Publicación Abierta
Centro de Medios Libres
26 febrero, 2016
A las redes y
organizaciones internacionales, nacionales y chiapanecas que defienden los
derechos de la mujer:
A las instituciones
estatales dedicadas a la protección y atención de la violencia sexual:
Al presidente municipal de
San Cristóbal de las Casas y a todo su cabildo:
A las asociaciones de
hoteleros y restauranteros de San Cristóbal de las Casas:
A los propietarios del
Parque Las Canastas:
A toda la sociedad
A mediodía del 25 de enero de 2016, el Parque Recreativo de
Las Canastas de San Cristóbal de las Casas, una vez más fue el escenario de
otra violación sexual. En esta ocasión, el perpetrador del crimen, un individuo
de aproximadamente 1.62 de altura, tez morena, complexión media y cejas semipobladas,
sometió a una joven de 24 años de nombre K.M. a plena luz del día y a solo una
centena de metros de otros visitantes.
Como en esta ocasión Las
Canastas, al igual que otros sitios aislados o el interior de taxis, son
escenario de violaciones e inclusos feminicidios en San Cristóbal de las Casas.
K.M. son las siglas del nombre de una ciudadana quien había decidido hacer esa
mañana una caminata por el referido parque. Después de ser atacada y violada
por un hombre que se le aproximó mientras caminaba, la joven logró escapar y
encontrar auxilio con un pequeño grupo de turistas que paseaba por las
cercanías, y quienes intentaron atrapar al perpetrador sin éxito. La denuncia
se hizo inmediatamente después, ante las autoridades estatales –tan sólo una
hora después del acto–, hecho que por su rapidez prometería en teoría,
facilitar la búsqueda y localización del violador para detenerlo y mantenerlo
en custodia hasta su juicio.
Sin embargo, la agredida
entró en una espiral institucional llena de desinformación que dio inicio en el
Hospital de la Mujer, donde se le rechazó darle atención médica y la dotación
de la pastilla de anticoncepción de emergencia (PAE), así como los retrovirales
necesarios para evitar el contagio de una infección de transmisión sexual (ITS)
o de VIH. Sin atención médica, fue enviada erróneamente a la Junta de
Conciliación y Arbitraje, un espacio completamente des-contextualizado para este
caso, para posteriormente ser enviada al Ministerio Público y finalmente
remitida a la Fiscalía de la Mujer. Durante todo este proceso confuso tampoco
recibió alimentación o apoyo para trasladarse de un lado a otro. Doce horas
después de la agresión, sin haber recibido información sobre el proceso y
ningún tipo de orientación, se le asignó a una abogada, quien no se dio a la
tarea de leer la declaración presentada.
Por ello se denuncia el desapego al debido proceso, ya que la agredida
no recibió atención médica oportuna (sino hasta después de 48 horas), y sólo
para ser auscultada indebidamente, no recibió el tratamiento adecuado, ni la
atención psicológica y/o emocional en ningún momento; además de que fue clara
la ineficiencia, descoordinación entre las distintas instancias y falta de
voluntad para atender el caso de manera adecuada y oportuna. Las instituciones
estatales dedicadas a la atención a la violencia de género cometieron
irregularidades que pusieron de manifiesto su falta de articulación,
organización, y escaso sentido interinstitucional, tanto de los propios
funcionarios que supuestamente deben servir para atender este tipo de
problemáticas, como de los doctores, peritos, agentes ministeriales y policías,
quienes con una clara ausencia de empatía y sensibilidad, machismo y misoginia
bromearon morbosamente sugiriendo “que
algo habría hecho para ser violada”.
El manejo de este caso
pone al descubierto que no se está solamente ante un caso flagrante de abuso
sexual, sino que las autoridades estatales no tienen la capacitación,
sensibilización, voluntad y coordinación necesaria para responder efectivamente
ante estos casos. Pone de relieve la ausencia de protección que las mujeres
habitantes y visitante de este lugar, carecen de toda garantía de seguridad
para transitar libremente y visitar diversos lugares de la ciudad en libertad.
No hay garantía de una mínima coordinación para asumir la protección social,
jurídica, médica y psicológica de la agredida (llegando incluso a sugerir que
era mejor posponer la atención del caso para después de la visita del Papa). Evidenciaron
su incapacidad para ofrecer protección y emprender acciones coherentes y
concretas que dieran respuesta a la solicitud más inmediata: Atender a la
agredida, buscar al sospechoso y capturarlo.
K.M. intentó seguir el
entramado jurídico-técnico de las leyes en la materia, pero todo el manejo
estatal representó una violación a los derechos humanos básicos, a la vida, y a
las garantías de las mujeres ante situaciones de agresión sexual. Las siglas
K.M. son la evidencia del desamparo al que están sometidas miles de mujeres
chiapanecas, extranjeras, indígenas y migrantes, quienes cotidianamente son
agredidas en las calles de San Cristóbal, y para quienes una respuesta
institucional es NULA.
K.M. fue tratada por las
dependencias públicas como una “papa
caliente”, ¿será que estamos ante la primera denuncia pública que se hace
por violación en la historia de San Cristóbal de las Casas?, o ¿es acaso que
los funcionarios y empleados públicos encuentran en la dilación de la atención
un reposo suficiente que ponga cualquier atisbo de justicia en el archivero?
Las insistencias de la
agredida, lograron que a más de una semana de los hechos se le presentaran
fotografías de 64 individuos, quienes tienen un registro por haber sido
denunciados por violación, 64 hombres que –sépanlo bien– continúan libres.
Evidentemente, después de un lapso tan amplio de tiempo, fue imposible
identificar al agresor dentro de ese conjunto de imágenes.
La respuesta social y
ciudadana después de 10 días de equívocos ante el caso de K.M. ha sido retomada
por un grupo de ciudadanas y ciudadanos quienes con gran indignación nos hemos
organizado para documentar detalladamente el proceso, y exigir encontrar al
perpetrador para fincar responsabilidades a las instituciones gubernamentales,
por sus omisiones y equivocaciones, y de paso, denunciar la inactividad y
mediocridad detrás de quienes están en un puesto público en el que
supuestamente se dedican a apoyar a las víctimas.
Esta respuesta social,
responde principalmente al hartazgo de escuchar, presenciar y vivir en carne
propia cientos de agresiones que a pesar de ser denunciadas son desechadas, por
expedientes mal armados, o nunca terminados, por y personal sin capacitación y
voluntad para dar seguimiento a dichos casos, ni para orientar y acompañar a
las víctimas. Este último acontecimiento, es la muestra de una serie de
acontecimientos, producto de la descomposición del actual gobierno local,
estatal y nacional, y de la omisión gubernamental en materia de derechos
humanos.
Consideramos que este lamentable
hecho puede ser un punto de quiebre que incentive a la sociedad civil y
habitantes de esta ciudad, redes, organizaciones y asociaciones encargadas de
atender o acompañar este tipo de casos, a sumarse para exigir justicia para K.M.,
seguridad para las ciudadanas y visitantes del estado de Chiapas, y un adecuado
tratamiento de este tipo de casos por parte de las autoridades involucradas.
El grupo de acompañamiento
para K.M. trabajaremos para difundir internacionalmente la impunidad latente en
San Cristóbal contra las mujeres agredidas, misma que está lejos del edén
turístico que proponen las agencias, asociaciones de hoteleros y beneficiarios
del turismo de San Cristóbal.
Exigimos
justicia para K.M. y para las miles de mujeres que sufren agresiones todos los
días y una respuesta inmediata a su caso…
¡NO
TOLERAREMOS MAS IMPUNIDAD!
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