Por Tlachinollan
Publicado originalmente
en:
Centro de Medios Libres
02 febrero, 2016
El pasado jueves 28 y viernes 29 de enero el Museo
Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) organizó en la ciudad de México la
jornada internacional denominada “La
Tortura en México, práctica sin freno”, con el fin de propiciar un debate
crítico y propositivo, ante la grave crisis de derechos humanos que enfrentamos
como país y ante la embestida de un poder político que usa la fuerza para
causar terror entre la población e inhibir la organización independiente de la
sociedad.
En el informe que presentó
el 5 de mayo de 2015 ante el pleno del consejo de derechos humanos de la ONU,
el relator especial contra la tortura, Juan Méndez, señaló con gran valentía y
contundencia que la tortura en México es una práctica generalizada y que ocurre
especialmente desde la detención hasta la puesta a disposición de los detenidos
ante la justicia. Ante ello emplazó al gobierno para que implemente de manera
inmediata sus recomendaciones e hizo un llamado a la comunidad internacional
para que apoye a México en la lucha para eliminar la tortura y los malos
tratos, con el fin de revertir la impunidad y garantizar la reparación integral
de las víctimas. Este informe molestó mucho a las autoridades mexicanas y se
ocuparon más en desacreditar al prestigiado académico que atender sus
recomendaciones.
Las autoridades se
empecinan en ignorar los planteamientos de los organismos internacionales de no
usar al Ejército en tareas de seguridad pública porque sus actuaciones bélicas
suspenden de facto derechos básicos lo que provoca que cualquier ciudadano, sea
víctima de tratos crueles, inhumanos, degradantes, incluso de tortura y hasta
de ejecuciones, por parte de las corporaciones policiacas y elementos del
ejército y la marina, en esta ideología del enemigo interno.
El 10 de abril de 2015 el
presidente Enrique Peña Nieto envío al Congreso Federal la iniciativa de Ley sobre
desaparición de personas y la Ley general para prevenir, investigar y sancionar
los delitos Tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes, para que
puedan ser discutidas en el próximo periodo de sesiones. Esta coyuntura nos
obliga como sociedad a discutir sin cortapisas estas iniciativas y exigir que
se atiendan las propuestas de las víctimas y las organizaciones de derechos
humanos.
Nuestra historia como
organización de derechos humanos ha estado marcada por el acompañamiento a
víctimas de tortura a indígenas de las zonas de mayor exclusión del país que
han sido sometidos a malos tratos e incluso tortura por parte de todas las fuerzas
de seguridad del Estado.
Las dignas voces de Inés
Fernández Ortega y Valentina Rosendo, víctimas de tortura sexual a manos de
elementos del Ejército Mexicano han implicado mucho sufrimiento y una lucha
persistente de 14 años. Hoy en día a más de 5 años de la emisión de dos
sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), ambas
compañeras exigen justicia contra los 4 militares acusados por las graves
violaciones cometidas en su contra frente a juzgados civiles. Gracias a la
lucha de ambas mujeres indígenas la Corte Interamericana estableció estándares
sobre tortura sexual que hoy se han convertido incluso en tesis de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Pese a los avances en
sentencias y tesis, la tortura es una práctica recurrente entre los cuerpos de
seguridad. Tan sólo del 2007 al 2011, Tlachinollan, documentó dentro del
proyecto de Monitor Civil de la Policía (MOCIPOL), 353 casos de abuso policial,
53 de los cuáles fueron casos de tortura y/o tratos crueles, inhumanos y
degradantes; siendo la Policía Investigadora Ministerial la autoridad que más
viola los derechos fundamentales de la población guerrerense.
Entre 2008 y abril de
2014, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero
(Coddehum) recibió 101 quejas por presuntos hechos de tortura y/o tratos
crueles, inhumanos y degradantes perpetrados por agentes estatales, sin
embargo, sólo entre 1994 y enero de 2013, el organismo emitió un total de 54
recomendaciones sobre tortura a las autoridades del estado de Guerrero.
A pesar de ello, la falta
de investigación y sanción en casos de tortura es clara. Entre 2006 y 2014 ha
habido sólo 6 averiguaciones previas por tortura. La Fiscalía General de
Guerrero no ha presentado cargos contra persona alguna ni obtenido una sola
orden de aprehensión por casos de tortura. El 88% de las recomendaciones de la
Coddehum por casos de tortura se han dirigido a lo que ahora es la Fiscalía
General de Justicia, es decir, que los funcionarios han sido reticentes a abrir
investigaciones contra ellos mismos y sus compañeros de trabajo.
