HACIA LA EDUCACIÓN QUE NECESITAMOS TODOS LOS MEXICANOS (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación)
Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación
Lunes 14 de diciembre de
2015
Somos cientos de miles de trabajadores de la educación,
mujeres y hombres de todos los estados del país, integrados en la CNTE y otras
organizaciones, los que nos manifestamos en contra de esta llamada reforma educativa. En este movimiento
estamos representados los trabajadores de la educación de las ciudades y del
campo, muchos de las entidades federativas con más pobreza, explotación y
violencia. Nuestra presencia, en cada comunidad, pueblo y ciudad, nos permite
conocer la parte más problemática de la nación y la incapacidad que, desde hace
décadas, tiene el Estado para mejorar la vida de los mexicanos y ofrecer una
educación digna a todas las y los niños y jóvenes. Somos las maestras y
maestros a quienes el país ha encargado desde hace décadas la tarea siempre
difícil de formar a decenas de millones de estudiantes, siempre con pocos
recursos, con escuelas llenas de estudiantes y de carencias; niños y jóvenes
que comprenden a la población escolar que habla una lengua que no es el
castellano, que deben trabajar desde pequeños, que llegan a clases sin
desayunar y que tarde o temprano se verán obligados a abandonar la escuela.
Pero también somos las maestras y los maestros de la periferia de las
poblaciones y ciudades grandes y pequeñas del norte, de la península y del
centro del país, de las colonias y barrios donde, vecinos a la prosperidad de
las zonas privilegiadas, abundan los niños y jóvenes con muy poco futuro. Es la
parte de México que los gobernantes prefieren ignorar, y ante la que reaccionan
con un gran enojo represivo cuando su gente se vuelve consciente y se organiza
para protestar. Son los mexicanos que, con su trabajo mal pagado, contribuyen a
la acumulación de riqueza de un país que se precia de ser la décima cuarta
potencia económica del mundo pero mantiene a millones en la pobreza.
Precisamente porque no
pocos de los maestros que hoy nos manifestamos provenimos de la parte olvidada
de México que está en todas las regiones del país, nuestra protesta no sólo
tiene raíces sociales y un conocimiento profundo del país, sino que se nutre de
una constante discusión, de numerosos foros, conferencias, reuniones,
encuentros, libros y materiales impresos que ahora circulan con gran profusión
y que convierten a nuestro movimiento magisterial no sólo en una organización
de marchas y plantones sino sobre todo en un lugar de encuentro y discusión de
ideas e incluso de maneras distintas de ver la educación.
Desde nuestra posición de
maestros comprometidos con el país, reiteradamente hemos dicho que estamos en
contra de esta reforma porque lo único que ofrece es que habrá más exámenes y
todo un aparato de supervisión, vigilancia y castigo sobre las niñas y niños,
los maestros y las escuelas. Porque no es una reforma que retome las grandes
carencias y les ofrezca una respuesta más allá de medir. Nada les ofrece desde
la idea de una educación que sirva para apoyar los esfuerzos personales y
colectivos que hacen gran parte de los mexicanos por salir de la pobreza y la
subordinación. Al contrario, se trata de una reforma persecutoria que crea un
clima de desconfianza e incertidumbre en el interior de las escuelas, pues con
las “evaluaciones” (exámenes
estandarizados) se ha iniciado el despido de cientos de maestros con el
calificativo excluyente de “no idóneos”
y están amenazados con el mismo fin todos los docentes. Esta reforma no habla
de rutas, de propósitos capaces de convocar a familias, maestros y estudiantes
a modificar el deplorable estado en que se encuentran desde hace décadas las
escuelas y la educación de la nación. Básicamente ofrece, aunque ahora como
mandato constitucional y legal, las mismas estrategias que se anunciaron y que
se han aplicado –sin éxito- desde 1992: medir, vigilar, estimular con dinero y,
sobre todo ahora, correr docentes.
