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Robar por
tener hambre y no tener dinero para comprar comida mantiene en prisión a 7 mil
personas en México. La mayoría de los presos que cometieron estos robos por
necesidad son mujeres. El 90% de los denunciantes de este delito son
representantes de tiendas afiliadas a la ANTAD
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Por Guadalupe Fuentes
López
octubre 14, 2015
Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo). – En México hay
aproximadamente 7 mil personas que están recluidas en las cárceles y purgan una
condena de hasta 10 años por robar una charola de carne, una mantequilla, unas
alitas de pollo, un yogurt, leche o pan, porque no tenían dinero y necesitaban
comer, de acuerdo con cifras de la Comisión Especial de Reclusorios de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
Este tipo de delito se le
conoce como Robo Famélico y por lo
general lo cometen las personas de escasos recursos quienes no tienen para
satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia y que en México, de acuerdo
con las últimas cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval), suman 55.3 millones, un aumento de casi 2 millones
de personas respecto al 2012.
“En el Código Penal no se habla de robo famélico, lo ubican
sólo como robo, las personas que hurtan comida no tienen ni siquiera para pagar
una fianza y como no tienen una defensa adecuada las encierran y pasan hasta 10
años en la cárcel por este delito”, explicó a SinEmbargo la licenciada Olivia Garza
de los Santos, directora de Modernizando el Sistema Penitenciario A.C.
El Código Penal Federal
contempla en su artículo 367 que “comete
el delito de robo el que se apodera de una cosa ajena sin derecho y sin
consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley”.
“El robo famélico encaja totalmente en lo que dice el Código
Penal Federal en el artículo 367, aunque si se comprueba que se apropió de
algún producto para satisfacer sus necesidades entonces no se le aplica pena;
pero si a la persona se le atribuye otras circunstancias, como el hecho de que
cometa el delito con más gente o que vaya armada, eso constituye un agravante”, expuso el profesor
Carlos Enríquez Escallon, especialista en Derecho Penal de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM) Azcapotzalco.
El académico detalló que
para acreditar que alguien ha cometido un delito y acreditar que alguien es
merecedor a un beneficio que le otorga la Ley tiene que probarlo.
“Si hay 7 mil presos en la cárcel por cometer este tipo de
delitos quiere decir o que no probaron lo suficiente su inocencia y ni el
Ministerio Público ni el juez les creyó y de todas maneras consignó. Quizá
puede ser un exceso por parte de las autoridades”, expuso.
El artículo 316 del Código
Nacional de Procedimientos Penales considera la excluyente del delito de robo
cuando existe un estado de necesidad justificante.
“A nivel federal las personas que cometen este tipo de delitos
llegan a pasar hasta 10 años en prisión porque normalmente es el delito más el
agravante; es decir que se cometa el robo en un lugar cerrado o si va
acompañada de alguien se considera como pandilla, el delito no va solo”, dijo Olivia Garza.
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| Wal-Mart es una de las tiendas afiliadas a la ANTAD que más denuncias por robo famélico presentan a autoridades. Foto: Cuartoscuro |
LA ANTAD Y EL ROBO
FAMÉLICO
Los establecimientos afiliados a la Asociación Nacional de
Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) son las que presentan más
denuncias en contra de las personas por robar alimentos, no sólo se les acusa
de este delito, también las acusan de intento
de homicidio, amenazas, lesiones y daños a sus sucursales.
“La tienda que más ha afectado a las personas por el delito de
robo famélico es Wal-Mart, aunque hay muchas de la asociación AMDA, también
está Superama y OXXO”,
reveló la abogada Garza de los Santos.
La también ex presidenta
de la Comisión Especial de Reclusorios de la ALDF, aseguró que la política de
estas tiendas de autoservicio es denunciar y no otorgar el perdón.
“Es muy triste que una madre que tiene que llevar de comer a
sus hijos que se robó unas alitas de pollo la encontremos en Santa Martha
Acatitla porque la tienda no le quiere otorgar el perdón”, dijo.
Para desalentar el llamado
robo hormiga, que incluye a los
alimentos, estas tiendas departamentales se aseguran que los infractores
permanezcan varios años en la cárcel.
De acuerdo con datos de la
Subsecretaría de Sistema Penitenciario, el 90% de los procesos penales que en
contra de las personas que cometen robo famélico son acusados por los abogados
de las tiendas afiliadas a la ANTAD.
El Censo Nacional de
Mermas y Prevención de Pérdidas de 2014 de la ANTAD señala que en 2014 se
tuvieron 31 mil 461 incidencias de robos, 2.0% más que en 2013.
En el Distrito Federal, a
partir del año 2008, los diputados de la ALDF aprobaron una serie de reformas
al Código Penal que cambia horas o días de prisión por trabajos comunitarios,
siempre y cuando el presunto culpable compruebe que fue por necesidad y es la
primera vez que lo hace. En casos de reincidencia, contempla, habrá prisión.
“La tendencia en la ALDF en la legislatura que me tocó era
bajar las penas para que las personas que hubieran robado por hambre pudieran
salir de la cárcel, también se cambió el tipo penal, antes el robo era un
delito de oficio y ahora se cambió al de querella, entonces si la parte
agraviada otorga el perdón, las personas pueden salir en libertad”, mencionó Olivia Garza.
