Raúl Zibechi
16 noviembre 2015
Fotos de Brasil de Fato
Una década de boom minero deja
un rosario de complicaciones: pasivos ambientales, polarización social, pérdida
de legitimidad de los gobiernos y ningún problema de fondo resuelto.
“No es un accidente”, gritan los miembros del Movimiento de Afectados
por la Minería (MAM). “Es un
acontecimiento de total responsabilidad de las empresas”, asegura Mario
Zonta quien destaca que las empresas no monitorean las represas donde almacenan
desechos tóxicos, como las que se rompieron el pasado 5 de noviembre provocando
un río de lodo contaminado que destruyó poblados, provocó la muerte o
desaparición de más de 20 personas y dejó miles de afectados.
Se trata de una tragedia
social y ambiental provocada por la minera Samarco en el estado de Minas
Gerais, Brasil. Dos diques de contención de la mina de hierro a cielo abierto
se rompieron, y el lodo liberado sepultó el poblado de Bento Rodrigues donde
vivían 600 personas, a poco más de 20 kilómetros de la ciudad de Mariana y a
120 de Belo Horizonte, capital del Estado.
Las 500 personas que
fueron rescatadas por los bomberos, atrapadas en medio de lodos tóxicos,
debieron ser sometidas a un proceso de descontaminación ya que contenían
sustancias tóxicas. Samarco es propiedad de Vale y BHP Biliton. “Los accidentes e impactos de la minería son
permanentes y las empresas continúan con la misma postura prepotente hablando
de responsabilidad social y ambiental”, dice un comunicado de decenas de
organizaciones sociales.
“La Vale lleva 70 años en Minas Gerais”, asegura Zonta del MAM. “Hay experiencia suficiente como para
contener este tipo de acontecimientos, por lo tanto consideramos que son los
principales responsables por los muertos y desaparecidos” (Brasil de Fato,
6 de noviembre de 2015).
Un análisis del lodo a 300
kilómetros de las represas, reveló que tiene concentraciones increíbles de
hierro, manganeso y aluminio, que superan miles de veces la concentración
normal (R7 Noticias, 11 de noviembre de 2015). Según los toxicólogos, el metal
más problemático es el manganeso que puede provocar alteraciones musculares,
problemas óseos, intestinales y agravar problemas cardíacos.
Al principio la empresa
dijo que los vertidos eran sólo arena, pero cuando fue consultada a la vista de
los análisis oficiales, no respondió. Se aferró a un discurso de que “el barro no contiene desechos tóxicos para
los seres humanos, sólo material inerte en compuestos de arena” (R7
Noticias, 11 de noviembre de 2015). Sin embargo, por los niveles de
contaminación existentes el tratamiento de agua fue suspendido en nueve
ciudades afectando a 800 mil habitantes, en tanto la prefectura decretó
situación de calamidad pública.
Irresponsabilidad
empresarial y estatal
El Movimiento de Afectados por la Minería sostiene que el
problema de fondo es que son las propias mineras las que se encargan de los
estudios para monitorear la situación real de las minas. “Ellas contratan las empresas que realizan los estudios de impacto
ambiental para presentar a la Secretaría de Medio Ambiente”, dice Zonta
(Brasil de Fato, 6 de noviembre de 2015).
En paralelo, destaca que
existe el suficiente know how por
parte de las empresas como para poder prever roturas como la que ocurrió en
Mariana. “Como la lógica es extraer a
todo vapor, la cantidad de desechos que se forman día a día es mucho mayor que
hace 20 años. Ellas saben de los riesgos, pero no tienen ningún compromiso con
las cuestiones ambientales y las comunidades”.
El resultado, según el
MAM, es que existe un descontrol de las políticas mineras y de los ritmos de
extracción, almacenamiento de desechos y traslado de minerales ya que todos los
controles los hacen las mismas empresas.
El mismo día que sucedió
la tragedia de Mariana se realizaba el Forum Brasileño de la Minería en Belo
Horizonte. Los empresarios recordaron que Brasil está entre los seis mayores
países mineros del mundo y que en los próximos años ese sector recibirá las
mayores inversiones de la economía del país (unos 53 mil millones de dólares
hasta 2018), por lo que llamó a “aumentar
la seguridad jurídica de los inversores” (Brasil de Fato, 7 de noviembre de
2015).
El secretario de Desarrollo
Económico del estado, Altamir Roso, dijo que la minera Samarco fue “víctima de la ruptura” de las represas.
