Colaboración/23 diciembre,
2015/
Por Juliana Bittencourt y
Aldo Santiago
Agencia SubVersiones
En São Paulo, Brasil, el
anuncio de la implementación de una reorganización en las escuelas públicas
estatales provocó una serie de movilizaciones y actos dentro de los salones de
clases y en las calles, promovidas en por lo menos 25 ciudades de todo el
estado. Estas acciones son la respuesta al plan de la Secretaria de Educación
de São Paulo divulgado en septiembre de 2015, el cual pretende que en 2016 las
escuelas atenderán solo un ciclo de enseñanza (Fundamental I, II o nivel medio)
y 92 escuelas serán cerradas ocasionando la transferencia de 311 mil
estudiantes; cerca de 25% de las escuelas de la red de enseñanza sufrirán con
la medida.
Según la secretaría de educación, el plan es adecuar la demanda en las
escuelas con la disminución del número total de alumnos en la red. Sin embargo,
para los estudiantes la propuesta no es viable una vez que fue elaborada sin
diálogo con la comunidad escolar, implementado de arriba para abajo y sin
objetivo pedagógico. La reorganización provocó protestas durante septiembre y
octubre; en la capital paulistana se realizaron marchas que fueron reprimidas
violentamente por la policía militar. Después de negar el diálogo y tras la
violencia del gobierno, los estudiantes cambiaron la estrategia de lucha.
DIVIDIR
PARA VENCER
Una de las mayores
afectaciones de la reorganización será el aumento en la cantidad de alumnos por
salón de clase. Según la contraloría del estado de São Paulo, 95% de las
unidades educacionales poseen aulas de enseñanza fundamental y de nivel medio
atestadas, lo cual contraría lo sugerido por el Consejo Nacional de Educación
(CNE) que prevé hasta 30 alumnos por clase.
La superpoblación se agravó aún más al inicio de 2015 con el cierre de
más de tres mil salones de clase y de acuerdo al Sindicato de Profesores de
Enseñanza Oficial del Estado de São Paulo (Apeoesp) algunas clases funcionan
con más de 50 estudiantes. La precariedad en la infraestructura se evidencia en
las 60% de escuelas de enseñanza fundamental y medio que no cuentan con
laboratorio de ciencias; 30% de las unidades de nivel medio no poseen
refectorio; 60% de los colegios no cuentan con el número mínimo de sanitarios
estipulado por el CNE y hasta 30% de las escuelas no tienen ninguna biblioteca.
Otro sector afectado con
la reorganización serán los docentes en un aproximado de más de 74 mil
profesores, 30% del total en la red estatal de enseñanza. El decreto 61.466
aprobado en septiembre como parte de las políticas de contención de gastos
coloca obstáculos para los profesores que concurrieron en el último concurso
público, además de prohibir la renovación de contratos, afectando la red
estatal, donde cerca de 20 mil profesores de la “categoría O” (temporales) podrían perder sus empleos durante el
proceso de reorganización debido a la precariedad de su contrato y la
disminución de la demanda de profesores con el cierre de escuelas.
Otro de los objetivos del
plan gubernamental es la separación de los profesores de los niveles
fundamental II y medio, pues son ellos quienes más se movilizan en las huelgas.
Existe un antecedente creado también por el gobierno del PSDB (Partido de la Social
Democracia Brasileña) en los años 90. Con ello el actual gobierno pretende
disminuir las movilizaciones de los
profesores como aquella que aconteció en este 2015, donde se desarrollaron 24
manifestaciones masivas, bloqueos de carreteras y asambleas durante 92 días, la
más larga en la historia de la Apeoesp, que entre sus demandas luchaban por un
reajuste salarial, un máximo de 25 alumnos por salón de clase, servicio de agua
en todas las escuelas, fin de cortes presupuestales para las escuelas, continuidad
del transporte escolar gratuito, entre otras.
El miedo con que la
administración paulista vio acontecer al mismo tiempo las inusitadas “huelgas escolares”, actos en
manifestación de apoyo de parte de los estudiantes a la huelga de los
profesores, aumentó el deseo de dividir a los sectores que juntos podrían
colocar en jaque las políticas que junto a los intereses privados pretenden
transformar el derecho a la educación en un negocio como ya sucede con la
propuesta del estado de Goiás donde proyectos piloto de tercerización de
escuelas públicas serán colocadas en práctica en 2016 a través de dos modelos:
la gestión de unidades escolares por las llamadas OS (organización social) y
por la tercerización de servicios escolares por medio de asociaciones público-privadas.
Asimismo, la
implementación de cuotas para el transporte gratuito de estudiantes de escuelas
y universidades públicas y particulares que comprueben baja renda (hasta 1,5
del salario mínimo nacional) anunciada por el alcalde de São Paulo, Fernando
Haddad (PT) en diciembre del 2014, fue resultado de la presión ejercida por los
estudiantes en las grandes manifestaciones realizadas en 2013 en Brasil
conocidas como las “Jornadas de Junio”
y significó una concesión parcial en la amplia pauta de reivindicaciones
relacionadas al transporte accionadas hacía por lo menos 8 años por el
Movimiento Passe Libre (MPL). Se trata de un beneficio que ofrece un número
limitado de pasajes a los estudiantes, concedido de acuerdo con los días
lectivos, permitiéndoles ir a la escuela y regresar pero no acceder a otros
espacios de la ciudad, tema central de discusión de este movimiento social.