Hoy en día en Guerrero se
cuenta con una Ley especial estatal que no cumple con los estándares
internacionales. No obstante, más allá de las discusiones legislativas, los
cambios en las instituciones y la voluntad política para incluir mecanismos que
prevengan la posible comisión de este delito son determinantes. Por ejemplo,
una vez que en Guerrero se aprobó la Ley especial en enero de 2014, las
averiguaciones previas por tortura no avanzaron. Un año más tarde, en enero de
2015, la Procuraduría había iniciado sólo una averiguación por tortura.
La impunidad casi absoluta
por casos de violaciones graves a derechos humanos cometidas por la policía y
por funcionarios a cargo de la investigación y persecución del delito no es
sorprendente, en parte porque los funcionarios públicos a cargo de
investigarlos pertenecen a las mismas instituciones implicadas. La Fiscalía
General, cuenta con una unidad para la investigación y persecución de
violaciones a derechos humanos cometidas por servidores públicos, que actúa
bajo el mando de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, sin embargo, dicha
unidad está conformada por miembros de la misma policía investigadora del
delito contra la cual pesan múltiples acusaciones de tortura y otros abusos.
En ausencia de cualquier
institución independiente para supervisar las investigaciones de tortura, todos
los presuntos casos de esta atrocidad se dejan a discreción de la Fiscalía
General, que además continúa siendo sujeta a un fuerte control del ejecutivo y
de los grupos de poder que subyacen al interior de la Fiscalía.
En este panorama, el rol
de los organismos públicos de derechos humanos es central. Pero en Guerrero la
independencia de la Coddehum ha sido socavada y la CNDH no ha jugado un papel
activo. Así vemos que de nada sirvió que la CNDH haya emitido su primera
Recomendación por violaciones graves a derechos humanos en los asesinatos de
Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, estudiantes de Ayotzinapa, hechos en
los que también se documentó el caso de tortura del estudiante Gerardo Torres,
pues el Ombudsman Nacional no impulsó ningún mecanismo extraordinario para
asegurar el cumplimiento de dicha recomendación, como lo ameritaba el caso.
Esta situación demuestra que de poco sirve ampliar las facultades de estos
organismos si las mismas no se emplean a cabalidad y con determinación. Hoy el
caso está ante la CIDH en espera de su admisión.
La investigación de la
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa muestra que el uso de la
tortura continúa siendo extendido en el ámbito federal. Aunque el sentido común
indicaría que uno de los casos más graves de violaciones a derechos humanos de
la historia reciente sería investigado con pulcritud, dado que la verificación
internacional de la indagatoria era previsible, lo cierto es que el expediente
muestra un uso extensivo y generalizado de la tortura, sobre todo por parte de
los elementos de la marina y de la agencia de investigación criminal que
intervinieron al inicio en la conducción de las pesquisas.
Al respecto, el Informe
del GIEI es contundente: refiere que “recibió
testimonios de inculpados que alegaron malos tratos y torturas”. En ese
sentido, precisa que “de las 80 personas
detenidas, a quienes se les practicó examen médico, 19 no presentan lesiones,
lo que corresponde a un 23% de los inculpados, mientras que en el 77% si
presentaron distintos tipos de lesiones”. Añadiendo que: “El análisis en conjunto de las lesiones
existentes permite constatar que los detenidos mostraban muy frecuentemente cuadros
de policontusión con lesiones traumáticas de distinta intensidad y
localización”. Por ello, el GIEI concluye que “basándose en información básica en el contexto de la medicina forense
moderna y los Derechos Humanos, pone de manifiesto que los reconocimientos
médicos de los detenidos en este caso fueron muy deficientes e insuficientes
para una investigación eficaz de posibles malos tratos que pudieran ser
aludidos por estas personas”.
El análisis que realiza el
GIEI no puede dejarse de lado en la inminente discusión sobre la Ley general
para prevenir y sancionar la tortura. Los organismos civiles nos hemos unido
para señalar los aspectos torales de esa Ley, en los cuales la iniciativa del
Ejecutivo se queda corta; por ejemplo, la exclusión de toda prueba ilícita. Sin
embargo, hay otros temas estructurales que debemos visibilizar en el debate.
Por ejemplo, el GIEI recomienda: “Contar
con un organismo pericial y forense autónomo y competente, a nivel federal como
en los diferentes estados. Dicha entidad debe contar con autonomía
administrativa y financiera sin depender de ningún organismo investigativo o
judicial”.
Por todo esto es clave
continuar con la supervisión internacional que generen recomendaciones
específicas y que acompañen las investigaciones. El rol de mecanismos
extraordinarios de escrutinio, como el de la asistencia técnica solicitada por
las familias de Ayotzinapa en el marco de las medidas cautelares emitidas por
la CIDH en el caso de los estudiantes desaparecidos, que se tradujo en la creación
del GIEI, es clave para combatir patrones de impunidad.
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