Los maestros hemos
denunciado que la mal llamada reforma
educativa es la puerta de entrada a una etapa de supervisión y sanciones
contra los maestros y eso se confirma con la Ley del Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación (INEE), la Ley General del Servicio Profesional
Docente (LGSPD) y las modificaciones a la Ley General de Educación (LGE). Ahí
se hace evidente que se trata de una reforma autoritaria, que fortalece la
burocracia, el centralismo y la uniformidad, que establece una nube de
controles y reglas en torno a la escuela y que se apoya en una evaluación
formalista y vertical para perseguir maestros, pero incapaz de generar procesos
de transformación. Es decir, una reforma administrativa y laboral que, mediante
el control y la sanción, busca crear las condiciones para implantar una profunda
reforma en los contenidos y prácticas pedagógicas de la educación para
convertir a niños y jóvenes en futuros y eficientes operadores; el capital
humano competitivo que requiere el modelo económico de los grandes capitales.
Proponemos una verdadera
transformación educativa, que arranque con un planteamiento desde el núcleo
mismo del proceso educativo, que sea capaz de movilizar en torno suyo a los
actores y fuerzas sociales más importantes dentro y fuera de la educación,
sobre todo a maestros, estudiantes, padres de familia, comunidades, barrios y
colonias.
Proponemos una educación
humanista e integral que sustituya los valores del mercado por la práctica de
valores como los que reivindica el propio artículo tercero constitucional: la
democracia, el cuidado y aprovechamiento de los recursos naturales, la
comprensión de los problemas nacionales, el trabajo científico, la mejor
convivencia humana, el acrecentamiento de la cultura, el interés general de la
sociedad, la igualdad, fraternidad, solidaridad y el respeto a la diversidad,
–como parte integral de la constitución- el derecho a la libre expresión, al
trabajo digno, a los derechos humanos y laborales sin exclusión. Una educación
que recupere y coloque en primer plano el respeto y la ampliación del derecho
humano a la educación, el fortalecimiento de la educación pública y un proceso
educativo sólidamente arraigado en las necesidades del desarrollo de las
personas y de sus comunidades y regiones.
Una educación fincada en
la memoria histórica de nuestro pueblo, pero abierta a la cultura y el
conocimiento universal, con una visión amplia de la ciencia y las humanidades.
Una educación sólidamente anclada en la autonomía y la participación democrática
dentro y fuera del aula.
Es decir, un proceso
educativo que esté orientado a la formación de mujeres y hombres sabios,
autónomos, críticos, solidarios, preocupados por el bienestar de todos y
especialmente por el de su comunidad y familia. Una educación que no se finca
en la separación clasista entre educación técnica y propedéutica, sino que
integra ambas dimensiones en una sola formación de alto nivel y amplios
horizontes. Se trata, además, de convertir al proceso educativo en un espacio
de creatividad, exploración y participación, libre de rigideces y fincado en la
curiosidad, el compromiso responsable de maestros, estudiantes y de la
comunidad; y en el interés y compromiso solidario de los niños y jóvenes por lo
que ocurre a su alrededor.
Por otro lado, se busca
que esta educación esté disponible a todos los habitantes del país, por lejana
y pequeña que sea su comunidad y por enorme que sea el número de aspirantes a
las escuelas e instituciones en las ciudades. Y esta educación -creativa y para
todos- es una responsabilidad de la sociedad que asume el Estado a través de la
educación pública, gratuita y laica.
Para alcanzar un proceso
educativo como el arriba descrito, la ruta no es una reforma administrativa y
laboral como la que hoy sigue estando en primer plano de la agenda
gubernamental, sino que es necesario reforzar en el marco legal y en la
Constitución lo que ya existe: que la educación debe ser para todos, en todos
los niveles, y es necesario también recuperar en los planes y programas de
estudio las lecciones pedagógicas antiguas y modernas que nos permitan ofrecer
a niños y jóvenes una educación a profundidad, amplia y de alto nivel; en
consecuencia, deben transformarse los libros de texto, manteniendo su
gratuidad.
Requiere además de un
planteamiento diferente en la relación entre la comunidad y la escuela a fin de
que puedan generarse procesos de conocimiento desde la comunidad, con el apoyo
de los colectivos escolares y con maestros específicamente dedicados a esta
tarea en coordinación con los padres de familia.
