de los juicios y la impunidad biológica de los peores asesinos de nuestra historia
tranquilos y en sus casas.
Pero el reclamo de la “tribuna de doctrina” de los Mitre no es
el único cuestionamiento a la cárcel común: recordamos el grave antecedente de
septiembre de 2014, cuando la Corte Suprema reabrió la polémica por las
domiciliarias a los genocidas, tras flexibilizar su propio criterio y otorgarle
por razones médicas el beneficio a Roque Pappalardo, condenado a perpetua por
el TOF de Mar Del Plata en marzo de 2012 por el asesinato del abogado
laboralista Carlos Moreno. El cambio de criterio fue patente, porque hasta
ahora la Corte priorizaba la cárcel común al contemplar que los genocidas han
cometido delitos graves y conservan poder y capacidad logística para fugarse y complicar
las investigaciones.
Sobre esas grietas se
montan los sectores que buscan impunidad para cuestionar todo el proceso como
una revancha. Por primera vez sectores que reivindican la teoría de los dos
demonios y reclaman “memoria completa”,
como el Celtyv, se reúnen con ministro y secretario del área de DD.HH. Con este
antecedente cabría preguntarse cuánto pesarán a partir del nuevo escenario
político los reclamos de impunidad de la derecha, cuando el propio Estado ha
reconocido que en la “década ganada”
el 40% de los pocos represores judicializados cumplió arresto domiciliario.
Nosotros seguiremos
exigiendo cárcel común, perpetua y
efectiva para todos los genocidas y sus cómplices, sin ningún beneficio.
La Plata, 9 de febrero de
2016
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