Atziri Ávila
Los Ángeles Press
PublicacionAbierta
Centro de Medios Libres
29 enero, 2016
El incremento de la desaparición de personas en México es un
problema que cada minuto impacta en la vida de muchas mexicanas y mexicanos.
Según el Registro Nacional de Datos de Personas extraviadas o Desaparecidas
(RNPED) se tiene documentada la desaparición de 27 mil 638 personas. Dicha
problemática incrementó en 2006 con la llamada “Guerra contra el Narcotráfico”
de Felipe Calderón, en cuyo sexenio la violencia, los asesinatos, feminicidios
y la desaparición de personas ascendieron exponencialmente. A partir de ese
entonces, ha sido constante la aparición de fosas clandestinas con cuerpos de
personas en distintas partes del país.
Ante la falta de
investigaciones, impunidad, omisión y complicidad de las autoridades, las
familias han salido a las calles en busca de sus familiares desaparecidos.
Unidos hombres y mujeres a lo largo y ancho de México se han conformado en
espacios como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM); el
Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (COFADDEM);
o el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, entre otros. Todos ellos con el objetivo de exigir la
aparición con vida, el derecho a la verdad y el acceso a la justicia.
Lugares como Ciudad
Cuauhtémoc, Chihuahua, se han vuelto emblemáticos por el incremento de la
desaparición de personas. Si bien las familias de las víctimas habían
permanecido invisibles por mucho tiempo, es conocido que desde 2007 la
desaparición de personas es una constante en esta población en la cual se tiene
el registro de al menos 309 personas desaparecidas, como se documenta en el
Informe “Un trato de indolencia, la
respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México”,
publicado recientemente por la organización Amnistía Internacional.
A ello se une la
desaparición forzada, como lo evidenciaron los hechos ocurridos el 26 y 27 se
septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, fecha en la que 43 estudiantes de la
Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron desaparecidos,
mientras que tres más fueron ejecutados extrajudicialmente.
A pesar de que han pasado
16 meses de los hechos, la impunidad prevalece y si bien han sido detenidas
algunas personas, ninguna fue procesada por desaparición forzada. El 21 de
enero de 2016 fueron detenidos tres personas: Bernabé Sotelo Salinas, Cruz
Sotelo Salinas y Mauro Taboada Salgado, sin embargo los cargos en su contra
fueron por portación ilegal de armas de fuego.
Paradójicamente, los normalistas,
las familias y las organizaciones acompañantes han sido acusados de tener nexos
con el crimen organizado y grupos paramilitares. Asimismo, las expertas Claudia
Paz y Paz, de Guatemala, y Ángela Buitrago, de Colombia, quienes forman parte
del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designadas por
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso Ayotzinapa,
han sido objeto de una campaña de señalamientos infundados, calumnias y
difamaciones a través de declaraciones a los medios de comunicación,
conferencias en universidades y redes sociales.
Además de poner en
evidencia la colusión de las autoridades, la desaparición de personas y la
desaparición forzada también ha tenido un impacto en los proyectos de vida de
las familias de las víctimas tales como afectaciones a la salud, problemas
económicos, falta de acceso a la educación y el abandono de otras hijas e
hijos.
Lamentablemente, las más
afectadas son personas con menos recursos económicos, quienes regularmente
viven en lugares alejados en donde es muy difícil acceder a las instituciones
correspondientes para realizar las denuncias necesarias. Y muchas otras veces,
aunque exista la posibilidad de hacerlas, se opta por omitirlas debido al miedo
o a la falta de confianza en quienes tendrían que garantizar el derecho a la
libertad personal, el derecho a la integridad personal y el derecho a la vida
de las y los mexicanos.
En México vivimos un mundo
al revés, a grado tal que son las propias autoridades quienes agreden a las
familias de las personas desaparecidas y a las defensoras de derechos humanos
que visibilizan la desaparición de personas y los feminicidios en México. Un
claro ejemplo es el allanamiento a la casa de la defensora Janahuy Paredes
ocurrido el pasado 25 de diciembre de 2015 en Morelia, Michoacán. Janahuy es
integrante del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en
México (COFADDEM), e hija del defensor de Derechos Humanos Francisco Paredes
Ruíz, detenido y desaparecido por elementos del Ejército Mexicano el 26 de
septiembre del 2007 en la ciudad de Morelia.
La defensora llamó a la
policía para denunciar lo ocurrido y solicitó la presencia de autoridades,
aunque la operadora recibió su denuncia y nombre, el auxilio nunca llegó, contrario
a ello, tres horas después regresaron los mismos sujetos que allanaron y desde
la calle uno de ellos gritó: “Identifíquenla
bien de la cara, después se encargan de ella, se la llevan y la desaparecen,
porque ella fue la que llamó a la policía (…)”.
La exigencia de justicia y
la denuncia de las omisiones e ineficacia del Estado, ha colocado a las
defensoras de derechos humanos y familiares en extrema vulnerabilidad. Así lo evidencia el asesinato de la señora Cornelia
San Juan Guevara, madre de Osvaldo Espejel Guevara quien fue desaparecido desde
el año 2012 en Tecámac (Estado de México), y de “Doña Coni”, integrante del Grupo Deudos y Defensores por la
Dignidad de Nuestros Desaparecidos asesinada el 15 de enero de 2016 en su
propia casa.
Una de las características
en la desaparición de personas en México, es que la sufren más las personas
jóvenes. Es el fatídico caso de Susana Tapia Garibo (16 años), Bernardo Benítez
Arroniz (25 años), José Benítez de la O (24 años), Mario Arturo Orozco Sánchez
(27 años) y Alfredo González (25 años).
Estos cinco jóvenes fueron
detenidos en un retén por la policía estatal el 11 de enero de 2016 en el
estado de Veracruz, según la información divulgada por las madres de los
jóvenes, sus hijos fueron subidos a patrullas de la policía y desde esa fecha
se desconoce su paradero. La desaparición forzada es más grave, por lo que
merece ser investigada, sancionada y reparada.
La realidad que vivimos en
México es ocultada por los medios de comunicación masivos, sin embargo, es una
realidad que desde diversos espacios se busca visibilizar y denunciar, es la
razón por la que cientos de mexicanas y mexicanos salen a las calles para
exigir un alto a las violaciones a los derechos humanos, a la impunidad y el
respeto al derecho fundamental: el derecho a la vida.
Comentarios