Fue más lejos aún que los empresarios: “Afirmo
con toda tranquilidad que existe exceso de rigidez en el otorgamiento de
permisos y un exceso de organismos involucrados”. Su propuesta es que la
fiscalización “no necesita hacerla el
Estado, que puede delegar en otros”.
El gobernador de Minas
Gerais, Fernando Pimentel, del Partido de los Trabajadores, envió al parlamento
estatal un proyecto de ley que altera el Sistema Estatal de Medio Ambiente para
“dar más agilidad a los procesos de
permisos” (Brasil de Fato, 7 de noviembre de 2015). Un evidente doble
discurso, porque el mismo gobernador condecoró al presidente de los empresarios
diciendo que “el medio ambiente no puede
ser rehén de la economía y la economía no puede ser rehén del medio ambiente”.
Por su parte, la
Articulación Internacional de los Afectados por la Vale, difundió un comunicado
en el que afirma que lo sucedido en Mariana es “un crimen”, rechazando que se trate de un accidente. Los
ambientalistas denunciaron que la mayoría de los 31 diputados que integran la
comisión de la cámara de diputados que discute el nuevo Código de Minería,
tuvieron sus campañas electorales de 2014 financiadas por las empresas mineras.
Gustavo Gazzinelli del
Foro Nacional de la Sociedad Civil en los Comités de Cuencas Hidrográficas,
cree que el desastre de Mariana “va a
resucitar algo similar a lo ocurrido en 2013”, cuando millones de personas
salieron a las calles protestando contra el aumento del transporte público,
conocido como Jornadas de Junio. El
escándalo es mayúsculo porque se rompió una represa que se decía era muy
segura, propiedad de una empresa que ha ganado varios premios de
sustentabilidad y se presenta como defensora del medio ambiente.
Un rosario de
“accidentes”
En la minería los accidentes son la norma. El 12 de setiembre
se produjo un derrame de un millón y medio de litros de agua cianurada en la
mina de oro Veladero, en la provincia de San Juan (Argentina). El accidente
provocó una situación delicada para Barrick Gold, la empresa propietaria de la
mina, ya que la justicia comenzó una investigación exigiendo a la empresa la
solución inmediata del problema o, en su defecto, “dejar de incorporar cianuro en el proceso de lixiviación hasta tanto
desaparezcan las anomalías” (EFE y AFP, 11 de noviembre de 2015).
Una de las consecuencias
del derrame es la renuncia de director ejecutivo de Barrick Gold en Argentina.
El derrame se produjo por una falla en una tubería de transporte de la solución
cianurada, pero el vertido masivo muestra que las empresas no tienen
alternativas cuando se produce situaciones de este tipo.
Los vecinos de Jáchal
decidieron bloquear el acceso a la mina Veladero, ya que muchos decidieron
incorporarse a las acciones ante la gravedad de lo sucedido. Varias semanas
después del derrame la Universidad Tecnológica Nacional y las universidades de
Cuyo y San Juan, difundieron informes que aseguran la “presencia de metales pesados en el agua” y “la existencia de cianuro en diversas muestras de agua” (Lavaca, 23
de octubre de 2015).
La policía detuvo a 23
personas que se manifestaban, pero los culpables del desastre no fueron
molestados hasta ahora. La consideración de que se trata de accidentes y no de
irresponsabilidad empresarial, contribuye a dar la impresión de que los
problemas que genera la minería no tienen responsables directos que deban ser
encauzados por la justicia.
El crecimiento de los
llamados accidentes se debe al
crecimiento exponencial de las explotaciones mineras. Un reciente estudio
dedicado al Perú, asegura que en este país de tradición minera, entre 1992 y
2014 “el número de concesiones se
multiplicó por ocho, mientras que la superficie lo hizo por once”
La región de Moquegua
tiene el 71% de su territorio ocupado por concesiones mineras. Le siguen
Apurímac, La Libertad, Ancash, Lima y Tacna con 55 al 67%. Las demás regiones
mineras oscilan en torno a 50% de sus territorios ocupados por la minería.
La intensidad de la
extracción ha crecido gracias a las nuevas tecnologías y, muy en particular,
por las modalidades de trabajo a cielo abierto con la afectación de montañas
enteras con explosivos y maquinaria de gran porte. En base al Anuario
Estadístico de la Minería Mexicana de 2013, elaborado por el Servicio
Geológico, se supo que en los diez últimos años las mineras extrajeron 774
toneladas de oro.