Este sistema de gratuidad es así un beneficio parcial que busca desmovilizar a
estos estudiantes que mantienen una participación fundamental en las protestas
actuales, ecos de 2013.
OCUPAR ES RESISTIR
Con este histórico de cercenamiento de la educación pública y
de calidad, después de la negativa del gobierno de São Paulo de cancelar la
reorganización escolar y tras la ineficiencia de las protestas de octubre, los
estudiantes paulistanos decidieron ocupar los colegios inspirados en la lucha
de “La revolución de los pingüinos”,
revuelta popular chilena surgida en 2006 contra las normas herederas de la
dictadura pinochetista que colocan el rol del estado en la educación solamente
como regulador, delegando la responsabilidad de educar a las corporaciones
privadas en un modelo de organización basado en el mercado.
La escuela estatal de la
ciudad de Diadema fue la primera en ser ocupada por sus alumnos el día 9 de
noviembre. En seguida, el día 10, la escuela Fernão Dias Paes ubicada al centro
de la ciudad de São Paulo, fue el segundo colegio a ser tomado por los
estudiantes. Lo que sucedió después fue una serie de ocupaciones de escuelas en
todo el estado de São Paulo que hasta el día 27 de noviembre sumaban 208
escuelas bajo control de los alumnos con la tendencia a que este número progresivamente aumente.
La estrategia de los
alumnos se diversificó entre la difusión de un manual con instrucciones de como
ocupar una escuela, la elaboración de un periódico escrito por los alumnos que
ocupan sus escuelas y el uso de las redes sociales para actualizar la situación
de cada una de las ocupaciones apoyado por un mapa divulgado por medios libres
donde se colocan un listado de las necesidades para mantenerlas y avisos de amenazas
de represión policial.
Los alumnos ocuparon de
forma autónoma. Realizaban la entrada en las escuelas durante el horario
previsto para el comienzo de las clases, extendían mantas con sus demandas e
iniciaban asambleas para discutir las consecuencias de la reorganización
escolar y la propuesta de ocupación. En muchas ocasiones la dirección de la
unidad y sus funcionarios intentaron impedir la ocupación, removieron las
mantas y telefonearon a los padres de los alumnos para que acudieran a buscar a
sus hijos. En otros casos la dirección permitió la entrada de la policía
militar en la escuela incluso antes de dialogar con los alumnos, desconociendo
la legítima acción de protesta. Asimismo, fueron muchas las denuncias de abuso
en la actuación de la policía militar, no solo por su incompetencia pero
también sus acciones desproporcionadas y abusivas.
Colegios ubicados en las
ciudades de la periferia como Diadema y Osasco continuaron ocupadas a pesar de
las tentativas de desalojo por parte de la policía en otras partes del interior
del estado. Los alumnos permanecieron en los colegios mientras divulgan pedidos
de apoyo para el recibo de alimentos y la presencia de apoyadores durante las
guardias nocturnas.
Debido a la presión de los
alumnos y las interpelaciones del ministerio público, que cuestionaron la
respuesta policial al proceso, los estudiantes de la escuela Fernão Dias Paes
consiguieron a través del diálogo con el magistrado juez que fuera suspendida
la autorización de la orden de desalojo expedida el día 13 de noviembre. “(…) Todo esto llevó a la conclusión de que las
ocupaciones, realizadas mayoritariamente a cabo por los estudiantes de las
propias escuelas son de carácter predominantemente de protesta (…) se busca la escucha de una pauta
reivindicatoria que busca mayor participación de la comunidad en la toma de
decisiones y la gestión escolar (…)”. Con esa decisión fueron suspendidos
todos los desalojos previstos en la ciudad de São Paulo, sin embargo aquellas
ocupaciones en la periferia continuaron bajo amenaza.
ESCUELAS DE LUCHA
El jueves 19 de noviembre se realizó una audiencia pública de
reconciliación donde el secretario de educación estatal, Herman Voorwald,
mantuvo la postura de continuar con la reorganización para el inicio del
próximo ciclo escolar en febrero de 2016, y sólo propuso escuchar y debatir con
los estudiantes dentro de los últimos días del ciclo escolar de 2015.
El grupo de alumnos que
asistió a la audiencia rechazó la propuesta, argumentando que el debate con la
comunidad escolar para mejorar la calidad de educación no puede ser reducido a
un mes. Al mismo tiempo algunos medios de comunicación como el periódico Folha
de Sao Paulo, uno de los vehículos de mayor difusión en Brasil que define la
acción de los estudiante como una “invasión”
y no una ocupación (término utilizado por los estudiantes) anunció que la “Gestão Alckmin suspende fechamento e
reorganização de escolas em 2016” desinformando sobre la aparente victoria
de los estudiantes brasileños, noticia rápidamente difundida en las redes
sociales. La noticia era falsa y tuvo que ser desmentida para que no promoviera
una dilución del movimiento estudiantil. Tras lo ocurrido el periódico cambió al menos tres veces el título de su reportaje.