Supone también un esfuerzo
financiero del 12 % del PIB para la educación a fin de garantizar la ampliación
de la infraestructura en educación en todos los niveles, equipamiento y número
de maestros. Exigimos que todos los centros escolares del país cuenten con las
condiciones óptimas materiales y humanas para desarrollar su labor, pero sin
endeudamiento y sin poner en riesgo el carácter público de la educación, como
hoy se perfila con los llamados bonos educativos, mismos que también
constituyen el gran mecanismo de promoción para las aspiraciones políticas del
secretario de educación en turno.
Requiere de un
planteamiento serio de actualización para los maestros en servicio en todos los
niveles de educación y se requiere del mejoramiento de las condiciones de vida
y trabajo de los estudiantes normalistas y de las y los maestros. Se necesita
de un sistema nacional de bibliotecas presenciales y virtuales y acabar con el
analfabetismo.
Para avanzar en esta
dirección es indispensable ABROGAR la reforma educativa (contenida en las modificaciones
a los artículos 3º y 73 Constitucionales y en el paquete de leyes secundarias
aprobado en el 2013)) e iniciar, en lo inmediato, un debate nacional y popular
sobre la situación de la educación pública y las medidas para realmente
mejorarla y fortalecerla.
La Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación ratifica su compromiso y disposición a
participar en ese proceso y en la construcción de propuestas viables y
pertinentes para alcanzar la justicia social en nuestro país.
Proponemos una ruta con
foros en escuelas, zonas escolares, regiones, estados y a nivel nacional,
propiciando una amplia consulta y participación de los maestros, estudiantes,
padres de familia, investigadores y demás sectores de las comunidades.
La importancia y necesidad
de este planteamiento radica en el hecho de que la llamada reforma educativa no
surgió de un proceso de amplia participación y no puede llamarse democrática.
Introducida como iniciativa presidencial el 10 de diciembre 2012, fue aprobada
apenas días después, de manera sumamente apresurada, sin un debate
parlamentario y por supuesto sin una consulta más amplia a la sociedad y grupos
y personas interesadas. Aunque la resistencia magisterial y social en el 2013
impidió una aprobación inmediata de las leyes secundarias y se realizaron
algunos foros en distintas regiones del país, el cúmulo de argumentos y
opiniones que esa experiencia generó no fueron tomados en cuenta y las leyes
secundarias se impusieron como antes las modificaciones constitucionales. Así, autoritaria
en su origen, la actual reforma ni siquiera intenta ser democrática en su
orientación y contenidos. No tiene una propuesta pedagógica respecto de
procesos educativos alternos orientados a la democracia, ni tampoco respecto de
una forma de conducción escolar asentada en la participación de los actores
escolares. Por el contrario, es una modificación constitucional que a juzgar
por las propuestas de leyes reglamentarias, dibuja un perfil autoritario,
punitivo y rígido del proceso educativo.
En contraparte, planteamos
la importancia de que además de la formación en conocimientos, la reforma
apunte a convertir a los estudiantes en verdaderos ciudadanos conscientes y
preocupados por “el interés general de la
sociedad” (Art. 3º constitucional). En ese sentido, la escuela debe ser una
comunidad que se desarrolle en un clima de libertad, en ausencia del miedo y
normada por los acuerdos y lineamientos que en sus respectivos ámbitos
construyan los estudiantes y maestros en el aula, la escuela y la relación con
la comunidad. Pero esto no puede darse mientras se mantenga una estructura
legal que establece que la evaluación conduce al despido o separación del aula
de miles de maestros, que impone siete nuevas causales de despido a los
maestros y, además, confiere a la autoridad educativa la posibilidad de abrir
un proceso de sanción ante la mera sospecha de que la maestra o maestro ha
cometido una irregularidad.
