sábado, 27 de febrero de 2016

LA CIUDADANA K.M.: VIOLACIÓN SEXUAL Y ANACRONISMO EN LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Publicación Abierta
Centro de Medios Libres
26 febrero, 2016
A las redes y organizaciones internacionales, nacionales y chiapanecas que defienden los derechos de la mujer:
A las instituciones estatales dedicadas a la protección y atención de la violencia sexual:
Al presidente municipal de San Cristóbal de las Casas y a todo su cabildo:
A las asociaciones de hoteleros y restauranteros de San Cristóbal de las Casas:
A los propietarios del Parque Las Canastas:
A toda la sociedad
A mediodía del 25 de enero de 2016, el Parque Recreativo de Las Canastas de San Cristóbal de las Casas, una vez más fue el escenario de otra violación sexual. En esta ocasión, el perpetrador del crimen, un individuo de aproximadamente 1.62 de altura, tez morena, complexión media y cejas semipobladas, sometió a una joven de 24 años de nombre K.M. a plena luz del día y a solo una centena de metros de otros visitantes.
Como en esta ocasión Las Canastas, al igual que otros sitios aislados o el interior de taxis, son escenario de violaciones e inclusos feminicidios en San Cristóbal de las Casas. K.M. son las siglas del nombre de una ciudadana quien había decidido hacer esa mañana una caminata por el referido parque. Después de ser atacada y violada por un hombre que se le aproximó mientras caminaba, la joven logró escapar y encontrar auxilio con un pequeño grupo de turistas que paseaba por las cercanías, y quienes intentaron atrapar al perpetrador sin éxito. La denuncia se hizo inmediatamente después, ante las autoridades estatales –tan sólo una hora después del acto–, hecho que por su rapidez prometería en teoría, facilitar la búsqueda y localización del violador para detenerlo y mantenerlo en custodia hasta su juicio.
Sin embargo, la agredida entró en una espiral institucional llena de desinformación que dio inicio en el Hospital de la Mujer, donde se le rechazó darle atención médica y la dotación de la pastilla de anticoncepción de emergencia (PAE), así como los retrovirales necesarios para evitar el contagio de una infección de transmisión sexual (ITS) o de VIH. Sin atención médica, fue enviada erróneamente a la Junta de Conciliación y Arbitraje, un espacio completamente des-contextualizado para este caso, para posteriormente ser enviada al Ministerio Público y finalmente remitida a la Fiscalía de la Mujer. Durante todo este proceso confuso tampoco recibió alimentación o apoyo para trasladarse de un lado a otro. Doce horas después de la agresión, sin haber recibido información sobre el proceso y ningún tipo de orientación, se le asignó a una abogada, quien no se dio a la tarea de leer la declaración presentada.
Por ello se denuncia el desapego al debido proceso, ya que la agredida no recibió atención médica oportuna (sino hasta después de 48 horas), y sólo para ser auscultada indebidamente, no recibió el tratamiento adecuado, ni la atención psicológica y/o emocional en ningún momento; además de que fue clara la ineficiencia, descoordinación entre las distintas instancias y falta de voluntad para atender el caso de manera adecuada y oportuna. Las instituciones estatales dedicadas a la atención a la violencia de género cometieron irregularidades que pusieron de manifiesto su falta de articulación, organización, y escaso sentido interinstitucional, tanto de los propios funcionarios que supuestamente deben servir para atender este tipo de problemáticas, como de los doctores, peritos, agentes ministeriales y policías, quienes con una clara ausencia de empatía y sensibilidad, machismo y misoginia bromearon morbosamente sugiriendo “que algo habría hecho para ser violada”.
El manejo de este caso pone al descubierto que no se está solamente ante un caso flagrante de abuso sexual, sino que las autoridades estatales no tienen la capacitación, sensibilización, voluntad y coordinación necesaria para responder efectivamente ante estos casos. Pone de relieve la ausencia de protección que las mujeres habitantes y visitante de este lugar, carecen de toda garantía de seguridad para transitar libremente y visitar diversos lugares de la ciudad en libertad. No hay garantía de una mínima coordinación para asumir la protección social, jurídica, médica y psicológica de la agredida (llegando incluso a sugerir que era mejor posponer la atención del caso para después de la visita del Papa). Evidenciaron su incapacidad para ofrecer protección y emprender acciones coherentes y concretas que dieran respuesta a la solicitud más inmediata: Atender a la agredida, buscar al sospechoso y capturarlo.
K.M. intentó seguir el entramado jurídico-técnico de las leyes en la materia, pero todo el manejo estatal representó una violación a los derechos humanos básicos, a la vida, y a las garantías de las mujeres ante situaciones de agresión sexual. Las siglas K.M. son la evidencia del desamparo al que están sometidas miles de mujeres chiapanecas, extranjeras, indígenas y migrantes, quienes cotidianamente son agredidas en las calles de San Cristóbal, y para quienes una respuesta institucional es NULA.
K.M. fue tratada por las dependencias públicas como una “papa caliente”, ¿será que estamos ante la primera denuncia pública que se hace por violación en la historia de San Cristóbal de las Casas?, o ¿es acaso que los funcionarios y empleados públicos encuentran en la dilación de la atención un reposo suficiente que ponga cualquier atisbo de justicia en el archivero?
Las insistencias de la agredida, lograron que a más de una semana de los hechos se le presentaran fotografías de 64 individuos, quienes tienen un registro por haber sido denunciados por violación, 64 hombres que –sépanlo bien– continúan libres. Evidentemente, después de un lapso tan amplio de tiempo, fue imposible identificar al agresor dentro de ese conjunto de imágenes.
La respuesta social y ciudadana después de 10 días de equívocos ante el caso de K.M. ha sido retomada por un grupo de ciudadanas y ciudadanos quienes con gran indignación nos hemos organizado para documentar detalladamente el proceso, y exigir encontrar al perpetrador para fincar responsabilidades a las instituciones gubernamentales, por sus omisiones y equivocaciones, y de paso, denunciar la inactividad y mediocridad detrás de quienes están en un puesto público en el que supuestamente se dedican a apoyar a las víctimas.
Esta respuesta social, responde principalmente al hartazgo de escuchar, presenciar y vivir en carne propia cientos de agresiones que a pesar de ser denunciadas son desechadas, por expedientes mal armados, o nunca terminados, por y personal sin capacitación y voluntad para dar seguimiento a dichos casos, ni para orientar y acompañar a las víctimas. Este último acontecimiento, es la muestra de una serie de acontecimientos, producto de la descomposición del actual gobierno local, estatal y nacional, y de la omisión gubernamental en materia de derechos humanos.
Consideramos que este lamentable hecho puede ser un punto de quiebre que incentive a la sociedad civil y habitantes de esta ciudad, redes, organizaciones y asociaciones encargadas de atender o acompañar este tipo de casos, a sumarse para exigir justicia para K.M., seguridad para las ciudadanas y visitantes del estado de Chiapas, y un adecuado tratamiento de este tipo de casos por parte de las autoridades involucradas.
El grupo de acompañamiento para K.M. trabajaremos para difundir internacionalmente la impunidad latente en San Cristóbal contra las mujeres agredidas, misma que está lejos del edén turístico que proponen las agencias, asociaciones de hoteleros y beneficiarios del turismo de San Cristóbal.
Exigimos justicia para K.M. y para las miles de mujeres que sufren agresiones todos los días y una respuesta inmediata a su caso…
¡NO TOLERAREMOS MAS IMPUNIDAD!

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