Mayra I. Terrones Medina
Desinformémonos
09 enero 2016
Desde el 2003 las comunidades del oriente del
Estado de México han vivido un asedio constante por negarse a ceder sus tierras
para la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, este proyecto
ha pasado de mano en mano de los distintos partidos políticos que han estado en
el poder, municipales, estatales y federales,
pero el Grupo Atlacomulco ha sido el grupo de poder que más ha insistido
en la construcción de infraestructura y del propio aeropuerto a pesar de la
resistencia que sigue en pie en esa región.
De abajo
hacia arriba y viceversa, el despojo territorial que vivimos actualmente se
reconoce por el sello distintivo de la vieja guardia priista que se concentra
en el Grupo Atlacomulco, sin que esto quiera decir que son estrategias exclusivas
del priismo, todos los partidos políticos han dejado ver de forma más clara, su intención de
despojar a las
comunidades de sus recursos en estos años, claro está que constantemente buscan
dinamizar sus estrategias pero siempre parten de la base de su necesidad. La
ruptura del tejido social comunitario es la meta en estas estrategias, y pueden venir desde el gobierno federal, el
estatal o desde el control de los cargos locales de las comunidades, para eso tienen grupos de
personas pagadas para esperar el momento
oportuno e iniciar con la compra de voluntades, la especulación, el manejo de
la ley agraria a modo, hasta la imposición. Romper con el trabajo colectivo es
imperante porque el fin último es convertir la propiedad social en propiedad privada
o propiedad que pueda enajenarse para la producción capitalista y así seguir
con la acumulación.
Todo esto
sería más fácil para los poderosos si el artículo 27 de nuestra constitución no
existiera. Este artículo recoge el espíritu de la lucha que llevó a cabo
nuestro caudillo Emiliano Zapata y que bien hizo en dejarlo claro en el Plan de
Ayala. Gracias a esto, la propiedad
social existe en nuestra patria, así no, en otros países de América
Latina. Aunque este derecho fue una
herencia de la revolución, el reparto agrario tuvo sus bemoles que no podré
discutir en este artículo porque aunque
es el punto de partida, me impera analizar
a través de la experiencia de lucha y resistencia del FPDT, las formas
de despojo que se han ido gestando en la
región oriente del Estado de México y que hoy día son evidentes en muchas
partes de nuestro país.
Lo que
conocemos ahora como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), es un
movimiento que cumple este año quince años de su conformación, un movimiento
campesino y popular que ha dado la batalla a todas y cada una de las
estrategias ensayadas en su territorio.
Cuando en el 2002, Fox Quezada (2000-2006), es obligado por los
pobladores, campesinos y ejidatarios de esta región a derogar el decreto expropiatorio,
que en el 2001 impuso y les despojaba de más de 5,000 hectáreas, el grupo
Atlacomulco no se quedó con las manos cruzadas e inició dando concesiones para
la construcción de carreteras e infraestructura que siguen el plan
original para la construcción del
aeropuerto, aunque curiosamente la concesión amplia de las cuatro etapas del
Circuito Exterior Mexiquense se otorgó
hasta el 2006, año de la represión que sufrieron las comunidades del
municipio de Atenco por parte del gobernador en turno (Enrique Peña Nieto
2005-2011), Arturo Montiel Rojas años atrás impulso inversiones millonarias
para iniciar esta mega obra de infraestructura.
En
2003 el FPDT comenzó a ser un actor
político importante para la región, muchas comunidades se acercaban al
movimiento para resolver desde problemas muy simples como límites de tierras,
hasta solicitar la mediación con el municipal o estatal en turno. Que el FPDT
fuera un movimiento exitoso no era algo que agradaba a los poderosos así que
han padecido de una vigilancia constante por parte de los gobiernos y sobre
todo un asedio por su lucha política.
Esta región ha tenido un ahorcamiento en el campo notable hoy día,
también ha tenido que padecer la escasez de agua potable y la veda para siembra de riego, en
estos años ha incrementado exponencialmente la especulación sobre sus tierras y
particularmente sobre el polígono que se marcó en el 2001 como el deseado para
la construcción del aeropuerto y de infraestructura.