Se requieren más bien
acuerdos y políticas pedagógicas que favorezcan la formación de los estudiantes
en la libertad, en el descubrimiento y el conocimiento de las dinámicas de
responsabilidad y éticas ciudadanas, dentro y fuera de la escuela. Rechazamos
la concepción de que la escuela debe copiar la estructura y clima persecutorio
característico de una empresa. Hacia allá conducen las propuestas que
implícitamente indican que la escuela debe estar a cargo de un gerente que
comanda a un grupo de empleados (maestros) y garantiza a sus clientes
(estudiantes y padres de familia) un buen servicio (la calidad).
Rechazamos al mismo tiempo
la concepción de que la educación es un ejercicio de subordinación donde el
estudiante es sólo un alumno pasivo que recibe información y que luego debe dar
cuenta de ella en un examen estandarizado. Estos rasgos muestran que la idea de
“educación de calidad” en realidad es
un proceso de educación mercantilizada y autoritaria que subordina a
estudiantes y profesores.
En contraposición debemos
comenzar a discutir cómo vamos a hacer que nuestra educación sea verdaderamente
autónoma, de tal manera que nuestras escuelas tengan libertad para, en el marco
de una educación nacional, definir cómo deben ser los planes y programas, los
contenidos y las prácticas pedagógicas dentro y fuera del aula que permitan a
nuestra educación responder a los rezagos, a las necesidades diferentes de
niños y jóvenes de culturas diversas, del campo, de la ciudad, del norte, del
centro y sur del país, desde Yucatán hasta Baja California. Una autonomía que
permita dejar atrás la uniformidad de un solo libro de texto gratuito, una
misma evaluación para estudiantes y docentes de todo el país. Debemos construir
un marco nacional legal y educativo que sea capaz de arropar y propiciar –no
limitar- la exuberante riqueza de expresiones culturales y educativas locales y
regionales. No necesitamos tener lo que hoy vivimos: una autoridad federal y
central cuya ocupación fundamental en estos días es rechazar las iniciativas de
acuerdos y proyecto de la educación que surgen desde las regiones y entidades
federativas. Tampoco necesitamos una autoridad central y federal que delega sus
responsabilidades a grupos empresariales y a un centro nacional de evaluación
(INEE).
Esta autonomía no
significa que los gobiernos estatales y federal, abandonen o disminuyan su
responsabilidad en el financiamiento de la educación pública tomando como
pretexto el Transitorio Quinto, Fracción III, inciso a) de la reforma a los
artículos 3º y 73 Constitucionales que concibe que la autonomía significa y se
fortalece si las escuelas tienen una buena “gestión
ante los órganos de gobierno” y que las escuelas y padres de familia se
hagan cargo de “mejorar su
infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación
básicos…”
La CNTE y las distintas
organizaciones de las maestras y maestros demandamos que para garantizar la
equidad en la educación, es necesaria la mejora sustancial de decenas de miles
de escuelas, proveer de suficientes docentes a las escuelas multigrado y
unitarias, desayunos escolares, la dotación de útiles escolares, uniformes y
calzado, así como becas y libros en todos los niveles educativos.
Por otro lado, el actual
intento de reforma uniformadora y centralista de la educación y la ignorante
propuesta del gobierno federal de hacer de nuestra nación un país bilingüe en
los próximos 10 o 20 años, atenta directamente contra lo que somos: un mosaico
de culturas, regiones, lenguas y economías distintas. Atenta también contra la
definición que de nuestro país hace la constitución cuando señala que “la nación mexicana tiene una composición
pluricultural” (Art. 4º Constitucional).
Para un país enorme y
profundamente diverso la reforma que se impone “crea” un gran “Sistema
Nacional de Evaluación Educativa” único, que estará “a cargo” de un organismo, también único, “el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación” como el gran
vigilante, encargado de evaluar a maestros y estudiantes que se extenderá a
nivel nacional a través del mencionado Sistema Nacional de Evaluación Educativa
(Art. 3º. IX constitucional). Establece, además, ahí mismo y como algo
constitucional del país, “el realizar
mediciones”, es decir, la forma más superficial, discriminatoria y
uniformadora de evaluar. Con esto, todos los maestros y estudiantes desde los
de la Sierra Norte de Puebla hasta los de las zonas residenciales de las
grandes ciudades, pasando por las colonias periféricas y las escuelas rurales,
serán evaluados con una medida única, como si este fuera un país de una sola
lengua, homogéneo e igualitario. En lugar de avanzar en el camino hacia el
fortalecimiento de nuestras múltiples identidades y construir a partir de ellas
un país de potencialidades diversas, se perfila un futuro educativo de una,
todavía más, poderosa y avasalladora centralización de la educación.
