José Antonio Román
Periódico La Jornada
Miércoles 3 de febrero de
2016, p. 5
‘‘La coordinadora de la Policía Comunitaria de
Olinalá no puede ser victimizada de nuevo’’
Concluye que
su aprehensión fue ‘‘ilegal y
arbitraria’’ y su proceso ha sido ‘‘injusto’’
El organismo
ya dio vista del caso al relator especial sobre la situación de los defensores
de derechos humanos
Luego de concluir que la detención y la posterior privación de
libertad de Néstora Salgado, coordinadora de la Policía Comunitaria en Olinalá,
Guerrero, fue ‘‘ilegal y arbitraria’’,
y que su proceso judicial ha sido ‘‘injusto’’,
el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de Naciones
Unidas (ONU) pidió al gobierno de México su liberación y proporcionarle una ‘‘compensación apropiada’’.
En su resolución 56/2015,
dada a conocer este martes, el organismo de Naciones Unidas informó que ya dio
vista de este caso al relator especial sobre situación de los defensores de los
derechos humanos y al que atiende casos de tortura, a fin de que se aseguren de
que la señora Salgado no sea victimizada nuevamente.
De esta forma, el grupo de
trabajo, compuesto por cinco expertos independientes en derechos humanos,
emitió su ‘‘decisión de fondo’’ sobre
el caso de Néstora Salgado, quien fue arrestada por elementos del Ejército y la
Marina el 21 de agosto de 2013, acusada de secuestro.
No obstante, ninguna de
sus presuntas víctimas se ha presentado a ratificar sus denuncias en estos más
de dos años de prisión, casi siempre en el penal de máxima seguridad de Tepic,
Nayarit.
En el numeral 42 de su
resolución, el grupo de trabajo de la ONU, creado en 1991 como mecanismo
especial integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, señala que
por los datos e información obtenida, ‘‘pareciera
que la señora Salgado habría sido perseguida debido a su lucha por los derechos
de la población indígena, e incluso es un patrón que se ha observado en los
últimos años’’.
Además, expresa
abiertamente su ‘‘seria preocupación’’
por la existencia de lo que ‘‘parece ser
un patrón contra los defensores de derechos humanos’’ en México, pues se
han observado situaciones similares en el país durante los últimos periodos de
sesiones del organismo internacional.
Para Alejandra Gonza,
abogada de Néstora Salgado en Estados Unidos, esta resolución es una ‘‘fuerte condena a tantas injusticias’’
cometidas contra la líder comunitaria a manos del Estado mexicano.
‘‘Estuvimos trabajando más de dos años para demostrar a la ONU
que Néstora Salgado está viviendo procesos injustos en un claro caso de
criminalización de su liderazgo. México debe ahora liberarla inmediatamente’’, señaló la también
integrante de la Clínica de Derechos Humanos en Seattle, instancia que ha jugado
un papel clave en la resolución del grupo de trabajo.
Por su parte, Ricardo
Lagunes, otro de los abogados que llevan el caso, aseguró que la resolución del
grupo sí es vinculante y obligatoria para el Estado mexicano, por lo que está
obligado a atender la solicitud de la ONU, que le pide textualmente ‘‘tomar las medidas necesarias para remediar
la situación, liberando a la señora Salgado y proporcionarle una compensación
apropiada’’.
En sus argumentos, la
defensa señala que esta obligatoriedad deriva de la última reforma
constitucional en materia de derechos humanos, concretada en 2011, en la que se
reconoce que hay pactos de derechos civiles y políticos de los cuales el Estado
mexicano forma parte y ha ratificado.
Néstora Salgado está
recluida en el Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan, en la ciudad
de México, tras pasar casi dos años en el penal de máxima seguridad de Tepic,
Nayarit, del cual pudo ser trasladada tras una huelga de hambre de un mes a
mediados del año pasado.
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