Como
ejemplo de las inversiones que se impulsaron por estos gobiernos podemos
analizar a OHL -conglomerado de siete empresas españolas que en México se
denomina OHL concesiones- fue la beneficiaría para construir las cuatro fases
del circuito exterior mexiquense, que a su vez concesionó a Alter Consultores,
SC, la desincorporación de propiedad social de dos de sus proyectos. Siendo el
director de esta última empresa, Julio Antonio Virgen Camaño, quien fuera delegado en el Estado de México de la
Procuraduría Agraria (PA) durante del gestión como gobernador de Peña
Nieto. Esta empresa buscó la compra de
tierras en Acuexcomac, San Salvador Atenco y la colonia Francisco y Madero,
comunidades pertenecientes al municipio de Atenco, en el 2012.
Intentando
engañar a los campesinos, acudiendo a hablar con ellos casa por casa, hoy día se sigue con esa práctica desde
distintas instancias de gobierno para la compra de tierras y las ofertas son
millonarias. Incluso han corrido el
rumor durante estos años sobre una segunda expropiación o la venta de otras
comunidades cuando en realidad no ha sucedido.
Otra estrategia de acoso a los campesinos es por
la vía de la oferta de agua. En San Salvador Atenco, Acuexcomac así como en otros núcleos
agrarios, la Conagua ha frenado desde 2000 las mejoras de los pozos de agua que
se utilizan para riego. En el ejido de Atenco existen siete pozos de riego
agrícola, todos constituidos por sociedades ejidales de las unidades de riego
agrícola; se ubican en la Cuenca del Valle de Texcoco, Cuautitlán, donde hay
una veda permanente para abrir nuevos pozos para los ejidatarios, con el
argumento de que hay sobreexplotación de agua del subsuelo. Sin embargo en la
zona Texcoco-Chimalhuacán se han desarrollado complejos comerciales con uno o
más pozos de agua potable para abastecerlos. Y en los desarrollos de viviendas “de interés social”, en particular los
de Casas ARA, se han abierto más pozos, a pesar de lo devastada que está la
cuenca hidrográfica del oriente del Estado de México.
Los
ejidatarios son objeto también de cobros exagerados e injustificados por
concepto de energía para el funcionamiento de los pozos. Como no pueden pagar,
les cortan el servicio. También han sufrido el robo de instalaciones
eléctricas: transformadores y tableros, como en El Espíritu Santo.
La
pérdida de capacidad de riego en sus parcelas, por los motivos descritos, frena
la capacidad productiva y lleva a los ejidatarios de El Espíritu Santo a concebir
como algo viable la venta de sus tierras. Pero los pobladores vecinos plantean
donarles el excedente de agua de otros pozos para apoyarlos; ello, como parte
de su resistencia y lucha por defender la tierra.
En el
2008 llaman la atención las obras de drenaje túnel emisor oriente, realizadas
supuestamente para evitar la saturación de agua. Estas obras son el punto de
partida de un proyecto ecológico que lanzó la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA) denominado Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el ex Lago de
Texcoco, en el cual el 80% de su presupuesto estaba destinado para la compra de
tierras. Hoy el polígono que se marcó este proyecto es el mismo polígono que
presentó Peña Nieto para la construcción del Nuevo Aeropuerto.
Del 2008
al 2010 la CONAGUA compró ilegalmente terrenos ejidales en las comunidades de
Ixtapan y Nexquipayac, y menciono que fue ilegal porque algunos ejidatarios del
Nexquipayac señalaron que el acta que se presentó sobre la asamblea que debió
de llevarse a cabo para ostentar el dominio pleno de los terrenos para cada
ejidatario, no se reconoce, ni se tiene conocimiento de cuándo se llevó a cabo.
Abiertamente se buscó a cada uno para “apoyarlo”
en los trámites del cambio de uso de suelo. Hoy día hay un amparo impuesto en
contra de esta asamblea, ya que está
tiene que tener ciertas características para que pueda llevarse a cabo y los
ejidatarios que no vendieron han
denunciado que hay inconsistencias legales en la misma; como que no se ha
comprobado la asistencia del 50+1 de ejidatarios, y no posesionarios o
avecindados.
Se les
llama coloquialmente entre los pueblos, asambleas duras porque tienen la
función de tomar decisiones importantes para el ejido y para la comunidad
respecto del uso y manejo de sus tierras.