Así, la reforma implica
que todas las entidades federativas deben sujetarse a un solo referente
normativo: la Ley General del Servicio Profesional Docente (Art. 1º) señala que “el marco normativo aplicable en las
entidades federativas se ajustará a las previsiones de esta ley” y que
incluso “los servicios de Educación
Básica y Media Superior que, en su caso, impartan los ayuntamientos se
sujetarán a la presente ley”. Por cierto, la del Servicio Profesional
Docente es una ley tan detallada que prácticamente no se deja resquicio alguno
para que se manifieste otra de las características esenciales del país: el
hecho de que se constituyó a partir de un acuerdo entre entidades soberanas.
Como señala la constitución, “es voluntad
del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática,
federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su
régimen interior” (Art. 40 constitucional).
Proponemos una evaluación
distinta, de abajo hacia arriba. Una evaluación horizontal realizada por los
maestros y estudiantes desde las propias escuelas y comunidades, desarrollada
como un ejercicio dialógico de cada zona, región y entidad federativa. Una
evaluación que, al mismo tiempo que describe los problemas, analiza los
factores que los causan, los remedios que pueden darse y recoge las
experiencias exitosas de maestros y escuelas para mejorar la educación. Para
que sea sincera y realmente involucre a maestros y estudiantes esta evaluación
no debe ser punitiva y no implicar sanciones ni laborales ni administrativas
para los docentes. A partir de estos procesos de evaluación que comprometen a
estudiantes, maestros, escuelas, comunidades y autoridades con el análisis y
solución de la problemática local y regional, es posible construir, en el plano
nacional y desde abajo, políticas educativas ampliamente consensuadas con los
actores. Son procesos que sirven además para definir la amplitud, contenidos y
también las formas que deben adoptar los programas de formación permanente del
magisterio, permiten detectar además de manera tangible e inequívoca las
insuficiencias en infraestructura y equipos, y servirán finalmente para
recuperar ejemplos de iniciativas concretas que de manera espontánea y
sistemática han venido estableciendo grupos de escuelas, regiones y entidades
federativas. Es indispensable, sin embargo, que estos procesos de evaluación
sean apoyados con asesorías expertas y estudios descriptivos y de diagnóstico
que permitan que desde otros ángulos de visión se analice la problemática de la
educación y que así se fortalezcan aún más los procesos de mejora.
Estos procesos deben
también ser apoyados por cambios constitucionales y legales que al mismo tiempo
que establecen los grandes propósitos de la educación y sus condiciones
mínimas, crean un marco donde las regiones del país puedan expresar y responder
a sus necesidades en el marco del federalismo y una sola nación y también una
sola, pero diversa, educación.
Una propuesta de
evaluación y mejoramiento de la educación como ésta, que involucra directa y
sistemáticamente a los actores del proceso educativo, a padres de familia y
comunidades, hace posible generar un dinamismo de participación y compromiso
con el proyecto mucho más profundo que el que puede desatar un proceso
autoritario, vertical, centrado en torno a las autoridades y con rasgos
laborales persecutorios y represivos claramente en contra del 123
constitucional. La poderosa fuerza de la participación real de los actores ha
estado ausente de las iniciativas y reformas verticales de las últimas décadas
y ahora, una vez más, se pretende dejar afuera. En su lugar se ha fortalecido
la influencia y conducción de grupos empresariales en la educación,
suplantando, incluso, el papel conductor del Estado.