Aunado a las ocupaciones,
algunas de las recientes manifestaciones ocurridas en São Paulo tuvieron sus
recorridos redireccionados para llegar a la escuela Fernão Dias Paes, en un
intento de hacer convergir las pautas que son importantes para los movimientos
sociales en Brasil. Este fue el caso de las protestas indígenas ocurridas el 11
de noviembre contra la truculenta tentativa de aprobación de la PEC 215
(Propuesta de Enmienda a la Constitución 215/2000) que transfiere del Ejecutivo
al Legislativo la decisión final sobre la demarcación de tierras indígenas; así
como la manifestación del 12 de noviembre contra el presidente de la Cámara de
los Diputados, Eduardo Cunha (PMDB) y el conservadurismo legislativo que
recientemente intenta aprobar el proyecto de Ley 5069, firmado por el mismo
Cunha y otros 12 diputados, para dificultar la realización del aborto en los
pocos casos en que es permitido en Brasil, como en el caso de violación sexual,
riesgo de vida para la madre y para fetos anencefálicos.
Con la repercusión de la
acción de los alumnos del estado fue posible revertir el cierre de dos
escuelas: Yolanda Noronha do Nascimento en São Bernardo y Augusto Melega en
Piracicaba. Las protestas resaltan el protagonismo de los alumnos además del
diálogo y el aprendizaje colectivo; los alumnos de diferentes ciclos escolares
se comunican para intercambiar experiencias y han sido quienes difunden la
mayor parte de las informaciones sobre las ocupaciones bajo las etiquetas #OcupaEscola, #nãofecheminhaescola, #reorganização.
A pesar de las intenciones
del gobierno del estado para influir en la opinión pública con una campaña
publicitaria en la televisión para difundir el plan de reorganización escolar
(dinamizada por el presupuesto en propaganda oficial con el gasto de R$ 9
millones previsto para esto) se difundió como una contradicción frente a la
necesidad de contención de gastos en la administración pública, principal argumento
del plan oficialista.
Durante los últimos días
los alumnos han recibido mensajes de solidaridad de trabajadores de diferentes
categorías, profesores y jóvenes de otras escuelas en Brasil y el mundo.
Además, la solicitud en línea para donar una clase para cualquier escuela
ocupada, rápidamente alcanzó más de mil propuestas para retomar las aulas
organizadas por los alumnos, donde incluso actividades culturales para integrar
a las comunidades se han multiplicado. El número de escuelas ocupadas creció a
diario, generando mayor empuje para una mayor participación en la gestión de
las escuelas a través de la construcción colectiva y autónoma de la comunidad
escolar para generar cambios reales en la enseñanza pública.
Con más de 200 escuelas
ocupadas al finalizar noviembre, los estudiantes decidieron reforzar la
estrategia frente a la guerra declarada de los funcionarios estatales con el
aumento de protestas simultáneas que llegaron a más’ de una veintena de puntos
de la ciudad.
La argucia oficial
respondió con la publicación del decreto de reorganización el 1 de diciembre
(donde se oficializó la transferencia de profesores y funcionarios); a la par y
después de afirmar que el objetivo de la reorganización no era cortas gastos, documentos
de noviembre demostraron lo contrario así la “gestión financiera” con el fin de “racionar” los gastos públicos en la red de enseñanza siempre fue
el objetivo. A su vez el ministerio público y la defensoría de São Paulo
iniciaron una acción civil pública para suspender la “reorganización”, argumentando la ausencia del proceso democrático
en su elaboración.
A la promesa incumplida de
diálogo, el refuerzo rebelde de los estudiantes que marcharon masivamente
esparcidos por toda la ciudad durante los primeros días de diciembre, obtuvo
como respuesta común la violencia policial que no amedrentó la lucha que se
intensificó desde octubre.
Geraldo Alckmin anunció en
una conferencia de prensa la suspensión de la reorganización por un año, el
mismo día que fue publicado una investigación con el peor índice de popularidad
de su gobierno. Trás el anuncio, Herman Voorwald renunció a su cargo, lo que
podría ser considerado una victoria de los estudiantes. Sin embargo, Alckmin no
revocó el decreto del pasado 1 de diciembre ni dio respuesta a la exigencia de
parar la represión y procesar a los policías que agredieron a los estudiantes.
Cuando se menciona “suspensión” ¿por cuánto tiempo será? ¿Qué quiere decir el
gobernador cuando habla de diálogo? ¿Los alumnos detenidos ilegalmente van a
responder a procesos judiciales? ¿Será revocado el decreto del 1 de diciembre?
¿Cómo garantizará el gobierno la mayor participación de los estudiantes en la
toma de decisiones que afectan las escuelas?…son solo algunas de las cuestiones
que deberán ser explicadas si se busca una solución a las demandas
estudiantiles que mientras tanto desocuparon paulatinamente las más de 200
escuelas en São Paulo cuando al mismo tiempo surgen tomas de colegios en el
estado de Goiás.
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