En el
2010, San Salvador Atenco, otra de las comunidades del municipio de Atenco, se
negó en asamblea ejidal a dejar que la CONAGUA presentara el mencionado
proyecto, en esos años los integrantes del FPDT llevaban varios años luchando
por la libertad de los presos políticos que dejó la represión, justicia para
más de una decena de compañeras vejadas sexualmente y dos homicidios que se
cometieron el 3 y 4 de mayo del 2006. A pesar de lo duro de los tiempos los
priistas no habían podido cooptar al comisariado ejidal para poder hacer lo que
en Nexquipayac pero cuando Enrique Peña
Nieto entró al poder, se notó en la comunidad la compra de voluntades que
operan hoy día una decena de priistas que esperaron en las sombras hasta poder
retomar su estrategia, es notorio el dinero que ostentan sin saber de dónde lo
obtienen.
En
octubre de 2013 en una asamblea muy enrarecida ganó el comisariado ejidal y el
consejo de vigilancia una planilla de pobladores abiertamente priistas, estos
mismos en estos años han borrado murales importantes para la resistencia del
FPDT, símbolos que les recordaba su vileza, así también han especulado y han
ido casa por casa para enrarecer más el clima en San Salvador Atenco. Sin
embargo no han podio borrar a las familias que siguen resistiendo, informando,
haciendo foros, y metiendo recursos legales para poder mostrar estas estrategias
planeadas desde años atrás.
En 1992,
Salinas de Gortari como presidente en turno impulso la modificación al artículo
27 constitucional, la expresión de esta modificación se denominó Programa de
Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE), la última
fase de este programa se le conoce como Dominio Pleno, y es la legalización de
la parcelación de las tierras ejidales o comunales. Muchas comunidades iniciaron
la inscripción al programa pero no lo finalizaron porque su forma de trabajo es
colectiva o no veían la necesidad de privatizar sus parcelas, este programa
culminó en 2006 y para poder llegar al dominio pleno se requiere que los ejidos
o comunidades lo aprueben en una asamblea dura.
En 2014 el comisariado ejidal de San Salvador Atenco, abiertamente de
filiación priista, llamó a asamblea para poder aprobar el dominio pleno, sin la
presencia de todos los ejidatarios y con la presión de grupos de choque, se
llevó a cabo el 1 de junio de ese año una asamblea amañada que en 20 minutos
aprobó el dominio pleno, con la presencia de posesionarios – que no tienen voto
en estas asambleas- y en un lugar privado, cuando la asamblea se tenía que
llevar a cabo en un lugar público.
Integrantes
de la comunidad demandaron la suspensión de esta asamblea por las inconsistencias legales, hoy día se
les ha solicitado que demuestren que son pueblos originarios y que pueden
demandar que sus costumbres se sigan llevando a cabo en los cargos locales como
es la asamblea ejidal, así también el FPDT
ha cuestionado la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que se
presentó para justificar el proyecto del aeropuerto presentado en el 2012 por
Enrique Peña Nieto , ahora como presidente de la República.
La “consulta” presentada por la SEMARNAT se
hizo en Ecatepec sin que la mayoría de la población se enterará, lo que ha
provocado nula información sobre las
afectaciones que el aeropuerto traería, ni de la transformación territorial que conlleva un proyecto de estas
dimensiones.
Como las
comunidades del oriente del Estado de México, muchas comunidades en nuestro
país acumulan una historia de agravios diferenciados, pero sobre todo de
despojos desde arriba, auxiliado penosamente por gente de los pueblos, colonias
y barrios, que desde abajo hacen labor
para la venta de la tierra o de voluntades. En estas asambleas amañadas se ha
buscado legalizar lo ilegitimo y han surgido dos cuestionamientos importantes
pero también dos posibilidades que el FPDT ya ha caminado en estos años.
El freno
que el despojo en estos tiempos neoliberales tiene, es la propiedad social que
nuestras comunidades ostentan, el recurso legal es un derecho que tenemos que
ejercer para demostrarle a los de arriba la incongruencia de su actuar, se
requiere de una contra estrategia conjunta que busque evidenciar sus
intenciones, es decir el conocimiento de
estos proyectos de muerte y refutar cada una de sus intenciones se vuelve
necesario pero no basta.