Refirió que desde la ALDF
se impulsó convenio con la afianzadora Insurgentes para que las personas que
hubieran cometido delitos como el robo
famélico pudieran alcanzar la fianza pagando 500 pesos y recobrando su
libertad de manera inmediata, sin embargo, en el resto del país no ocurre así.
La también ex Diputada
panista de la ALDF añadió que los capitalinos les cuesta 138 pesos diarios el
que una persona esté privada de la libertad. “La proporción del costo es muy grande y finalmente no hay un tema de
reinserción social, por eso nosotros estamos más por las alternativas a la
prisión, que haya una sanción como una poda de árboles, una pinta de banquetas,
este tipo de acciones donde la comunidad reciba un beneficio, que le demos una
segunda oportunidad a estas personas”,
subrayó.
Olivia Garza adelantó que
desde la sociedad civil se estará impulsando a que se realicen las
modificaciones que se hicieron en el Distrito Federal para no criminalizar la
pobreza.
“Yo creo que el delito de robo debe ser perseguido pero en
función y en proporción del daño causado, en este caso que son robos de hambre
no se debe criminalizar la pobreza en ningún estado de la República”, enfatizó.
De acuerdo con el
especialista en Derecho Penal, Carlos Enríquez, la falta de recursos económicos
que enfrentan los presos que cometieron robo famélico, los obliga a someterse a
otros reos para poder subsistir en la cárcel.
ALGUNOS CASOS
–Distrito
Federal
En septiembre pasado el periódico Reforma publicó el caso de
una mujer que robó en un establecimiento de Bodega Aurrerá una charola de carne
y una mantequilla porque no tenía dinero y necesitaba dar de comer a sus hijos.
La señora fue llevada a juicio por no poder pagar los 59 pesos que costaban los
alimentos, a pesar de que confesó el robo y el por qué lo había cometido.
De acuerdo con el diario
de circulación nacional, la representación de Wal-Mart se negó a alcanzar un
acuerdo repertorio como lo establece el sistema penal acusatorio para delitos
no graves y pidió enviar el caso ante un juez.
Bodega Aurrerá es el
nombre de uno de los formatos de tiendas de autoservicio en México de la filial
mexicana de Wal-Mart.
Finalmente, el Juez
Séptimo Penal del Sistema Procesal Acusatorio, Prudencio González Tenorio,
resolvió la no vinculación a proceso y dejó a Nancy en libertad, con el pago de
los 59 pesos, sin que la mujer llegara a pisar la cárcel.
Otro caso ocurrió en el
Wal-Mart Toreo. Una mujer de 30 años, madre de cinco hijos fue detenida el 19
de junio del año pasado por robar una mermelada, un yogurt y un frasco de
Nutella.
Era la primera vez que la
señora Patricia López Nazario cometía robo, por ello, podía quedar en libertad
si se llegaba a un arreglo con la parte afectada, sin embargo, el abogado de la
tienda de autoservicio se negó a otorgarle el perdón.
La Fiscalía en Miguel
Hidalgo le pidió una fianza de 12 mil 785 pesos para no ser consignada al
reclusorio.
En julio de 2014, la
señora Ana María intentó robar en un Wal-Mart dos paquetes de carne y uno de
camarón para darles de comer a sus hijos, pero fue descubierta y fue condenada
a seis meses de prisión por no poder pagar la fianza de 27 mil pesos.
La mujer acudió el 23 de
julio del año pasado a la tienda de autoservicio ubicada en Avenida Cuitláhuac,
en la delegación Azcapotzalco y sustrajo los alimentos, al darse cuenta de que
fue sorprendida dejó la comida antes de pasar la línea de cajas y trató de salir
del establecimiento.
Sin embargo, personal de
la tienda la alcanzó y le mostró los productos que pretendía robar, la regresó,
le hizo un ticket del monto y llamó a una patrulla. Ana maría fue llevada al
Ministerio Público donde le pidieron 27 mil pesos para dejarla libre, dinero
que no pudo pagar y fue llevada a prisión.
–Oaxaca
El señor Juvenal López Lucas fue acusado por el gerente de la
tienda Aurrerá, Sergio Javier Pérez Mancera, del robo de dos pares de sandalias
y dos charolas con desechos de costillas, con un valor de 372.90 pesos.
López Lucas, quien es
albañil, fue llevado a la cárcel el 6 de septiembre luego de que el Juez
Tercero de lo penal aplicó el rigor de la Ley al indígena zapoteco de 30 años
al dictarle auto de formal prisión por considerarlo presunto responsable del
robo de mercancía a la tienda de autoservicio.
“Sí, robé. Mis hijos tenían hambre y yo también. Se me hizo
fácil guardarme los productos entre la ropa; pensaba vender las chanclas para
comprar la leche de mis dos hijos y las costillitas para comerlas con mi
esposa”,
declaró Javier Pérez al diario local Tiempo en Línea.
El señor comentó que se
encontraba sin empleo luego de que la obra en que trabajaba fue suspendida por
no contar con permisos para construir los departamentos.
El caso provocó
indignación entre la comunidad de Oaxaca, quienes alzaron la voz por la
injusticia que las autoridades manejaron en el caso.
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