Proponemos que en cada
escuela se forme un Consejo de Evaluación electo por la comunidad, que
considere diversos elementos como la inversión educativa, la responsabilidad
gubernamental en las principales variables del funcionamiento del sistema
educativo, las condiciones materiales del plantel, los programas educativos, la
formación y prácticas docentes, la carga administrativa, la asistencia de
alumnos, aprovechamiento académico, desempeño de las autoridades educativas,
los contextos socioculturales y los propios métodos de evaluación. Este modelo debe
reproducirse en el plano estatal y nacional.
Para hacer frente a un
involucramiento total como el que exige una verdadera reforma, las maestras y
maestros necesitamos un salario digno y la garantía de contar con nuestro
empleo, por eso, demandamos que ningún trabajador de la educación sea removido
de la docencia o despedido a consecuencia de la medición punitiva que se nos
quiere imponer, antes bien, exigimos que todos aquellos docentes que ya fueron
despedidos a consecuencia de la pseudo reforma
educativa, sean inmediatamente incorporados a su trabajo. Demandamos,
también, establecer un programa de basificación masiva para los trabajadores de
la educación que hoy cubren plazas temporales.
Una verdadera
transformación educativa no debe de dejar fuera a las instituciones formadoras
de docentes. Estamos de acuerdo en generar una refundación de las escuelas
normales para fortalecer su misión histórica. La discusión debe girar en por lo
menos tres ámbitos: ético, político y epistemológico. Ratificamos nuestra lucha
por la defensa y fortalecimiento del normalismo mexicano. Demandamos la
asignación de la plaza automática para todos los egresados de las escuelas
normales públicas del país, quienes fueron acreditados por una institución
formadora reconocida oficialmente y cuentan con el perfil y el derecho
correspondiente. No respaldamos la herencia ni la venta de plazas, instrumentos
del clientelismo establecido por las direcciones charriles del SNTE.
La democracia no sólo debe
pasar por el ámbito educativo y su conducción, también debe ofrecer a los
maestros el derecho elemental de elegir libremente a sus representantes
sindicales, negado durante décadas por el gobierno federal, gobiernos estatales
y por la cúpula que ha secuestrado a nuestro sindicato. Demandamos la
realización de Congresos Estatales y Congreso Nacional para elegir a una
representación por los maestros de base. Es impostergable la democratización
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, repudiamos a la cúpula
que encabeza Juan Díaz de la Torre, cómplice de esta agresión a los derechos de
los trabajadores de la educación.
Repudiamos la
militarización y la campaña del miedo que el gobierno federal y los gobiernos
estatales, con el apoyo de los grandes medios de comunicación, están llevando a
cabo para tratar de imponer lo que llaman reforma educativa. Los
encarcelamientos, los despidos, la represión y el asesinato de nuestros
compañeros dan cuenta de la estrategia gubernamental de que “la reforma con sangre entra”. Desde hoy
lo afirmamos categóricamente: la reforma educativa fracasará porque en lugar
del dialogo están los toletes, en lugar del consenso está el autoritarismo; en
lugar de confianza está el miedo, en lugar de modelo educativo está el control
laboral y la rendición del oponente.
Exigimos la libertad de
nuestros presos políticos y castigo a los culpables del asesinato de nuestros
compañeros Claudio Castillo Peña y Antonio Vivar Díaz en Guerrero y David
Gemayel Ruíz Estudillo en Chiapas. Necesitamos en esta batalla a nuestros 43
normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos por el Estado.
Con la fuerza de la
movilización seguiremos reivindicando nuestro derecho, el de los padres de
familia y estudiantes de todos los niveles a ser escuchados. Llamamos a un
diálogo y a la toma de acuerdos serios y responsables por parte del gobierno
federal y de los poderes legislativo y judicial, que permita la solución a
nuestras legítimas demandas y reivindicaciones.
A los estudiantes, padres
de familia, investigadores, académicos y pueblo de México los convocamos a un
gran diálogo por una verdadera transformación de la educación; a oídos sordos y
monólogos ensordecedores, pongamos nuestra palabra verdadera.
¡EN DEFENSA
DE LA EDUCACIÓN PUBLICA, LAICA Y GRATUITA!
¡UNIDOS Y
ORGANIZADOS, VENCEREMOS!
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
Ciudad de México a 13 de
diciembre 2015
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