Si se compara esa cifra
con las 190 toneladas extraídas en tres siglos de colonia, la conclusión es que
“en diez años las mineras extrajeron cuatro veces más oro que en tres siglos de
colonia” (La Jornada, 9 de noviembre de 2015). Esa brutal intensificación del
ritmo de extracción provoca, en un extremo, enormes ganancias, pero a su vez
una tremenda afectación al medio ambiente y a las poblaciones. Los “accidentes” son, por lo tanto, parte
del negocio minero.
La minería no
es un buen negocio
Cuando se discute la conveniencia de la minería, se colocan en
lugar destacado los problemas ambientales y sociales que genera. Son los temas
más debatidos por parte de los movimientos sociales, de los gobiernos, las
universidades y las ONGs ambientalistas. En el caso del Perú, la renta minera
capturada por el Estado creció considerablemente: frente a los 800 millones de
nuevos soles de 2003 se alcanzó un pico de 11.283 millones en 2011, para caer
hasta 6.000 millones de soles en 2014.
Esos aportes llegaron a
representar el 23% de los ingresos del gobierno central en el período de
mayores precios, entre 2006 y 2011. Los gobiernos de las regiones mineras
consiguieron financiar una parte sustancial de sus obras por el canon minero,
que llegó a representar hasta el 53% del presupuesto de inversiones
Pero esta dependencia del
Estado de los ingresos de la minería generó dos graves problemas. El primero
comenzó a detectarse apenas cayeron los precios de los minerales y se plasma en
la drástica reducción de las capacidades de inversión. Si en 2010 en Perú los
gobiernos regionales financiaban un cuarto de su presupuesto con el canon y las
regalías mineras, en 2014 cayó al 10%. En cuanto a las inversiones, en 2010 la
mitad eran financiadas con el canon y las regalías, pero en 2014 descendió
hasta el 22%.
Esta dependencia del
extractivismo, que no genera encadenamientos productivos y emplea muy poco
personal, intenta ser modificada con la apertura de nuevas rubros, según el
Plan Nacional de Diversificación Productiva publicado en 2014. Sin embargo, “cuenta con poco apoyo del gobierno
nacional” y los actores empresariales y estatales “pretenden continuar con el modelo extractivo actual”.
Al parecer la renta extractiva
genera adicción, quizá por el facilismo que genera a todos los niveles, desde
los gobiernos hasta la propia población.
Pero hay un segundo factor
que no suele visibilizarse. “Dado que el
canon se distribuye solo entre las regiones donde se realiza la actividad
minera, se genera una profunda desigualdad en la distribución nacional de los
recursos de inversión”
Además, en cada región el
reparto de los recursos privilegia a las provincias y distritos donde se
desarrolla la actividad minera, con lo que la desigualdad se profundiza.
Se han producido graves
conflictos por este motivo, como el sucedido en Moquegua en 2008, en el sur
peruano. Durante la década de boom minero, “la
inequitativa distribución de recursos, amplió las brechas sociales y
económicas, dejando en evidencia la falta de capacidades y el déficit de
institucionalidad del Estado, fenómenos que, agravados por la corrupción,
impidieron sentar las bases de la reforma y modernización estatal”
Este
es el balance que realiza un organismo que no rechaza la minería
Si estas son las
conclusiones del período donde más crecieron las exportaciones mineras y en el
cual los estados más se beneficiaron de los impuestos, el panorama a futuro es
muy preocupante. Pasado el boom, los
problemas ambientales y sociales se agravaron; los estados y las instituciones
perdieron parte de su legitimidad, y los problemas de fondo no se han resuelto.
La minería fue un mal negocio.
- Raúl
Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo,
docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana
de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe el “Informe Mensual de Zibechi” para el
Programa de las Américas
NOTAS:
[1] Grupo Propuesta Ciudadana, “Al final de una década de boom, ¿Qué le
dejó la minería al Perú?”, Lima, noviembre de 2015, p. 14.
[2]
Idem, p. 9.
[3] Idem, p. 5.
[4]Grupo Propuesta Ciudadana, “Vigilancia de las industrias extractivas.
Reporte Nacional N° 19”, julio de 2015, p. 16.
[5] “¿Qué
le dejó la minería al Perú?”, ob cit p. 5.
Los citados informes fueron realizados con
apoyo de USAID, entre otros.
Fuente: Americas Program
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