Construir
alternativas es algo que tenemos que hacer
o seguir haciendo pero con un objetivo común. La lucha que tenemos
enfrente, es más que resguardo de nuestros recursos o cuidado de unas cuantas
hectáreas, hay regiones que no tiene
ejido, ni son comuneros, como es el caso de la Sierra Norte de Puebla, sin
embargo la comunidad como organización social y el trabajo colectivo ha dado
cuenta de la posibilidad que tenemos enfrente, cuando el FPDT derogó el decreto
expropiatorio en 2001, fueron los
pueblos enteros los que se movilizaron, sin importar si todos eran ejidatarios
o comuneros.
Es el
caso de Cherán Keri, en Michoacán el que nos da la pauta para entender que sólo
uniendo fuerzas, quienes defendemos la tierra y nuestra patria, podemos contra el despojo; esta comunidad ha
reforestado más de 3,500 ha de bosque de
las casi 8,000 devastadas por el crimen
organizado. Son sus pobladores y comuneros, poniendo enfrente la necesidad de
recuperar su comunidad completa y no sólo una parcela o un ejido. Con el
objetivo de ser autónomos, siguen gestando estrategias desde la producción y
reproducción social y material de su comunidad. Muchas comunidades tienen hoy día más
pobladores que ejidatarios o comuneros y tenemos que ponernos a discutir, quién
decide por el destino de todo un territorio y no sólo de una parte de él.
Este
cuestionamiento es necesario, no con eso quiero decir que se deseche la
propiedad social, sino que se tiene que pensar en el bien común desde este
cuestionamiento para poder impulsar cambios reales en nuestras comunidades.
Los
megaproyectos impuestos en toda nuestra patria requieren de una defensa que
mire con creatividad la lucha para
revertir el juego legal en que meten a las comunidades, porque sólo lo legal no
nos dará para salvar a nuestra patria del despojo sin límite al que nos enfrentamos,
pero la lucha política sin un proyecto que camine en conjunto con otras
luchas, tampoco nos salvará.
Discutir
nuestras realidades concretas para poder ser creativos y objetivos en cuanto a
los que nos hace falta hacer para transformar este mundo. El FPDT ha padecido
muchos despojos pero también ha buscado nuevas formas de lucha, no ha dejado de
caminar, y eso quiere decir que seguimos de pie. El FPDT también ha seguido insistiendo en la unidad, no una
unidad a toda costa y sin principios, sino una unidad que tenga un objetivo
común y que respete el andar de cada lucha, ese es un buen comienzo para
empezar a dialogarnos.
Si en la
historia que escribe el FPDT reconocemos
realidades concretas que hoy padecen otras comunidades, debemos de tomar de su experiencia para poder seguir
resistiendo pero sobre todo luchando. La
compra de voluntades es generalizada pero sobre todo la ruptura intencional que
los partidos políticos han provocado en las comunidades, en Michoacán se lucha
contra un aparato de Estado corrupto, contra el crimen organizado, en Chiapas
las comunidades zapatistas y adherentes a la sexta se enfrentan a paramilitares
que llevan años de entrenamiento y que no es un partido el único que los
entrena, en el Estado de México, las luchas se enfrentan a un grupo de priistas que lleva la batuta
del poder hoy día, y así , todas nuestras resistencias padecen agravios
diferenciados que buscan despojar desde abajo, desde arriba y viceversa. La
compra de voluntades es operada desde abajo por los de arriba y los de arriba
operan proyectos que los vende patrias coadyuvan a llevar a cabo, así nosotros
también tenemos que luchar, no esquizofrénicamente, sino con una estrategia que
nos permita responder a este tiempo neoliberal. Por supuesto, no tengo la respuesta
pero espero que entre todos vayamos encontrándola.
El
despojo es algo que viene incrementando sus formas más voraces, no es que el
capitalismo haya sido más dulce antes, pero hoy tiene una necesidad imperante
de apropiarse de todo, incluyendo nuestras vidas. Es imperante que decidamos
como pueblos el destino de nuestras tierras y de todo el territorio mexicano,
no podemos permitir que desechen la historia, la vida de muchos de nuestros
antepasados y sobre todo el futuro de
nuestros pueblos y su dignidad.
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